09 de diciembre de 2005

Boletín electrónico Nº 165

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años, para de la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.

Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.

Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/1presentacion.pdf, y en caso de estar interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e: publicaciones@derechos.org.ve o a los teléfonos: 0058 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69.

NOTA DE PRENSA

En la presentación de su XVII Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Octubre 2004/Septiembre 2005), efectuada esta mañana, voceros de Provea explicaron que coexisten en el país tendencias democratizadoras junto a déficit democráticos, que impactan sobre los derechos humanos.

Carlos Correa, Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), explicó que en el período analizado, junto a factores positivos como la bonanza petrolera y la reducción de las expresiones más virulentas de la polarización, existen acciones estatales que apuntan a una democratización del modelo de sociedad, orientadas a superar la discriminación estructural de los sectores populares y a ampliar su participación en la distribución del poder y la riqueza social. Entre esos factores, con impacto en materia de derechos humanos, citó “el aumento del gasto social, una reivindicación del rol del Estado en la garantía de los derechos sociales, y el estímulo a la organización y participación popular, aunque con ambigüedades entre autonomía y clientelismo”.

Pero, al mismo tiempo, señaló que existen otros factores que actúan en sentido contrario, expresando déficit democráticos con negativos impactos sobre los derechos humanos. Entre ellos, “la intolerancia y el personalismo en el estilo político de las nuevas élites, la debilidad institucional, la corrupción, la ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales, la discriminación por razones políticas, la reforma regresiva del Código Penal y la ampliación de la visión militar y de seguridad a múltiples ámbitos de la agenda política, lo que fortalece una visión reducida y polarizada de la realidad”.

Esta investigación examina 18 derechos humanos, divididos entre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Derechos Civiles y Políticos (DCP). En relación con los primeros, Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea, reivindicó como positivo “la disminución del desempleo, el aumento del poder adquisitivo del salario, del consumo de alimentos y del sector formal de la economía, la ampliación de la cobertura de atención primaria en salud a través de Barrio Adentro, el incremento de la matrícula escolar en todos los niveles, la erradicación del analfabetismo, la continuidad de la democratización de la tierra urbana y rural y las amplias posibilidades de participación popular, con incidencia efectiva, en materia de derecho a la vivienda, hábitat y agua, de los Comités de Tierras Urbanas (CTU) y las Mesas Técnicas de Agua (MTA)”. Estos avances, contrastan con retrocesos en materia de DESC: “por tercer año consecutivo el Ejecutivo no avanzó en el diseño de la nueva institucionalidad de la seguridad social señalada en la nueva ley; la red hospitalaria acusa graves deficiencia presupuestarias, lo que se traduce en falta de personal, equipos, insumos y medicamentos, que se le cargan a la población pobre; los asesinatos de dirigentes campesinos que luchan por su derecho a la tierra por actores privados, sin que el Estado logre garantizar seguridad y justicia; el retraso en la demarcación de los territorios indígenas y su grave situación de salud, aún peor que la del resto de la población excluida; y la continuidad de entrega de concesiones a empresas transnacionales para proyectos desarrollistas altamente destructores de las cosmovisiones indígenas y el ambientes”.

En esta presentación, la organización abundó particularmente en el derecho a la Vivienda, sobre el que realizó un Informe Especial. Explica Alvarado que “de las 5 millones de viviendas ocupadas, 60% requiere de algún tipo de atención. De estas, 80% requiere mejoramiento, y apenas 20% serían nuevas unidades a construir. Sin embargo, el Estado continúa enfocando sus principales acciones hacia la construcción de nuevas viviendas, lo que es aupado por las empresas constructoras, cuando la prioridad es mejorar las existentes”. La propuesta de los CTU de basar las políticas de mejoramiento en experiencia sociales con apoyo oficial, a través de los Centros de Participación para la Transformación del Hábitat, resulta de gran valía a juicio de Provea.

En cuanto a los DCP, Carlos Correa, destacó la reducción del número de denuncias de violación al derecho a la vida (30%), a la integridad personal (5,6%) y a la manifestación pacífica (1,3% del total de manifestaciones). Las reducciones en manifestación expresan una voluntad clara de no reprimir, pero las ocurridas en vida e integridad, explica Correa, son “más producto de la inercia institucional que de una reforma estructural de los cuerpos de seguridad. Por el contrario, más allá de las medidas de ‘depuración’ de los organismos, centradas en las personas y no en las instituciones, no existen medidas orientas a identificar y afectar toda la serie de factores, internos y externos a la institución, que convierten a un ser humano normal en un policía que asesina”. Por su parte, el derecho a la libertad personal experimentó un 20,6% de aumento en el número de violaciones, siendo particularmente grave el registro de 17 casos de desapariciones forzadas. Negativo fue, también, el aumento de la violencia carcelaria en 2005, cuando en el primer semestre hubo 204 víctimas mortales.

En el Sistema de Administración de Justicia (SAJ), explica Correa, destaca como grave “la continuidad de procesamiento a civiles en la justicia militar y la reforma al Código Penal, cuya mejor adjetivación es la de ‘reaccionaria’, pues hecha obviando los proyectos de la propia Comisión de la Asamblea y del TSJ, reacciona a situaciones generadas por la confrontación política (Guarimbas, cacerolazos, etc.) y crea tipos penales inconstitucionales”. Por otra parte, aunque aumentó el presupuesto del SAJ, éste continúa siendo insuficiente y, por tanto, generando una mora procesal permanente. Adicionalmente, continúa una altísima proporción de jueces provisorios, lo que debilita la autonomía de los operadores de justicia.

Los voceros de la organización recuerdan que el movimiento de derechos humanos viene planteando la necesidad de que el Estado elabore, junto a la sociedad, un Plan Nacional de Derechos Humanos “que permita construir políticas específicas para cada derecho, orientadas a afectar los factores estructurales que inciden en su ocurrencia”.

Finalmente, la organización invita a todas las personas interesadas a consultar y/o descargar en su sitio web: http://www.derechos.org.ve la versión digital de este informe o adquirirlo por el correo-e: publicaciones@derechos.org.ve o por los teléfonos: 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69 (Provea, 08.12.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np091204.pdf).

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La situación de los derechos humanos que se analiza en este Informe, al igual que en los últimos cuatro años, sucede en el contexto de la lucha hegemónica venezolana, que incluye, aunque trasciende, la lucha por el control del aparato estatal y la administración de la renta petrolera. Se trata de una lucha por imponer una visión del mundo y un modo de organizarse la vida en sociedad [1]. La firma Hinterlaces, de análisis de opinión, la define como “…una disputa social y simbólica por redefinir la democracia, el desarrollo y las relaciones sociales […] es principalmente una lucha por la interpretación y la significación. Mientras las elites -y también las clases medias-, pugnan por imponer sus propias nociones de democracia y ciudadanía, las mayorías populares, chavistas y no-chavistas, están refutando y resignificando esas mismas concepciones. Si bien el chavismo tiene una influencia importante en la nueva interpretación que surge de la inédita experiencia política de los sectores excluidos, está lejos de imponer su hegemonía como visión compartida, plural y unificadora de los distintos intereses de la sociedad venezolana” [2].

