10 de diciembre de 2004

Boletín electrónico Nº 149

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años, para de la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.

Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.

Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/1presentacion.pdf, y en caso de estar interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e:
publicacionesprovea@derechos.org.ve.

NOTA DE PRENSA

En la presentación de su XVI Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Octubre 2003/Septiembre 2004), efectuada esta mañana, voceros de Provea revelaron un panorama que exige el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la erradicación de prácticas autoritarias en el comportamiento cotidiano del Estado. A 5 años de sancionada la Constitución, Provea reitera que la realización progresiva de los derechos humanos demanda acciones concretas que respondan a un Plan Nacional de Derechos Humanos.

A lo largo de su investigación, Provea constató incoherencias en las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional: “si bien la mayoría de ellas apuntan a la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en los Civiles y Políticos (DCP) hay debilidades estructurales que impiden el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho”. Carlos Correa, coordinador general de Provea, destacó que “la búsqueda de la justicia social no puede hacerse a costa de la institucionalidad democrática que, más bien, debe ser fortalecida”. Añadió que “el Gobierno Nacional debe abdicar de la tentación autoritaria y de los abusos de poder”.

Esta investigación examina 18 derechos humanos, divididos entre DESC y DCP, a partir de la definición de distintos indicadores que permiten entender su situación en conjunto. Sobre el balance de los primeros, el vocero de Provea mencionó como positiva “la reivindicación del rol del Estado en la protección y garantía de los mismos que, aún con grandes deficiencias en la gestión, se tradujo en medidas progresivas con efectos favorables particularmente en la cobertura de la atención primaria en salud (Barrio Adentro), el acceso a la educación (Misión Robinson I y II, Ribas y Sucre) y la distribución de tierras para la población campesina. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros derechos sociales como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, en el que la capacidad de ejecución del gobierno nacional es de las peores de la década”.

En esta presentación, la organización abundó particularmente en el tratamiento de los derechos a la Salud y a la Vivienda, que corresponden a la prioridad institucional de Provea en DESC.

Sobre el derecho a la salud, Correa destacó que continúa en mora la aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que permitiría adecuar la ley a los preceptos constitucionales y establecer normas que regulen el nuevo sistema de salud integrado a la seguridad social. Por otro lado, el financiamiento del sector sigue sin superar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Incluso, durante el 2004, que fue del 1,3% del PIB, tuvo un decrecimiento de 0,5 puntos con respecto al año anterior, cuando fue de 1,8%.

Con respecto al derecho a la Vivienda, el vocero de Provea destacó la marcada brecha entre los requerimientos habitacionales de la población y la menguada respuesta del Estado en sus diferentes niveles de actuación. En el año 2003, se construyeron sólo 11.000 viviendas con fondos públicos. La demanda anual estimada es de 135.000 viviendas. Se mantiene un marcado déficit de 1.414.819 unidades habitacionales que requieren mejoramiento (infraestructura, servicios o ambas) y hace falta construir 981.983 nuevas viviendas. Esta situación se produce, pese a que el gasto público en vivienda registró en el año 2003 un aumento de la partida para este derecho. El informe valora como positivos el aumento en la cobertura en el acceso al servicio de agua potable y el proceso de regularización de la propiedad de tierras urbanas.

Sobre la situación de los DCP, en el período analizado, destacan negativamente el procesamiento de 111 civiles en la justicia militar, el aumento en el número de denuncias por violación al derecho a la vida, la integridad personal, los patrones de detenciones individuales y políticas en el derecho a la libertad personal. Esta situación expresa la ausencia de políticas democráticas de seguridad ciudadana.

Vicmar Morillo, co-coordinadora de la investigación, señaló que «los organismos de seguridad del Estado (nacionales, estadales y municipales), de manera estructural vulneran estos derechos, pues no tienen la formación adecuada y carecen de controles. Esto se agudizó por la impunidad generada en el sistema de administración de justicia». La consecuencia de todo ello, según el balance realizado por Provea es que, por una parte, se sigue criminalizando a los pobres, que son las principales víctimas, cuantitativa y cualitativamente, de abuso policial y militar y, por otra, en momentos de gran polarización política, el Estado, por acción u omisión vulneró derechos de activistas políticos.

Los voceros de Provea destacaron que “en medio de la intensa polarización política, Provea, junto al movimiento nacional de derechos humanos, insiste en la necesidad de generar espacios para algunos acuerdos básicos, que tengan como piso mínimo o punto de partida las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Con esta XVI edición, la organización reitera que los modos violentos de expresión del conflicto, que afectan a todos los derechos analizados en este Informe, pueden ser reducidos para darle paso a una administración más democrática del mismo”.

Finalmente, la organización invita a todas las personas interesadas a consultar y/o descargar en su sitio web http://www.derechos.org.ve la versión digital de este informe o adquirirlo por el correo-e: publicacionesprovea@derechos.org.ve o por los teléfonos: 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69 (Provea, 09.12.04).

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por tercer año consecutivo, la situación de los derechos humanos, que se analiza en el presente Informe, ocurre en el contexto de una intensa lucha hegemónica, que sigue oscilando entre formas violentas y no violentas. Pese a que en este período (octubre 2003 – septiembre 2004) se redujeron los escenarios de expresión de la confrontación a través de formas violentas [1], un atentado terrorista que le quitó la vida al Fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, justo cuando este Informe estaba por entrar a imprenta, hace muy difícil tener certeza sobre los modos y tendencias que adoptará el conflicto.

La expresión de la mayoría de los electores ratificando el mandato del presidente Chávez en el referéndum del 15.08.04 y el aval que, sin excepciones, le dio a ese resultado la comunidad internacional, constituyen fuertes contenedores de legitimidad, que reducen los riesgos de desbordamiento de la violencia. Pero, precisamente por la fuerza que tienen esos contenedores nacionales e internacionales, es factible que sectores impotentes y fanatizados intenten desplazar el conflicto a escenarios extralegales. De la respuesta que el Estado, los dirigentes políticos de todas las tendencias y la sociedad en general le den a esos sectores, depende que logren ser exitosos en arrastrar el conflicto al terreno de la violencia o que se vean aislados por una mayoría que, pese a sus diferencias, repudia el terrorismo y apuesta por la democracia.

La polarización y la violencia continuaron expresándose en este período, en el que registramos un número mayor de muertes vinculadas con el conflicto político, en comparación con las conocidas en el período anterior. Al menos 24 personas murieron en hechos que pueden vincularse con el conflicto, 6 más que en el período anterior, cuando se conocieron 18 muertes. Desde que Provea realiza este conteo, a partir de octubre de 2001 se produjeron 107 muertes atribuibles al conflicto. Las muertes conocidas este período ocurrieron, en su mayoría, en el contexto de manifestaciones políticas (La Guarimba [2], en febrero y marzo de 2004; el día del anuncio de que habría referéndum, 3 de junio de 2004; el día del referéndum, 15.08.04 y el día del anuncio de los resultados, 16.08.04). Otras ocurrieron en el contexto de politizadas luchas por el derecho a la tierra o al empleo. Al igual que viene ocurriendo desde al año 2001, ambos sectores de la confrontación se cuentan entre las víctimas y entre los presuntos victimarios. Funcionarios de organismos de seguridad también fueron señalados como victimarios en este período.

El lenguaje hiriente, belicoso, agraviante, que incita o legitima la trasgresión de la legalidad democrática, continuó siendo común en los dirigentes políticos de los bandos enfrentados, incluyendo a autoridades estatales (nacionales, estadales y municipales), entre quienes se encuentra el Presidente Chávez [3].

El abuso de poder estatal y las expresiones insurreccionales por parte de sectores de la oposición, constituyen deslealtades con el modelo democrático, que impactaron negativamente en las condiciones de vida de la población. En cuanto a la actuación estatal, particularmente dañinos resultaron, en este período, la aprobación de una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que debilita la autonomía del Poder Judicial; el uso de la Justicia Militar para procesar a civiles; los juicios y condenas por delitos de opinión; el uso desproporcionado de la fuerza en la represión de las manifestaciones de la oposición realizadas en febrero y marzo; y la presión ejercida sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) al denunciar que la oposición no contaba, salvo que se tratara de un “megafraude”, con el número de firmas necesario para convocar un referéndum.

El modo polarizado de expresarse el conflicto, a través de la violencia física y simbólica, sigue teniendo un impacto negativo en la situación de prácticamente todos los derechos humanos que se analizan en este Informe. Solo un procesamiento democrático de las diferencias entre las élites políticas, los sectores socioeconómicos y los proyectos de país que están en tensión, permitirá una mejora sostenida de la situación de los derechos humanos en Venezuela. El desempeño de las instituciones del Estado, de todos los Poderes Públicos y en todos sus niveles resulta capital para esta meta.

En el Informe anterior, Provea consideró necesario hacer una exploración de las condiciones de posibilidad del actual conflicto hegemónico, en la certeza de que solo a partir de un acercamiento comprensivo y de fondo, podríamos proponer líneas estratégicas que apuntaran a la construcción de realidades favorables a los derechos humanos. Tratamos de alejarnos del simplismo que caracterizaba el debate político, excesivamente centrado en la figura presidencial. Señalamos, como lo veníamos haciendo desde principios de 2002 [4], que el conflicto no tiene el nombre de una persona, y que por tanto no se “solucionaría” con una consulta que ratificara o revocara el mandato presidencial, aunque esto podría ayudar a reducir las tensiones existentes, siempre que las partes actuaran con una lógica democrática.

Aunque sugerimos una lectura de aquel texto [5] para una mejor comprensión de la posición de Provea ante el conflicto hegemónico, realizamos aquí un breve resumen, prescindiendo de la sustentación empírica que se presentó en el Informe anterior.

Un conflicto por tres crisis en resonancia

Desde principios de la década de los 80, se viene manifestando en Venezuela una crisis socio- económica, una crisis político-institucional y una crisis modélica, que entraron en una poderosa resonancia durante la gestión del Presidente Chávez (en particular a partir del año 2001), generando una polarización política excepcional, con rasgos violentos de expresión.

La crisis socioeconómica, es expresión del empobrecimiento sostenido del país, al tiempo que de la profundización de sus inequidades sociales. La separación y desconocimiento entre las minoritarias capas medias y altas y el mayoritario resto del país, excluido del disfrute de sus Resumen de una caracterización del conflicto derechos, produjo una contundente polarización social. A esa polarización se le superpuso, en el presente, aunque no de manera absoluta o perfecta, una polarización política, según la cual los sectores populares tienden a respaldar al Presidente y su proyecto de gobierno y los sectores medios y altos a adversarlo [6].

La crisis político-institucional, alude al colapso del anterior acuerdo de conciliación de élites, vigente desde el nacimiento de la democracia, agonizante desde principios de los 80 y cuya acta de defunción fueron las elecciones de 1998, en las que Chávez, sin vínculos con ese modelo político, fue favorecido por la población. En el presente, ese colapso no ha sido sustituido por un acuerdo de nuevo tipo, más incluyente, que permita la administración de las diferencias de proyectos y actores, en un contexto de lealtad a las reglas del juego democrático. Por el contrario, la competencia por el control del Estado petrolero venezolano es feroz y suele realizarse tanto dentro como fuera de los márgenes de la legalidad. Entre tanto, los partidos políticos, de todos los bandos y orientaciones, continúan siendo organizaciones débiles [7] y la actuación protagónica de sectores sin experiencia en la negociación política, ni mandatos que impliquen una visión del conjunto del país y sus intereses, tales como los militares, los empresarios, los dueños de medios de comunicación y su personal, la tecnocracia petrolera, o las organizaciones no gubernamentales tradicionalmente “antipolíticas”, endureció las formas de la política y limitó las mediaciones posibles en el conflicto.

La crisis modélica, es producto del agotamiento del modelo de desarrollo a través de la industrialización por sustitución de importaciones y su posterior intento de reemplazarlo, en los 80 y 90, con el modelo del Estado Mínimo, caracterizado por programas de ajuste estructural de corte neoliberal, modelo que no logró reducir la pobreza y aumentó la inequidad. El eje central de esta crisis es la confrontación por los roles protagónicos del Estado y el mercado en el proyecto nacional. En el presente, es posible identificar que el proyecto del gobierno, reflejado tanto en la Constitución de 1999 como en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”, subraya la participación del Estado en distintos ámbitos de la vida colectiva, mientras que los proyectos de la oposición tienen un cariz más liberal.

Intervenciones democráticas en las crisis: claves para una estrategia de derechos humanos

El conflicto obliga a una intervención democrática en cada una de las crisis que lo conforman, si lo que se aspira es a una administración que permita una mejora sostenida y permanente de la situación de los derechos humanos. A partir de ese diagnóstico, Provea ratifica sus líneas históricas de intervención, en clave de autonomía y apego a los principios de interdependencia de todos los derechos humanos de todas las personas:

No discriminación y justicia social. Los derechos humanos le pertenecen a todas las personas y ello debe subrayarse aún más en contextos polarizados en los que tiende a legitimarse la violencia, la agresión o el menosprecio contra personas de uno u otro bando político. Además de la discriminación por orientación política, que es fundamental prevenir y combatir, nuestra sociedad adolece de una discriminación estructural por origen socioeconómico. Los pobres son las principales víctimas de violación de prácticamente todos los derechos analizados en este Informe. El derecho a la no discriminación implica que el Estado debe tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. En efecto, quienes son estructuralmente discriminados deben ser particularmente atendidos, entre otras vías, a través de la distribución de los ingresos, y estimulados en su capacidad de construir y ejercer poder [8]. El empoderamiento de los sectores populares, su conversión en actores sociales y políticos que impulsan su autodesarrollo y satisfacción de derechos, ejerciendo presión sobre las autoridades estatales desde una perspectiva de no subordinación sino de autonomía, resulta esencial a cualquier estrategia de derechos humanos para una administración democrática del conflicto. La búsqueda de la justicia social, sin la cual una democracia no es realmente tal, debe tener a los sectores populares como principales protagonistas.

Democracia y Derechos Humanos. La democracia y los derechos humanos son interdependientes, por lo que una democracia más profunda, con mayor justicia social, fortaleza institucional, mecanismos pacíficos de resolución o administración de conflictos y ejercicio progresivo del derecho a la participación política, es también un escenario más favorable para el ejercicio de los derechos humanos. En Venezuela, ello pasa por: reivindicar la necesidad del fortalecimiento de los partidos políticos ara que realicen mejores mediaciones sociales y políticas, en la dirección planteada en la Carta Democrática Interamericana; estimular la participación democrática y contralora de toda la sociedad; cuestionar las prácticas no democráticas de cualquier actor político; la exclusión de la deliberancia y el protagonismo político de la Fuerza Armada Nacional; la exclusión de toda apología al odio y la violencia, así como de las incitaciones a delinquir, en los medios de comunicación (públicos y privados) [9]; el fortalecimiento de la institucionalidad estatal, particularmente en su capacidad de brindar, de manera permanente, servicios adecuados a la población desde una perspectiva de derechos y no de dádivas; el fortalecimiento de los contrapesos institucionales, para que coadyuven a cualificar la gestión y combatir la corrupción administrativa; el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, para que sea accesible a toda la población y esté regido por la ley y no por los intereses de las élites políticas o económicas; y, finalmente, la reivindicación de un acuerdo incluyente, entre las fuerzas sociales y políticas, que permita administrar las legítimas diferencias que existen en la sociedad venezolana, dentro de un marco de legalidad democrática.

Estado garante de derechos y Sociedad contralora. La realización de los derechos humanos supone, según ha señalado el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y culturales, Danilo Türk, la presencia de un Estado con suficiente fortaleza como para hacerlo [10]. Esta fortaleza, que nada tiene que ver con el autoritarismo, radica en su capacidad de diseñar y ejecutar, con transparencia, participación y control social, políticas nacionales orientadas a garantizar una justa distribución de la riqueza y la satisfacción de todos los derechos humanos. Este Estado necesario, que basa sus acciones y políticas en leyes justas, supone al mismo tiempo una sociedad contralora que, ejerciendo su derecho a la participación, se hace parte del diseño, evaluación y control de las políticas públicas.

La Organización de Estados Americanos (OEA), primero, y las partes en conflicto, después, asumieron el camino de la consulta popular como un componente estelar de la “solución a la crisis venezolana”. En efecto, en el año 2002, la resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA abogó para que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela procuraran “una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral” [11], adjetivos que fueron ratificados por el acuerdo del 23.05.03, logrado por la oposición y el gobierno en el seno de la Mesa de Negociación y Acuerdos.

Ahí, en el punto 12, agregaron que: “…en cumplimiento del objetivo establecido en la Síntesis Operativa para buscar acuerdos con el fin de contribuir a la solución de la crisis del país por la vía electoral, coincidimos en que dicha solución se logra con la aplicación del artículo 72 de la Constitución…” [12].

En el período analizado en este Informe, la dinámica generada por la solicitud y realización del Referéndum Revocatorio del mandato presidencial, fue el signo más relevante de la vida pública nacional.

Entre noviembre y diciembre de 2003 ocurrió el proceso de recolección de firmas para solicitar la realización de referenda revocatorios, tanto del mandato presidencial como del mandato de diputados nacionales afectos o adversos al gobierno [13]. Entre enero y abril de 2004, el CNE realizó el proceso de verificación y validación de las firmas recogidas, encontrando objeciones en un número importante de ellas. En mayo se realizó el proceso de reparo o ratificación de las firmas. El 03.06.04 el CNE dio los resultados finales sobre el número de firmas válidas, que resultaron suficientes para la convocatoria del Referéndum presidencial, que ocurrió, finalmente, el 15.08.04. La madrugada del 16, luego de cerradas todas las mesas activadas para el primer referéndum revocatorio presidencial del continente y probablemente también el proceso electoral con mayor observación internacional, el CNE anunció que los resultados favorecieron al Presidente Chávez.

Por la magnitud de lo que se decidía, por su carácter inédito, por no contarse con una legislación adecuada y, particularmente, por la intensa polarización política existente en el país, el carácter conflictivo de este proceso fue sensiblemente potenciado. Cada etapa implicó enormes riesgos y activó los temores de que la violencia se desbordara.

Como antecedente al inicio del proceso, hay que recordar que a mediados de 2003, y con la aceptación de las fuerzas políticas en conflicto, el Tribunal Supremo de Justicia designó a los miembros del CNE, dada la omisión de la Asamblea Nacional. En un contexto de polarización como el existente, era muy difícil que los miembros del CNE no terminaran actuando en afinidad con los sectores en conflicto [14]. De hecho, pese a que muchas decisiones fueron adoptadas por consenso8, y el CNE mantuvo su unidad en momentos difíciles, las más polémicas decisiones reflejaron la división que existe en su seno: 3 votos de los comisionados más próximos al gobierno y 2 de los comisionados que representaban a la oposición. Pese a esta tensa situación, potenciada por la obligación de suplir la ausencia de leyes específicas, tanto la OEA como el Centro Carter, aunque de manera muy crítica con varias de sus decisiones, avalaron y respaldaron al CNE y su actuación general. Ello le dio una importante legitimidad internacional al árbitro y al proceso.

El proceso de recolección de firmas, realizado desde el 21 al 24.11.03 (para solicitar el referéndum revocatorio de diputados de la oposición) y desde el 28 de noviembre al 01.12.03 (para solicitar el referéndum revocatorio del Presidente y de diputados de la alianza de gobierno), “culminó en paz y sin mayores obstáculos que impidieran el libre ejercicio de los derechos constitucionales…” [15], según reportó la Misión Conjunta de la OEA y el Centro Carter [16]. La Misión agregó que el “CNE, y las distintas organizaciones vinculadas a la organización y la supervisión de esta etapa, demostraron su capacidad para llevar adelante este proceso de acuerdo a los principios de transparencia e integridad, reafirmando una vez más la legitimidad y credibilidad de la que gozan estas instituciones electorales en la sociedad venezolana” [17]. No obstante, antes de la finalización del proceso de recolección de firmas, dirigentes de las fuerzas que apoyan al gobierno y el propio Presidente denunciaron un “megafraude” en la recolección de firmas de la oposición. El 30.11.03 Chávez señaló lo siguiente: “Este intento de ‘megafraude’ el pueblo no lo va a tolerar […] esas firmas deben ser verificadas una por una, las huellas dactilares […] la trampa no pasará” [18].

Según esa denuncia, la oposición no habría logrado recoger las firmas necesarias para convocar el referéndum [19] y sería solo por la presentación de firmas fraudulentas que se iniciaría un proceso de consulta. Al respecto, la Misión señaló que “tales declaraciones, en el momento en que la recolección de firmas aún no había finalizado, afectaron el clima de convivencia democrática en el que se desarrolló el proceso [y reiteró] que el único poder con facultad para dirimir o resolver las denuncias presentadas es el CNE” [20].

Si bien se detectaron hechos que podían constituir delitos electorales en el proceso de recolección de firmas, lo que condujo a la anulación definitiva de muchas de ellas, estos no eran de tal magnitud como para crear una voluntad popular en donde no la había. De hecho, tanto los procesos posteriores de verificación de firmas y de reparos, como los resultados del referéndum, demostraron que existía suficiente voluntad opositora como para convocar a un referéndum. La insistencia del Ejecutivo introdujo mucha presión sobre el CNE y el celo de este, a su vez, puso en riesgo la posibilidad de que se ejerciera, efectivamente, el derecho de más de 2 millones de firmantes.

El CNE inició la verificación de las firmas el 13.01.04, en medio de intensos debates cuyos polos de tensión eran las interpretaciones en torno a los modos de garantizar el derecho a elegir, el derecho a ser elegido y el derecho a convocar un referéndum revocatorio. Por una parte, las fuerzas que apoyan al gobierno y sus representantes en el CNE señalaban que aceptar firmas fraudulentas equivalía a vulnerar el derecho a ser elegido del Presidente Chávez, y el derecho a elegir de las personas que, en su momento, lo eligieron. Por otra parte, las fuerzas que adversan al gobierno y sus representantes en el CNE señalaban que, con excesivos tecnicismos, la mayoría del CNE estaba intentando anular firmas válidas, lo que equivalía a una vulneración del derecho constitucional a convocar un referéndum revocatorio.

Efectivamente, si las firmas falsas hubieran tenido la magnitud suficiente como para activar un referéndum presidencial creando una ficticia voluntad popular, y ello fuera avalado por el CNE, se hubiera producido una violación de derechos políticos. Pero lo mismo hubiera ocurrido si existiendo la cantidad de firmas válidas necesarias, estas hubieran sido rechazadas por el CNE, por intención expresa o por un excesivo celo. Ante ese debate, nueve organizaciones de derechos humanos exigieron “al Consejo Nacional Electoral (CNE) un reconocimiento fidedigno de la voluntad popular en el proceso de revisión y verificación de las firmas de las distintas solicitudes de referéndum revocatorio. El mecanismo […] debe garantizar frente al país que no se anule ninguna firma lícita y que no se avale ninguna firma fraudulenta” [21].

El mayor número de firmas cuestionadas eran aquellas que se encontraban en planillas que mostraban una caligrafía similar en los datos del firmante y/o en las propias firmas. Estas planillas se conocieron como “planas” y en ellas se incluyeron cerca de un millón de firmas.

