El todopoderoso presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó al diario «El Nacional» y a las revistas digitales «Tal Cual» y «La Patilla» por supuesta «difamación agravada continuada» (sic), solicitando la prohibición de salida del país a 22 directivos de los tres medios venezolanos.
La demanda fue admitida por la jueza María Eugenia Núñez, quien emitió la orden de restricción que impide salir de Venezuela a dueños y directivos de los medios citados.
El supuesto delito fue reproducir una investigación publicada por el diario español ABC, en la que se acusa a Cabello de liderar el Cartel de los Soles, una de las bandas de narcotraficantes más poderosa de Venezuela. La grave acusación está basada nada menos que en declaraciones de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad del propio Diosdado Cabello. El caso es investigado por la fiscalía federal de Nueva York.
Uno de los diarios afectados, «El Nacional», recordó que la decisión judicial trascendió extraoficialmente, pues los acusados no han sido formalmente notificados.
Los directores de «El Nacional», Miguel Henrique Otero; del semanario Tal Cual, Teodoro Petkoff, y del diario digital La Patilla, Alberto Ravell, junto a los otros 19 directivos deberán presentarse una vez por semana ante el tribunal.
condena de la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la orden de la jueza. Su presidente, Gustavo Mohme Seminario, declaró que la prohibición «muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político».
Mohme aseguró que «no se cumple con las garantías del debido proceso: el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso». El procedimiento judicial «rompe con los principios» establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los «medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios».
Es algo inédito
Al respecto, el jurista venezolano Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo a La República que en Venezuela «El presidente de la república está creando las leyes penales. Esto es inédito en la región. Hasta las dictaduras militares se cuidaron de aplicarlo».
Ayala se encuentra en Lima encabezando una delegación de organizaciones de la sociedad civil venezolana para compartir la grave situación de los derechos humanos en su país y exponer la situación ahora que viven un año electoral.
Ayala es conocido en el Perú pues en 1998 presidió la delagación de la CIDH que encaró al gobierno de Alberto Fujimori.
Precisamente, Ayala resaltó las semejanzas del régimen chavista con la dictadura fujimorista en la segunda mitad de los años 90.
«El modelo de estado autocrático es muy parecido: populismo democrático con elecciones que no terminan de ser iguales y transparentes pero que al mismo tiempo mantiene secuestradas a las instituciones básicas», asegura Ayala.
Añade que «comenzando por el Poder Judicial, la cúpula del Tribunal Supremo está copada por personas que han militado en el partido de gobierno. Y en donde no ocurre ninguna decisión que pueda afectar al gobierno. Gracias a esto se produjo un copamiento del partido oficial en los poderes públicos y ahora tenemos algo muy parecido a lo que fue el fujimorismo. El 66 por ciento de los jueces son provisionales, es decir, eso garantiza la impunidad no solo en materia de derechos humanos sino al delito en general, y se usa para la persecución de la disidencia, que incluye a periodistas, campesinos, estudiantes o cualquier dirigente de barrio».
Para el jurista venezolano «resulta irónico que a raíz de la dictadura de Fujimori los países de la región se ponen de acuerdo en que incluso las elecciones son una condición necesaria pero no suficiente para la democracia. Ahí está la Carta Interamericana Democrática adoptada aquí, en Lima. Pero se habla de elecciones libres, transparentes, auditables pero además independencia del Poder Judicial, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos. De tal manera que el modelo de democracia no es suficiente. Además de ser electo un gobierno necesita respetar los elementos fundamentales de la democracia».
Ayala lamentó además la escasa solidaridad de los gobiernos de la región para con la sociedad venezolana. «La OEA parece haberse convertido en un club de presidentes. En su lugar, debería ser una entidad de perfeccionamiento y de mejoramiento de la democracia. Al cualquier gobierno le interesan y le afectan las deficiencias democráticas de otro país de la región», concluyó.
La desilusión de los venezolanos
Consultado sobre el silencio de los gobiernos de la región ante los graves atentados contra los derechos humanos en Venezuela, el jurista Carlos Ayala Corao sostuvo que «Hay temas que son objeto de legítimo interés de la comunidad internacional. Hay temas que son de legítima protección colectiva y dentro de eso están la democracia y los derechos humanos. Es decir, la no existencia de democracia en un país no es problema ajeno a otro país, particularmente en el ámbito latinoamericano donde tenemos la Carta Interamericana, donde los países se comprometieron a una protección colectiva de la democracia».
Reconoció, además, que «en la sociedad venezolana existe una especie de desilusión. En el sentido de lo solidario que fue Venezuela con los movimientos democráticos de América Latina. Hoy en día la sociedad venezolana se siente abandonada por la falta de solidaridad de la sociedad latinoamericana». (Publicado en La República de Perú, 14.05.15)