El momento actual de esa lucha está marcado por la fortaleza del proyecto gubernamental, que es consecuencia de su triunfo en el referéndum revocatorio (RR) del 15.08.04 [3] y en las dos elecciones subsiguientes [4], de una importante bonanza petrolera que impacta positivamente en la economía y en la reducción de las expresiones más virulentas de la polarización.

En este período se redujeron las víctimas de la violencia política, registrándose, al menos, 7 muertes [5], contra 24, del período anterior. Por otra parte, mientras que en los dos Informes anteriores, el porcentaje de protestas violentas (vinculadas o no con el conflicto político) fue de 19,4% (2003) y 17,3% (2004), en este fue de 7,6%, en un escenario de disminución sustancial de las manifestaciones motivadas por el conflicto político (apenas el 3% del total de manifestaciones). No obstante, conviene destacar que la lucha hegemónica transcurre aún de manera polarizada. Sus expresiones son menos visibles (en los medios de difusión masiva o en las manifestaciones de calle), pero no inexistentes. Por ello, no es descartable que el conflicto vuelva a expresarse de forma cáustica, con su consecuente incremento en los abusos de poder desde el Estado y las vías ilegales e insurreccionales desde sectores de la oposición, a lo que hay que agregar, dada la escalada retórica de la confrontación y algunas decisiones de la administración Bush adoptadas en este período, distintos tipos posibles de intervenciones indebidas de los EEUU [6]. Todo ello impactaría negativamente en la situación de los derechos humanos de la población, tal como ha ocurrido en los últimos 4 años.

Resulta relevante para dibujar el contexto del período cubierto por este Informe, explorar brevemente lo que ha ocurrido con los principales actores en pugna (que en ningún caso son homogéneos), pues los cambios en sus composiciones, discursos y tácticas políticas, definen las características del conflicto [7].

En cuanto a la oposición, tanto la social como la política, según señala un análisis realizado por la firma de análisis de opinión Alfredo Keller, sus reacciones post-referéndum se dividen en: a) abandono de la lucha (que osciló entre el 15% y el 43% entre el 1º y el 2º trimestre de 2005), b) reestructuración de la lucha (entre el 55% y el 25% entre el 1º y el 2º trimestre de 2005) y c) radicalización de la lucha (entre el 30 y el 32% entre el 1º y el 2º trimestre de 2005) [8]. A cada una de estos tipos de reacciones, según el análisis de Keller, se le relacionan determinadas acciones: a) negociación [9], sumisión, migración [10] y anomia; b) planificación de escenarios electorales, definición de liderazgo [11] y de visión alternativa y c) continuidad de denuncias de fraude, desobediencia civil [12] y conspiración.

En el período analizado desapareció la Coordinadora Democrática (CD, coalición de partidos y ONG de oposición), algunos medios privados de comunicación y gremios empresariales disminuyeron su rol en el liderazgo de la oposición y, tendencialmente, los partidos políticos retomaron su papel, aunque en una situación de debilidad, luego de las consultas populares de 2004 y 2005. Debilidad que, sin embargo, no debe confundirse con ausencia de capital político. El propio Presidente de la República ha señalado, en un acto con sus partidarios, refiriéndose a la oposición: “esta gente sacó 4 millones de votos [lo que representa el 40,6% de los votos del RR], no crean que es para sentirnos victoriosos” [13].

En cuanto al gobierno, conviene separar en términos analíticos a los actores políticos e institucionales y las bases sociales. No sólo porque, como señala Hinterlaces, “…el chavismo organizado no ha logrado convertirse todavía en la dirección ideológica y política de los chavistas y simpatizantes, que le permita `gerenciar´ el amplio movimiento social que está emergiendo por el impulso del discurso presidencial y el respaldo del gobierno” [14]; sino porque, incluso, existen importantes reservas y críticas en ese movimiento frente a las organizaciones políticas [15] y la gestión del gobierno. Esta doble relación (afecto/cuestionamiento) es posible por el cuño personalista del proceso político [16], que permite, en el imaginario de buena parte de las bases de apoyo, separar a Chávez y al proyecto, de su equipo o entorno [17].

Ante la debilidad de la oposición en los lugares en donde habitan los sectores populares, son los propios sectores que apoyan al gobierno [18] quienes hacen una oposición de facto a la gestión gubernamental, cuando esta tiene un deficiente desempeño [19]. Un dato relevante que permite ilustrar esta afirmación es que pese a la reducción de la intensidad de la lucha hegemónica, en este período no disminuyó el número de manifestaciones. Por el contrario, aumentó de 1.255 a 1.534 manifestaciones. Quienes protestan son fundamentalmente los sectores populares, por lo que cabe suponer que existe una importante cantidad de personas afectas al gobierno entre las que manifiestan [20]. La motivación fundamental de la protesta es la exigencia de sus derechos sociales (74,8%), frente al Estado.

La incidencia de esta presión es, por ahora, básicamente local. Aunque cabe destacar que en el período se realizaron dos acciones de protesta de carácter nacional, protagonizadas por grupos mayoritariamente afectos o simpatizantes de la alianza de gobierno, con un discurso muy crítico: una realizada por pueblos indígenas del estado Zulia junto a ecologistas, medios de comunicación comunitarios y otros grupos populares (31.03.05); la otra, por organizaciones campesinas (11.07.05), con apoyo de movimientos populares urbanos. Uno de los comunicados de esta última manifestación señalaba: “Marchamos contra la corrupción y contra la vieja forma de gobernar que aún están presentes en la revolución y que la amenazan tanto como los gringos. Marchamos contra las nuevas elites de los nuevos partidos, que han desviado el camino de la revolución bonita…” [21].

Vinculado con el punto anterior, es evidente que al disminuir el conflicto con la oposición, se hacen más visibles las diferencias y tensiones dentro de las fuerzas y sectores que apoyan el proyecto gubernamental. Se trata de conflictos internos, de signos muy disímiles; entre ellos: manifestaciones de las bases de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) exigiendo elecciones; protestas de organizaciones de base y pequeñas agrupaciones políticas por el modo poco democrático de la designación de candidatos para las elecciones regionales, parroquiales y de concejales; cuestionamiento a la visión desarrollista que representa la explotación minera de empresas transnacionales en la Sierra de Perijá (estado Zulia); cuestionamientos a la conducción represiva del comandante del Teatro de Operaciones Nº 1 (Edo. Apure) y de otros componente de la Fuerza Armada Nacional en el sur del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia); críticas públicas a la presencia del capital transnacional en sectores financieros, de energía y telecomunicaciones que contrastan con el discurso de soberanía nacional; reivindicación de la autonomía de los movimientos populares frente a la “burocracia estatal” y las “nuevas élites”; movilizaciones en denuncia de la impunidad de los asesinatos de más de 100 campesinos por sicarios presuntamente pagados por terratenientes; cuestionamientos a la directiva de Venezolana de Televisión (VTV), el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y al propio Presidente de la República por el modo en que manejaron el conflicto con el analista internacional Walter Martínez, conductor del programa Dossier [22]; tensiones, menos visibles, entre un sector militar del gobierno (que incluye tanto a militares activos, como a retirados, entre los cuales el gobernador Diosdado Cabello es la figura más conocida) y un sector civil, que subraya su identidad de izquierda [23]. Hasta ahora, estas tensiones han tenido en la figura de Chávez un fuerte contenedor, pero no cabe duda de que se comienzan a perfilar tendencias internas que expresan contradicciones relevantes.