La OEA y el Centro Carter fueron muy críticos del CNE que, a su juicio, por un celo particular en la evaluación de las firmas, estaba poniendo en riesgo la posibilidad de expresión de la voluntad de una parte importante de los electores. El entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, señaló lo siguiente sobre esa etapa, en su Informe ante la Asamblea de la organización: “La OEA y el Centro Carter públicamente expresamos que éramos conscientes de que podían existir intentos de manipular la voluntad de los ciudadanos, pero era necesario evaluar el impacto que determinadas decisiones podían tener en el cumplimiento de los requisitos constitucionales […] Comprendimos entonces la preocupación del CNE pero consideramos que se debía y se debe partir de la buena fe del ciudadano como principio universal” [22]. Pese a las críticas y discrepancias, la Misión le dio un aval al CNE, lo que demostraba la existencia de condiciones para que se expresara la voluntad popular.

Sin embargo, la oposición estaba enardecida y consideraba que el CNE le estaba secuestrando la posibilidad de ejercer un derecho político. Entre finales de febrero y principios de marzo tuvo lugar una jornada de protesta de la oposición contra las decisiones que venía tomando el CNE, que se conoció como “La Guarimba”.

Varios sectores de la CD manifestaron su negativa a ir a reparos. Entre ellos, el partido Primero Justicia, cuyo diputado y dirigente nacional, Julio Borges, señaló a comienzos de marzo que: “Si no se va a reparos, por imposibles e inviables, la señal es muy clara: sería el CNE quien le cerró las puertas a los venezolanos para lograr el referendo y en ese escenario nosotros lo que tenemos que lograr es que el Gobierno quede deslegitimado […] tenemos que convertirlo en el acto final de un gobierno que está sentado en las bayonetas, sostenido por la fuerza y eso lo pone en cuenta regresiva […] La OEA le va a quitar el velo al Gobierno en la comunidad internacional” [23].

Sin embargo, un intenso proceso de negociación política entre las dos fuerzas políticas enfrentadas y el CNE, con la mediación de la OEA y el Centro Carter, logró convencer a la oposición de ir a los reparos bajo ciertas condiciones que fueron acordadas por todos. Esto permitió mantener el conflicto enmarcado en la ruta del revocatorio. A mediados de abril la Misión Conjunta señaló lo siguiente: “Saludamos los esfuerzos realizados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) así como de los representantes de la Coordinadora Democrática y del Comando Ayacucho con el fin de lograr un mecanismo ágil, sencillo, seguro y transparente para culminar el proceso de solicitud de referendo revocatorio” [24]. Finalmente, el proceso de verificación, que debía durar un mes, duró más de tres, pero dio paso a la posibilidad de avanzar a la realización de los reparos.

El 20.04.04, “finalizadas las conversaciones […], el CNE anunció las cifras definitivas para el referéndum presidencial: validó 1.910.965 firmas, rechazó 375.241 y pasó a reparos 1.192.914” [25]. El objeto de los reparos, que ocurrieron entre 28 y el 31.05.04, era “dar a los firmantes la oportunidad de retirar sus firmas (reparación de firmas válidas) o confirmar el estampado de las mismas (reparación de firmas rechazadas)” [25].

Antes de su realización, fueron profusas las denuncias de distintos tipos de presiones laborales para retirar o confirmar las firmas. Ya antes, en ocasión del proceso de recolección de firmas (noviembre y diciembre de 2003) cuando era previsible que esto ocurriera, el Foro por la Vida señaló que “Si bien […] el carácter de las firmas es público, ya que no son, ni en este ni en otro caso, equivalentes a un voto, y por lo tanto no deben ser secretas, en este contexto de confrontación, la publicidad de las firmas puede afectar, de hecho, otros derechos de las personas que decidan respaldar una u otra opción o abstenerse de hacerlo. Por tal razón, el Estado está obligado a adoptar de inmediato medidas preventivas de protección, en particular, de los derechos al empleo, la seguridad ciudadana y la no discriminación” [26]. Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Ucab invitaron públicamente a presentar denuncias en sus sedes y ante las instancias oficiales.

No obstante, fueron pocas las denuncias recibidas en comparación con las aparecidas en los medios de comunicación, con lo que es muy difícil medir en qué magnitud estas presiones estaban produciéndose.

Finalmente los reparos tuvieron lugar, y a partir de ellos la oposición logró obtener las firmas necesarias para convocar al referéndum. El CNE anunció su realización para el mes de agosto.

Con el anuncio del CNE, se produjeron hechos de violencia en el centro de Caracas. Sectores afectos al gobierno, pero cuyas acciones fueron rechazadas por este, atacaron a distintos medios de comunicación social.

El mismo día, el Presidente se dirigió al país en cadena de radio y televisión. En ella recordó que el referéndum revocatorio había sido una propuesta suya a la Asamblea Nacional Constituyente; celebró que la oposición hubiera hecho uso de ese mecanismo de la democracia participativa, considerándolo una victoria para la Constitución; y, finalmente, reconoció los resultados presentados por el CNE y se declaró en campaña por el NO.

El 15 agosto, casi 10 millones de venezolanas y venezolanos asistieron a un proceso electoral que hacía historia en el continente y que contaba con la mayor cantidad de observadores internacionales en elección alguna realizada en Venezuela, para responder la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual período presidencial?”.

En la mayoría de los centros de votación el voto fue automatizado, con máquinas que transmitían la información a los centros de totalización y producían un comprobante impreso en papel que se quedaba en cada centro como respaldo. Durante el día se generaron larguísimas colas, que fueron explicadas por la Misión Conjunta como producto de varios factores: a) el aumento del Registro Electoral Permanente sin que se hubieran abierto nuevos centros de votación, b) la novedad del proceso, c) la disminución de la abstención en cerca de 10 puntos y, d) la novedad de la máquinas captahuellas, introducidas para impedir el doble voto y para comenzar a desarrollar una base de datos de huellas dactilares.

Pese al tiempo de espera en las colas, que llegó a sobrepasar las 12 horas en algunos lugares, no se generaron conflictos relevantes. Provea apreció “como un hecho muy positivo para la democracia venezolana que el comportamiento de la población se enmarcara en su misma tradición pacífica y democrática de jornadas electorales anteriores. La solidaridad manifiesta entre los ciudadanos, el respeto mutuo y su paciencia crítica frente a los contratiempos de este inédito proceso, son un poderoso ejemplo a seguir por todo el liderazgo venezolano” [27]. El Embajador Walter Pecly Moreira, Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, señaló que “el pueblo de Venezuela ofreció al mundo y en especial a los pueblos hermanos de las Américas un extraordinario ejemplo” [28] y agregó, en su informe presentado a la Asamblea de la OEA que todo “se desarrolló normalmente, sin incidentes que pusieran en duda la transparencia e integridad del mismo. Los ciudadanos que participaron de la convocatoria lo hicieron libremente, sin obstáculos que impidieran o limitaran la expresión de su voluntad, no registrándose casos de intimidación o violencia” [29].

En la madrugada del 16 de agosto, el CNE presentó los resultados que, con una tendencia irreversible, mostraban el triunfo del Presidente Chávez. Ese día, 5.800.629 de personas (59,0958% de los electores que asistieron a la consulta) votaron por el NO y 3.989.008 (40,6393%) por el SÍ [30].

La oposición denunció fraude esa misma madrugada y los dos rectores que le son aliados no participaron del anuncio oficial. No obstante, en una rueda de prensa conjunta, Jimmy Carter y César Gaviria, ese mismo día, avalaron el resultado presentado por el CNE. La Misión Conjunta venía realizando un proceso de contraloría de todo el proceso y contaba con información coincidente con la del CNE. Posteriormente, la Misión participó de dos auditorías realizadas por el CNE, que confirmaron el resultado. No obstante, la oposición se mantuvo incrédula de los resultados.

Frente a los resultados, Provea se pronunció en los siguientes términos: “ratificamos el respeto a los resultados hechos públicos por el ente comicial […] En este sentido, rechazamos el desconocimiento de tales resultados efectuado por voceros de la oposición y les recordamos que existen procedimientos administrativos y judiciales, establecidos en la legislación venezolana para procesar sus desacuerdos. Todos los actores políticos deben favorecer la paz y la administración democrática de los conflictos que surcan nuestra sociedad; Solicitamos al CNE que implemente los mecanismos correspondientes para aclarar y disipar las dudas planteadas por la oposición con respecto a los resultados preliminares anunciados” [31].

El entonces secretario general de la OEA señaló en su Informe a la Asamblea de la organización lo siguiente: “…la actitud de la oposición, de no abrir siquiera un pequeño espacio para reconocer el triunfo del presidente Chávez, la ha colocado en una situación compleja frente a la comunidad internacional que no alcanza a comprender cómo el referendo no contribuyó más a resolver la conflictividad política y, hasta donde hemos podido observar, no entiende sus razones para desconocer el resultado” [32].

El 26.08.04, el Consejo Permanente de la OEA, luego de superar los obstáculos colocados por los Estados Unidos, emite su Resolución 869, reconociendo los resultados del Referendo Revocatorio Presidencial. Se cerraba así, a efectos de la OEA, el ciclo iniciado con la Resolución 833 que abogaba por una “solución constitucional, democrática, pacífica y electoral”. No obstante, por tratarse de un conflicto más complejo que el de la interrupción o continuidad de un mandato presidencia, tal como hemos señalado, las crisis siguen instaladas entre nosotros.

El 27.02.04 se inició una ola de protestas de sectores de la oposición, que tendría expresiones pacíficas y violentas. El conjunto de estas manifestaciones, que duraron cinco días consecutivos y ocurrieron fundamentalmente en urbanizaciones donde habitan los sectores medios y altos de Caracas y otras 15 ciudades del país, se conoció como La Guarimba. Se trata de una modalidad de protesta promovida inicialmente por el Bloque Democrático [33], un sector radical de la oposición que nunca apostó al referéndum por considerarlo una trampa del “régimen” [34]. La Guarimba consistía en hacer barricadas cerca de las viviendas, con basura y fuego, y mantenerse ahí siempre que no llegaran los organismos de seguridad de carácter nacional o personas afectas al gobierno. En ese caso, los manifestantes debían refugiarse en sus casas o “Guarimbas”. El objetivo de la estrategia promovida era generar una desobediencia civil generalizada que ameritara la intervención de la Fuerza Armada Nacional en solidaridad con los manifestantes.

En muchos lugares, los cierres de calle no generaron mayor confrontación con el Estado o con particulares, ni ocurrieron hechos de violencia, pero en algunos otros, los manifestantes se enfrentaron con los organismos de seguridad o con particulares afectos al gobierno, destruyeron bienes públicos y activaron armas de fuego.

La actuación estatal tuvo distintos momentos y características. Mientras los organismos de seguridad dependientes de Alcaldías dirigidas por la oposición, como la Policía Metropolitana (organismo responsable del resguardo de las manifestaciones en Caracas) y las policías de los municipios Baruta y Chacao, se abstuvieron de controlar a los manifestantes y, en algunos casos, les ayudaron a levantar barricadas; los organismos dependientes del Gobierno Nacional, en particular la Guardia Nacional (GN), actuaron en la contención y represión de las manifestaciones. La actuación de la GN varió dependiendo del lugar y el momento, estando en unas ocasiones ajustada a derecho y en otras fuera de él [35]. Fueron denunciados múltiples manifestantes heridos y golpeados, así como personas detenidas arbitrariamente [36]. También, en ese contexto, 11 personas fueron asesinadas, de las cuales al menos cuatro lo fueron por la acción de funcionarios de seguridad.

Aunque posteriormente reconoció que podían haber “excesos”, en un primer momento, el Gobierno negó que la GN o la Disip hubieran reprimido o golpeado a los manifestantes. El Vicepresidente, José Vicente Rangel señaló, al inicio de la ola de protesta, lo siguiente: “no caeremos en provocaciones, tendremos el control de la fuerza, de la represión, porque éste no es un gobierno represivo como los de Punto Fijo” [37]. El Presidente Chávez felicitó a la GN por su actuación en estos hechos, pese a que ya entonces existían imágenes audiovisuales que mostraban, con poco margen de duda, que la GN había actuado de manera desproporcionada en varios lugares.

Frente a esta posición, Provea se pronunció condenando “la felicitación pública que, tanto el Presidente de la República (Gobierno en Línea, 01.03.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/), como el Ministro de la Defensa (Últimas Noticias, 28.02.04, pág. 12), realizaron a la GN por su actuación en el control de las manifestaciones ocurridas desde el 27.02.04. Aunque no puede hacerse una generalización, resulta evidente la comisión de delitos por parte de diversos funcionarios de este cuerpo de seguridad estatal. La felicitación gubernamental, así como la descalificación de toda denuncia de violación a los derechos humanos, se convierte en un mecanismo que estimula la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos días y hacen al Alto Gobierno corresponsable de los delitos cometidos. Asimismo, alientan la comisión de nuevos excesos por parte de este organismo de seguridad” [38]. Igualmente, Provea consideró como “Particularmente lamentables […] las omisiones de la Defensoría del Pueblo en estos días de violencia. Esa institución tiene un mandato constitucional de facilitar mediaciones sociales y velar por el respeto a los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo. Lejos de honrar ese mandato, la Defensoría ha actuado sólo en defensa de unos derechos (entre ellos el de la seguridad ciudadana), efectivamente vulnerados por unas autoridades (alcaldes y gobernadores de oposición) y no en defensa de todos los derechos vulnerados, de todas las partes involucradas en el conflicto. Su ausencia de mediación, así como la parcialidad de su intervención, aleja a la Defensoría de su misión constitucional” [39].

  1. Nos referimos a los escenarios y no al número de víctimas de la violencia política, pues como se verá más adelante, estas aumentaron. Al hacer la comparación por escenarios tenemos en mente el número de días en los que, de manera general, ocurrieron más confrontaciones violentas, como el paro de dos meses entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 o la semana conocida como “La Guarimba” en febrero y marzo de 2004.
  2. Ver recuadro sobre el tema en la página 24. También en los capítulos “Derecho a la manifestación” y “Respuestas organizativas de la sociedad”, en este Informe.
  3. El discurso del Presidente y su responsabilidad en la radicalización de la polarización ha sido un tema harto discutido en el país. Provea considera que por su alta investidura tiene una responsabilidad mayor de modelaje democrático y de preservación y estímulo de la convivencia pacífica. En tal sentido, compartimos el análisis de la historiadora Margarita López Maya, quien señala que: “El fenómeno de la polarización política […] no lo produjo el discurso de Chávez, si bien éste lo ahondó y exacerbó, ni lo resuelve un mero cambio de discurso de Chávez, si bien esto ayudaría” (Margarita López Maya. Exposición con motivo del reconocimiento en la Asamblea Nacional de la ratificación del Presidente. 27.08.04; Mimeo).
  4. Ver comunicado de Provea “Mitos que obstaculizan el diálogo y la profundización de los cambios democráticos”. 27.02.04. [en línea] http://www.derechos.org.ve
  5. Ver Contexto en el Informe 2002-2003, disponible en el sitio Web de Provea:
    http://www.derechos.org.ve.
  6. Esto, que era palpable a través de estudios de opinión y del propio trabajo de calle, quedó confirmado por los resultados del referéndum presidencial. La información disponible en el sitio Web del Consejo Nacional Electoral http://www.cne.gov.ve permite comparar los resultados de los municipios y parroquias donde habitan los sectores populares y donde habitan los sectores medios y altos de la población.
  7. Cabe recordar que el Artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana señala que “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia” (Asamblea General de la Organización de Estado Americanos.11.09.01).
  8. PAUL HUNT, MANFRED NOWAK Y SIDDIQ OSMANI, Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2004. [en línea http://www.unhchr.ch/>
  9. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “…los Estados tienen la suprema obligación de evitar las guerras, los actos de genocidio y demás actos de violencia […] A este respecto, el Comité observa, en particular, que existe una vinculación entre el artículo 6 [que consagra el derecho a la vida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y el artículo 20, que dispone que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra (párr. 1), así como toda actividad que constituya incitación a la violencia”.COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU Observación General N° 6 “Del derecho a la vida”.30.04.82. Consulta en línea: http://www.unhchr.ch/.
  10. DANILO TÜRK: Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe definitivo, 03.07.92, párrafo 85 y siguientes.
  11. Consejo Permanente de la OEA. Resolución 833. CP/RES. 833 (1348/02) [en línea] www.oas.org.
  12. José Vicente Rangel, Américo Martín y otros. Acuerdo entre la representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman. Caracas, 23.05.04 [en línea] http://www.analitica.com/bitblioteca
  13. Insistiremos poco sobre los referenda de diputados, porque tienen menor impacto en la situación política.
  14. “Las divisiones internas en el cuerpo eran muy problemáticas, pero reflejaban las divisiones del país. En un ambiente político sumamente cargado era difícil, y quizás hasta imposible que los directores del CNE se mantuvieran al margen de la división y de la confrontación política. Los directores de CNE no se comunicaban eficazmente uno con el otro”. CENTRO CARTER: Resumen Ejecutivo del Informe Integral. 30.09.04; Mimeo.
  15. Más del 95% de las decisiones del CNE han sido por unanimidad […] En todo caso, el CNE es un órgano colegiado que decide por mayoría, como cualquier órgano colegiado Jorge Rodríguez, Rector Principal del CNE. Programa de TV “Tribuna de Cambio”, dirigido por Vladimir Villegas, Venezolana de Televisión, 06.06.04.
  16. Misión Conjunta en Venezuela de la OEA y el Centro Carter. Recolección de firmas en Venezuela: comunicado de la misión conjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter. 01.12.03. [en línea] www.oas.org
  17. La Misión estuvo compuesta por más de 50 observadores internacionales, desplegados en 20 de los 24 estados del país (Ídem).
  18. Misión Conjunta en Venezuela de la OEA y el Centro Carter, op. Cit.
  19. Cable de la Agencia EFE, 30.11.03. [ en línea] http://www.terra.com.mx
    20 Las firmas necesarias eran un número igual o superior al 20% de los electores inscritos, según lo señalado en el artículo 72 de la Constitución; es decir, un poco más de 2 millones de firmas.
  20. Ídem.
  21. Julio Borges. El Universal, 07.03.04. [en línea] www.eud.com
  22. Misión Conjunta OEA y Centro Carter. Comunicado de Prensa de la Mision de la Organización de los Estados Americanos y el Centro Carter. 15.04.04. Consulta en línea en el sitio Web de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA: www.upd.oas.org
  23. César Gaviria: op. cit.
  24. Ídem.
  25. Foro por la Vida. Comunicado Foro por la Vida se pronuncia ante el proceso de recolección de firmas. Caracas 19.11.03. [Consulta en línea] www.derechos.org.ve
  26. PROVEA: Comunicado Provea felicita al pueblo venezolano y exhorta a la oposición a respetar los resultados dados por el CNE y avalados por los observadores internacionales.17.08.04 [en línea] www.derechos.org.ve
  27. Valter Pecly Moreira. Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Venezuela presenta informe sobre resultados del referendo. 25.08.04. Consulta en línea: www.oas.org
  28. Valter Pecly Moreira. Misión de Observacion de la OEA reitera transparencia del referendo revocatorio.24.09.04 [en línea] http://www.venezuela-oas.org
  29. Consejo Nacional Electoral: Resultados obtenidos para el dia: 03/09/2004, hora: 11:47:00 AM. [en línea] http://www.cne.gov.ve/resultados
  30. PROVEA, op.cit
  31. César Gaviria, op. cit.
  32. Ver Robert Alonso: La Guarimba (en cinco pasos bien sencillos y simples) [en línea] http://www.robertalonso.com.ve. También http://www.bloquedemocratico.org En una propiedad de Robert Alonso, se descubrirían meses más tarde un grupo de más de 100 hombres que estarían recibiendo entrenamiento militar y entre quienes se encontraban jefes paramilitares colombianos.
  33. Su objetivo declarado es “que las soluciones modernas, aplicables a las crisis como la que vive Venezuela, no son solamente de carácter electoral, sino más bien de desobediencia civil generalizada, que es definitivamente apoyada por las Fuerzas Armadas, las cuales obligan al Dictador a someterse a la voluntad de las mayorías” [en línea]: http://www.bloquedemocratico.org.
  34. Ver capítulos “Derecho a la manifestación” y “Respuestas organizativas de la sociedad”, en este Informe.
  35. Ver en este Informe “Derecho a la integridad personal” y “Derecho a la libertad personal”.
  36. José Vicente Rangel, Últimas Noticias, 29.02.04. Pág.9.
  37. PROVEA: “Servicio informativo Derechos Humanos y Coyuntura Nº. 134”. Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2004 [en línea] http://www.derechos.org.ve.
  38. Ídem.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El balance que se presenta a continuación es un resumen del análisis de la situación de los derechos humanos, que se realiza, con mayor detalle, en cada uno de los capítulos que componen esta edición, la XVI, del Informe Anual de Provea. Como todos los años, aspiramos con ello a promover debates y diálogos que apunten a cualificar la acción estatal en materia de derechos humanos.

En medio de la intensa polarización política, Provea, junto al movimiento nacional de derechos humanos articulado en el Foro por la Vida, viene insistiendo en la necesidad de generar espacios para algunos acuerdos básicos, que tengan como piso mínimo o punto de partida las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Con esta XVI edición, queremos insistir una vez más, pues estamos convencidos de que los modos violentos de expresión del conflicto, que afectan a todos los derechos analizados en este Informe, pueden ser reducidos para darle paso a una administración más democrática del conflicto.

La situación del derecho a la alimentación no presenta mayores variaciones con respecto al período anterior. En términos generales puede destacarse que se mantiene una leve tendencia al aumento en los índices de desnutrición, especialmente en la población menor de 15 años, para el año 2002, último año del que se disponen cifras oficiales. En promedio, el déficit nutricional de esta población se ubicó en 24,4%. Al analizar los indicadores de desnutrición por región geográfica, se evidencian diferencias sustanciales entre las entidades federales. Los estados con presencia de un porcentaje significativo de población indígena o con los mayores índices de pobreza, tienen a su vez un mayor índice de déficit nutricional. Según la categoría Combinación de Indicadores, en los menores de 2 años el mayor déficit nutricional se encuentra en los estados Delta Amacuro (37,84%), Monagas (35,45%), Amazonas (33,64%) y Apure (30,25%). Son entidades que poseen más de 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional (23,6%) y donde existe un importante porcentaje de población indígena que, por su grado de exclusión, padece de notables problemas nutricionales.

También se constató un aumento importante en uno de los indicadores clásicos que miden la situación nutricional de un país: el bajo peso al nacer. Las cifras oficiales para este indicador corresponden al año 2003 y muestran un retroceso significativo con respecto a 2002, al registrarse un incremento de 1,5% en el número de bebés que nacen con menos de 2,5 kg de peso.

