En audiencia de cumplimiento de sentencia realizada el pasado 29 de enero en San José de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado venezolano se comprometió a presentar a la brevedad posible  un cronograma de actuaciones procesales orientadas a investigar en la jurisdicción ordinaria la Masacre de El Amparo.

En la mencionada audiencia fue leída una comunicación suscrita por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz mediante la cual anuncia la realización de un conjunto de actuaciones procesales en el caso. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas las organizaciones Provea y Cejil sugirieron a la representación del gobierno de Venezuela que se presentara un cronograma con fechas específicas de algunas de esas actuaciones. Dicha solicitud fue aceptada. La organización Provea solicitó igualmente que se realizará pronto una reunión entre la Fiscal General, los dos sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus representantes con el objeto de que fueran informados de dicho cronograma y se escucharan las inquietudes existentes en relación a las investigaciones. La representación del gobierno se comprometió a canalizar la organización de dicha reunión.

Es de destacar que la reunión en la sede de la Corte se realizó en el marco de un espíritu de mutuo respeto y voluntad compartida de avanzar hacia la obtención de justicia y afianzar la lucha contra la impunidad.

El Estado de Venezuela se comprometió a informar de manera periódica a la Corte sobre el avance de las investigaciones y mantener un permanente diálogo con las organizaciones representantes de las víctimas y con las víctimas mismas.

El resultado general de la reunión es la afirmación por parte del Estado venezolano que al igual que los casos Yumare y Cantaura, las investigaciones de la Masacre de El Amparo se reiniciarán en la jurisdicción ordinaria, solicitud que fue realizada el 20 de agosto de 2008 por los dos sobrevivientes asistidos por las organizaciones Provea y Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La masacre de El Amparo fue investigada en la jurisdicción militar con claros propósitos de producir impunidad y los autores materiales fueron declarados no culpables. Nunca se investigó a los autores intelectuales.

El compromiso de investigar y sancionar abarca tanto a autores materiales como intelectuales algunos de los cuales han ocupado altos cargos en distintos gobiernos y varios de ellos ya son investigados por haber participado en otras masacres.

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