En cuanto al Gobierno propiamente, en este período, y luego del RR, subrayó sus líneas estratégicas anteriores [24] y asumió el lanzamiento de una “nueva etapa”. El 12.11.04, en un taller en el Teatro de la Academia Militar, con los alcaldes, gobernadores, ministros y diputados de las fuerzas que lo apoyan, el Presidente presentó 10 objetivos “que van a guiar toda la estrategia de esta nueva etapa” [25], hasta diciembre de 2006, fecha de las elecciones presidenciales. Los objetivos señalados son:

  1. Avanzar en la conformación de una nueva estructura social “dándole poder a los pobres”, “Consolida[ndo] las misiones” y fortaleciendo la política social más allá de las misiones;
  2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional del gobierno;
  3. Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular, que implica, entre otras, “Profundizar la democratización de los partidos políticos”, “Construir organización“, estimular el “diagnóstico participativo”, el “presupuesto participativo” y la “contraloría social”;
  4. Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado, haciendo una “guerra contra la burocratización”;
  5. Nueva estrategia integral y eficaz contra la corrupción;
  6. Desarrollar la nueva estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2006;
  7. Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico, que implica “Trascender el modelo capitalista”, objetivo a largo plazo que “tiene mucho que ver con la Misión Vuelvan Caras, el Ministerio de Economía Popular”;
  8. Continuar instalando la nueva estructura territorial, que “tiene que ver con los ejes de desarrollo” y con la “guerra contra el latifundio”;
  9. Profundizar y acelerar la conformación de una nueva estrategia militar nacional, que implica construir un “Nuevo Pensamiento Militar venezolano [que borre] todo vestigio de la inyección que nos hicieron o nos aplicaron de la doctrina imperialista”, “Aumentar la preparación y eficacia de la Fuerza Armada Nacional y consolidar su unidad, la Unidad Cívico Militar […] la incorporación del pueblo a la defensa nacional a través de la reserva militar”, “Desarrollar la industria militar“ y la “integración militar latinoamericana”;
  10. Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar.

De estos objetivos, la política social (a través de las Misiones y de los propios mecanismos ministeriales), la nueva estrategia militar, el debate sobre el “socialismo del siglo XXI” y la propiedad privada [26] y el aumento de la confrontación con EEUU, que apunta a una profundización del discurso de izquierda, se convirtieron en los temas que marcaron la conflictiva agenda política del período.

En relación con el comportamiento estatal, existen elementos contradictorios en cuanto a su consistencia con principios democráticos e impacto sobre los derechos humanos. Mientras, por una parte, existen acciones que apuntan a una democratización del modelo de sociedad, orientadas a superar la discriminación estructural de los sectores populares y a ampliar su participación en la distribución del poder y la riqueza social; por otra, existen otras tantas que actúan en sentido contrario, expresando rasgos autoritarios vinculados con la institucionalidad del Estado.

Entre los elementos positivos o democratizadores, con impacto en materia de derechos humanos, se encuentra una mayor distribución de la riqueza, entre otras vías, a través del aumento del gasto social; un estímulo a la organización y participación popular [27]; una reivindicación simbólica y cultural de lo popular que constituye una forma de discriminación positiva; una reivindicación del rol del Estado como regulador y protector de los sectores vulnerabilizados, lo que implica, entre otras, medidas que limitan la ideología del mercado y que subrayan los derechos sociales; una reivindicación del derecho a la autodeterminación, en un escenario de impulso a la multipolaridad internacional.

Entre los elementos que suponen déficit democráticos, se encuentran la intolerancia en el estilo político de buena parte de las élites dirigentes, en particular del Presidente Chávez [28]; el personalismo del proceso político y del gobierno, que lo hace, en buena medida, dependiente de la suerte y de la voluntad de una persona (Chávez) y que limita el fortalecimiento institucional y la ampliación democratizadora del poder popular [29]; la corrupción administrativa, reconocida por las cabezas de los poderes públicos, pero sin la adopción de mecanismos sustantivos para combatirla [30] ni la muestra de resultados relevantes; la ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales, producto, en parte, de designaciones de las cabezas de Poderes Públicos al margen de los mecanismos establecidos en la Constitución, tal como ocurrió con la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que facilitó un nombramiento de magistrados que lucen poco independientes del Poder Ejecutivo [31]; la reforma regresiva, conservadora e inconstitucional del Código Penal, que viola algunas garantías de los derechos a manifestar [32] y a la libertad de expresión y opinión política, y aumenta los delitos con penas privativas de libertad, a contravía de las tendencias más democráticas y progresistas; la discriminación laboral fundada en razones de orientación política, en particular, por la aparición y utilización de lo que se conoce como “La Lista de Tascón”, que incluye los nombres y números de cédula de las personas que firmaron para solicitar el RR; la realización de procesos penales originados en interpretaciones amplias del Código Penal que, por presentar notables vicios procesales, dejan ver reales motivaciones políticas; la difusión de discursos que presentan las políticas sociales y otros mecanismos de distribución de la riqueza como dádivas o producto de la buena voluntad de los gobernantes y no como derechos de toda la población; y, finalmente, la ampliación, en la esfera pública, de una visión militar de la seguridad .

Se trata de una variedad de temas, la mayoría de los cuales son analizados en diversos capítulos de este Informe. Se examinan a continuación, de manera general, apenas dos de ellos, que tienen un efecto globalizador: a) la distribución de la riqueza y b) la seguritización [33] militar de la política.

Distribución de la riqueza y efecto sobre los derechos humanos y la Democracia

Una distribución del ingreso que apunte a superar las inequidades sociales es un componente esencial de la democracia, con gran impacto sobre los derechos humanos por apuntar a la superación de la vulneración estructural del derecho a la no discriminación de las mayorías excluidas. Así lo han reconocido diversas instancias y mecanismos de Naciones Unidas, especializadas en derechos humanos [34]. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, ha subrayado “los vínculos intrínsecos entre el disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y la aspiración a una distribución más equitativa de los recursos económicos dentro de las naciones y entre ellas [y ha denunciado que] la concentración de la riqueza constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos” [35].

Lamentablemente no se encuentran disponibles indicadores de impacto actualizados, tales como el índice Gini de desigualdad o la magnitud del destino del ingreso hacia el trabajo o hacia la propiedad. Sin embargo, sí existen indicadores de proceso, tales como el crecimiento de la economía, el comportamiento del gasto social y algunos indicadores de resultado (porcentaje de pobreza, desempleo, economía informal, nivel de ingreso y cobertura de Las Misiones), que pueden ayudar a comprender lo que está ocurriendo en las familias de los sectores populares, en términos de acceso a mayor bienestar.