En el área de la seguridad alimentaria, uno de los indicadores es la disponibilidad de alimentos, que debería satisfacer el consumo diario referencial de kilocalorías, establecido para la población venezolana en 2.300 Kcal/persona/día. Según fuentes oficiales, desde 1999 se registra una tendencia creciente en este indicador, aunque admiten que el comportamiento ha sido cíclico, debido a las fluctuaciones que experimenta la importación de alimentos. El indicador de suficiencia alimentaria experimentó una mejoría, pasando Venezuela de la categoría de insuficiencia crítica, en la cual se encontraba para el año 1999, a suficiencia precaria en el año 2001. Lo que se expresa en que 29% de la población más pobre consume menos de 1.781 calorías diarias, cuando el requerimiento es de 2.300. Respecto a la autonomía en materia alimentaria, informes oficiales señalan que Venezuela mantiene una marcada dependencia externa y para el año 2002 la producción nacional aportó 60,4% de los requerimientos calóricos, cuando el mínimo referencial debe ubicarse, según la FAO, en 70%. Los esfuerzos por desarrollar políticas destinadas a garantizar la seguridad alimentaría tropiezan con obstáculos derivados de la ausencia de consulta y construcción de consensos mínimos entre todos los actores involucrados en los procesos de producción y comercialización de alimentos, más necesarios en momentos en que parecen existir proyectos políticos e intereses claramente diferenciados en materia agrícola. La seguridad alimentaria en Venezuela, aun con las medidas adoptadas, no logra alcanzar un estado aceptable y sostenible, manteniéndose vulnerable a factores de orden político y económico.

Como indicadores positivos en el lapso destacan la leve recuperación del poder adquisitivo del salario -lo que facilita mayor acceso a la canasta alimentaria- y los programas estatales, cuyas cifras oficiales expresan un aumento en la cobertura de distribución de alimentos a precios más accesibles.

En relación con el derecho a la seguridad social, continúa la mora del Estado, por una parte, en su obligación de legislar en materia de los subsistemas de la seguridad social y, por otra, en su obligación de implementar el nuevo sistema contemplado en la Ley Orgánica aprobada en diciembre de 2002. Ni la Asamblea Nacional (AN) ni el Ejecutivo Nacional actuaron con la celeridad necesaria para desarrollar integralmente el nuevo sistema de seguridad social que debe brindar, progresivamente, protección y cobertura al conjunto de la población. En la AN, las leyes que deben regular los diversos regímenes prestacionales de la seguridad social no tuvieron tratamiento prioritario, y solo fueron aprobadas en primera discusión las leyes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, del Régimen Prestacional de Empleo y la del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, mientras que las restantes no se sometieron al debate parlamentario. Por su parte, el Ejecutivo Nacional continúa en mora con la aprobación oportuna del Plan que debe diseñar la nueva institucionalidad del sistema de seguridad social. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) incurrió en denegación de justicia por mora procesal en el caso del recurso de nulidad por inconstitucionalidad introducido por Provea contra la omisión en la que incurrió el órgano legislativo que derogó la prestación de Paro forzoso establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), que afecta a los beneficiarios de esta prestación en caso de la pérdida, voluntaria o no, del empleo. Transcurridos once meses desde que Provea introdujo un recurso de nulidad por inconstitucional, y diez meses desde la admisión de la acción judicial por inconstitucionalidad, el TSJ todavía no decidió en una materia que afecta a las personas que queden desempleadas. Además de ello, la AN no rectificó, ni tampoco propició en su seno un debate que permitiera la presentación de un proyecto de reforma del cuestionado artículo 138 de la mencionada Ley.

En relación con la obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó pagando regularmente las pensiones de vejez homologadas al salario mínimo urbano, y logró incorporar una mayor cantidad de pensionados que cumplen con los requisitos y que esperaban ser incorporados en la nómina de cobro de pensiones, con lo que se comienza a saldar una deuda histórica de este Instituto.

Para el mes de diciembre de 2003 existían 626.795 pensionados registrados, 16,3% más, comparados con los 538.840 de diciembre de 2002. Esto implica la incorporación de 87.955 nuevos pensionados, 7.330 pensionados por mes, cifra que, aunque se ubica por debajo de la meta prevista (30.000 nuevos pensionados al mes), supera con creces el promedio de 1.892 incorporaciones mensuales de 2002. Adicionalmente, en el curso del año 2004, el IVSS canceló la deuda acumulada desde 1992 hasta marzo de 2001 por concepto de homologación y retroactivo, beneficiando a aproximadamente 550.000 pensionados.

Para diciembre de 2003, el IVSS daba cobertura a un total de 2.275.824 personas, lo que representa apenas el 48% de las personas ocupadas en el sector formal de la economía y solo el 19% de la población económicamente activa. Persiste la tendencia histórica de la alta morosidad acumulada, tanto del sector privado (33,4%) como del sector público (66,6%), lo que sigue siendo un obstáculo estructural que afecta la viabilidad y sostenibilidad del sistema de seguridad social. El Fondo de Asistencia Médica (FAM) ejecutó en el año 2003 un presupuesto con un déficit de Bs. 955 millardos, muy superior al déficit de 2002, cuando alcanzó la suma de Bs. 496 millardos. Este incremento del 92,5% agrava y confirma la tendencia sostenida de la insuficiencia presupuestaria del fondo de salud del IVSS.

En cuanto a los derechos laborales, resulta positivo destacar que para septiembre de 2004 el desempleo se ubicó en 14,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra 3,5 puntos inferior al 18% registrado en septiembre de 2003. El desempleo afecta en mayor proporción a las mujeres y a los jóvenes. En efecto, en septiembre de 2004, el 16,9% de las mujeres con edad y disposición de trabajar se encontraban desempleadas, mientras que en los hombres, este porcentaje disminuye, hasta alcanzar un 14,5%. Para los jóvenes entre 15 y 24 años, el desempleo alcanza un 27,9%. Para julio de 2004, el 52,7% de la PEA se ubicó en el sector informal de la economía, lo que representa un aumento del 1,3% respecto de las cifras del segundo semestre de 2002. En abril de 2004, el Ejecutivo Nacional decretó un incremento de 30% del salario mínimo, el cual se cancelaría fraccionado en un 20% a partir del 01.05.04 y otro 10% a partir del 01.08.04. Un aspecto positivo del decreto de aumento del salario mínimo fue la inclusión de las personas que realizan trabajo doméstico, eliminando la discriminación existente desde 1979, cuando quedaba a la libre voluntad del patrono la fijación de su remuneración. Asimismo, se eliminó la discriminación entre trabajadores de conserjería de edificios residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal y aquellos que laboran en edificios comerciales. El Decreto ordena el pago del salario mínimo de forma íntegra, prohibiendo incluir en este el arrendamiento de la vivienda.

El incremento salarial, aunque fue fraccionado y sin carácter retroactivo, constituyó un esfuerzo importante para recuperar el poder adquisitivo del salario. En la fecha establecida para el aumento del 20%, el 01.05.04, el incremento salarial superó la inflación acumulada, teniendo como efecto positivo que se recuperara el terreno perdido frente a la inflación en el año 2003, cuando el incremento salarial fue 7,5 puntos menor a la inflación acumulada.

No obstante, continuó siendo insuficiente para cubrir las canastas básica y alimentaria. En relación con la primera, el valor de la canasta básica oficial para el 30.04.04 era de Bs. 625.876, por lo que el déficit del salario mínimo, en una familia donde solo uno de sus miembros trabaja, a mayo de 2004, era de 52,7%, mientras que si dos miembros lo hacen, sería del 5,3%. En cuanto a la canasta normativa alimentaria oficial para el 30.04.04, que tenía un valor de Bs. 312.938, el salario mínimo vigente a mayo solo cubría el 94% de su valor. Para diciembre de 2003, existían en Venezuela 5.901.012 hogares, de los cuales el 9 % no percibía ningún tipo de ingreso; el 42,7% tenía ingresos no mayores a Bs. 200.000, situación que los colocaba en la línea de pobreza extrema; el 18 % eran hogares pobres, sus ingresos oscilaban entre Bs. 200.001 y 350.000, es decir, solo cubrían el costo de la canasta alimentaria normativa oficial; el 13,5% tenía ingresos mensuales entre Bs. 350.001 y 500.000. Solamente el 7,2% de los hogares contaba con ingresos suficientes como para cubrir la canasta básica oficial y apenas el 15,4% restante los cubría cómodamente. En promedio, la familia venezolana está compuesta de 4,3 integrantes, donde solo 1,6 tiene un trabajo remunerado.

Durante el período se registraron presiones a los trabajadores, tanto del Estado como del ámbito privado, vinculadas con la coyuntura política. La polarización social y política siguió afectando el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. La representatividad de las dos principales centrales de trabajadores que se disputan el liderazgo (CTV y UNT), fueron motivo de pugnas entre sindicatos y autoridades estatales, incidiendo en la negociación de los contratos colectivos y en la participación del sector de los trabajadores ante instancias internacionales.

En el ámbito legislativo, destaca la aprobación, en primera discusión, del Proyecto de Ley del Régimen Prestacional de Empleo, de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, así como la mora de la AN en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Ello, a pesar de que la Sala Constitucional del TSJ, en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad por omisión contra la AN, interpuesto el 09.09.03 por la Federación Nacional de Trabajadores de Institutos Autónomos y Empresas del Estado, ordenó a la AN reformar la LOT en un plazo máximo de seis meses, a fin de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta y al artículo 92 del texto constitucional, referidos al cálculo retroactivo de las prestaciones sociales de los trabajadores de conformidad con el último salario devengado.

Respecto al trabajo infantil, sigue sin definirse una estrategia estatal para abordar esta situación. Como aspecto positivo, la AN sancionó, el 04.12.03, el convenio 182 de la OIT, sobre la erradicación inmediata de las peores formas de trabajo infantil.

La ampliación de la cobertura de los servicios de atención primaria a través de la Misión Barrio Adentro impactó positivamente el derecho a la salud, particularmente de la población que vive en áreas urbanas no consolidadas de más difícil acceso. Hasta la fecha, cuenta con 8.500 consultorios populares, entre módulos de atención y casas comunitarias tiene cobertura en todo el país (320 municipios y 561 parroquias), salvo en el Edo. Táchira, y cuenta con un cuerpo médico de 13.113 profesionales. Sin embargo, las debilidades en la rectoría del Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social (MSDS), los déficit de gestión por parte de los estados descentralizados y la fragmentación institucional y financiera del sistema de salud, obstaculizan la vigencia del derecho a la salud. Aun cuando se valora positivamente la orientación de las políticas de salud establecidas en el Plan Operativo del MSDS, por ser conceptualmente coherentes con el derecho a la salud, el Ejecutivo nacional no logró concretar soluciones a la crisis del sistema público de salud. En relación con el financiamiento, sigue sin superarse el 2% del PIB. En el año 2004 fue de 1,3%, registrándose incluso un decrecimiento de 0,5 puntos con respecto a 2003, cuando fue de 1,8%.

En el ámbito legislativo, continúa en mora la aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que permitiría adecuar la ley a los preceptos constitucionales y establecer normas que regulen el nuevo sistema de salud integrado a la seguridad social. Sobre el funcionamiento de la red pública de asistencia a la salud, la falta de medicamentos e insumos se agudizó durante el año 2004, afectando directamente a los sectores menos favorecidos y a los grupos más vulnerables, entre ellos los enfermos crónicos, niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas. El déficit presupuestario de la mayoría de las instituciones de la red pública de atención a la salud afectó, además, el principio de gratuidad establecido en la CRBV. Provea cuantificó 105 denuncias relacionadas con el cobro directo o indirecto en los establecimientos públicos. El número de denuncias se incrementó en 42% en relación con las 74 registradas en el lapso anterior.

También se registraron 527 denuncias sobre problemas de funcionamiento en los centros públicos de salud, la mayoría de las cuales se refieren a la falta de insumos, problemas de infraestructura, carencia de equipos médicos o equipos obsoletos, y el cierre de algunos servicios de salud. En relación con los conflictos laborales, el sector salud registró un total de 68 protestas, 27 de las cuales implicaron la suspensión de los servicios de asistencia. La mayoría de estas acciones se vincularon a demandas laborales y a la dotación de insumos en los centros públicos de atención.

En cuanto a la promoción y prevención de la salud, hay avances y reveses. El acceso a información estadística fiable y actualizada presenta debilidades institucionales crónicas, que dificultan el cumplimiento de los fines y actividades de la contraloría y el protagonismo popular. Entre los avances está el incremento de la inversión pública para garantizar una mayor cobertura de inmunizaciones e incorporación de nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunizaciones. Entre los reveses se evidenció una tendencia al aumento de casos de malaria y dengue con respecto a años anteriores.

La mortalidad materna tuvo una importante reducción, al pasar de una tasa de 68 por cada 100.000 nacidos vivos, en el año 2002, a una de 57,6 en el año 2003. No ocurrió lo mismo con la mortalidad infantil que, en 2003 (18,1), tuvo una tasa prácticamente igual a la de 2002 (18,2). Se considera positiva la publicación de la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva, por parte de Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MSDS. Dicha norma establece las directrices fundamentales de la Política Pública en la materia, a fin de disminuir la prevalencia del embarazo en adolescentes, las altas tasas de mortalidad materna e infantil, la elevada incidencia de morbi-mortalidad por cáncer cérvico, mamario y próstata, el elevado índice de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y el incremento de la violencia intrafamiliar y de género.

El resultado más significativo del período en cuanto al derecho a la educación radica en que 2.131.061 personas participaron o participan actualmente en diversos espacios educativos a través de programas sociales conocidos como Misiones: Misión Robinson I y II, Misión Ribas y Misión Sucre. Se espera que estos programas, acordes con las obligaciones estatales, avancen a una mayor institucionalización, minimizando la lógica de operativo y favoreciendo los controles democráticos, en aras de corregir errores e impedir vicios de diverso tipo, incluida la corrupción administrativa. Un ámbito de especial atención remite a la formación docente de las personas responsables de su desarrollo.

En el ámbito de la educación formal, a pesar de que hubo crecimiento global de la matrícula, el porcentaje de incremento interanual (1,3%) es significativamente menor al observado a partir del período 1999-2000. A esta señal negativa se añade que el crecimiento se registró solo en educación media y superior; decreciendo en educación preescolar y en básica. Estos datos constituyen una advertencia para las intenciones formuladas por las autoridades educativas venezolanas, de alcanzar ocho años antes la Meta del Milenio de Naciones Unidas, de universalizar la educación básica para el 2.015, lo que requiere un ritmo sostenido y acelerado de crecimiento, observado en los últimos tres períodos y destacado en Informes anteriores. El Proyecto de las Escuelas Bolivarianas y las declaraciones oficiales sobre la meta de incluir un mayor número de escuelas en el mismo se evalúan como positivos, aunque es necesario conocer la evaluación y viabilidad financiera de esta meta de ampliación, que al 2006 espera abarcar a todos los planteles de educación básica dependientes de la administración nacional. El porcentaje de meta cumplida para este período respecto del planificado en el anterior fue de 91%. Otra medida acorde con políticas inclusivas en materia de educación es el Proyecto Simoncito, creado para universalizar la educación inicial (0 a 6 años), no obstante su impacto cuantitativo es todavía reducido. Lo mismo ocurre con los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT). También se cataloga positivamente el hecho de que la nueva contratación colectiva entre las 9 federaciones sindicales de la educación y las autoridades respectivas, firmada el 05.05.04, se haya logrado sin pérdida de días de clase por este motivo.

La exclusión escolar, analizada en términos del número de estudiantes que no prosiguen al grado inmediatamente superior, observa una mejoría. El año pasado señalamos que, de 100 estudiantes que ingresaron a 1er grado en el período 1993-94, solo 50 llegaron al 9°. Para este período, de los 100 que ingresaron en el lapso 1994-95, 53 llegaron a 9°. Sin embargo, a lo largo de nueve años de educación básica, casi la mitad de quienes ingresan interrumpen sus estudios. Asimismo, el porcentaje de repitientes (global y para 1° y 7°grado) se mantuvo prácticamente inalterado con respecto al año anterior. La falta de cupos siguió siendo denunciada públicamente. De acuerdo con cálculos de investigaciones especializadas y propias, hay déficit no solo en III etapa de básica y en media, sino también, aunque en menor magnitud, en 4° grado y en preescolar. Se mantuvo una inequitativa distribución a lo largo del territorio nacional y las poblaciones rurales e indígenas son las más afectadas por falta de aulas: 8 estados y las dependencias federales registran porcentajes de exclusión escolar, en las edades entre 7 y 12 años, mayores a la media nacional (4,5%).

Desde el punto de vista del género, Venezuela muestra índices de equidad en el ingreso escolar hasta la media y diversificada. A partir de allí, la exclusión comienza a ser significativamente mayor para los varones y no se conocen políticas para atender esta realidad. En el período se conocieron situaciones de discriminación por orientación política que afectaron a niños, niñas y adolescentes de diversa manera. Sigue siendo positiva la política de ratificar la gratuidad de la educación, pero las mismas autoridades reconocen que se viola este principio en un 10% de establecimientos oficiales. Es negativo que, a pesar de anuncios oficiales, no se reactivara el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA), ni se desarrollaran sistemas y programas para corregir deficiencias en la calidad de la educación. Son preocupantes asimismo las denuncias acerca de falta de orientadores (hay menos de 1 por cada 1.000 estudiantes), la carencia de docentes de matemáticas, física y química, y la suspensión de los concursos desde 1999. En el período se conocieron denuncias sobre distintos problemas en la planta edilicia escolar que afectaron a 387 planteles y a 181.427 estudiantes. La reforma curricular es un proceso que no termina de concretarse y es imprescindible su culminación para que los planes y programas de estudio se adecuen a la CRBV. Mientras tanto, continúa impartiéndose la asignatura Instrucción Premilitar, cuestionada desde la perspectiva de la educación en derechos humanos. El TSJ continúa en mora ante un Recurso de Nulidad interpuesto el 17.11.00 por tres organizaciones de derechos humanos contra la obligatoriedad de la misma, y la AN lo está respecto de la Ley Orgánica de Educación aprobada en primera discusión el 21.08.01.

Sobre el derecho a una vivienda adecuada, la marcada brecha entre los requerimientos habitacionales de la población -estimados en 135.000 viviendas anuales- y la menguada respuesta del Estado en sus diferentes niveles de actuación y en conjunto con otros sectores sociales, se mantiene como la característica principal de la situación en el sector de vivienda y hábitat. La producción formal de vivienda, pública y privada, para el lapso 1999-2002, se estimó en 63.500 viviendas anuales, abarcando solo el 57% de la demanda habitacional anual del país. De estas, en promedio, solo 34.250 viviendas fueron construidas anualmente con fondos públicos. El desenvolvimiento del sector vivienda y hábitat se caracterizó, según el Plan Nacional Anual de Vivienda 2003, por un fuerte retraso en la entrega de las asignaciones presupuestarias a los entes de vivienda nacionales y regionales; así como por una disminución sostenida, desde el año 2001, en la producción y entrega de las mismas. Todo ello ocurrió pese a que el gasto público en vivienda se mantuvo constante, en comparación con la inversión de vivienda de gobiernos anteriores, y de que en 2003 se registró un aumento de la partida para vivienda. Este escenario prevaleció durante el 2003, lapso que registra el reporte más bajo de ejecución de los últimos cinco años, con un estimado de 11.000 viviendas concluidas y un aproximado de 42.000 en ejecución.

A contracorriente del déficit en el sector vivienda y hábitat, los indicadores positivos se relacionan con la cobertura lograda en el acceso al servicio de agua potable de la población y en el proceso de regularización de tierras urbanas en asentamientos populares, que se adelanta desde 1999, logros que tienen como principales protagonistas a las comunidades populares que hacen parte de las diferentes expresiones organizativas como las Mesas Técnicas de Agua (MTA) y los Comités de Tierra Urbanos (CTU), entre otras. Al 2004, Venezuela cumplió con la Meta del Milenio de Naciones Unidas para el año 2015, suscrita por los Estados Partes, relativa a la reducción a la mitad de la proporción de personas sin acceso a agua potable. Datos oficiales indican que 93% de la población urbana y 87% de la rural se benefician del agua potable. En materia de regularización urbana, hasta septiembre de 2004 se encontraban activos 3.609 CTU y otros 2.045 en fase de registro; en un 33% de los municipios del país habían sido entregados 70.762 títulos de propiedad protocolizados (individuales y colectivos).

A la par de estos avances, en materia del derecho a la vivienda se mantienen los efectos de un marcado déficit habitacional, estimado en 1.414.819 viviendas que requieren mejoramiento (infraestructura, servicios o ambas) y nuevas viviendas (981.9830); ante lo cual, para los sectores excluidos -excluidos incluso de los programas habitacionales destinados a los sectores vulnerables-, las ocupaciones son una vía para hacerse de un lugar de resguardo en zonas que constituyen riesgos y no cuentan con acceso a los servicios básicos. Al cierre de 2004, desde el Ejecutivo se adoptaron decisiones que, en principio y en cuanto a enfoque, introducen un giro en lo que hasta ahora ha sido la política pública en materia de vivienda y que podrían ayudar a lograr mayor coordinación en el sector. Así, el Presidente de la República anunció el comienzo de la Misión Vivienda y del Ministerio de Hábitat y Vivienda. En el ámbito legislativo, el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, derivada de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), pasó al segundo período legislativo, con lo cual se espera que esté aprobada en el primer trimestre legislativo de 2005 y entre en vigencia ese mimo año.

Las políticas públicas que apuntan a generar cambios sustanciales en la estructura de la tenencia de la tierra y su función social, democratizando de esta forma la propiedad en el campo, se continuaron aplicando bajo el lapso analizado y con ello se fortalecieron aspectos centrales del derecho a la tierra. Las cifras oficiales indican un considerable reparto de tierras que sobrepasó los 2.000.000 ha., en el marco del Plan Nacional Ezequiel Zamora, iniciado en octubre de 2002. También se dieron algunos leves avances en el establecimiento de una estructura de producción orientada a garantizar la seguridad alimentaria, mediante el fomento de la producción nacional y la disminución de la importación de alimentos en algunos rubros. Resalta el maíz amarillo, rubro donde el Gobierno realizó significativas inversiones, amplió la superficie cosechada y redujo la importación en más del 300%.

Se anunció el Plan Especial Agrícola 2004-2006, que requerirá una inversión superior a los 3 millardos de dólares; y se puso en marcha el Plan de Siembra 2003-2004, que tienen como propósito impulsar la siembra y producción de nueve rubros, entre los que destacan maíz blanco y amarillo, papa, caña de azúcar y arroz. Las fuentes oficiales indicaron que para mayo 2004 se habían sembrado 1.155.000 ha., pronosticando un crecimiento del 68% en el sector agrícola y pecuario.

Como correlato de estos planes, se produjo un incremento importante del financiamiento público en el área agrícola. Junto al acierto en la concepción de las políticas implementadas, desde el punto de vista de su consistencia con el derecho a la tierra se registran problemas por la improvisación en el diseño y la ejecución de algunas medidas. Asimismo, hay debilidad en el seguimiento que debe llevarse de la producción esperada tras el proceso de distribución de tierras y de la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios de estas medidas. Sobre estas debilidades, se presentaron denuncias que dan cuenta de problemas en los procesos de adjudicación de tierras, el número de hectáreas entregadas y los créditos que se otorgan; por rebote, estos déficit desdibujan los resultados esperados para las comunidades afectadas, en cuanto a la mejora en su calidad de vida, como beneficiarios de cartas agrarias. Tales denuncias, aunque no configuran una tendencia, sí constituyen una alarma sobre deficiencias en la ejecución de algunas políticas, que deben ser atendidas. Según indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hubo una disminución del desempleo rural, que pasó de 9,9% en el primer trimestre de 2003 a 6,7% en el segundo trimestre de 2004, cambio que se asocia al proceso de distribución de tierras y la implementación de la Misión Vuelvan Caras. En el ámbito legislativo no se produjo la anunciada reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA).

