Desde hace varias semanas el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que, el próximo 9 de febrero, revelará una política social para disminuir los índices de violencia en el país la cual ha denominado, paradójicamente, “Misión pacificación”.
Si bien desde Provea reconocemos en el gesto la voluntad política que expresa el primer mandatario en intentar revertir uno de los problemas más sentidos para los venezolanos y venezolanas, creemos que si su intención es sincera debe comenzar por dar el ejemplo en primera persona.
Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No solamente se debe expresar la intención de garantizar los derechos civiles del conjunto de la población, el derecho a la vida, seguridad e integridad, que es una obligación del Estado, sino que el conjunto de esfuerzos debe caminar inequívocamente en esa dirección.
De entrada, no estamos seguros si el término “pacificación” es el mejor para definir una política dirigida a la seguridad, como en cambio sí lo era “A Toda Vida Venezuela”.
El término “pacificación” no es un término anodino, sino que su significación histórica se encuentra relacionada con intervenciones sociales de tipo militar. Por ejemplo, los Cascos Azules de la OTAN son mundialmente conocidos por su labor de “pacificación” de los territorios en los que intervienen. Lamentablemente, de todos los términos que pudieron escoger para definir la política seleccionaron el más infeliz.
Hablar de “pacificación” responde a una lógica castrense: Definir en un espacio físico que hay un grupo de personas a los cuales se debe exterminar, física o socialmente. Es la forma de pensar consecuente de la progresiva e inconstitucional militarización de la seguridad ciudadana.
A pesar de su naturaleza civil, el presidente Nicolás Maduro ha continuado la arquitectura discursiva del expresidente Chávez de referirse a las tareas de gobernabilidad que tiene por delante con categorías militares, que al zurdo de Sabaneta le eran más propias debido a su origen uniformado.
Estas adjetivaciones, incluso, emiten mensajes contradictorios: Mientras consensúa la elevación de cuotas de producción con los empresarios privados, por otro lado se refiere a la situación de desabastecimiento y aumento de precios en productos de primera necesidad como una “guerra económica” contra su gobierno.
Si la lógica de guerra impera en las políticas de combate a la inseguridad anuncia una época oscura para los derechos humanos, donde aumentarán los casos de violación al derecho a la vida en las zonas populares.
El problema no es sólo de términos, sino de incoherencias. En estos momentos, mientras el primer mandatario sigue convocando al llamado “diálogo social” –que reiteramos necesario- con políticos de oposición, sigue refiriéndose a los sectores que lo adversan con epítetos descalificativos y criminalizadores que en vez de crear condiciones favorables para el entendimiento generan ruido innecesario.
Su uso reiterado por parte del aparato comunicacional del Estado convierte a un importante sector del país en una “cosa”, deshumanizándolo, y generando un caldo de cultivo proclive a la confrontación no democrática, en donde su exterminio simbólico o físico, según este imaginario militar, será recompensado y reconocido socialmente.
Si el presidente Maduro cree realmente en el diálogo debe comenzar a respetar a quienes convoca como interlocutores, dejando de calificarlos como “escuálidos”, “ultraderecha”, “fascistas”, “apátridas” o epítetos conexos.
El presidente Maduro debe reconocer abiertamente que en un gobierno democrático es necesaria la diversidad de opiniones y posturas. Que los conflictos y desacuerdos serán canalizados por métodos democráticos y no punitivos. Que los “otros”, independientemente de su autodefinición política, tienen aportes que realizar al país.
El mal ejemplo del presidente es imitado por el Sistema Nacional de Medios Públicos y las cuentas de redes sociales de altos funcionarios del Ejecutivo, quienes se han sumado al discurso de paz enarbolando palabras de guerra contra sus adversarios.
Los contenidos de los medios de comunicación estatales son una continuada invitación a la confrontación. Si bien es necesario revisar el lenguaje de los medios de comunicación privados, los dependientes del presupuesto público se encuentran lejos de ser un referente de una comunicación distinta.
Quizás a eso se refiere autocríticamente el presidente Maduro cuando habla de la necesidad de crear una “nueva televisión”: Los canales estatales, en estos 15 años, no se han diferenciado cualitativamente de los sesgos y errores que critican en las televisoras privadas.
Un acto promotor de condiciones para el diálogo sería el dejar sin efecto las políticas de criminalización de la protesta, que hoy mantienen a centenares de líderes sindicales, indígenas, campesinos y estudiantiles presentándose periódicamente en tribunales por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta pacífica.
El presidente Maduro tiene la oportunidad de diseñar una política inclusiva contra la violencia, convocando a todos los sectores del país. Para comenzar no tiene que buscar en otra parte: Puede recuperar los postulados de la Misión A Toda Vida Venezuela, dejando para el recuerdo los días de vigencia del “Plan Patria Segura”.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
@fanzinero