En 2004 y 2005 la economía venezolana creció sensiblemente, en buena medida producto del aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional, del aumento del gasto público y de la disminución de la intensidad del conflicto político. En 2004 el crecimiento del PIB fue del 17,3% [36], luego de la caída de los 2 años anteriores. A juicio del director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala, en “2005, según los resultados del primer trimestre, probablemente se logre una expansión del PIB, que puede estimarse entre 7 y 8%” [37]; el ministro de Planificación, Jorge Giordani, calculó entre 6% y 7% [38] el crecimiento del PIB para 2005; la Comisión Económica para América Latina (Cepal) coincide con este cálculo, al proyectarlo en un 7% [39] y en el mismo sentido se pronuncia el economista de oposición, Gustavo García, al ubicarlo entre 6% y 7% [40]. El ciclo de altos precios petroleros le otorga al gobierno, además, un importante margen de maniobra en el mercado financiero internacional [41]. Pero, como ha señalado la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Para que sea `favorable a los pobres´, el crecimiento económico tiene que abordar con éxito las desigualdades en las situaciones personales de las personas, especialmente aquellas que pertenecen a segmentos vulnerables y marginales de la sociedad, y crear oportunidades para que esos grupos participen del desarrollo económico y se beneficien de él […] el crecimiento sin igualdad podrá, a la larga, hacer aumentar la pobreza” [42]. Se requiere, por tanto, un criterio de discriminación positiva en la distribución de los beneficios del crecimiento. Con sus contradicciones y déficit, los datos disponibles muestran que esa es la orientación de las políticas públicas.

Una parte importante y creciente de los recursos de este crecimiento, más otros provenientes de la recuperación de la recaudación interna, se destinaron al gasto social que, como señalan las investigadoras Salvato y García, “Desde finales de la década de los cincuenta […] ha sido instrumento cardinal del modelo de distribución” [43]. Según los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) el gasto social público, como porcentaje del PIB, ha venido aumentando desde 1999, que se ubicó en 8,96% hasta el 2004, que llegó a 12,29% [44]. La tendencia ascendente se mantiene si se analiza el gasto público social como porcentaje del gasto público total, pasando de 34,7% en 1998 a 40,9% en 2003 [45]. Salvato y García coinciden en identificar esta tendencia al evaluar el comportamiento del gasto social real per cápita, ubicando un “…aumento del 47,9% entre 2001-2004 que, sin embargo, no logra superar los niveles alcanzados en la década de los setenta” [46].

Los signos positivos del crecimiento han tenido un favorable impacto en el empleo, que pasó de 20,7% en febrero de 2003, luego del paro petrolero, a 11,4% en octubre de 2005 [47]. La economía informal (48,3% en septiembre de 2004 y 46,8% en julio de 2005) viene cediendo terreno a la economía formal (51,7% en septiembre de 2004 y 53,2% en julio de 2005) [48]. El poder adquisitivo del salario mínimo se ha recuperado, dado que el aumento decretado en abril de 2005, del 26%, es superior a la inflación acumulada. A su vez, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborados bajo la metodología de “nivel de ingresos”, para el primer semestre de 2005, 38,5% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza (2.230.176 hogares) y 10,1%, en situación de pobreza extrema (735.707 hogares), lo que implica una disminución de 14,6 puntos porcentuales, en el primer grupo, al compararlo con el primer semestre de 2004 (53,1%), y de 23,5 puntos, en el segundo grupo [49].

Fuentes privadas esbozan datos que parecen confirmar la tendencia hacia una mejor distribución. Según un análisis de la firma Datos, “los diferentes planes ejecutados por el Gobierno a través de las misiones han significado un aumento importante en el ingreso de la clase E [el sector más pobre y mayoritario de la población]: en 2004, el ingreso promedio por hogar creció 53% con respecto a 2003, lo que implica un alza de 33% en términos reales, al descontar la inflación. La percepción de mejoría para estas personas también está asociada al hecho no sólo de sentirse identificadas con el presidente Chávez sino protegidas por él” [50]. El presidente de esta firma, Edmond Saade, señala que, según sus estudios, “45% de la población compra siempre o con frecuencia en las bodegas populares; mientras que 22% admite que algunas veces´ se abastece de alimentos en los locales del Gobierno” [51], en donde los alimentos tienen un descuento de hasta el 40%. Esta situación “incidió en el repunte del mercado de consumo masivo durante 2004, que creció 17% en volumen con respecto al año anterior. El consumo per cápita recupera los niveles de 2001, pero aún se encuentra 3% por debajo de los índices de 1998” [52]. La firma privada Datanalisis, presenta datos similares: “Mercal ha atendido a 44,3% de la población; Barrio Adentro 28,7%; Ribas 28,5% e Identidad 14,8%. En el caso específico de Mercal en las últimas semanas se ha incrementado su cobertura y ya está en 52,3%” [53].
La sostenibilidad de esta tendencia democratizadora, pasa por varios factores. En términos sociales, es fundamental que los sectores populares aumenten su capacidad de ejercer poder. La irreversibilidad de una justa política de distribución de la riqueza, no es producto de la buena voluntad de los gobernantes, sino de la capacidad de los gobernados de ejercer una presión sostenida, con organización, movilización y conciencia de derecho. En términos económicos, es evidente que, más allá de los factores coyunturales que posibilitaron el crecimiento de la economía, es imprescindible aumentar la capacidad para generar riqueza, en el marco de un modo de producción que sea ambientalmente sustentable. Para poder distribuir la riqueza es necesario producirla. El Gobierno está ensayando, por ahora con escasos logros, el impulso a una economía social (cooperativas, cogestión, autogestión) que coexiste con empresas privadas y estatales. Por ahora, los altos precios del petróleo facilitan la distribución y la experimentación. Pero la sostenibilidad de este criterio de distribución, de manera tal que logre afectar el mapa estructural de la pobreza en Venezuela, requiere de la afectación, también estructural, de la economía para aumentar su capacidad productiva, abdicando de las tendencias industrialistas y desarrollistas que son ecológicamente inviables.

Seguritización militarizada de la política: efectos sobre los derechos humanos y la Democracia

La composición cívico-militar de las élites que arribaron al control del Estado en 1998, explica en buena medida el peso creciente que ha venido cobrando, desde entonces, lo militar en la vida del país. En esta nueva relación militar- civil, se entremezclan asuntos que no necesariamente son negativos y que obedecen a un cambio de paradigma en la materia, con otros claramente nocivos para la convivencia democrática. Sin pretender aquí una intervención global en ese debate, simplemente se listan algunos de los campos o dimensiones de esa creciente ampliación de lo militar, que son consideradas riesgosos: discriminación favorable a los militares, ampliación de su intervención política con el consecuente aumento de riesgos de violencia política, debilitamiento de controles institucionales civiles sobre lo militar, límites a la participación social civil amplia en el debate y decisión de temas militares, riesgos de la formación militar a la población civil en una sociedad polarizada, aumento del presupuesto militar y de la capacidad de producción de armamento.