Los sectores opuestos a ella disminuyeron la presión, en tanto que desde el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria se retomó el debate al final del período analizado en este Informe. Se mantuvieron las dos visiones contrapuestas sobre la reforma que se espera adelantar. Por una parte, la que aboga por la protección de la propiedad privada de la tierra, la limitación de las atribuciones del Estado en la materia y la reducción de sus posibilidades de control en la producción; donde se encuadran los gremios de grandes y medianos productores del campo y algunas organizaciones sociales. Por otra, la visión que alega la necesidad de que los cambios apunten a profundizar y dar celeridad al proceso de reforma agraria; enfoque defendido desde el Gobierno y las organizaciones campesinas que apoyan las políticas implementadas con la Ley. En tal caso, el proceso de reforma debería orientarse a fortalecer el proceso de distribución y democratización de la propiedad, el uso y usufructo de la tierra y garantizar el debido proceso y derecho a la defensa de todos los actores. Para lo cual se espera que la Asamblea Nacional (AN) motive un amplio proceso de consulta.

En 14 meses el Instituto Nacional de Tierras (Inti) tuvo tres presidentes, lo que incide negativamente en la continuidad de la gestión y debilita la ejecución de las políticas. Persistió el clima de tensión entre grandes propietarios, sectores pobres del campo e instituciones del Estado. Según la información recabada, se registraron 8 homicidios vinculados por la lucha de tierras, de los cuales 7 fueron campesinos o activistas sociales de la lucha a el derecho a la tierra y el otro un propietario de tierras rurales. Igualmente, se denunciaron ocupaciones forzosas de tierras que son reclamadas como privadas, así como amenazas y hostigamientos a propietarios y campesinos. En esa coyuntura, los cuerpos de seguridad, según las denuncias, actuaron de manera omisiva y negligente. Al contrario de lo dicho por algunos voceros empresariales, las ocupaciones no autorizadas de tierras no se incrementaron. Por su parte, el Poder Judicial dictó sentencias que ordenaron la restitución de derechos presuntamente violados por el Inti, y ordenó la devolución de tierras que habían sido adjudicadas a familias campesinas.

Más allá de algunos programas asistenciales de carácter compensatorio, o de ocasionales eventos públicos de carácter simbólico, se mantiene la situación estructural de violación de los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, debido a la ausencia de políticas explícitas destinadas a garantizarlos, unida a las condiciones estructurales que los menoscaban. Entre ellas: (a) persistencia de situaciones lesivas a su integridad física colectiva por fenómenos de desplazamiento forzoso; (b) la inseguridad jurídico territorial, que permite la ocupación y el despojo de sus territorios y tierras de propiedad colectiva; (c) la indefensión legal e institucional en materia de integridad intelectual y cultural colectivas; (d) desplazamiento forzoso por extrema pobreza; (e) migración inducida por deculturación, desarraigo y abandono de su propia cultura.

La ausencia de políticas de Estado que apunten a prevenir la sociogénesis de estos fenómenos constituye una omisión de la responsabilidad estatal de garantizar los derechos de estos pueblos y socava sus posibilidades de desarrollo y autodeterminación, pudiendo conducirlos -más temprano que tarde- a una pérdida irrecuperable de su patrimonio cultural, e incluso, de su diversidad sociocultural. Ante el grave cuadro de salud que los afecta, los proyectos que debían apuntar a su solución se encuentran injustificadamente paralizados. Si bien es cierto que se amplió el Programa Barrio adentro para hacerlo extensivo hacia las zonas del Sur de Venezuela (conocido también como «Selva Adentro»), los encargados de implementarlo no cuentan con el apoyo logístico para garantizar la cobertura en un territorio tan extenso, ni tampoco son médicos con presencia permanente. Las comunidades más lejanas se encuentran completamente abandonadas. Además, no existen registros que diferencien el origen étnico de la población en forma desagregada y se presentan subregistros en los datos oficiales, debido a las limitaciones culturales y lingüísticas de los operadores de salud. Asociado al problema sanitario, se encuentra también el de la falta de seguridad alimentaria, siendo la desnutrición una de las causas fundamentales de desplazamiento forzoso de muchos de estos pueblos, especialmente grave en el caso del pueblo Warao.

El proceso de demarcación y titulación de territorios y tierras indígenas continuó retrasado y generó, en unos casos, conflictos territoriales por ausencia de seguridad jurídica sobre sus tierras; y en otros, impunidad en relación con la utilización de las mismas por terceros o por el mismo Estado. La Comisión Nacional encargada de este proceso atribuyó los retrasos a los siguientes factores: (1) lentitud en el trabajo de las Comisiones regionales; (2) ausencia del Reglamento de la Ley de Demarcación Territorial; (3) ausencia de un Plan de Trabajo definido con las Comisiones regionales; (4) Presencia de Procesos administrativos complejos; (5) Ausencia de presupuesto y de disponibilidad de recursos financieros a nivel central y regional para realizar actividades; (5) Entorno socio-político crítico. A estos factores pueden agregarse: (1) En el ámbito nacional: inexistencia de cartografías exactas o adecuadas; indefinición de lapsos procedimentales; indefinición de mecanismos de participación directa y validación comunitaria de los procesos; definición de la metodología sobre la marcha, bajo presión del Ejecutivo Nacional; 2) En el ámbito regional: inasistencia reiterada de representantes indígenas e institucionales a las reuniones de las Comisiones regionales, dificultades presupuestarias y logísticas, ilegitimidad eventual de la representación indígena regional; ausencia de productos en los Informes técnicos.

En cuanto al ámbito educativo, se considera positivo la elaboración de dos nuevas Guías Pedagógicas -basadas en la formulación de Proyectos Educativos de cada Pueblo indígena-, referentes a las etnias Warao y Kariña, las cuales cuentan con autoría intelectual comunitaria, la apertura de un programa radial en Radio Nacional, canal informativo 630, y la entrega de una dotación de textos escolares producidos por el MED para los pueblos Indígenas Barí y Wayuu (del Estado Zulia). Resulta también positivo, en términos de inclusión educativa, y en el ámbito de la Educación Superior, que en las sedes de Maracaibo (Edo. Zulia) y Ciudad Bolívar (Edo. Bolívar) de la Universidad Bolivariana de Venezuela, los estudiantes indígenas puedan acceder a los distintos programas de formación que ofrece esta Universidad (Gestión Ambiental, Gestión Social del Desarrollo Local, Comunicación Social), además de tener la posibilidad de utilizar su propio idioma. Sin embargo, y en contraste con lo anterior, se consignaron denuncias acerca de que la Misión Robinson I y II están totalmente desprovistas su carácter de educación intercultural bilingüe, siendo rechazadas por algunos dirigentes indígenas.

En relación con el derecho a un ambiente sano destacaron por su impacto negativo generalizado sobre el territorio nacional, las fallas en la disposición y control de los distintos tipos de desechos, y la ausencia de regulación de los efluentes líquidos y emanaciones gaseosas que se descargan en los distintos medios, especialmente en los cuerpos de agua. Dos tercios de los municipios del país tienen insuficiencias o inexistencia de sistemas de recolección de basura, y casi el 60% de las viviendas no están conectadas a recolectores de aguas servidas, como consecuencias del mantenimiento de un estilo de desarrollo no sostenible, que contraviene las disposiciones en materia ambiental recogidas en la CRBV. En relación con los cuerpos de agua, la atención pública se centró en el aumento de la presencia de la lenteja de agua (Lemna sp), una planta acuática flotante que desde el mes de febrero de 2004 empezó a expandirse de manera poco usual, hasta llegar a ocupar el 15 % de la superficie del Lago de Maracaibo para el mes de junio. Esta situación motivó que se decretara un alerta ambiental por parte de la dirección regional del MSDS. Aunque se pretendió dar respuesta mediante la recolección de la planta, con estas acciones la Lemna sp no desapareció por completo, dado el alto grado de contaminación que se evidencia en el cuerpo de agua.

Durante el año 2003 el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) emprendió algunas acciones para el conocimiento, preservación y uso de la biodiversidad. Sin embargo, los proyectos emprendidos apenas atienden una parte mínima de las necesidades. En este sentido, las iniciativas públicas y privadas de recuperación de fauna se circunscriben a poco más de una decena de especies, mientras que en el Libro Rojo de la Fauna aparecen más de trescientas con distintos grados de amenaza. Situación similar ocurre con los esfuerzos enmarcados en los programas de reforestación. Como se desprende de la Memoria del MARN 2003, se reforestaron poco más de una centena de hectáreas, cifra realmente exigua frente a una tasa de deforestación estimada de 0,4% para el período 1999-2000 (una tasa equivale a 1.980 km2). Alrededor del 40% del territorio nacional está bajo la figura de Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), con distintas finalidades de conservación y producción. Sin embargo, en realidad existe una sustancial discrepancia entre la gravedad de las intervenciones y la ausencia de controles reales. Ejemplo de ello son las reservas que se definen como forestales y están totalmente intervenidas por la agricultura, como es el caso de Ticoporo y San Camilo. En otras, como las de Imataca, se está desvirtuando el objeto de área protegida con la participación del mismo Estado. El MARN elaboró y sometió a consulta, durante tres meses y medio, una nueva propuesta de ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca que aunque mejora algunos aspectos del controvertido decreto 1.850 del año 1997, sigue legalizando el incompatible uso minero del territorio de la reserva forestal, creándose precedentes nefastos para otras ABRAE. En la defensa que se hace desde el MARN, en cuanto a reducción de la superficie de explotación minera planteada en el nuevo decreto, no se tiene en cuenta que el problema no es de cantidad de hectáreas, sino del permiso que se otorga a una actividad como la extractiva minera, de la cual hasta el presente no se conocen antecedentes nacionales ni internacionales de prácticas ecológicamente sostenibles. Optar por el mantenimiento de su calificación como reserva forestal no supone que se avale cualquier tipo de actividad forestal, sino aquella que realmente propicie el uso sostenible del recurso, como podría ser, por ejemplo, la propuesta del bosque en pie.

La Sierra de Perijá (Edo. Zulia), específicamente el sector del Guasare, es otra de las áreas conflictivas en términos de explotación minera, en este caso carbonífera. Alrededor del carbón del Guasare continuó la polémica entre ecologistas y desarrollistas. De acuerdo con la información recabada en los medios impresos, el Gobierno Nacional, a través de la empresa estatal Carbozulia -recientemente devuelta a Corpozulia por PDVSA C.A-, tiene entre sus metas elevar la producción de carbón zuliano, de 8 millones de toneladas al año, a 36 millones, previéndose una afectación de 500 mil hectáreas de bosques y áreas naturales, y una afectación directa de 7 millones de toneladas de vegetación primaria. Los representantes de las comunidades indígenas Yupkas y Barí, del sector de la Sierra de Perijá en el Municipio Machiques, y de los Añú y Wayúu, de los municipios Mara y Páez, mostraron su preocupación por los planes del Gobierno.

Respecto al derecho a la vida, en el período analizado se registraron 231 denuncias, lo que significa un incremento del 40% respecto al lapso anterior (165). Esta cifra es la segunda más alta registrada en los últimos diez años,solo superada en el período 2001-2002 cuando se registraron 241 víctimas. Al igual que en lapsos anteriores, la mayoría de la víctimas se concentra bajo el patrón de ejecución (87%), tal como viene ocurriendo desde 1989. La simulación de enfrentamientos, la descalificación de la víctima bajo el argumento de poseer antecedentes penales, con o sin base, y las amenazas u hostigamientos a testigos y a familiares de las víctimas, son prácticas comunes en la mayoría de los casos de violación al derecho a la vida.

Sobre las características de las víctimas según las variables sexo y edad, los datos indican que los hombres representan el sector más vulnerable (96% del total de víctimas), particularmente los de edades comprendidas entre los 18 y 30 años (52%). El grupo etáreo de los niños, niñas y adolescentes registró un número (50) y un porcentaje (21,6%) mayor de víctimas que en el lapso anterior (19 víctimas y 14%). La mayoría de las víctimas fueron adolescentes (de 14 a 18 años) y en 3 casos los decesos correspondieron a un nonato, un niño de 5 años y una niña de 7. Las mujeres representaron el 4%, con 9 víctimas.

Sobre la responsabilidad de los cuerpos de seguridad denunciados, el 52% de los casos recayó sobre las policiales regionales, destacando la PE Lara (37), la PE Anzoátegui (23), la PE Bolívar (20), la PE Aragua (12) y la Policía Metropolitana (11).

Los cuerpos de seguridad dependientes del poder central (civiles y militares) fueron responsables del 23% del total de víctimas, recayendo el mayor número de denuncias en el CICPC (32), convirtiéndose en el organismo de seguridad más denunciado en este período después de la PE Lara. Si sumamos las actuaciones en las que el CICPC actuó junto a otros organismos (15 víctimas denunciadas) la cifra se eleva a 47. La FAN registró 21 víctimas (GN: 14, Ejército: 6, Policía Aérea: 1). Las policías municipales agruparon el 11,6% de las denuncias; entre ellas la Policía del Municipio Libertador (Caracas) concentró la mayoría (33%), le sigue la Policía del Municipio Caroní (Edo. Bolívar) con el 18,5% y la Policía del Municipio Los Guayos (Edo. Carabobo) con 11%. Las acciones conjuntas entre varios organismos de seguridad arrojaron 16 víctimas (7%). Entre las entidades federales con mayor ocurrencia de violaciones al derecho a la vida, destacan: Caracas con el 18% (44 víctimas), Lara 17% (40), Bolívar 15 % (35) y Anzoátegui 13% (30).

Se registraron denuncias sobre 2.169 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa una disminución del 40% en relación con el período anterior (3.627). Esta cifra es la más baja registrada durante el gobierno del Presidente Chávez y en los últimos diez años. Al igual que en lapsos anteriores, el mayor porcentaje de detenciones se ubicó bajo el patrón de las detenciones masivas que representaron el 90,4% del total (1.962). Estos datos demuestran una disminución del 77,7% de las detenciones masivas con respecto al año anterior (3.488) lo que podría estar expresando una reducción del uso de los operativos masivos de detención o redadas. Sin embargo, se observó un aumento del 62,8% en el patrón de detenciones individualizadas (114) y del 34% de privaciones de libertad bajo el contexto de manifestaciones (93). Estas detenciones, ilegales o arbitrarias, ocurrieron, en su mayoría, en el marco de las protestas, violentas y pacíficas, organizadas por sectores de la oposición, entre el 27.02.04 y el 05.03.04, conocidas como La Guarimba. Un indicador que muestra una importante regresión con respecto al período anterior, cuando no se registraron denuncias, es el registro de 11 víctimas de desaparición forzada. La desaparición forzada de personas viola los derechos a la libertad personal, a la justicia, a la integridad y a la vida. Entre los cuerpos de seguridad señalados, el CICPC fue el organismo con más denuncias por desapariciones forzadas (4), agrupando el 36% del total.

En cuanto a la distribución de la responsabilidad de los cuerpos de seguridad objeto de señalamientos, bajo el patrón de detenciones masivas, las policías regionales fueron las responsable del 90,4% del total de detenciones. De este grupo, destaca la PE Anzoátegui, que aglutinó el 35,4% de las denuncias. En el renglón de detenciones individualizadas, la FAN en su conjunto agrupó el 40,3% (46) de las denuncias y la GN fue el componente militar con mayor número de detenciones individualizadas realizadas, para un 23,6% (28). También en ese patrón, sobre las policías municipales recayó el 22% (25) de las denuncias. Respecto a las detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones, las policías regionales aparecen como responsables del 60% del total, seguidas por la GN con un 35,5%. Como una medida positiva en resguardo de las garantías a la libertad personal, destaca el recurso de nulidad, con solicitud de medidas cautelares por razones de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensoría del Pueblo (DP) ante el TSJ, contra los códigos de policía de los estados Nueva Esparta, Lara y Cojedes.

Provea registró un total de 318 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones al derecho a la integridad personal, que afectaron a 848 personas. Estos datos acusan un significativo incremento del 49,5% con respecto al período anterior, en el que se registraron denuncias sobre 567 personas afectadas. Al igual que en lapsos anteriores, el sector más vulnerable fue el de los hombres con 433 víctimas (76%); también 112 mujeres (24%) fueron agredidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad; en tanto que 139 niños, niñas o adolescentes (25%) resultaron agraviados, lo que refleja un incremento del 82,9% con respecto a los 76 del año anterior.

De los cinco patrones analizados, 4 registran incremento. Bajo el patrón de tortura (58 víctimas), el aumento fue del 93,3% en relación con el registro de víctimas del lapso anterior (30). Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aumentaron en la misma proporción, para un total de 491 víctimas, 93,3% más que durante el lapso pasado (254). En el reglón de heridos el incremento fue del 32% con 157 víctimas, a diferencia de las 119 del lapso anterior. Los allanamientos ilegales acusaron un aumento del 11% en el número de víctimas (60) frente a las 54 de la coyuntura pasada. A diferencia de estos, la excepción se registró en el patrón de amenazas u hostigamientos, donde el descenso fue del 25,5% (82) en relación con el período anterior (110). No obstante, bajo este patrón de violación, el 50%, (41) afectó a activistas de derechos humanos y/o víctimas, testigos o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Del total de las víctimas de torturas, 4 personas murieron como consecuencia de los malos tratos ocasionados por los funcionarios implicados, a diferencia del lapso pasado cuando se registró solo un caso de muerte en estas circunstancias.

La mayoría de las denuncias de violación a la integridad personal recaen sobre los organismos dependientes del poder central, quienes agrupan el 53,3% del total. Entre ellos, la GN registró el mayor número de víctimas (329). Las policías regionales en su conjunto fueron responsables del 31% de las denuncias. La PE Aragua con 83 víctimas (9,8%) fue la más denunciada. El conjunto de policías municipales registraron un total de 82 víctimas (9,7%) y la actuación de distintos cuerpos de seguridad en acciones conjuntas afectó a 47 personas (5,5%).

Del total de violaciones al derecho a la integridad, 303 (35,7%) ocurrieron en el contexto de La Guarimba. De estas, 218 (72%) se trató de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 75 (24,8%) fueron heridos, 5 (1,7%) fueron torturadas y 5 (1,7%) sufrieron de allanamientos ilegales a sus viviendas. Aun cuando no contamos con datos sobre la presunta responsabilidad estatal de todas las amenazas conocidas en el período, y por ello no lo incluimos en las cifras generales de denuncias de violación a la integridad personal, es importante resaltar las amenazas de las que han sido víctimas 29 fiscales del Ministerio Público (MP) desde el año 2002 hasta el presente. La mayoría de estas amenazas se realizaron a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso ocurrieron varios atentados.

El porcentaje de acciones represivas contra personas que ejercían su derecho a la manifestación pacífica se ubicó en los bajos niveles que se observan desde hace cinco años, con lo cual la tendencia de disminución reseñada en los Informes anteriores tiende a estabilizarse. Este período, junto con el anterior, posee el registro más bajo de manifestaciones pacíficas reprimidas desde 1989. Se contabilizaron 1.037 manifestaciones de carácter pacífico, 31 de las cuales fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado (3% del total), acusando un leve incremento respecto al lapso anterior, cuando las protestas reprimidas representaron el 2,8%. Esto significa que 1 de cada 33 manifestaciones fue reprimida en este período, mientras que 1 de cada 36 lo fue en el período anterior.

Sin embargo, las acciones de funcionarios de organismos de seguridad continúan arrojando saldos lamentables. En el período, al menos 3 personas murieron mientras ejercían su derecho a manifestar pacíficamente, 1 menos que en el período anterior. Igualmente, 114 personas resultaron lesionadas por heridas de bala, perdigones, golpes, asfixia y otros tratos o penas crueles mientras manifestaban, incrementándose levemente en un 3% en relación con las 117 víctimas del año anterior. De las 114 víctimas, 57 lo fueron por la actuación estatal arbitraria durante la represión a manifestaciones vinculadas con La Guarimba. Los casos de violación al derecho a la libertad personal (45), en el contexto de manifestaciones pacíficas, acusaron un descenso del 34,8% en relación con los 69 detenidos en el período anterior. El sector de la oposición fue el más reprimido (41%), seguido de los desempleados y estudiantes (16% cada uno). La GN fue el organismo con más denuncias (13 reprimidas y 2 impedidas), récord que ostenta por segundo año consecutivo, ya sea actuando individualmente o con el apoyo de otras fuerzas de seguridad. Un dato negativo del lapso es la persistencia de la politización y polarización de todos los organismos de seguridad (nacionales, estadales y municipales); frente a lo cual se reiteró, como práctica de Gobierno central, la utilización de la GN como fuerza primera de contención, lo que generó tensiones con otros organismos de seguridad pública y con manifestantes.

Pese a la existencia de positivos indicadores en la situación de este derecho, cabe recordar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de todas las personas, tanto en contextos de manifestaciones pacíficas como violentas. La obligación estatal no es solo de abstención, en el sentido de no hacer uso innecesario o desproporcionado de su fuerza, sino también de protección a la población frente a las amenazas que puedan realizar particulares. En este período, al igual que en los últimos dos años en los que se viene experimentando una intensa polarización política, se conocieron varias muertes ocasionadas presuntamente por particulares, tanto en manifestaciones pacíficas como violentas. Esas muertes expresan un fracaso del Estado en su capacidad de garantizar la vida de las personas, aún en contextos complejos.

El resultado del análisis del derecho a la seguridad ciudadana es claramente negativo. Los principales indicadores sobre delitos continúan en aumento y no se registraron cambios significativos en el manejo del problema por parte del Estado; por el contrario, se siguen repitiendo políticas de control voluntaristas, antidemocráticas, inconstitucionales y violentas, en ausencia de políticas efectivas de prevención social. Además, continúan distribuyéndose de manera inequitativa los recursos de protección públicos. Es decir, reciben más protección del Estado quienes están más protegidos y quienes son menos vulnerables.

El registro de los delitos totales casi no sufrió alteraciones interanuales, mientras que los homicidios siguen su tendencia ascendente. En el ámbito nacional, se registró un incremento del 17,9% en el número de homicidios del año 2003 (11.342) con respecto al 2002 (9.617). Las entidades federales con mayor incremento fueron: Yaracuy con 110,4% (77 en 2002 y 162 en 2003); Táchira con 60,1% (278 en 2002 y 445 en 2003); Barinas con 44,9 (136 en 2002 y 197 en 2003) y Falcón con 41,4% (116 en 2002 y 164 en 2003). La tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 49, siendo esta la más alta registrada desde el año 1990. Como en años anteriores, Caracas concentró el mayor número de homicidios y se sitúa en la primera posición, con una tasa de 134 por cada 100.000 habitantes. Le siguen los estados Vargas, con una tasa de 82; Carabobo con 64; y Miranda y Bolívar, ambos con 52.