Ya desde la presentación del proyecto de Constitución, en 1999, Provea alertó que, al lado del “modo realmente progresivo y vanguardista” [54] en que se plasmaron los derechos humanos, existía una arquitectura de poder que suponía “un riesgo potencial para la concreción de los mismos” [55]. En particular, se aludía a tres tipos de elementos vinculados con lo militar: 1) la constitucionalización de vulneraciones al derecho a la no discriminación, dados los privilegios de un tipo particular de ciudadanos (los militares) de los que no gozaba el resto, como el caso del antejuicio de mérito por ser oficial con rango de general o almirante (y no por tener un cargo público de relevancia) o el disfrutar de una seguridad social y una contraloría propias; 2) la apertura al camino de una presencia mayor de los funcionarios militares en ámbitos tradicionalmente reservados al mundo civil, como la eliminación del adjetivo “no deliberante” en la caracterización de la FAN (que es distinto a que hayan ganado el derecho al voto, asunto que se valoró positivamente), la eliminación de la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario o el nuevo y subrayado rol de la FAN, entendido a partir de una participación activa en el desarrollo nacional; 3) descripciones ambiguas sobre el sometimiento de la institución al poder civil, más allá de su obediencia al Presidente o Presidenta de la República y la presentación de la seguridad y defensa en un título distinto al de los Poderes Públicos.

Provea reivindicó entonces, como ahora, que los “militares tienen una importante misión que es la defensa de la patria, fundamentalmente de agresiones externas [pero su] participación directa en la política constituye un peligro potencial ya que supone un desbalance con el Poder Civil al cual deben estar sujetos” [56]. No están en igualdad de condiciones quienes administran la violencia legítima del Estado y quienes carecen de esa potestad. Limitar la participación de la FAN en las controversias políticas es una garantía democrática que apunta a evitar la jerarquización de un actor institucional (con un poder especial: poder de fuego) y, con ello, los riesgos de violencia.

La historia reciente ha mostrado los efectos negativos del aumento de la deliberancia militar. En el año 2002, al intensificarse el conflicto político, Provea denunció [57] el modo en el que el Presidente Chávez utilizaba escenarios y símbolos militares para atacar discursivamente a la oposición, en un claro modo de instrumentalización política de la FAN. Sectores de la oposición reaccionaron de la misma forma ese año, produciéndose un aumento del protagonismo político militar en los bandos en pugna y una división de la FAN que concluyó en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Aunque en el presente la FAN no se encuentra dividida, esta institución continúa siendo un instrumento esencial de la gestión de gobierno y ha ampliado su influencia en la toma de decisiones estratégicas. Muchos cuadros directivos de ministerios (incluyendo viceministros) u otros entes del Estado son militares activos. Incluso, en este período, un militar activo llegó a ser magistrado del TSJ [58], siendo, por tanto, al mismo tiempo, un subordinado del Presidente de la República (por la jerarquía militar) y parte de la cabeza de un poder público autónomo.

Tanto la Constitución como la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) incluyen una ampliación de la noción de seguridad a temas como la economía, el ambiente, la lucha contra la pobreza o el desarrollo. Esta ampliación, que podría considerarse compatible con la concepción democrática de “seguridad humana” asumida en el seno de las Naciones Unidas, tiene, sin embargo, el sesgo de un altísimo protagonismo militar en los temas de seguridad. Como consecuencia de ello, se amplía la influencia de las concepciones y estilos militares en la agenda política del país. No ocurre lo mismo con la participación civil en el debate de temas militares. Los civiles han estado al margen de la elaboración del “Nuevo pensamiento estratégico militar” y, pese a que se está desarrollando un esquema de defensa que involucra de manera relevante a los civiles, no existe nada parecido a un “Libro Blanco” de la Defensa [59], construido con aportes de toda la sociedad.

El aumento de la confrontación con los EEUU, replanteó las hipótesis de guerra de la FAN e incidió en la creación de un modelo de defensa con participación relevante de la población civil, en el aumento del gasto público militar para la renovación del armamento y en la decisión de fortalecer la producción propia de armamento. El general Raúl Baduel, Comandante del Ejército, definió los nuevos escenarios y amenazas militares en su discurso del desfile conmemorativo del aniversario de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 2004: “…primero: guerra de cuarta generación, con el propósito de desestabilizar al país como paso previo a la conducción de operaciones destinadas a desorganizar y finalmente destruir el Estado-Nación. Segundo, golpe de Estado, subversión y acciones de grupos separatistas, promovidos por organizaciones políticas transnacionales llamados depredadores corporativos. Tercero, conflicto regional, como extensión de conflictos internos de países vecinos, en el marco de la aplicación de planes de ayuda militar, bajo el pretexto (entre paréntesis casus Belis) del supuesto apoyo de nuestro país a factores generadores de violencia, y/o a acciones violentas planificadas, ejecutadas desde el territorio venezolano. Y cuarto, intervención militar al estilo de las coaliciones que han intervenido en diferentes países del mundo, desarrollando operaciones combinadas bajo mandato de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, o lo que es peor con prescindencia de este mandato […]. Desde finales de los años 90 y en función de planes preexistentes, los países denominados desarrollados, ávidos consumidores de energía, de origen fósil, bien en forma directa o a través de sus agencias locales, han desencadenado sobre nuestro país un amplio programa con pretensiones de desestabilización y desarticulación, sustentado en 4 etapas de carácter secuencial, envolvente y convergente, cuya consecución les permitiría: escarmentar las tesis nacionalistas, garantía de acceso irrestricto seguro y barato a tan importante fuente de energía, consolidar la tesis de la globalización, extender su dominio del planeta al menos por esta centuria” [60].

El modelo de defensa planteado es el de la “guerra asimétrica”, que supone la superioridad de las fuerzas agresoras y plantea la posibilidad de una guerra que involucre a la población en la resistencia, ocasionándole costos militares y políticos crecientes a la fuerza agresora. Se trata, según han explicado sus principales promotores, de un modelo defensivo que pretende disuadir potenciales agresiones. La LOFAN, aprobada en el 2005, desarrolla la corresponsabilidad cívico-militar de la defensa, incorporando los componentes de la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, adscritos directamente al Presidente de la República.

Son dos las principales preocupaciones en relación con este nuevo modelo de defensa, que no objetan el modelo en sí, sino los riesgos asociados a su implementación en un contexto polarizado y de ampliación del protagonismo y la lógica militar. Por una parte, el que pueda aumentar la estigmatización de las disidencias internas como parte de un plan de conspiración extranjera (“guerra de cuarta generación”), reduciendo con ello el campo democrático de confrontación política. Aunque es evidente que pueden existir conexiones entre actores locales e intereses foráneos y es legítima una acción estatal democrática y basada en la ley para garantizar el derecho a la autodeterminación, la ampliación de una visión militarmente seguritizada de los fenómenos políticos puede legitimar la criminalización de sectores opositores. No se trata sólo de una posibilidad o una hipótesis. El juicio a tres representantes de la organización de oposición Súmate, por el origen de su financiamiento alimenta esta interpretación [61]. Por otra parte, el que la población reciba adiestramiento militar, a través de dos componentes adscritos directamente al Presidente de la República, sin intermediaciones jerárquicas, en un escenario que, como el venezolano, incluye la polarización como una característica determinante, alimenta el temor de una posible instrumentalización política en el conflicto interno, de ese adiestramiento y de esos componentes. Nuevamente, en este caso, tampoco se trata de una posibilidad sin fundamento o antecedentes. El Presidente Chávez viene instrumentalizando la FAN para alimentar su proyecto político.

Por otra parte, las posibilidades de una agresión externa sirven para justificar la compra de armamento, con lo que el gasto público militar, que se había reducido sensiblemente desde 1999, vuelve a incrementarse. Las recientes compras acordadas con España (corbetas de vigilancia y aviones), China (uniformes y radares), Brasil (aviones de entrenamiento) y Rusia (fusiles AK y helicópteros) ascienden a más de dos mil millones de dólares [62]. En el mismo sentido actúa el desarrollo de la industria militar. Se trata de una inversión pública para producir armas que, justificadas por la necesidad de independencia y autonomía, en un escenario de confrontación, aumentan el peligro de su mayor circulación entre la población (dadas las debilidades del Estado para garantizar su monopolio de la fuerza) y, por tanto, de la violencia social. Alimentan, además, la lógica de toda empresa de producción de armas: necesita vender más para ser exitosa.

Como se aprecia por las pinceladas de esta contextualización, necesariamente provisorias, en Venezuela existe un proceso político complejo y dinámico. Los cambios son permanentes, inéditos y ambiguos en su direccionalidad, por lo que de manera paralela alimentan tendencias contradictorias.

En el Contexto del Informe editado en el año 2003, Provea propuso unas líneas para una administración democrática en el conflicto, que consideramos continúan teniendo vigencia. Se basaban en cada una de las tres crisis que se considera alimentan la expresión polarizada del conflicto hegemónico venezolano: crisis socio-económica, crisis político-institucional y crisis modélica [63]. Entre ellas se encuentran: a) políticas públicas de discriminación positiva para los sectores estructuralmente discriminados, en términos de garantías a sus derechos sociales y el estímulo a su organización y participación autónoma; b) fortalecimiento de la institucionalidad democrática en estricto apego al espíritu y la letra de la Constitución, reducción de la deliberancia y protagonismo político de la FAN, fortalecimiento de los partidos políticos como instrumentos que facilitan las mediaciones políticas, construcción de acuerdos incluyentes y no elitescos que permitan el reconocimiento de los actores en pugna en torno a los modos de dirimir y administrar las diferencias irreconciliables y la competencia por el poder y; c) reivindicación de un modelo de desarrollo en el que el Estado no abdique de su obligación fundamental de respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, lo que implica su fortalecimiento para intervenir de manera adecuada en la vida colectiva, pero, además, una apertura y transparencia tal que facilite la contraloría social sobre su gestión.

La evaluación general de Provea es que, en medio de grandes contradicciones, existen avances en las políticas públicas vinculadas con los puntos a y c, pero muy pocos en las políticas vinculadas con el punto b. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. No es lícito justificar la vulneración sostenida de un conjunto de derechos para proteger otros, por lo que resulta tan importante utilizar medios democráticos para avanzar hacia la justicia social como concebir que la democracia sólo es posible con niveles altos de inclusión y justicia social.