A la cifra de homicidios se deben añadir los datos de las personas que perdieron la vida en acciones policiales presentadas como legítima defensa «en enfrentamientos», que en el 2003, según el CICPC, fueron 2.305 civiles muertos. Según informó el Ministro del Interior y Justicia, estas muertes no están siendo registradas como homicidios por el CICPC. La mayoría de estos decesos ocurrieron en condiciones que sugieren un uso no excepcional, innecesario o desproporcionado de la fuerza. Un indicador de ello es la relación entre civiles y funcionarios muertos, que compara en iguales situaciones (enfrentamientos) las posibilidades de morir de un agente del Estado y un civil. Según los datos, durante el período, por cada funcionario de seguridad del Estado muerto en enfrentamiento murieron 49 civiles, mientras que en el lapso anterior la relación fue de 39. Con la suma total de las muertes violentas, tanto las cometidas por particulares como por la policía, el total de víctimas letales de la violencia asciende a 13.646. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sexo masculino, entre 15 y 24 años, pobres y negros, habitantes de los sectores populares urbanos. La aproximación cuidadosa de las cifras revela las profundas diferencias de vulnerabilidad social frente a la crisis de seguridad pública. Así, mientras la Parroquia Macarao del Municipio Libertador (Caracas), habitada por sectores populares, alcanzó una tasa de homicidios de 194 por 100.000 habitantes; en el Municipio El Hatillo (Caracas), habitado fundamentalmente por sectores de ingresos altos y medios, la tasa fue de 13.

Durante el período en estudio se mantuvo la aplicación de medidas de reforma en el ámbito del Sistema de Administración de Justicia (SAJ), sin que se revirtieran los problemas que afectan negativamente a las garantías del derecho a la justicia. Luego de la culminación de dos proyectos financiados por el Banco Mundial, los principales avances se registran en la existencia de 38 sedes judiciales propias y bajo un formato de funcionamiento automatizado y en el soporte tecnológico del TSJ y otros juzgados en el ámbito nacional.

La resonancia de estos cambios, lamentablemente, todavía no se concreta en indicadores que den cuenta de un giro en materia de acceso a la justicia, celeridad procesal y actuación independiente de los jueces.

En este período, como aspecto positivo, destaca la implementación del nuevo proceso laboral, en marcha desde agosto de 2003, que implicó una reducción significativa del tiempo en la tramitación de casos. Durante el lapso bajo estudio, 96% de las causas que ingresaron se resolvieron a través de los medios alternativos de resolución de conflictos establecidos en la Ley. En esa línea, se anunció el inicio de procesos orientados a mejorar la justicia con relación a niños, niñas y adolescentes y a la estructuración de la jurisdicción agraria. En materia presupuestaria, la asignación para el Poder Judicial se mantuvo por encima del 2%, a pesar de un leve descenso en los últimos dos años.

Al igual que en el lapso pasado, se produjeron interferencias en los diferentes niveles del SAJ y, particularmente, en el TSJ, cuya politización es evidente en las decisiones que guardan relación con los temas más sensibles de la confrontación hegemónica. La percepción pública, con justa razón, es la de un TSJ que responde más a las lógicas políticas del gobierno o la oposición (dependiendo de la Sala), que a los principios establecidos en la legalidad.

La AN, violando normas constitucionales y su propio Reglamento de Debates, promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). Esta norma no satisfizo las expectativas de modernizar los procedimientos en el máximo tribunal de la República, necesarios para garantizar una justicia expedita y transparente. La Ley, además, contiene normas inconstitucionales que atentan contra la independencia de los magistrados y magistradas, vulneran su estabilidad y facilita la imposición de modificaciones en la composición del TSJ, atendiendo a factores e intereses circunstanciales. Seis acciones de nulidad fueron interpuestas por diversos sectores sociales contra la mencionada Ley. Pese a los cuestionamientos e impugnaciones a la misma, se constituyó el Comité de Postulaciones Judiciales y 224 personas se postularon como candidatas para asumir magistraturas del TSJ.

La justicia militar siguió aplicándose de manera contraria a la Constitución y a los principios internacionales en materia de derechos humanos. Al menos 111 civiles fueron juzgados en tribunales militares, lo que se produjo sin que la DP y el MP actuaran en defensa de las garantías judiciales vulneradas.

El Poder Judicial continuó debilitado y amenazado en su actuación independiente, por el número significativo de jueces provisorios y temporales, que según datos de la DEM, alcanza el 82% del total: 867 (50%) provisorios y 561 temporales (32%). Durante el lapso, siguieron suspendidos los concursos y los jueces se designaron con un procedimiento incompatible con la norma constitucional. El acceso a la justicia se vio afectado por el cierre, durante más de nueve meses, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y si bien al final de ese lapso inició funciones y fue creada una segunda Corte, se produjo la paralización de miles de juicios y las nuevas controversias no pudieron presentarse en la jurisdicción administrativa.

Con la excepción de la jurisdicción laboral, en el resto de las jurisdicciones se continuó violando el derecho a una justicia expedita. Destaca el considerable retardo procesal de la Sala Constitucional del TSJ para sentenciar las acciones de amparo; así como el retardo procesal en la justicia penal, pese a las mejoras que introdujo en su momento el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Respecto a los indicadores sobre garantías procesales, en la actuación judicial destaca el predominio, ya reiterado, del uso de las medidas de privación de libertad en la fase de investigación. Entre enero y junio de 2003 se presentaron en los juzgados de primera instancia en función de control, en el ámbito nacional, un total de 9.768 personas detenidas; y solo en 1.000 causas se aplicó el procedimiento abreviado, que se aplica a las personas detenidas en flagrancia. Como correlato, para septiembre de 2004 existían 636 defensores públicos, cifra superior a la observada el 31.10.03, cuando había 624. No obstante, el volumen de causas que deben atender los defensores es excesivo: en materia penal adolescente, el promedio es de 64,6 causas por defensor; en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, el promedio es de 128,8 causas por defensor; mientras que en materia penal, es de 136,5 causas por defensor. También se registraron denuncias por violación al debido proceso en varias causas, que cobraron mayor relevancia mediática por su notoria vinculación política, iniciadas contra miembros de organizaciones civiles por presunta conspiración, así como en otros procesos penales abiertos por sucesos relacionados con el Golpe de Estado del 11.04.02, el paro petrolero de 2002-2003 y la insubordinación pública de militares.

Los derechos de las personas detenidas y encarceladas se mantienen en una situación similar a la del período anterior. El crecimiento interanual de la población penitenciaria (entre el 30.10.03 y el 30.10.04) fue del 1, 7%, aunque todavía se mantiene lejos de los niveles de sobrepoblación previos a la entrada en vigencia del COPP en 1999. La relación entre penados y procesados mejoró levemente y para agosto de 2004, 9.932 prisioneros se encontraban en condición de procesados, lo que presenta un 49,8% del total de la población reclusa, mientras que 10.019 (un 50,2% de la población) habían recibido condena. Si bien la relación mejoró levemente con relación al año anterior (cuando el número de procesados superó a los penados, por primera vez desde 1999, en una relación de 52,5% de procesados y 47,5% de condenados), persiste un número elevado de procesados dentro del sistema penitenciario.

Sobre los beneficios otorgados a los reclusos, los datos del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) señalan que de enero a septiembre del 2003 se otorgaron 4.904 medidas de pre-libertad, que supone un leve ascenso en relación con el 2002 (4.838 medidas otorgadas). Sin embargo, la población sujeta a medidas alternativas a la prisión decreció, de 13.238 en el año 2002, a 11.341 para septiembre de 2004.

La alta proporción de procesados se debe tanto al incremento del uso de la detención preventiva, resultado de las reformas procesales recientes, como al endurecimiento de la política criminal y al retardo procesal. También incide la carencia de recursos humanos y materiales. Para el 30.10.04, el Sistema Autónomo de Defensa Pública (SADP) contaba con 618 Defensores Públicos, 407 de ellos con competencia en el Área Penal ordinaria y un promedio de 87,4 causas por defensor. Según datos aportados por el SADP, entre un 90 y un 95% de los casos penales está en manos de Defensores Públicos.

El deterioro crónico de la infraestructura, la sobrepoblación y la carencia de un presupuesto apropiado se mantiene como patrón común en la mayoría de los centros penitenciarios. El índice de hacinamiento (porcentaje de la población que excede la capacidad instalada del sistema), se ubica en 18%.

El suministro de alimentos presentó una crítica situación en el primer semestre del año 2004, aunque mejoró al cierre de este Informe. De acuerdo con la partida presupuestaria destinada a gastos de alimentación para el 2004, la asignación diaria para alimentar a un interno es de Bs. 2.444. Aunque se incrementó en más del 100% frente a la asignación del año anterior (Bs. 1.178), continúa siendo deficitaria, frente al número de reclusos que deberían recibir una dieta balanceada y el incremento en los costos de los insumos.
Sobre las condiciones de salud de la población penitenciaria, los datos del MIJ señalan que las enfermedades más comunes son los síndromes virales, diarreas, amibiasis, intoxicaciones alimentarias, helmintiasis, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual (incluyendo VIH/Sida).

La vulnerabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal continúa siendo la mayor amenaza que pesa sobre los reclusos, manifestándose principalmente en los altos niveles de violencia intra carcelaria. Para el año 2003 se registraron 1.830 víctimas de hechos de violencia (1.428 lesionados y 402 homicidios) y en el primer trimestre de 2004, 209 lesionados y 56 muertes. Las cifras de homicidios del año 2003 representan un aumento del 27% en comparación con el año 2002. Las actuaciones de los funcionarios militares y civiles adscritos ala custodia, que enmarcan en uso lesivo de la fuerza, produjeron nuevas violaciones al derecho a la vida y a la integridad física de los reos; de esta forma, 7 reclusos fueron ejecutados por efectivos de la GN y custodios del I.J. del Edo. Bolívar, “Vista Hermosa”.

Las políticas y actuaciones oficiales se caracterizaron por una inestabilidad y discontinuidad que se expresó, entre otras formas, en los constantes cambios de las personas responsables de la política penitenciaria.

En este período se pudo constatar un amplio ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, reflejado en la oportunidad que tuvieron tanto los medios de comunicación como los diversos actores políticos de manifestar sus ideas e informaciones. Al igual que en años anteriores, se mantienen los hechos de violencia contra comunicadores sociales, especialmente sobre reporteros y técnicos en el momento en que realizan coberturas en la calle, particularmente en contextos de alta conflictividad política. En el presente lapso se registraron 101 casos de violación a este derecho, lo que significa una disminución del 6% respecto al año anterior (107), descenso que también se observó en el total de víctimas: 139 frente a las 158 del período anterior (12% menos). Respecto a los actores involucrados en acciones contrarias al ejercicio de la libertad de expresión, se observó un incremento del 27 % en los casos de responsabilidad estatal (41 en 2003 y 52 en 2004), mientras que en los casos con responsabilidad de terceros se registró un descenso del 21% (66 en 2003 y 52 en 2004). Los patrones de mayor recurrencia fueron las agresiones físicas a comunicadores (33,7%) y la censura (30,3%). Entre ambos acumulan el 64% del total de casos, mientras que los restantes patrones se distribuyeron de la siguiente forma: amenazas (29,8%), restricciones judiciales (4,8%), restricciones administrativas (2,4%) y restricciones legales (0,5%). En el período se abrieron diversas investigaciones judiciales, incluso ante tribunales militares, contra comunicadores sociales. De 2 casos registrados en el lapso anterior, se incrementaron a 7 en el presente. En algunos de ellos se aplicaron tipificaciones delictivas que se consideran contrarias a la doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente en lo referido a la figura del «desacato» y la aplicación de la jurisdicción militar a civiles. Al igual que en el período anterior, se observó un correlato entre la intensidad de la diatriba sociopolítica y el aumento de los hechos violentos que afectan a los comunicadores. Así ocurrió entre el 27.02.04 y el 05.03.04 en el contexto de La Guarimba. En esa semana se concentró el 22,6% del total de casos y el 20,3% del total de víctimas del lapso analizado. En los casos registrados se contabilizaron en total 139 víctimas.

En 121 oportunidades resultaron afectadas personas, 79 hombres (73,15%) y 29 mujeres (26,85%); en 18 ocasiones los afectados resultaron ser medios de comunicación y en los 13 restantes resultaron afectados grupos completos de reporteros, camarógrafos y reporteros gráficos.

En este período, vale destacar como dato positivo la continuación de la promoción de medios de comunicación comunitarios, iniciada en el año 2002, cuando fue aprobado el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público. Para el cierre de este Informe, Conatel había otorgado habilitaciones a 153 medios comunitarios, entre los que se encuentran 21 estaciones de televisión abierta y 132 estaciones de radiodifusión sonora.

La situación del derecho al asilo y refugio estuvo signada por la crisis humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta situación generó constantes migraciones (masivas, individuales o de pequeños grupos) de personas que buscaron refugio en el país. La Comisión Nacional para los Refugiados (CNR) informó que, a junio de 2004, 2.480 personas habían solicitado formalmente refugio. No obstante, los cálculos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUR), señalan que podrían existir cerca de 200.000 personas que se encuentran buscando protección en Venezuela, aun cuando no hayan solicitado la protección legal.

Al igual que en años anteriores, los estados donde se registra un mayor incremento de personas en situación de refugio son: Apure, Táchira, Zulia y Caracas. Entre las movilizaciones, resalta la realizada en mayo de 2004 por aproximadamente 300 personas de la comunidad Wayuú, desde el territorio colombiano hasta la Sierra de Perijá (Edo.Zulia), debido a una masacre cometida en los poblados indígenas en territorio colombiano presuntamente por paramilitares. La actuación de algunos órganos del Estado se valora de manera positiva, porque se brindó atención oportuna y rápida para satisfacer los derechos de estas personas.

Entre las competencias de la CNR destaca favorablemente la creación y funcionamiento de la Secretaría Técnica de la Región Capital, la constitución y juramentación de la Secretaría Técnica Regional en el Edo. Táchira y la elaboración de un Plan de Contingencia en Caso de Afluencias Masivas de Refugiados en Zona Fronterizas. No obstante, preocupa que hasta la fecha no se haya elaborado el Reglamento interno de la CNR, ocasionando inseguridad jurídica respecto a sus procedimientos.

Sobre las condiciones de vida de las personas refugiadas, tanto de solicitantes como de reconocidas, se mantiene la ausencia de políticas orientadas a asistirlos en su reinserción social. La mayoría no cuenta con un documento que acredite su condición y permita el goce de los derechos a la educación, salud, trabajo y vivienda, entre otros.

Del 18 de noviembre al 02 de diciembre de 2004

Boletín electrónico Nº 148

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE

01 Día Mundial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
02 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
03 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
04 Día Internacional del Voluntariado
10 Día Internacional de los Derechos Humanos
11 Día Internacional De los/as Niños/as
18 Día Internacional de los Migrantes
19 Inicio de Primera Huelga de Obreros Petroleros organizada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (1936)
29 Día Internacional de la Diversidad Biológica
30 Entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

INVITACIONES A EVENTOS

Como es costumbre desde hace 16 años, Provea presentará públicamente el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos presentando, su más reciente edición del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Octubre 2003/Septiembre 2004).

Y como siempre, lo hará en un foro de acceso libre en la Sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas, Bellas Artes, a las 5:30PM.

Para ese día se presentará la versión impresa de esta publicación que registra el comportamiento estatal con respecto a 18 derechos humanos agrupados entre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Derechos Civiles y Políticos (DCP), acompañados de un análisis coyuntural, un reporte de las acciones emprendidas por el movimiento nacional de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y una serie de ilustrativos anexos. Igualmente, a partir de esa fecha, invitamos a los/as interesados/as a consultar o descargar esta publicación en el sitio web de Provea (http://www.derechos.org.ve).

Provea invita al público interesado a conocer la obra del artista plástico David Palacios, quien expone su producción más reciente titulada: Infografías. Ejercicios de Fisicromías y Reportes de Derechos Humanos, en la Sala Alternativa, ubicada en la calle París entre Mucuchíes de Las Mercedes, Caracas. En esta serie aplicó las técnicas cinéticas creadas por el maestro Carlos Cruz-Diez a algunos cuadros estadísticos del informe anual de Provea, logrando un abordaje estético y lúdico al mundo de los datos rigurosos de la estadística (ver en nuestra página web:
http://derechos.org.ve/images/invitacion_infografias.JPG). 

CONTEXTO

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, realizará el próximo 11.12.04, a partir de las 3:00PM, la Celebración por la Vida, «un espacio para fortalecer nuestra esperanza, animar nuestra fe en la vida, una oportunidad para solidarizarnos con los familiares y víctimas de abusos policiales y militares, así como con todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos» (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 10.11.04, redapoyo@cantv.net).

Bajo el lema de “La Paz tiene la Palabra”, la organización contempla varias actividades para ese día: una concentración en Parque Carabobo, frente la Fiscalía General de la República, desde donde se partirá hacia la Plaza de Los Museos, en el Parque Los Caobos.

Este evento reunirá familiares de víctimas de abusos policiales y militares, distintas comunidades, organizaciones comunitarias y de derechos humanos, así como a muchos hombres y mujeres sensibles del país que persiguen una sociedad más justa.

Desde hace 18 años la Red de Apoyo coordinó este encuentro contando con la participación de un número significativo de personas quienes con sus cantos, símbolos, oraciones, testimonios y reflexiones han dado fe de la incorporación activa y feliz al trabajo orientado hacia la construcción de una sociedad en la cual podamos vivir dignamente.

En esta oportunidad, la Celebración por la Vida se llevará a cabo tanto en Caracas como en otras 20 ciudades y poblaciones del interior del país, entre las cuales destacan Mérida, El Nula, Paraguaipoa, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Valle de la Pascua, Ciudad Bolívar, Cumaná, Puerto Ayacucho, San Fernando de Apure y Puerto la Cruz.

La Celebración por la Vida es un espacio plural, abierto, inclusivo y sin sesgos político partidistas, que brinda una «excelente ocasión para el ejercicio profundo y sincero de acercamiento a las demás personas, a quienes piensan igual o distinto, a quienes nos confrontan y a quienes confrontamos. Son tiempos de empezar a reconstruir el tejido de nuestra sociedad, afectado por la intolerancia, el irrespeto a la diversidad y la negación del pluralismo democrático” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.).

Para la Red de Apoyo, «es necesario reivindicar los valores de solidaridad, inclusión, justicia, esperanza, confianza, respeto y dignidad que nos permitan convivir en paz y en democracia. Tenemos los recursos como país, como pueblo, para construir una sociedad en la cual podamos vivir dignamente, respetando nuestras diferencias y defendiendo nuestros derechos» (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.).

En el marco del Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer, celebrado el 24.11.04, la Organización de los Estados Americanos (OEA)  efectuó la XXXII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), instancia hemisférica para generar políticas  para la promoción de los derechos de la mujer e igualdad de género.

Durante 3 días las delegadas analizaron una amplia gama de temas y aprobaron resoluciones sobre género y consumo en los procesos de libre comercio e integración; el papel de la mujer en la prevención, negociación y solución de conflictos y consolidación de la paz; y la integración de la perspectiva de género en las políticas hemisféricas.

Al inaugurar la Asamblea, Yadira Henríquez, presidenta de la CIM y ex secretaria de Estado para la Mujer de República Dominicana, hizo un llamado para «abordar de manera concreta el tema de la feminización de la pobreza […] en el contexto de los compromisos asumidos por los gobiernos en las Cumbres» (Organización de los Estados Americanos, 26.11.04, http://www.apalancar.org/noticias/detalle.asp?tipo=1&id_documento=2436). 

Henríquez, quien culmina sus 2 años de gestión al frente de la CIM, enfatizó que ésta debe continuar con su importante trabajo que incluye presentar a los países miembros instrumentos y estrategias que promuevan la igualdad de oportunidades y la equidad de género a todos los niveles. En este sentido, destacó el intenso trabajo realizado por la CIM para implementar el Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género que se había iniciado en el 2000, luego de su adopción por la Asamblea General de la OEA.

Por su parte, Arístides Royo, presidente del Consejo Permanente de la OEA y embajador  de Panamá, afirmó que fue un alcance «realmente significativo haber logrado la adopción por los Estados Parte, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, un mecanismo hemisférico adicional para apoyar la erradicación de la violencia contra la mujer, gracias a los esfuerzos de la CIM firmado antes de concluir la Asamblea» (Organización de los Estados Americanos, Ídem.).

Durante la Asamblea se abordaron otros temas de igual relevancia como la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer; el combate contra el delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños; y el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género. La Asamblea, además, analizó informes nacionales sobre la situación de la mujer y eligió las nuevas autoridades que estarán al frente de la CIM por los próximos 2 años.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Entre el 29.11 y el 01.12.04 se llevó a cabo el III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos organizado por la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos.

“Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social” fue el título de esta edición del seminario, dirigido a profesionales vinculados al proceso educativo en Venezuela o con alguna participación en el área e interés en el ámbito de educación en y para los derechos humanos.

La Educación para la Paz y los Derechos Humanos es muy importante como una vía fundamental para prevenir las violaciones a estos derechos y contribuir efectivamente a su vigencia. Hacer educación en derechos humanos es formar sujetos de derechos para transformar los contextos sociales bajo el principio de la equidad. Esta importancia está refrendada por las medidas tomadas por organismos mundiales para impulsar su desarrollo y presencia en todo el planeta. Es así como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó el decenio 1995-2004 como la década de la Educación en la esfera de los Derechos Humanos.

En 1998 Venezuela aprobó una Resolución que contempla la obligatoriedad para el Estado de dar cumplimiento a actividades sobre educación en derechos humanos y valores, coherentes con un plan de políticas públicas en la materia. Es por ello que este III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos se realiza con el objetivo de avanzar en la construcción de una pedagogía propia en materia de derechos humanos y definir claramente, con el aporte de diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, líneas para un plan nacional de educación en derechos humanos.

El evento se realizará en el marco de un plan de formación diseñado por la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos, con el cual se pretende favorecer la reflexión y la construcción de un lenguaje común en materia de educación en derechos humanos, lo que a su vez permitirá fortalecer las prácticas de los grupos, organismos e instituciones que se dedican a esta labor en Venezuela, especialmente tomando en cuenta los desafíos que nos presenta el momento histórico que vivimos en el ámbito mundial.

En esta oportunidad, se contó con la participación de invitadas internacionales, como Alicia Cabezudo, representante de Ciudades Educadoras de Argentina, quien disertó sobre la exclusión social y la educación en América Latina; Ana María Rodino, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), quien hizo un balance del Decenio de la Educación en Derechos Humanos; Greta Papadimitriou, de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de México.

Por Venezuela participaron, entre otras personas, Anna Lucia D’Emilio, Representante del Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF) en Venezuela, y María Isabel Bertone de Provea, quienes establecieron los desafíos que deben afrontar las políticas educativas en Venezuela para favorecer la inclusión social.

Por su parte, la representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Soraya El-Achkar, habló sobre las tendencias y perspectivas para la educación en derechos humanos en América Latina.

Durante el encuentro también se desarrollaron mesas de trabajo abocadas a indagar sobre los retos que se le presentan al Estado venezolano y a la población para lograr una educación inclusiva, así como los elementos que favorecen o dificultan el desarrollo de procesos de inclusión social.

Según informó el pasado 23.11.04, la organización venezolana de derechos humanos Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictaminó que el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INH) debía presentar a dicho juzgado los resultados de las pruebas de calidad (bioequivalencia) efectuadas a los medicamentos antirretrovirales fabricados por Heber Biotec, Ranbaxy y Cipla a más tardar el 25.11.04 (Acción Ciudadana Contra el SIDA, 23.11.04, accsi@accsi.org.ve).

Este pronunciamiento se produce luego de que la referida corte admitiera el pasado 08.11.04 los recursos de amparo intentados por ACCSI contra Jesús Querales, presidente del INH. Como se recordará, el 19.07.04, ACCSI solicitó al Dr. Querales que presentara los resultados obtenidos de las pruebas de bioequivalencia efectuadas a los antirretrovirales, cuyos registros y permisos sanitarios son expedidos por dicho instituto, los cuales son fabricados por las casas farmacéuticas Heber Biotec (Cuba), Ranbaxy y Cipla (India). En la actualidad, dichos antirretrovirales son suministrados a hombres, mujeres y niños que viven con VIH/SIDA, a través de los centros de entrega de fármacos a nivel nacional del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) (ver edición Nº 147 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_147.htm#02).

Explicó Víctor Cróquer, representante de ACCSI, que «desde enero de 2003, el sector comunitario con servicios en VIH/SIDA, conformado por más de 25 organizaciones y agrupaciones de personas que viven con VIH/SIDA de todo el país, ha venido solicitando tales pruebas al INH, que se negó en todo momento a presentarlas. Desde entonces, el sector comunitario efectuó diversas acciones tales como pronunciamientos, reuniones con altas autoridades del MSDS e INH, movilización comunitaria, denuncias ante los medios de comunicación social y ámbito regional e internacional, entre otros. Ante la falta de respuesta gubernamental, y en atención a la urgencia que significa conocer la veracidad de la calidad y efectividad de dichos antirretrovirales, ACCSI se vio obligada a acudir ante la vía judicial en procura de obtener una satisfactoria respuesta que definiera de forma clara tales aspectos acerca de los fármacos, en representación de la comunidad de personas que viven con VIH y SIDA» (Acción Ciudadana Contra el SIDA, Ídem.).

El INH, ente adscrito al MSDS, es el organismo encargado de efectuar las pruebas de calidad de los productos farmacéuticos en Venezuela.

En cuanto a la decisión, explicó Cróquer que en su sentencia, la Corte obliga al Dr. Querales, en su condición de presidente del INH «a presentar los resultados obtenidos de las pruebas de bioequivalencia efectuados a los medicamentos antirretrovirales referidos, en un plazo no mayor de 48 horas (viernes 25.11.04) en la citada instancia de justicia» (Acción Ciudadana Contra el SIDA, Ídem.).

No obstante, el funcionario aseguró a una fuente periodística que «respondería a la Corte, pero […] no entregará las pruebas de calidad, sino las razones por las cuales no puede dar este tipo de información» (Últimas Noticias, 25.11.04, pág. 4).

Por su parte, Cróquer solicitará la ejecución forzosa de la sentencia y apelará la «supuesta confidencialidad sobre los productos químicos […] aunque sustenten jurídicamente esa ‘confidencialidad’, ACCSI tiene un interés real y legítimo, pues representa el derecho de las miles de personas con VIH/SIDA de tener acceso a la información sobre los medicamentos que consumen» (Últimas Noticias, Ídem.).

Según el estudio Informe de 2004 sobre la Epidemia Mundial del Sida realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), «cada día, alrededor de 150 mujeres se infectan con VIH en la región latinoamericana y caribeña. Entre el final del 2002 y del 2004 el número de mujeres con VIH en América Latina aumentó de 520.000 a 610.000 y en El Caribe de 190.000 a 210.000» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 3011.04, http://www.unicef.org/venezuela).

De todos los adultos, la proporción de mujeres con VIH aumentó significativamente y ahora representa el 40% de los casos en El Caribe y el 36% en América Latina. En la actualidad las mujeres constituyen cerca de la mitad de los 37,2 millones de adultos (15-49 años) que viven con el VIH en el mundo.

Venezuela ocupa el 4to. lugar de menor impacto en el cuadro de porcentaje de mujeres que viven con el VIH en América Latina y El Caribe (finales de 2003), con un 32%, 6,7% por debajo del promedio regional de 38,7%.

Las Agencias de la ONU que efectuaron el estudio exhortaron a los encargados de formular las políticas y adoptar las decisiones en América Latina y El Caribe «para que cambien los factores que hacen a las mujeres y niñas particularmente vulnerables al VIH» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ídem.).

En su exhorto, señalaron que el crecimiento de la epidemia entre las mujeres jóvenes y las niñas despierta especial preocupación: «las mujeres jóvenes tienen 1,6 veces más probabilidad de adquirir el VIH que los hombres jóvenes. Las mujeres y las niñas también saben menos que los hombres acerca de cómo el VIH se transmite, a menudo porque esta información no se les suministra. Aunque las mujeres y las niñas conozcan cómo protegerse contra la infección, con frecuencia no les sirve debido al machismo, la discriminación por razón de género y a la violencia que enfrentan» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ídem.).

Según los expertos de la ONU, también «la coacción sexual y el abuso de niñas son factores importantes que contribuyen a que la epidemia en la región tenga cada vez más una cara de mujer joven».

Además, el informe da cuenta de otra realidad: «en América Latina y El Caribe, muchas mujeres y niñas asumen la responsabilidad del cuidado de las personas con VIH/Sida a nivel comunitario, pero tienen un acceso limitado a las instancias sociales que podrían prestarles apoyo. Esto perpetúa las desigualdades de género» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ídem.).

El crecimiento de la epidemia entre las mujeres jóvenes y las niñas es particularmente preocupante, no sólo por el impacto sobre familias y comunidades en las cuales viven, sino también por el elevado riesgo de transmisión del VIH a los recién nacidos.

Con el fin de detener la propagación mundial del VIH, los directores regionales de la ONU destacaron la importancia de romper las cadenas de la pobreza, el hambre y la desigualdad por razón de sexo que favorecen la propagación de la enfermedad entre estas mujeres.

Los expertos de ONU dijeron que se requiere de un mayor esfuerzo en el ámbito tanto regional como nacional para hacer frente a la epidemia. En este contexto, formularon las siguientes recomendaciones:

  • Promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas y luchar contra el estigma y la discriminación.
  • Poner fin a todas las formas de violencia y abuso contra mujeres y niñas.
  • Integrar el tema de mujeres y VIH en la planificación nacional del desarrollo.
  • Apoyar a las mujeres seropositivas y sus organizaciones y redes.
  • Aumentar la capacidad de decisión de las niñas, niños, mujeres y hombres incrementando su acceso a la educación, la alfabetización y la información acerca de la salud sexual y reproductiva.
  • Mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva para todos mediante la ampliación de la cobertura y la accesibilidad y una mayor sensibilidad respecto de las diferencias entre hombres y mujeres.
  • Garantizar el acceso igualitario y universal a la atención integral y los tratamientos del VIH/sida para las mujeres.
  • Aumentar la facilidad para conseguir preservativos femeninos y acelerar la investigación sobre otros métodos de prevención controlados por las mujeres, como los microbicidas.
  • Trabajar con otros grupos vulnerables a la infección por el VIH, incluidos las personas profesionales del sexo, las que consumen drogas inyectables, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y los adolescentes.
  • Elaborar estrategias que tengan en cuenta las necesidades y particularidades de género para aquellos que prestan cuidados a personas con el VIH/sida.
  • Asegurar que los fondos de la respuesta VIH/sida en la región generes los máximos beneficios para las mujeres.

El 01.12.04, una representación de  mujeres venezolanas organizadas en el Movimiento Amplio de Mujeres se presentaron en el Salón de la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional (AN) para hacer entrega de un documento titulado Propuestas del Movimiento Amplio de Mujeres para el Proyecto de Código Penal Venezolano en Materia de Interrupción del Embarazo (Proyecto  Apalancar, 01.12.04, http://www.apalancar.org/noticias/detalle.asp?tipo=1&id_documento=2461).

Suscrito por 19 organizaciones, la propuesta se realizó con motivo de la formulación del Anteproyecto para la Reforma del Código Penal venezolano, el movimiento amplio de mujeres presenta una serie de consideraciones para promover la despenalización de la interrupción del embarazo en nuestro país.

En el documento, el movimiento plantea que «estar a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo no significa estar a favor del aborto ni promoverlo, significa reconocer que la penalización no soluciona el problema del aborto, pues a pesar de estar prohibido legalmente en muchos países, condenado socialmente y religiosamente, miles de mujeres lo practican en el mundo y además mueren por esta causa».

En su propuestas, el movimiento examina la problemática de salud pública así como las leyes y políticas públicas involucradas en el fenómeno de la interrupción del embarazo en el ámbito nacional. Además destaca la dimensión humana de la interrupción del embarazo y los argumentos que de éste emanan para fundamentar la despenalización.

Detalla sobre las distinciones que existen entre la despenalización y la legalización de la interrupción del embarazo. Sobre esta base, plantea los ajustes que las leyes penales deben aplicar para reivindicar los derechos humanos de las mujeres en el marco legislativo venezolano.

Hace un arqueo de la iberalización de las leyes sobre interrupción del embarazo en la última década en algunos países del mundo y, finalmente, efectúa una propuesta que se adecua con el principio  progresista de los derechos humanos (ver título «Aborto y Derechos Humanos» de la columna semanal Son Derechos en: http://derechos.org.ve/actualidad/sonderechos/2004/sd151004.htm).

Puede consultar o descargar (57Kb) esta propuesta en el sitio web de Provea en la dirección: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/propuesta_CP.pdf

A las múltiples denuncias relativas a la situación laboral de los/as enfermeros/as y del cuerpo médico nacional integrante de la Misión Barrio Adentro que fueron hechas públicas durante el mes de noviembre, Juana Contreras, coordinadora de Salud Primaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) respondió que “el problema fue que no hubo presupuesto planificado para Barrio Adentro en el año 2004. El presupuesto se fue elaborando a través de partidas que se fueron designando. Las enfermeras, por ejemplo, eran en principio voluntarias […] Ese presupuesto […] se fue elaborando con dinero fundamentalmente de MSDS, pero también colaboraron [Petróleos de Venezuela] PDVSA y el Ministerio de la Defensa (MD). El pago de las enfermeras iba a ser solventado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)» (El Nacional, 21.11.04, pág. B/21).

Contreras reconoció que a los/as enfermeros/as se les hizo un pago en efectivo y sin contratos en el mes de agosto “porque se trataba de un bono especial” (El Nacional, Ídem.). Destacó que la administración de la misión la lleva exclusivamente el MSDS y sólo en algunos municipios obtienen una ayuda logística pero no económica.

Por su parte, Francisco Armada, quien sustituyó a Roger Capella como titular del MSDS (cuya salida del despacho fue presuntamente provocada por esta problemática) afirmó que, desde el 24.11.04, el MSDS, a través del MEM, cancela a las 2.323 enfermeros/as que conforman la misión una ayuda económica por la cantidad de 250.000  bolívares (Ministerio de Comunicación e Información, 25.11.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=4310)

Con respecto al componente de médicos venezolanos de Barrio Adentro, se pudo conocer  que «varios galenos de Aragua, que quisieron mantener oculta su identidad, pertenecientes al postgrado de Medicina General Integral dependiente del Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón, reclaman que no han recibido su beca salario por los servicios prestados a Barrio Adentro como parte de su especialización como médicos generales […] La mayoría está desde hace 3 meses sin salario y 21 […] no han recibido hasta los momentos nada, o sea, que tienen 5 meses sin ingresos [….] De 177 médicos que se inscribieron en el programa quedan 133, fundamentalmente debido a razones económicas” (El Nacional, 21.11.04, Op. cit.).

En otro orden de ideas, un total de 1.240 médicos/as venezolanos/as que conformaron la Coordinación Nacional Bolivariana de Residentes de Medicina General e integrantes de la Misión Barrio Adentro, denunciaron que «se sienten discriminados porque las autoridades del despacho no los reconocen como trabajadores y como consecuencia no disfrutan de aguinaldos, vacaciones, bono nocturno ni cestatickets, y el sueldo, además, no lo reciben con puntualidad» (El Nacional, 22.11.04, pág. B/20).

Para Provea las denuncias de los/as enfermeros/as y médicos/as participantes de la Misión ponen en evidencia prácticas violatorias a los derechos laborales. De acuerdo con la Constitución, el trabajo es un hecho social que merece protección estatal. En su artículo 39, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) define al trabajador como la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. Estos elementos están presentes en el personal que realiza labores para la Barrio Adentro. Hay que destacar que, de acuerdo con la LOT, no es indispensable la existencia de un contrato de trabajo para que un trabajador sea amparado por la legislación, la existencia de la relación laboral se presume (artículo 65), viniendo el contrato sólo a reafirmar lo que en la realidad existe. En este caso, la inexistencia de contratos firmados de trabajo implica que existe una relación laboral a tiempo indeterminado.

Una de las consecuencias más importante del trabajo es la remuneración. En este sentido, el hecho de que los/as enfermeros/as reciban una “ayuda económica” periódica, confirma, por una parte, su carácter de trabajadores y, por otra, revela una patente violación al derecho a un salario y a una remuneración justa. Todo trabajador debe recibir, al menos, un salario mínimo, fijado actualmente en 321.235,20 bolívares.

También preocupa que al personal de Barrio Adentro se le otorgue una remuneración bajo la figura de “beca trabajo” o “beca salario”, una categoría que no existe en la legislación venezolana, y con cuyo uso se pretende desconocer la relación laboral existente entre el personal que labora en Barrio Adentro y el MSDS.

Otra consecuencia del desconocimiento de la normativa laboral, es la estabilidad laboral. Durante los 3 primeros meses de trabajo, se entiende que el trabajador está en “período de prueba”, si continúa prestando servicios, la persona adquiere la estabilidad laboral consagrada en la LOT. Es decir, sólo puede ser despedido con justa causa (o mediante indemnización adicional), y comienza a ser acreedor de prestaciones de antigüedad, vacaciones anuales remuneradas, bonificación de fin de año y demás beneficios.

A Provea le preocupa que con el llamado a la solidaridad de las comunidades, los organismos estatales responsable de Barrio Adentro estén implementando medidas contrarias a la garantía a los derechos laborales de las personas que, con auténtico interés social, manifiesten su disposición a participar en esta misión. La interdependencia de los derechos humanos es un principio intrínseco. En ese sentido, el fortalecimiento del derechos humanos a la salud no puede darse a expensas de los derechos laborales. Por otra parte, los derechos laborales son irrenunciables, por ende, todo acto u omisión que menoscabe estos derechos son nulos.

La resolución Nº 10 del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), hecha pública el 29.11.04, a través de la Gaceta Oficial Nº 38.075 (Tribunal Supremo de Justicia, 01.12.04,
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Noviembre/291104/291104-38075-16.html), modifica la escala para otorgar subsidio directo a quienes opten por una vivienda o deseen mejorar su actual residencia (El Nacional, 01.12.04, pág. A/20).

«Aquellas personas o grupo familiar que devenguen hasta 20 unidades tributarias, equivalentes a 494.000 bolívares, tendrán derecho a un subsidio para comprar una vivienda nueva o de mercado secundario, por un monto de 650 unidades tributarias o 16.055.000. Los que perciban un ingreso entre 20 unidades (494.000 bolívares) y 55 unidades tributarias (1.358.500 bolívares) podrán recibir un subsidio de 13.585.000 bolívares, equivalente a 550 unidades tributarias. Quienes ganen entre 55 y 65 unidades (1.605.500 de bolívares) tendrán derecho a un subsidio por 9.880.000 bolívares (400 unidades tributarias). Las personas o grupos familiares que devenguen un sueldo entre 494.000 y 741.000 bolívares podrán optar a beneficios preferenciales» (El Nacional, Ídem.).

Igualmente, en la Resolución se restituye el beneficio para las personas con una remuneración entre 5 unidades (123.500 bolívares) y 20 unidades tributarias (494.000 bolívares), los cuales obtendrán del Estado hasta 1.358.500 bolívares (El Nacional, Ídem.).
«En un boletín de Conavi se explica que este subsidio directo a la demanda no constituye un aporte monetario a la persona o grupo familiar que lo requiera, sino que se entrega al vendedor del inmueble al momento de protocolizar el documento de venta» (El Nacional, Ídem.).

Casi 23 meses tiene la Asamblea Nacional (AN) incumpliendo con su obligación de aprobar las 6 leyes que servirán de base a la Ley del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) aprobada el 30.12.03 (ver edición Octubre 2002/ Septiembre 2003 del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los derechos Humanos en Venezuela en: http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/4seguridadSOCIAL.pdf).

Desde noviembre de 2003 permanece en la Secretaría de la AN el proyecto del régimen prestacional de Empleo y Desarrollo Laboral, aprobado en primera discusión el 18.11.03. A éste, se le sumaron recientemente los proyectos de Salud, y de Vivienda y Hábitat (aprobado en primera discusión el 29.01.04) (Radio Nacional de Venezuela, 30.11.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=10&t=10900). 

Mientras tanto, el proyecto de ley del régimen prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas fue aprobado en primera discusión el 01.06.04.
El resto de proyectos de ley (régimen prestacionales de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas y de Seguridad y Salud en el Trabajo) aún esperan por el debate parlamentario correspondiente.

Ante esta situación, el diputado Ángel Rodríguez (Movimiento Quinta República), presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, afirmó que dicha instancia se declaró desde finales de octubre en «emergencia parlamentaria» (Diario 2001, 18.11.04, pág. 7). Sin embargo, conviene recordar que en abril de este año, el mismo Rodríguez prometía la aprobación definitiva de dichos instrumentos para antes del asueto parlamentario de agosto (ver edición Nº 136 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_136.htm). 

Aunque la medida comprometía a los parlamentarios a aprobar los subsistemas sancionados en primera discusión antes del 15.12.04, «se pudo conocer, con carácter extraoficial, que la materia entraría en agenda en enero» (Diario 2001, Ídem.).

Provea considera que la mora legislativa en tan importante materia debe resarcirse para impulsar cambios reales en el sistema de seguridad social.

Canasta Alimentaria Normativa

MESValor Mensual
(en bolívares)
Tasa de Variación
Intermensual
Tasa de Variación
Acumulada 2004
Tasa de
Acumulación
Interanual 2003/2004
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Agosto 330.094,220,98
(3.190,12
bolívares)

15,9
 
 26,4 2,6

Septiembre
 
 334.192,651,24 
(4.098,43
bolívares)
17,4 263,8 
Octubre (**)335.959,69 ▲0,53
(1.767 bolívares)
18,05 ▲24,2 ▼4,3 ▲
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) El Nacional, 01.12.04, pág. A/19.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de los alimentos de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) indicada para un grupo familiar de 5 personas, registró una tendencia cada vez más desacelerada y estable en su incremento, en comparación con su comportamiento para el año 2003.

El INE revela que 4 grupos de alimentos subieron de precio: café, té y similares, con una variación de 4,38%; leche, queso y huevos de 3,82%; pescados y mariscos de 1,42%; y, carnes y sus preparados de 0,77%. Mientras que los grupos de alimentos que bajaron sus precios fueron: frutas y hortalizas con variación negativa de – 1,65%; azúcar y similares de – 1,12%; semillas, oleaginosas y leguminosas de – 0,65%; y, grasas y aceites – 0,49% (El Nacional, 01.12.04, pág. A/19).

Además, el INE señaló que los precios de los alimentos regulados aumentaron 0,68%, mientras que los alimentos no regulados bajaron sus precios 0,08% (El Universal, 01.12.04,
http://www.eluniversal.com/2004/12/01/eco_art_01151C.shtml).

Canasta Básica Familiar

MESValor Mensual
(en bolívares)
Tasa de Variación
Intermensual
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Octubre1.469.575X78,1
Noviembre1.486.236  ▲1,178,3 ▲
Fuente: CENDAS extraído de El Nacional, 02.12.04, pág. A/24.
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), informó que «la cesta básica –compuesta por los alimentos, servicios públicos, vivienda y otros bienes fundamentales- fue impactada mayoritariamente por el alza de 20% en los pasajes del transporte colectivo» (El Nacional, 02.12.04, pág. A/24).

Canasta Alimentaria de los Trabajadores

MESValor Mensual
(en bolívares)
Tasa de Variación
Intermensual
Tasa de Variación
Acumulada 2004
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Octubre512.28236,4
Noviembre523.638 ▲2,216,7
(75.082 bolívares)
38,6 ▲
Fuente: CENDAS extraído de El Universal, 02.12.04, http://www.eluniversal.com/2004/12/02/eco_art_02154G.shtml.
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), influyó en el aumento del valor de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) el alza en los precios de 7 rubros de los 11 que la conforman: «subieron sus precios las frutas y hortalizas (8,3%), cereales y productos derivados (3%), bebidas no alcohólicas (2,4%), raíces y tubérculos (1,9%), leche, quesos y huevos (1,2%), carne (0,7%), productos alimenticios (0,6%). Sólo bajaron sus precios el rubro semillas, oleaginosas y leguminosas (1%), grasas y aceites (1%), pescados (0,5%) y azúcar (0,4%)» (El Universal, 02.12.04, http://www.eluniversal.com/2004/12/02/eco_art_02154G.shtml).

El pasado 25.11.04, fue aprobada en segunda discusión de la plenaria del parlamento la reforma a la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores del año 1998, la cual quedó derogada para la entrada en vigor de Ley de Alimentación para los Trabajadores «extendiendo el ámbito de la norma a aquellas personas que devenguen un salario normal que exceda 3 salarios mínimos urbano, toda vez que la norma vigente contemplaba el beneficio para los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, la cual regirá para empresas públicas y privadas que tengan más de 20 empleados» (Asamblea Nacional, 25.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6289).

Este instrumento establece 6 modalidades de implementación de este beneficio: i) mediante la instalación de comedores operados por la empresa o contratados, en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones; ii) contratando el servicio de comida elaborada por empresas especializadas; iii) entregando a los/as trabajadores/as cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación emitidas por empresas especializadas, con los que podrán obtener comidas o alimentos en restaurantes o establecimientos de expendio de alimentos o comidas elaboradas; iv) entregando a los/as trabajadores/as una tarjeta electrónica de alimentación emitidas por una empresa especializada destinada a la compra de comida o alimentos que podrá ser utilizada únicamente en restaurantes, comercios o establecimiento de expendio de alimentos con los cuales la empresa haya celebrado convenios a tales fines; v) instalando comedores comunes por parte de varias empresas próximas a los lugares de trabajo para que atiendan a las personas beneficiarias; y, vi) utilizando los servicios de los comedores administrados por el órgano estatal competente en materia de nutrición.

La nueva ley rechaza que el beneficio sea pagado en dinero efectivo o su equivalente u otro medio que desvirtúe su propósito. En caso de que el beneficio previsto en esta ley se encuentre consagrado en convenciones colectivas, la elección de la modalidad de cumplimiento deberá ser de común acuerdo entre el empleador y los sindicatos que sean parte de dicha convención.

Además, la normativa señala los casos de infracción a la ley, incluyendo el canje indebido del cupón o ticket por dinero u obtención de cualquier crédito a través de las tarjetas electrónicas. También prevé su uso indebido cuando sean usados para el canje, pago o compra de cualquier producto que no se destine a la alimentación, bebidas alcohólicas, cigarrillos, así mismo, se prohíbe el descuento, cobro de comisión o carga fiscal sobre el valor real del cupón, ticket o tarjeta electrónica. Las Infracciones a esta norma provocarán sanciones para los establecimientos e, incluso el cierre temporal del mismo, en caso de reincidencia.