  1. La intensificación de esta lucha hegemónica obedece a la magnificación de 3 crisis que se venían arrastrando desde hace 25 años, y que son de carácter socioeconómico, político – institucional y modélico. Provea caracterizó la crisis, sus actores, propuestas y ejes de conflicto en su Informe del año 2003. Ver capítulo Contexto. www.derechos.org.ve.
  2. Hinterlaces. “Monitor Socio-Politico. Tendencias y Coyuntura. VII Entrega”, Marzo 2005. Por su parte, el Presidente de la República, caracteriza la lucha política en los mismos términos que Hinterlaces. Citando a Los Miserables, en un acto con las fuerzas políticas que lo apoyan señaló: “`hemos demolido el antiguo régimen en los hechos, no hemos podido suprimirlo completamente en las ideas […] es menester modificar las costumbres, el molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando´ […] No es suficiente que el mapa venezolano esté cubierto de rojo […] Cualquiera pudiera decir ganamos […] No, para nada, apenas somos un ejército desplegado en batalla […] tenemos que demoler el viejo régimen a nivel ideológico […] la vieja idea hay que golpearla […] si no lo hacemos, si no las demolemos, ellas nos va a demoler tarde o temprano” (Hugo Chávez “10 puntos del Mapa Estratégico de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana” Presidencia de la República.).
  3. Una parte de la oposición (tanto de los dirigentes como de las bases sociales) insisten en que hubo fraude. No obstante, no se demostró objetivamente, pese a los abusos de poder señalados en el Informe anterior (Ver capítulo “Contexto”), que el chavismo no contaba con las mayorías en el citado referéndum. Por el contrario, todos los datos disponibles, confirmaban que contaba con el apoyo de la mayoría del electorado. Por otra parte, instituciones que no pueden considerarse afectas al gobierno, con solvencia técnica y que contaron con posibilidades de adentrarse en el proceso, avalaron los resultados. Es el caso de las misiones de observación internacional realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y Capel/IIDH.
  4. Las regionales, de octubre 2004 y las municipales y parroquiales, de agosto 2005. En ambos casos obtuvo la mayor parte de los cargo. A nivel de los gobiernos regionales tiene 21 de las 23 gobernaciones del país, además de la Alcaldía Mayor. El analista político Eleazar Díaz Rangel señala al respecto: “Entre julio del 2000 y octubre del 2004, los partidos de oposición perdieron seis de las siete gobernaciones que tenían. Conservaron Zulia y ganaron Nueva Esparta […] Debemos añadir en ese mismo período la pérdida de alcaldías. […] AD, por ejemplo, tenía 90 y quedó con 34 […] En 2000 eligieron 971 concejales frente a los 834 del oficialismo, ahora sólo pudieron mantener 374, es decir, perdieron 597 […] AD pasó de 503 a 122, Copei tenía 216 y quedó con 80 […], redondeados, la merma en esas elecciones fue de más del 60%” (Eleazar Díaz Rangel, Últimas Noticias, 04.09.05, pág. 21).
  5. La mayoría de estas muertes ocurrió en el contexto de manifestaciones vinculadas con conflictos electorales. Sin embargo, también se incluye en esta lista el asesinato del Fiscal ambiental Danilo Anderson, que llevaba el expediente vinculado con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.. En años anteriores, las muertes de campesinos ocurridas como parte del conflicto por la tierra eran incluidas en la lista de muertes vinculadas con lo político, porque el empresariado rural estaba participando activamente de la vanguardia de la oposición y las principales organizaciones y dirigentes campesinos estaban alineados con las posturas gubernamentales. En el presente, la vinculación de estos actores con el conflicto nacional ha disminuido, por lo que no se contabilizan aquí las 6 muertes de dirigentes campesinos conocidas en el período, como violencia política vinculada con la polarización y la lucha por el poder. Estas muertes son analizadas en el capítulo sobre el derecho a la tierra.
  6. Sobre el tema particular del comportamiento de la administración Bush en el conflicto venezolano y el derecho a la autodeterminación de la población venezolana, Provea dirigió una comunicación al Embajador de los EEUU en Venezuela, Sr William Brownfield, que se presenta íntegra en la sección Anexos, de este texto.
  7. Cabe destacar, en consonancia con nuestros análisis de contexto de años anteriores, que no toda la población se siente plenamente representada en el eje de confrontación chavismo – antichavismo. En marzo de 2005, según una encuesta de Hinterlaces, de alcance nacional, el 51% de los consultados no se consideraba ni chavista ni antichavista (Op. Cit). El promedio de este sector, en los 20 meses anteriores, era de 47%. No obstante, es el eje chavismo – antichavismo el que marca la mayor parte de la agenda política del país, arrastrando al sector “Ni-Ni”, que se ve obligado a optar por algún bando en diversas circunstancias, por lo que resulta imprescindible comprenderlo.
  8. Alfredo Keller y Asociados. “Análisis sociopolítico de Venezuela. Escenarios del juego estratégico”. Septiembre de 2005.
  9. Este modo de relación ha sido buscado por el gobierno con algunos sectores empresariales que asumían parte del liderazgo de la oposición. Los encuentros del Vicepresidente y del Presidente de la República con la directiva de Fedecámaras o con los principales banqueros del país, en 2005, son indicador de ello.
  10. Según información publicada en el sitio Web www.mequieroir.com, el “censo estadounidense del año 2000 registra oficialmente más de 91 mil venezolanos […] Las últimas estimaciones calculan que podrían haber aumentado hasta en un 80% en los últimos años […] Según estudios recientes de opinión pública, más del 43% de la población general venezolana se marcharía si se le presentara la oportunidad de hacerlo [Entre las argumentaciones para hacerlo se encuentra la] Incertidumbre política” (Consulta en línea, 07.11.05: www.mequieroir.com). EEUU es el lugar preferido para la migración de los sectores medios y altos.
  11. En esta dirección avanzan varios de los partidos de la oposición, en particular Acción Democrática, el MAS, Copei y Primero Justicia. El candidato de este último partido, para las elecciones presidenciales del año 2007, Julio Borges, subrayó su deslinde con un modo previo de actuar al lanzar su candidatura: “Primero Justicia se cansó de hablar paja. Se cansó de declararle a Marta Colomina por Unión Radio y de hacer política por televisión […]. Los que piensan que acá no hay salidas electorales, pues que organicen su conspiración […]. Conmigo no cuenten […]. Hay ciertos discursos que al hablar de resistencia y abstención lo que hacen es solapar sus propias debilidades. Es una resistencia que se organiza en restaurantes del este de Caracas”. Julio Borges en: Alonso Moleiro: Derrotaremos democráticamente a un gobierno que no es democrático, El Nacional, 29.05.05, pág. A-8. En esta dirección van también, los análisis del editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, quien al cierre de este Informe se encontraba evaluando la posibilidad de lanzar su candidatura presidencial.
  12. Entre los principales líderes políticos que expresan y defienden esta opción se encuentran: Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), Oscar Pérez y Patricia Poleo (Frente para la Libertad de los Presos Políticos) y Oswaldo Álvarez Paz (Alianza Popular). Existen, además, importantes analistas de opinión y periodistas que coinciden con esta opción política.
  13. Hugo Chávez, Op. Cit.
  14. Hinterlaces, Op. Cit.
  15. Pese a que las organizaciones políticas no canalizan la visión y acción del movimiento que apoya el proyecto gubernamental, el Movimiento Quinta República (MVR) cuenta, según el presidente de su Comisión Electoral Nacional, Simón Escalona, con 2,5 millones de militantes (El Nacional, 16.04.05. Consulta en línea: www.el-nacional.com). Se trata de una paradoja, pues un partido que cuenta con muchos militantes (el 10% del total de la población) es, al mismo tiempo, un partido débil.
  16. El hecho de que el proceso político sea personalista no implica, sin embargo, que carezca de contenido (ideológico y de clase) más allá de la adhesión al líder. Con sus importantes tensiones y contradicciones internas, existe un proyecto con un discurso que reivindica lo popular, desde una perspectiva nacional. Esa reivindicación hace que, de alguna manera, la otra cara del personalismo, sea que la suerte del presidente Chávez esté anclada a la de los sectores populares que lo apoyan. Con esta afirmación coincide el analista de oposición, Carlos Blanco: “Chávez se convirtió en la expresión de ese otro sector de la sociedad y le abrió paso para convertirlo en una fuerza social. Este es el principal soporte del Gobierno y el Gobierno es, de alguna manera, su rehén”. Carlos Blanco, “La odisea de Hugo Chávez por el mundo”. El Universal, 22.09.05. Consulta en línea: www.eud.com.
  17. La siguiente frase de un dirigente social de Santa Rosalía (Caracas), afecto al proceso político, ejemplifica esta separación: “…hay mucha gente dentro de este gobierno que está pendiente de lucrarse personalmente a espaldas del Presidente. Los enemigos del Presidente están dentro del MVR” (Alonso Moleiro: El chavismo crece en los barrios con los enemigos entre sus filas. El Nacional, 31.01.05, pág.A-4).