Asimismo se observan sanciones para aquellos empleadores que incumplan con el otorgamiento del beneficio a sus trabajadores. La ley prevé la imposición de multas que oscilan entre 10 unidades tributarias (UT) y 50 unidades tributarias, así como la aplicación de sanciones por parte de la Inspectoría del Trabajo, previstas en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

En consonancia con las declaraciones de algunos altos funcionarios del Estado venezolano sobre el tema de los productos transgénicos (ver edición Nº 137 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm), Nuris Orihuela, viceministra de Investigación e Innovación, anunció la puesta en marcha de un laboratorio para localizar organismos modificados genéticamente , a fines de 2005.

Orihuela recordó que la posición del Estado es suficientemente clara: “No se acepta el consumo de transgénicos hasta que exista seguridad de que no causan efectos secundarios en el ser humano y en el ambiente. Pero es necesario hacer investigación” (El Nacional, 20.11.04, pág. B/18).

La funcionaria explicó que la medida se ejecutará porque «en la actualidad ningún ente del Estado posee las herramientas para detectar si algún producto de consumo masivo ha sido manipulado genéticamente» (El Nacional, Ídem.).

Orihuela afirmó que los centros de investigación estudian el proceso de transgénesis para poder establecer mecanismos de control, pero advierte que no se permitirá la utilización de esa tecnología para el consumo.

Con financiamiento (1,2 millones de dólares) del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), y con el liderazgo del Instituto de Estudios Avanzados, se está trabajando para crear un laboratorio de referencia nacional que permita hacer la pesquisa de transgénicos en la cadena agroalimentaria. El centro, que estaría equipado a fines del año 2005, debería encargarse de evaluar los productos agrícolas antes de que reciban la autorización de entrada a la nación.

Entre el 22 y 23.11.04 se celebró en Quito, Ecuador, el Foro sobre el Hambre en los Países Andinos, organizado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas (Organización de Naciones Unidas, 19.11.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=3520&criteria1=cepal&criteria2=).

En el evento fue presentado el documento «Hambre y Desigualdad en los Países Andinos» que, entre otras conclusiones, señala que «a pesar de que América Latina tiene grandes extensiones de tierra fértil y produce alimentos como para alimentar a un número 3 veces mayor al de su población. Pero el flagelo del hambre ataca con dureza a los grupos más vulnerables en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, muchas personas de la región padecen hambre» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 18.11.04, http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.aspxml=/prensa/noticias/comunicados/0/20340/P20340.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl).

A juicio de Rodrigo Martínez, experto de la CEPAL: «los grupos más afectados por el hambre en la subregión andina son las poblaciones rurales indígenas. Están las diferencias educativas que se pudieran dar en cualquier grupo étnico; pero a su vez, dentro de las pautas culturales, y eso quizás se ha analizado poco, las diferencias étnicas [….] En el mundo andino hay 190 grupos étnicos distintos, que no por el hecho de ser indígenas tienen el mismo tipo de problema” (Organización de Naciones Unidas, Ídem.).

Otra instancia del sistema ONU también manifestó su preocupación con respecto a la situación del hambre y la desnutrición en el mundo. En efecto, el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se reunió entre el 22 y el 27.11.04 en su sede de Roma, para un nuevo período de sesiones, en el que se ocupó de diferentes asuntos, entre ellos el estado de la agricultura y la alimentación en el mundo .

La base del debate es un documento según el cual se reconoce que «debido al crecimiento demográfico, el número total de personas malnutridas en los países en desarrollo descenderá lentamente, pasando de 815 millones a principios de los años 90 a 610 millones en 2015» (Unión Radio, 22.11.04, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?NoticiaId=125675).

La cifra de reducción de la pobreza establecida por la ONU en sus metas del milenio no se alcanzará hasta 2030, según la previsión de la FAO. La reducción de esas cifras «ha sido lenta y muy irregular en los diferentes países y regiones, pero además las estimaciones más recientes parecen indicar que la tendencia descendente del número de personas malnutridas quizá se haya invertido en los últimos años» (Unión Radio, Ídem.).

En la actualidad la incidencia más alta de la malnutrición se da en el África subsahariana, donde afecta a un tercio de la población, una cifra muy superior al 17% correspondiente a Asia y el Pacífico y el 10% estimado tanto para América Latina y El Caribe como para Oriente Próximo y África del Norte.

El informe de la FAO apunta que en mayo de 2004 había 35 países expuestos a graves situaciones de escasez alimentaria en todo el mundo. Las causas son los disturbios civiles y las condiciones atmosféricas adversas, incluida la sequía, así como el efecto de las enfermedades, en especial el SIDA, en la producción, comercialización, transporte y utilización de los alimentos.

Según el Panorama Social de América Latina 2004, informe presentado el 30.11.04 por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el crecimiento económico de este año permite estimar que 2.000.000 de personas saldrán de la pobreza en la región, lo que representa una disminución de la pobreza del 1% con respecto al 2003 y situaría el número de pobres en 224 millones de personas, de los cuales 98 millones son indigentes.

Asegura el informe de la CEPAL que la población que vive bajo la línea de pobreza estaría en un nivel similar al registrado en 2001 (43,2%), mientras que la indigencia estaría en un 18,9%, lo que muestra una «leve mejoría en 2004, que no alcanza a revertir el deterioro de los 3 años previos» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 01.12.04, http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.aspxml=/prensa/noticias/comunicados/8/20388/P20388.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl).

José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL señaló que, a partir del informe, se observa que «desde el año 2000, cuando 189 países asumieron los compromisos de la Declaración del Milenio en Naciones Unidas, la población latinoamericana pobre ha aumentado a un ritmo superior al de la población total. Las cifras correspondientes a 2004 confirman a Chile como el único país que ha cumplido con la meta del Milenio de reducir la pobreza extrema. En Brasil, Ecuador, México, Panamá, y Uruguay los porcentajes de avance hacia el cumplimiento de la primera meta superarían el 56%, pero Argentina, Paraguay y Venezuela tendrían mayores niveles de indigencia que en 1990» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

Machinea advirtió que «los datos confirman nuevamente que la región tiene la distribución del ingreso menos equitativa del planeta, con niveles altos y crecientes de desigualdad» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

El informe de la CEPAL define las características de la pobreza y los factores que conspiran contra una eficaz inserción social, que abarcan ámbitos tan diversos como el tamaño y la composición del hogar, la dotación de capital humano, la participación en el mercado laboral, y el acceso a la vivienda y los servicios básicos.

En cuanto a los aspectos demográficos tratados por la CEPAL en su informe, se destaca que «la esperanza de vida al nacer es de 72 años y el nivel promedio de la tasa de fecundidad es inferior a los 3 hijos por mujer. La caída de la tasa de fecundidad ha sido generalizada […] Sin embargo, preocupa el aumento de la maternidad adolescente, que tiene múltiples consecuencias negativas: entre un 25% y un 35% de las jóvenes, según el país, tiene su primer hijo antes de cumplir los 20 años. La transición demográfica trajo 2 grandes cambios: la disminución de la dependencia demográfica y el envejecimiento de las poblaciones. Este último planteará un enorme desafío, ya que 1 de 4 latinoamericanos será adulto mayor en el 2050. El aumento de la esperanza de vida al nacer es un logro indiscutible y comenzó con el descenso de la mortalidad en la infancia, desde 128 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos entre 1950-1955 a 28 muertes en 2000-2005. La reducción de la mortalidad infantil se da en todos los países, pero los grupos indígenas, rurales y con madres menos educadas están más desprotegidos» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

El estudio asegura que también disminuyeron las muertes por enfermedades transmisibles (infecciosas, parasitarias y del aparato respiratorio), aunque aumentaron aquellas por enfermedades crónicas y degenerativas (del aparato circulatorio y tumores malignos) y las provocadas por violencia, accidentes y traumatismos.

El informe subraya un fenómeno preocupante de la juventud en la región: «si bien los jóvenes tienen ahora más acceso a la educación que los adultos, cuentan con menos oportunidades de empleo y de acceso al poder. Con más expectativas de autonomía que generaciones anteriores, no tienen los canales productivos e institucionales para plasmar tales expectativas» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

Puede consultar o descargar una síntesis de este informe en el sitio web de la CEPAL, en la dirección: http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/0/LCL2220PE/PSE_2004_Sintesis_Web.pdf.

Indicadores de los derechos laborales

Indicador/MesAgostoSeptiembreOctubre
Tasa de Ocupación Mensual49,5
(5.119.222 personas ocupadas)
51,7
(5.412.090 personas ocupadas)
(5.686.851 personas ocupadas)
Tasa de Ocupación IntermensualX
 
2,2
(292.868 personas ocupadas más)
(*)
(274.761personas ocupadas más)
Tasa de Ocupación
Interanual
2003/2004
XX 86,3 ▲ (*)
(10.455.188 personas ocupadas)
 
Tasa de Desocupación Mensual14,2
(1.704.704 personas desocupadas)
14,5
(1.774.722 personas desocupadas)
13,7 ▼ (*)
Tasa de Desocupación Intermensual1,1
(139.478 personas desocupadas)
0,3X
Tasa de Desocupación Interanual
2003/2004
3,6
(444.974 personas desocupadas)
3,5
(419.485 personas desocupadas)
(*)
(372.301personas desocupadas)
Tasa de Informalidad MensualXX46,6 ▼ (*)
(4.871.875 trabajadores/as informales)
Tasa de Informalidad
Interanual
2003/2004
2,54,4
(202.939 trabajadores/as informales)
X
Notas: (*) datos del Instituto Nacional de Estadística extraídos de Últimas Noticias, 27.11.04, pág. 21.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tendencia descendente en el indicador del desempleo mostrada en las últimas mediciones mensuales ubicarían a éste en 11%, al final de este año (Últimas Noticias, 27.11.04, pág. 21)

Situación Trimestral de la Población Económicamente Activa (*)

Indicador/Mes3er. Trimestre
Tasa de Ocupación TrimenstralX
Tasa de Ocupación IntertrimenstralX
Tasa de Ocupación Trimenstral
Interanual 2003/2004
X
Tasa de Desocupación Trimenstral15 ▼ (*)
(1.818.707 personas desocupadas)
Tasa de Desocupación Intertrimenstral1,1 ▼ (*)
(121.115 personas desocupadas menos)
Tasa de Desocupación Trimenstral
Interanual 2003/2004
2,9 ▼ (*)
(344.818 personas desocupadas menos)
Tasa de Formalidad Trimenstral49,9 ▲ (*)
(5.130.598 personas ocupadas)
Tasa de Formalidad Intertrimenstral▲ (*)
(123.411 personas ocupadas más)
Tasa de Formalidad Trimenstral
Interanual 2003/2004
2,6 ▲ (*)
(455.503 personas ocupadas más)
Tasa de Informalidad Trimenstral50,1 ▼ (**)
(5.153.995 personas ocupadas)  
Tasa de Informalidad Trimenstral
Interanual 2003/2004
X
Notas: (*) datos del Instituto Nacional de Estadística extraídos de Diario 2001, 24.11.04, pág. 4.
(**) datos del Instituto Nacional de Estadística extraídos de El Universal, 24.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/24/eco_art_24149A.shtml.

Con respecto al comportamiento trimestral de los indicadores laborales, la fuente destaca que el INE registró un aumento en la ocupación dentro del sector público , tanto en la comparación interanual como en la comparación intertrimestral, al concentrar este sector el 16% de las personas ocupadas (1.647.989 personas ocupadas) en el lapso del 3er, trimestre de este año (Diario 2001, 24.11.04, pág. 4) mientras que el sector privado, retiene a un 84% de las personas ocupadas (Aporrea, 24.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53013).

En comparación con el 3er. trimestre del año 2003, cuando el sector público ocupaba el 14,1% (1.399.027 personas) de la Población Económicamente Activa (PEA), el aumento interanual es de 1,9% (248.962 personas). Mientras que, en el sector privado la comparación interanual de la tasa de ocupación del 3er. trimestre bajó un 1,7% (85,7% en el año 2003). Las áreas de construcción, establecimientos financieros, manufactura y comercio son las que muestran la mayor tasa de desempleo para el primer trimestre (El Universal, 24.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/24/eco_art_24149A.shtml). En tanto que los sectores que han colaborado en el aumento de nuevos puestos de trabajo fueron principalmente transporte y comunicaciones, servicios comunales e industria manufacturera (Cadena Global, 24.11.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=79363&Sec=%208).

Con respecto a la tasa de informalidad del 3er. trimestre, el INE observó que existe un comportamiento estable en el sector al compararla con la del año 2003 (50,5%) (5.111.725 personas) (El Universal, Ídem.).

Para Elías Eljuri, presidente del INE, las razones del mejoramiento de estos indicadores en el último reporte de su despacho tienen que ver con que «se viene recuperando la economía […] Así como la inflación baja poco a poco al punto que al décimo mes del año se ubica en 15,4% cuando en ese mismo lapso de 2003 era de 22,5%, y el Producto Interno Bruto se expande a tasas aceleradas que lo ubican sobre 15%, también en el sector del empleo se observa el alcance de los objetivos macroeconómicos de la política gubernamental» (Gobierno en Línea, 25.11.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=26631).

Añadió que «cuando en los próximos días se revelen cifras de proyección del cuarto trimestre del año, se va a reflejar más claramente el crecimiento que está teniendo la economía, y lo más importante del proceso que se está dando es que se observa una disminución del sector informal y un incremento del sector formal de la economía»(Gobierno en Línea, Ídem.).

Por su lado, Jorge Botti, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), aseguró que lo que se ha producido es una recuperación de la actividad económica, pero no de las plazas de trabajo «porque lo que hemos hecho es recuperar lo perdido» (Gobierno en Línea, Ídem.). Agregó que los comercios «salvo excepciones, no han contratado más personal del que había antes del conflicto político (2003), y una baja de 15% a 13% o 12% es razonable porque ya estamos entrando en una fase donde sí hay un crecimiento real de la economía» (Gobierno en Línea, Ídem.).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A continuación presentamos un somero análisis de algunos de los 22 artículos de la reforma del Código Penal (CP) propuesta por parlamentarios del bloque del cambio, que apoya al gobierno nacional, aprobados el pasado 02.12.04, en su segunda discusión de la Asamblea Nacional.

Entre los cambios aprobados resalta positivamente la derogatoria del artículo 393 del CP vigente que planteaba la reducción de la pena a los imputados por el delito de violación en aquellos casos en que fuera cometido contra una trabajadora sexual.

Con relación al financiamiento que pueda venir de nacionales o extranjeros, el proyecto mantiene, con algunos cambios de redacción, lo establecido en el proyecto de ley y agrega un nuevo artículo (296) en el que señala lo siguiente: “el venezolano o extranjero residente en el país, que facilite directa o indirectamente a país o república extranjera, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, albergue, resguardo, le entregue o reciba de ellos sumas de dinero, provisiones de alimentos, o cualquier tipo de apoyo logístico, pertrecho de guerra o aparatos tecnológicos que puedan emplearse en perjuicio de la República de Venezuela, la integridad de su territorio, sus instituciones republicanas o desestabilice el orden social, será castigado con prisión de 10 a 15 años

Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medida alternativas del cumplimiento de la pena”.

Si bien la redacción precisa de un modo detallado el delito de conspiración, queda abierta a la discrecionalidad judicial y del Ministerio Público (MP) la posibilidad de aplicar este artículo a organizaciones no gubernamentales que reciban dinero de fundaciones y gobiernos extranjeros, pues, en estos casos, sus actividades podrían considerarse contraria a las instituciones republicanas. A juicio de Provea, el Estado debe sancionar toda acción tendiente a desestabilizar violentamente la institucionalidad, pero debe hacerlo sin que ello se traduzca en una criminalización de la disidencia y de la protesta social y/o política.

Entre los artículos aprobados se ratifica y amplia la figura del vilipendio o desacato que claramente limita la posibilidad de la crítica y del escrutinio de las distintas autoridades públicas y sus funcionarios. Los artículos aprobados consagran esta figura para el Presidente de la Republica (con sanciones que abarcan prisión de 6 a 30 meses), Vicepresidente Ejecutivo, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), diputados, Defensor del Pueblo (DP), Fiscal General, Contralor o algún miembro del Alto Mando Militar y alcaldes. En este sentido, el artículo 148 quedó redactado de este modo: “quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República o a quien está haciendo sus veces, será castigado con prisión de 6 a 30 meses, si la ofensa fuere grave, y con la mitad de ésta si la pena fuera leve. La pena se aumentará en una tercera parte, si la ofensa se hubiere hecho públicamente”.

Igualmente, el 149 incluye a otras autoridades publicas discriminándolas del Presidente al establecer penas menores en función de su categoría en el escalafón de los poderes públicos.

La catalogación de tales hechos como delictivos contraviene de modo directo lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, debidamente ratificados por el Estado venezolano y limitan de modo arbitrario el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión. Su mera inclusión en el CP establece un dispositivo que favorece la autocensura y por tanto afecta negativamente el derecho a la información y la posibilidad de expresarse libremente sobre los funcionarios. La discriminación que establece este articulado es clara, el funcionario que ofenda a un ciudadano no podrá invocar una pena parecida a la que se le aplicaría por la ofensa que él pueda hacer. Por otra parte, limita el escrutinio ciudadano de la gestión pública, afectando con ello una de las expresiones que goza con mayor protección en el sistema universal e interamericano de Derechos Humanos. La expresión política es la que goza con mayor protección dada su relevancia para las sociedades democráticas y la propia realización de los Derechos Humanos.

En otro orden de ideas, la reforma del artículo 358 quedo redactada del siguiente modo : “quien ponga obstáculos en la vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierra las comunicaciones de esas días, haga falsas señales o realice cualquier acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de 4 a 8 años. Quien cause interrupción en las vías de comunicación mediante voladuras o quien por este mismo medio, cause descarrilamiento o naufragio de un medio de comunicación, será castigado con prisión de 6 a 10 años […] Quien asalte o ilegalmente se apodere de buques, accesorios de navegación, aeronaves, transporte colectivo o de la carga que ellos transporten, sean o no propiedad de empresas estatales, serán castigados con pena de prisión de 8 a 16 años. Si para la comisión de los delitos establecidos en este artículo, concurren varias personas, la pena aumentará en un tercio […] Quien asalte un taxi o cualquier medio de transporte colectivo para despojar a sus tripulantes de sus pertenencias, será castigado con pena de prisión de 10 a 16 años.

Parágrafo único: quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho procesales de la ley, ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena”

El modo en que se describen estos tipos delictivos, que se asocian a recientes coyunturas políticas nacionales, facilita la criminalización de la protesta política y social. El aumento de las penas puede limitar la exigencia social de derechos legítimos y del mismo modo facilitar la sanción arbitraria de quienes reclaman servicios públicos, empleo decente o reivindicaciones de carácter local, entre otras exigencias. Su tipificación coincide con los gobiernos que mantienen las posiciones mas regresivas en el campo de los derechos humanos, bajo los pretextos de la lucha contra el narcotráfico, las guerrillas, el terrorismo y el orden público.

Para Provea esta apresurada reforma del CP, promovida por el oficialismo, representa una regresión en materia de legislación penal y se aparta de los principios y normas sobre derechos humanos. A su vez, constituye un acto de irresponsabilidad de la fracción política mayoritaria de la AN, pues se está obviando el paciente trabajo que desde hace 3 años realiza la Comisión Mixta Parlamentaria que trabajó en un proyecto de reforma al CP y al código de justicia militar. Tampoco toma en cuenta el proyecto presentado por el TSJ.

Tal premura hace pensar que a los diputados les interesa más imponer normas de corte represivo que, de una u otra forma, puedan minimizar la incidencia de cualquier tipo de disidencia contra el gobierno.

Finalmente, a partir de esta lectura razante de los aspectos mencionados anteriormente, Provea lamenta que este proyecto no garantice un CP moderno acorde con la integralidad y la progresividad de los derechos humanos.

A propósito de esta discusión, puede consultarse o descargarse del sitio web de Provea el documento realizado por el abogado Fernando Fernández, integrante de la Comisión Mixta Parlamentaria, que plantea comentarios sobre la reforma parcial del CP, en la dirección http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/analisiscomparativo_CP.pdf.

En una sesión extraordinaria efectuada el pasado 24.11.04 fue aprobada por mayoría oficialista de la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) y con el voto salvado del Bloque por la Autonomía Parlamentaria, en segunda discusión, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (LRSRT), (Asamblea Nacional,  24.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6286). La ley aprobada mantiene los principales elementos contrarios al contenido al derecho a la libertad de expresión que fueron cuestionados, desde el año 2000, cuando se inició el debate público sobre esta iniciativa legislativa.

Compuesta de 35 artículos organizados en 7 capítulos: Disposiciones generales, De la difusión de mensajes; De los Servicios de Radio y Televisión por Suscripción Aplicabilidad; Acceso a Canales de Señal Abierta y Bloqueo de Señales; De la Democratización y Participación; Órgano con Competencia en Materia de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; Fondo de Responsabilidad Social y Tasas; y Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

Igualmente contiene 2 disposiciones adicionales, una de las cuales define plazos de hasta 3 años para la vigencia plena del instrumento legal. Sin embargo, la entrada en vigencia de esta ley será paulatina y no todos los artículos de dicha ley entrarán en vigencia al unísono, pues se declaró una vacatio legis que culminará en marzo de 2005 (El Nacional, 25.11.04, pág. A/5).

En esta situación están las limitaciones para la transmisión de contenidos de salud, sexo, violencia y lenguaje, las cuales comenzarán a regir 3 meses después de la publicación en Gaceta Oficial. La mayoría de las regulaciones a la televisión por suscripción entrará en vigencia en 6 meses, mientras que la programación infantil obligatoria tendrá que esperar hasta diciembre de 2005 (El Nacional, Ídem.)También se establecieron diversos plazos para la aplicación de las disposiciones sobre los productores nacionales independientes, que sólo dentro de 2 años tendrán el espacio completo establecido en el texto legal (El Nacional, Ídem.).

Según otra fuente, en los 30 días siguientes a su entrada en vigencia el Ejecutivo deberá designar a sus representantes en el Directorio de Responsabilidad Social y en el Consejo de Responsabilidad Social, instancias creadas por este novel marco legal para su aplicación (El Universal, 25.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/25/pol_art_25186A.shtml).

La ley aprobada mantiene una descripción genérica para la tipificación de los hechos susceptibles de sanción, lo que favorece su discrecionalidad; mantiene la mayoría del Ejecutivo nacional en el Directorio de Responsabilidad Social y establece sanciones económicas con montos elevados y la suspensión parcial de las transmisiones, además de la revocatoria de la concesión. El monto de las sanciones, los tipos definidos y la composición del órgano sancionatorio constituyen un dispositivo que favorece los mecanismos de autocensura, lo que repercutirá negativamente en el derecho a la información de todos los ciudadanos.

En el artículo 1 se incluye a los medios públicos en el ámbito de aplicación de la ley. En el articulado que desarrolla las sanciones se incluye la imposición de multas y la suspensión de las concesiones otorgadas. La derogatoria de la concesión no aplicaría a los medios públicos lo cual establece una discriminación en la aplicación de las penas.

El artículo 2 de la ley, incluye un conjunto de principios, la mayoría de ellos, contenidos en el desarrollo de los estándares internacionales del derecho humano a la libertad de expresión y a la información, pero que se contradicen en el articulado que desarrolla las sanciones y las penas.

La ley mantiene los condicionamientos de veracidad e imparcialidad, para la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3, del artículo 3. Este tipo de condicionamientos contradice el Principio 7 de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión IDH en 108ª periodo ordinario de sesiones que establece lo siguiente: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”

El artículo 5 establece una definición de los tipos de programas: educativo, Informativo, Opinión; Informativo y de Opinión y Recreativo. En la definición de los programas informativos se reitera que estos programas son aquellos “cuando se difunde información sobre personas o acontecimientos locales, nacionales e internacionales de manera imparcial, veraz y oportuna”. Estos condicionamientos reiteran los condicionamientos a la información lo que es contrario a la doctrina del derecho humano a la libertad de expresión y a la información. Por ejemplo: en la categoría de elementos de lenguaje se establece como elementos tipo C, se incluyen manifestaciones escatológicas, que tiene al menos dos acepciones: creencias referidas a la vida de ultratumba y expresiones o anécdotas relacionadas con los excrementos. O lo referido a las expresiones que tienen un carácter soez .

El artículo 7 establece los bloques horarios para los tipos de programas. Se establece un horario para todo usuario que abarca desde las 7:00AM hasta las 7:00PM (es decir el 50% de la programación posible durante el día) Un horario supervisado que comprende entre las 5:00AM y las 7:00AM y entre las 7:00PM y 11:00PM. Un horario adulto que comprende entre las 11:00PM y las 5:00AM. La extensión horaria del horario protegido es bastante amplia y limita la posibilidad de modelos de programación especializada como el informativo e incluso es contradictorio con el condicionante de oportuna establecido en el artículo 3 de la propia ley. Un determinado suceso, que tenga componentes violentos, no podría ser informado en el horario para todo usuario, por cuanto sería contrario a las definiciones establecidas en el artículo 6. La restricción horaria establecida por periodos amplios constituye una restricción que limitaría el debate público y que tendría efectos inhibitorios entre comunicadores y medios, para expresiones política que muchas veces están llenos de intemperancia verbal y hasta descalificaciones e insultos. La expresión política es una de las que goza de amplia protección en los instrumentos y jurisprudencia en procura de un mayor escrutinio público de los funcionarios y de la importancia del debate acerca de los asuntos públicos en las sociedades democráticas.

El artículo 12, incluye una modalidad de participación ciudadana, la de los comités de usuarios y/o usuarias de radio y televisión. Este aspecto es interesante y reivindica la organización de la sociedad para desarrollar mecanismos de control social sobre los aspectos relativos a los medios audiovisuales. Entre los requisitos se establece que deben tener un número mínimo de 20 personas naturales inscritas, que no trabajen o hayan trabajado en medios de comunicación y que sean entes sin fines de lucro. Las consideraciones de número y la discriminación de pertenencia o no a un medio limitan la participación de los ciudadanos y no guardan coherencia con las posibilidades que les otorga la ley, y que pueden considerarse inherentes a todo ciudadano, sin ningún tipo de requisito previo.

El artículo 20, define la configuración del Directorio de Responsabilidad Social. La mayoría queda compuesta por funcionarios del ejecutivo nacional y tiene atribuciones en la tarea de sancionar a los medios. El Artículo 21 establece un Consejo de Responsabilidad Social, que no cuenta con atribuciones particulares y está supeditado a las consultas que realice el Directorio de Responsabilidad Social. Se establece un Fondo de Responsabilidad Social orientado a la promoción de la producción nacional, capacitación, educación crítica e investigación.

En el Capitulo VII, se desarrollan las sanciones por el incumplimiento de la legislación. La principal característica es la extensión de los tipos de violaciones y el alto monto para las multas. La lista de sanciones comprendidas en el artículo 28 abarcan 3 cuartillas, existen 47 posibles infracciones, y no están claramente establecidos los derechos de estos eventuales infractores. Dadas las definiciones, que permiten un alto componente discrecional para aplicar las sanciones y el monto elevado de las multas, su aplicación puede reducir o desaparecer a algunos medios de comunicación radioeléctricos. En esta versión se cambió la unidad de cálculo, anteriormente se utilizó las unidades tributarias, por multas en un rango que oscila entre el 1 al 2 por ciento de la facturación bruta del período fiscal anterior a la ocurrencia de los hechos.

El artículo 29 establece suspensión hasta por 72 horas para mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan apología o inciten al delito; sean contrarios a la seguridad de la Nación”. Si bien estas consideraciones están incluidas en los instrumentos internacionales su aplicación requiere que se cumplan algunos requisitos que no alcanza esta ley. Todos y cada uno de los tipos de delitos señalados deben ser desarrollados y explicitados de tal modo que no haya lugar a interpretaciones ambiguas y que puedan ser revisados por jueces imparciales, mediante procesos que permitan validar la restricción en cada caso  (Cfr. Principio 1 de la Declaración de principios de Johannesburgo sobre la libertad de expresión, Estados de Excepción y acceso a la información.]

En este caso debe hacerse de tal modo que: “cuando se exige que la restricción esté «prevista por la ley» se apunta a que dicha ley sea adecuadamente accesible, esto es que el ciudadano debe poder tener una indicación adecuada en las circunstancias de las normas legales aplicables a un caso dado, y, en segundo lugar, a que ella sea formulada con la suficiente precisión como para permitirle al ciudadano que regule su conducta, pudiendo prever las consecuencias que pueden surgir de una determinada conducta.”[ Pinto, Mónica. Libertad de expresión y derecho a la información como derechos humanos. Serie.: Estudios Básicos de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, IIDH, 2000. P. 38]

Además de ser establecidas por ley deben ser necesarias, para la consecución de tales objetivos; y deben ser proporcionales al fin buscado, esto es, no deben ir más allá de lo estrictamente requerido para la protección de los derechos de otros o del interés público involucrado. El requisito de necesidad está calificado en las convenciones, como ya se ha visto, por la referencia a una sociedad democrática. Por «necesaria» se ha entendido no que debe ser indispensable, pero sí que la restricción debe responder a una apremiante necesidad social. Debe poder demostrarse que no se puede alcanzar el fin de proteger los intereses públicos o los derechos de otros por medios menos restrictivos que los empleados. Es ampliamente aceptado el principio de interpretación en el sentido que debe imperar una presunción en favor de la libertad de expresión y de que las restricciones deben interpretarse, a su vez, restrictivamente y de acuerdo a las exigencias de una sociedad democrática.[Cfr. HRW. Informe sobre Libertad de Expresión en Chile, 1998.]

La aplicación del artículo 29, sin un desarrollo que explicite de modo expreso el contenido de la regulación referida a los aspectos señalados y con el carácter que tiene el organismo sancionador, que es dependiente casi exclusivamente del ejecutivo nacional, implica un amplio poder discrecional que no advierte a los ciudadanos las implicaciones de determinados actos o expresiones, que al no estar definidas previamente responderían al libre albedrío de los funcionarios responsables de sancionar.

En el artículo 33, se desarrolla la posibilidad de aplicación de medidas cautelares por parte de Conatel. Dada la vaga definición de los tipos sancionables y el aumento de la discrecionalidad, dado que esta medida se aplicaría sin la decisión del Directorio de Responsabilidad Social, se incurre en un tipo de censura previa. La ejecución de tales medidas permite que este funcionario puede ordenar, de forma anticipada, a un medio de comunicación que se abstenga de emitir un programa, promoción o publicidad, si se presume que éste contenido promueve o incita a la guerra; promueve o incita a alteraciones del orden público; promueve o incita al delito; sea contrario a la seguridad nacional o sea anónimo. El funcionario podrá actuar por iniciativa propia o por petición de alguien.

El proyecto de ley no desarrolla aspectos sustanciales del derecho humano a la libertad de expresión y a la información relacionados con la responsabilidad social como el derecho de rectificación, replica y/o respuesta. Este derecho de todos los ciudadanos debe ser exigible de modo directo ante los medios públicos o privados y requiere de un desarrollo normativo que facilite su realización. Por otra parte no desarrolla criterios asociados a la concentración de la propiedad y el monopolio de los medios y no establece mecanismos transparentes y democráticos en la asignación de las concesiones de frecuencias que incluyan entre los criterios de otorgamiento el desarrollo de planes de responsabilidad social. Planes y proyectos que podrían ser evaluados con la participación de las comunidades que constituyen las audiencias potenciales de los medios.

El pasado 25.11.04, se instaló la Comisión Especial para Impulsar la Ley contra Actos de Naturaleza Terrorista designada por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), que se encargará de la redacción de la Ley Contra el Terrorismo. La misma está presidida por el diputado Calixto Ortega (Movimiento Quinta República/MVR) y está conformada por 13 diputados y diputadas. (Asamblea Nacional, 25.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6290).

Esta medida fue anunciada días antes por el diputado Nicolás Maduro (MVR), quien señaló que dicha comisión tendrá la tarea de estudiar mecanismos para enfrentar el terrorismo, entre los que  pudiera contemplarse “el funcionamiento de jueces y fiscales sin rostro” (Asamblea Nacional, 24.11.04,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6279).

En esa ocasión, Maduro aseguró que los diputados integrantes del Bloque del Cambio “están dispuestos a enmendar la Constitución, si es necesario, a fin de establecer mecanismos efectivos para combatir de manera enérgica los hechos terroristas que se han venido registrando en el país” (Asamblea Nacional, Ídem.), aunque reconoció que, hasta los momentos, “no hay una propuesta concreta en este sentido” (Asamblea Nacional, Ídem.).

Maduro también explicó que dicha enmienda no pasaría “por la posibilidad de establecer la pena de muerte ni violar el debido proceso, el estado de derecho y las libertades individuales” (Asamblea Nacional, Ídem.).

Asimismo, el parlamentario aseguró que, por la premura del caso Anderson, aprobarán la reforma del Código Penal que ha venido trabajando la diputada Iris Varela en su condición de vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales: “lo que queremos es que en pocos días estemos aprobando una serie de leyes antiterroristas, ubicar todos los elementos que vamos a reformar, tanto en la Constitución como en el Código Penal, y anunciarle al país, lo más tardar la próxima semana, el conjunto de reformas que vamos a impulsar en ese sentido” (Asamblea Nacional, Ídem.).

También la diputada Cilia Flores (MVR), se pronunció por una enmienda constitucional que aumente la pena máxima de 30 años de presidio en casos de terrorismo, aunque a su parecer esa posibilidad tendría que ser discutida con todos los sectores del país (Aporrea, 29.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53189).

Maduro informó, además, sobre la activación de un “modelo de Inteligencia Social [que pueda] colaborar con los cuerpos de seguridad” (Asamblea Nacional, Ídem.) en la resolución de casos de terrorismo como el que provocó la muerte del fiscal Danilo Anderson el pasado 18.11.04. Uno de los lineamientos principales de estos grupos de inteligencia social establece que “la seguridad del país ya no reposa solo en el Estado, sino en los ciudadanos comunes y corrientes”, explicó Maduro a la fuente.

Ante la propuesta que abogaba por la conformación de jueces y fiscales sin rostro, Isaías Rodríguez, Fiscal General del Ministerio Público (MP), descartó esta posibilidad (Aporrea, 23.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53000); mientras que el Tribunal Supremo de Justicia planteó como medida ubicar en el ámbito de la acción antiterrorista a un conjunto de jueces de control y de tribunales de apelación (Asamblea Nacional, 24.11.04, Op. cit.).

Por su parte, Ortega recordó que “en la Asamblea ya hay un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros y también hay un proyecto de ley que presentó el diputado Carlos Tablante al cual se le dio aprobación en primera discusión” (Asamblea Nacional, 25.11.04, Op. cit.).

“Realizaremos una consulta más amplia que convoque a los expertos nacionales extranjeros, a las universidades, institutos jurídicos y especializados que han discutido el tema, para que podamos enfrentar la lucha contra el terrorismo sin que signifique en modo alguno disminuir las libertades y el carácter progresivo que tiene la Constitución en materia de derechos humanos” (El Nacional, 26.11.04, pág. A/4), comentó el parlamentario.

En este sentido, cabe destacar que “aun cuando la AN sancionó el 11.09.02 la Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con Bombas, y el 25.09.03 la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, todas con carácter supranacional, el Código Penal venezolano vigente no lo prevé y el proyecto de Ley Especial sobre Actos de Naturaleza Terrorista que estudiaba la Comisión Permanente de Política Interior fue ‘engavetado’, aunque desempolvado después del 18 de noviembre” (Aporrea, Ibíd.).

Con relación al bosquejo del nuevo instrumento legal, Ortega descartó la incorporación en la nueva legislación de la extradición de connacionales por estar prohibido en el artículo 69 de la Constitución, el cual reconoce y garantiza el derecho al asilo y al refugio; y “sólo se incorporarían mecanismos que hagan expedito que terroristas extranjeros sean entregados a la justicia de su país si se comprueba que han participado en actos inhumanos o, en caso contrario, sean traídos en un lapso no mayor a tres o cuatro años, si incurren en un hecho de este tipo en territorio nacional y huyen al exterior” (El Nacional, 30.11.04, pág. A/2).

En otro orden de ideas, Tablante comentó que el Ejecutivo Nacional ha consignado en el parlamento una iniciativa jurídica que, a su juicio, considera como delito la disidencia política: «quería, por ejemplo, tener el derecho para intervenir las llamadas telefónicas, sin una autorización de un tribunal, cuestión que es inconstitucional e inconveniente. Pretendía, además, castigar a todo el que dificulte el trabajo en las industrias estratégicas o origine zozobra, y establecía un pago de 1 millardo de bolívares a quienes ofrecieran información sobre acciones terroristas» (El Nacional, Ídem.).

Señaló la fuente periodística que la comisión evaluarán la inclusión en el proyecto de ley de 4 nuevos aspectos: la creación de una policía especial o departamento de investigación con ramificaciones en los estados; la coordinación central de la información nacional o internacional; el control aduanero de las armas a través de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada y, por último, un dispositivo que inste a la Dirección de Identificación y Extranjería a realizar una mayor vigilancia e inspección de las inmigraciones.

Provea reitera que el Estado tiene el derecho y el deber de defenderse contra el terrorismo y adoptar todas las medidas que considere adecuadas para preservar la democracia y la seguridad ciudadana. Sin embargo, desea recordarle a los órganos, entes y funcionarios que tienen la responsabilidad de actuar con pleno respeto a las normas constitucionales y al derecho internacional de los derechos humanos.

Por tal razón, condenamos las propuestas que apuntan a establecer en el país jueces y fiscales sin rostro. Conviene recordar que, bajo esa modalidad de administración de justicia en el Perú de Fujimori y en Colombia, se cometieron todo tipo de atropellos y fue sólo después de una larga lucha de las organizaciones populares y de derechos humanos y de pronunciamientos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que fueron eliminados estas figuras.

En Perú, mediante ley, se anularon todos los juicios que fueron desarrollados bajo esta modalidad y actualmente se realizan nuevos procesos. 

En Venezuela, el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución, expresamente establece que «ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto».

Quienes proponen enmiendas a la Carta Magna para imponer jueces y fiscales sin rostro están desconociendo que tal reforma significaría una situación de regresividad y sería un acto contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Llama la atención de Provea que estas propuestas hayan surgido de voceros oficialistas (antiguos dirigentes sociales) que en el pasado se solidarizaron con los pueblos de Perú y Colombia contra las arbitrariedades del Estado y hoy pretendan importar normas jurídicas de regímenes represivos y violadores de los derechos humanos, que finalmente fueron suprimidas producto de la lucha popular.

Sobre los problemas del terrorismo y los derechos humanos, Provea recomienda la lectura del Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en el año 2002, el cual puede ser consultado en el Centro de Documentación Todos los Derechos para Todos (centrodocumentacion@derechos.org.ve), de Provea o en el sitio web de la CIDH, en la dirección: http://www.cidh.oas.org/Terrorism/Span/indice.htm

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz,  el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas han presentado distintas observaciones y exhortos ante los recientes hechos, especialmente los que han derivado en muertos y heridos, resultado de los procedimientos policiales dirigidos a esclarecer los hechos que provocaron la muerte, el pasado 18.11.04, del fiscal Danilo Anderson en un atentado terrorista.

Alfredo Ruiz, coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, subrayó la importancia que tiene “para llegar a la verdad y para tranquilidad de la sociedad en general, que se respeten los derechos humanos y en especial las garantías al debido proceso establecidas en los artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, ninguna persona puede ser detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti; toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados, abogadas y personas de confianza; los familiares tienen el derecho de ser informados sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida y los motivos de la detención; ninguna persona puede ser incomunicada o sometida a torturas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso […] y además, por ser una violación a los derechos humanos, deben ser sancionados quienes incumplan estos principios, ya que podría favorecer la impunidad” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 26.11.04, redapoyo@cantv.net). 

Por su lado, COFAVIC y la Vicaría de Derechos Humanos instaron al Gobierno Nacional “a realizar las investigaciones […] con respeto a los derechos humanos” (El Universal, 29.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/29/pol_ava_29A511853.shtml) y señalaron que «es sumamente preocupante que la respuesta del Estado a esta atrocidad traiga también otras imágenes de hechos degradantes y gravísimas violaciones a los derechos humanos en nombre de la «búsqueda de la justicia y la verdad» (El Universal, Ídem.).

Aseguraron que «hoy menos que nunca, Venezuela no puede optar por negar a los derechos humanos su importancia fundamental […] la lucha contra la tortura, los malos tratos, la impunidad y las violaciones de los derechos de los detenidos exigen un compromiso absoluto y permanente […] Aunque la lucha contra el terrorismo entraña desafíos y amenazas complejas, lo cierto es que no puede colocarse ningún Estado democrático en el camino de violar derechos fundamentales en nombre de la seguridad nacional o la lucha antiterrorista. Los Estados democráticos deben condenar los abusos contra los derechos humanos sin reservas. Las más altas autoridades del Estado deben dejar claro a todos los miembros de la policía, la fuerza armada y otras fuerzas de seguridad que bajo ninguna circunstancia alegada se tolerarán la tortura, los malos tratos, las desapariciones forzadas de personas, la impunidad o las violaciones de los derechos de los detenidos» (El Universal, Ídem.).

Las organizaciones recomienda al Estado hacer «una clara separación entre las autoridades de investigación y quienes practiquen las detenciones y todas las condiciones de reclusión deben cumplir estrictamente las normas internacionales suscritas por el Estado venezolano» (El Universal, Ídem.).

Provea comparte los anteriores señalamientos y subraya que la lucha contra el terrorismo debe estar enmarcada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en especial a la garantía para toda persona sometida a la autoridad y control del Estado, a la recibir un trato humano digno, a la prohibición de utilización de métodos de interrogatorios que puedan constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a que se respeten todas las garantías del debido proceso y un juicio justo. Igualmente es necesario que, en los procedimientos efectuados por los agentes policías, éstos se encuentren identificados.

Asimismo, Provea espera que la decisión de los fiscales con competencia nacional Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza responsables de las investigaciones por parte del Ministerio Público (MP), hecha pública el 02.12.04, de «quitarle a la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el expediente del caso [Anderson], porque […] están inconformes con las actuaciones que adelantan los funcionarios de esa dependencia» (El Nacional, m02.12.04, pág. B/24), implique un giro favorable que marque distancia con los eventos que han rodeado los procedimientos activados por los cuerpos policiales a cargo de las investigaciones y que a continuación se presentan narrados de forma sucinta a partir de una investigación hemerográfica.

Resumen de los hechos

Tras infructuosas búsquedas en distintos cuerpos de seguridad, el 21.11.04 Carmen Medina acudió ante el MP para denunciar la presunta desaparición de su marido, el ex funcionario policial Juan Bautista GUEVARA, quien fuera aparentemente detenido el 20.11.04, a las puertas de su residencia y a la vista de vecinos de la urbanización Puente Ventura (El Universal, 30.11.04, pág. 1/2), por funcionarios del CICPC, que lo habrían “seguido, interceptado, sometido y golpeado” (El Nacional, 01.12.04, pág. B/23).

Ante las denuncias hechas por Medina, el 23.11.04 Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, admitió que Guevara estaba siendo interrogado desde el 20, “como parte del proceso de investigación por la muerte de Danilo Anderson” (El Universal, 24.11.04, pág. 1/2).

Medina solicitó apoyo legal del abogado Antonio López CASTILLO, quien el 23.11.04, en un operativo realizado por una comisión del CICPC en una zona altamente transitada de la ciudad de Caracas, fallece junto con el inspector Luis Alberto PAVÓN (Aporrea, 23.1.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=52994). El primero, como producto de los impactos de bala recibidos en el enfrentamiento que entabló con esta comisión y el segundo, por las heridas provocadas cuando fue arrollado por el automóvil de López Castillo al momento de interceptarlo en el operativo. Otro funcionario del mismo cuerpo de seguridad también resultó herido de bala en el mismo suceso.

A minutos de ocurrido el hecho fue detenido el abogado René MENDIZÁBAL, compañero de trabajo de López Castillo quien se apersonó en el lugar de los hechos al conocer la situación que ocurría cerca de donde ambos trabajaban.

Los efectivos que lo detuvieron no le indicaron la causa de la medida y lo condujeron a la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) sin que pesara sobre él orden alguna. Luego de varias horas de su irregular retención (se le negó a su esposa su presencia en la sede de este cuerpo policial y se le negó información sobre su paradero) y de un interrogatorio informal (no se le tomó declaración), fue liberado.

Poco después del enfrentamiento con López Castillo, otra comisión de la DISIP practicó un allanamiento en la vivienda del abogado, en la que encontraron explosivos, granadas fragmentarias y un arsenal de armas largas, según destacó Jesse Chacón, titular del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) (Aporrea, 23.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53008).

Similar procedimiento lo practicaron agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en el escritorio de abogados De Sola Pate, donde laboraba López Castllo, sin orden judicial ni la presencia de fiscales

López compartía su residencia con sus padres, la ex senadora Haydée Castillo y Antonio López Acosta los cuales fueron detenidos y trasladados al Palacio de Justicia, donde se les imputó la presunta comisión de los delitos de ocultamiento de armas de fuego y explosivos, previstos en los artículos 278 y 297 del Código Penal por las fiscales 19 y 46 auxiliar del área metropolitana de Caracas, Yoneiba Parra y Liduzka Aguilera (El Nacional, 26.11.04, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=52630).

Los esposos López Castillo, sexagenarios ambos, fueron trasladados esposados por funcionarios de la CICPC y presentados ante el juez 34 de Control del área metropolitana de Caracas Maikel Moreno. La medida de trasladarlos esposados fue duramente criticada por sectores políticos de la oposición y del gobierno. A este respecto, José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República, apuntó que fue “un exceso haber colocado esposas a Haydée Castillo de López y a su esposo, Antonio López Acosta, pero se trata de una norma policial para todo el mundo en Venezuela [que] debe ser abolida o debe ser aplicada de acuerdo con las circunstancias” (Diario 2001, 26.11.04, pág. 8).

Tras solicitud del MP, el juez Moreno otorgó medidas sustitutivas de libertad a favor de los imputados en vista de su avanzada edad. Igualmente, el tribunal acordó la presentación periódica cada 30 días y la prohibición de ausentarse del área metropolitana (El Nacional, Ídem.).

Marco Antonio Rodríguez, abogado defensor de los esposos López Castillo, señaló que apelará la sentencia pues “no existen elementos que inculpen a sus defendidos como autores o coautores, del atentado contra Danilo Anderson” (El Nacional, Ídem.).

Indicó, además, que se violaron los procedimientos legales para la detención de los padres de Ló