  18. Por lo general, a través de formas organizativas diferentes a los partidos. Algunas no son expresamente organizaciones para apoyar al gobierno sino para luchar por la derechos o mejoras en la calidad de vida de los sectores populares, como los Comités de Tierras Urbanas (CTU), las Mesas Técnicas de Agua (MTA), las organizaciones campesinas, los Comités de Salud, las cooperativas o los medios de comunicación comunitarios y alternativos que, sin embargo, en su composición, cuentan con una mayoría de partidarios del proyecto gubernamental.
  19. El propio Presidente estimula esta presión, colocándose en ocasiones, como “el jefe” de la oposición a su propio gobierno: “Si, ustedes vieran que pasa una semana y no arrancan unos trabajos bien hechos tomen la carretera, protesten. ¡Protesten! Hagan sentir su voz, porque los revolucionarios no podemos quedarnos callados ante las fallas del gobierno revolucionario, no. Si el gobierno revolucionario falla, los revolucionarios tenemos que señalar las fallas del gobierno revolucionario […] ya basta de ineficiencia” (Hugo Chávez, “Plan Estratégico de Inversión e Infraestructura de Vías para Rehabilitar. Años 2004 – 2006”. Brusual, Estado Apure. 21.10.04. Consulta en línea: http://www.gobiernoenlinea.ve/).
  20. Como señalan los resultados electorales desde 1998 y la mayoría de las encuestas realizadas desde entonces, existe una mayor propensión a simpatizar con el proyecto de gobierno en los sectores populares y un mayor rechazo en las capas medias y altas.
  21. Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, «Zamora toma Caracas». Volante, 11 y 12 de julio de 2005. frentecampesinoez@yahoo.es.
  22. Para una revisión de este debate se puede consultar, en el sitio Web: www.aporrea.org, los artículos de los meses septiembre y octubre de 2005. En particular, resultan paradigmáticas las intervenciones de Vladimir Acosta (copia de su programa de radio en la oficial Radio Nacional de Venezuela) y de Luigino Bracci.
  23. La división entre estos grupos no es absoluta, en términos de civiles o militares, pero es evidente que buena parte de los funcionarios de origen militar mantienen importantes vínculos entre sí y su fortaleza en el gobierno se rige más por la “lealtad” al Presidente que por sus posiciones ideológicas. Un buen ejemplo de esta afirmación son las declaraciones del actual Ministro de la Defensa, el Almirante Orlando Maniglia: “nosotros nos identificamos con el jefe. Ese es un principio de lealtad, de obediencia. Toda mi vida he tenido comandantes, jefes, y siempre he apoyado su labor, siempre he estado con él […] Creo que le inspiré confianza [se refiere a por qué el Presidente lo nombró ministro] A él la lealtad lo marca […] El vio mi humildad […] Obediencia, disciplina y subordinación” Ernesto Villegas: Orlando Maniglia Ferreria. Yo soy el almirante del pueblo. Últimas Noticias, 24.07.05, pág. 16 y 17.
  24. Ver: Ministerio de Planificación y Desarrollo. “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007”. Consulta en línea: www.mpd.gov.ve.
  25. Hugo Chávez, Op. Cit. Las citas que siguen pertenecen al mismo texto.
  26. En febrero de 2005, Chávez comenzó a hablar de la necesidad de definir un “Socialismo del Siglo XXI” e invitó a un debate sobre el tema. A diferencia del pasado reciente, cuando, pese a cuestionar el capitalismo hablaba de una revolución “…dentro del marco de un capitalismo…” (Chávez en El Clarín, 20.06.03. Consulta en línea: http://old.clarin.com), en el presente señala estar convencido de la necesidad de trascenderlo, aunque “respetando la propiedad privada” y en un contexto político democrático. En relación con los principios de derechos humanos y el socialismo o cualquier otro modelo político y económico, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité de Desc) ha señalado que “…en lo que respecta a sistemas políticos y económicos el Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] es neutral y no cabe describir lealmente sus principios como basados exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un sistema socialista o capitalista, o de una economía mixta, de planificación centralizada o basada en el laisser-faire, o en ningún otro tipo de planteamiento específico”. Comité de Desc. “Observación General 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes”. Naciones Unidas, 14.12.90.
  27. El campo de la organización popular ha crecido notablemente. En él se entrecruzan procesos de organización autónoma y aumento de la conciencia de derecho, con “la persistencia de patrones paternalistas, clientelares y burocráticos en la relación Estado-comunidad” (Cecilia Cariola y Miguel Lacabana. “Los bordes de la esperanza: nuevas formas de participación popular y gobiernos locales en la periferia de Caracas” Revista Venezolana. de Economía. y Ciencias Sociales, 2005, vol. 11, nº 1. UCV) y la subordinación a lo estatal. Pese a esta ambigüedad característica de un proceso complejo, es evidente que se está dando una ampliación de la experiencia organizativa de los sectores populares y, con ello, de sus posibilidades de ejercer poder.
  28. Como ilustración de esta intolerancia, de la que lamentablemente sobran ejemplos, se puede citar una frase del Presidente Chávez en el Taller sobre el Nuevo Mapa Estratégico: “…voy a hacer una exigencia. Aunque no puedo destituir a alcaldes ni a gobernadores, sí puedo hacer otras cosas ¿no? Quiero que sepan que en esta nueva etapa el que está conmigo, está conmigo, el que no está conmigo está contra mí” (Hugo Chávez, Op. Cit). Paradójicamente, en el mismo lugar y un poco después, dijo “No nos creamos dueños de la verdad. El sectarismo es uno de nuestros males“ (Hugo Chávez, Op. Cit).
  29. Al respecto, Roland Denis, ex -viceministro de Planificación y militante del Movimiento 13 de Abril señala: “Chávez se convierte en un poder en sí mismo desde el cual salen todas las propuestas, giran todas las negociaciones y se ubican todas las demandas. Incluso, la protesta, ya no solo de la reacción sino de los sectores populares, tienen un sitio último de llegada que es él, e igual, todas las culpas empiezan desde este lado a tocarlo aunque su inocencia sigue siendo la matriz con que se mueve la mayoría que lo apoyamos. La fortaleza primera se convierte ahora en debilidad del proceso […]. Su liderazgo se convierte entonces en un liderazgo obligado a encerrarse en lo mediático (salvo los mítines, mucho mas escasos después del referéndum), y su condición de dirigente, en dirigente absoluto, sin diálogo real, sin lugar de referencia y debate colectivo, sin información y opinión que lo interpele. Dirigente incuestionable y solitario, rodeado por la sumisión…” (Roland Denis. “Propuesta para el debate. Análisis de Situación Nacional, octubre 2005. Consulta en línea: http://movimiento13deabril.blogcindario.com).
  30. La corrupción es reconocida por las cabezas de poderes públicos. El Contralor Clodosbaldo Russián, señaló que “Ésta es una administración pública que en sus aspectos doctrinarios, normativos, estructurales y funcionales, está anclada en los viejos preceptos y paradigmas. Sigue persistiendo el viejo esquema estructural de la antigua administración propia de la República que culminó en 1999” (Cenovia Casas, “Defensor, fiscal y contralor presentaron memoria y cuenta a la Asamblea”, El Nacional, 09.03.05, pág. A-2). No obstante, la propia Contraloría luce débil en su actuación frente a ella y la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con los recursos para actuar, lo que expresa ausencia de voluntad política en la asignación presupuestaria. Según declaraciones de Livia Romero, directora de Salvaguarda de la FGR, desde 1999 existen 6.207 expedientes acumulados por corrupción en esa dirección del Ministerio Público, que deben procesar sólo 16 fiscales, tocándole, en promedio, 387 casos a cada fiscal (Eligio Rojas: La Fiscalía conoce 6.207 casos de corrupción, Últimas Noticias, 10.03.05, pág. 19).
  31. Elio Gómez Grillo, Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, hasta 2005, reconoce que “La Corte Suprema en general ha dependido del Ejecutivo, en fin, siempre ha sido así, y ahora no es una excepción […] el país, todo está politizado y el Poder Judicial no es la excepción, pero siempre ha sido así desde la época de López Contreras” (El Nacional, 12.06.05. Consulta en línea: www.el-nacional.com).
  32. Entre otras, la reforma establece penalizaciones para el cierre de vías; lo que es una evidente contradicción con el discurso del Presidente Chávez, citado en una nota al pie previa, que señala “tomen la carretera, protesten. ¡Protesten!”. Tal reforma, pensada para responder desde el sector gubernamental a las protestas de los sectores medios de oposición, conocidas como “Las Guarimbas”, se convierten en un mecanismo criminalizador de la protesta de los sectores populares, pues como señalan los análisis de Provea (Ver capítulos Respuestas organizativas de la sociedad, de este Informe y de años anteriores), esa modalidad se encuentra entre las más utilizadas en las manifestaciones venezolanas.
  33. Seguritización es un “Proceso mediante el cual se pretende darle calidad o estatus de asunto de seguridad a un problema que puede atentar contra la supervivencia de un ente, ya sean individuos, conglomerados, Estados o la humanidad”. Claudia Sisco Marcano y Oláguer Chacón Maldonado. “Barry Buzan y la teoría de los complejos de seguridad”. Revista Venezolana de Ciencia Política. Vol.25. Mérida, 2004.
  34. Ver documento preliminar del Sr. Asbjorn Eide sobre la relación entre el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y la distribución de los ingresos (E/CN.4/Sub.2/1993/21), y los informes presentados por el Relator Especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Sr. Leandro Despouy (E/CN.4/Sub.2/1993/16, E/CN.4/Sub.2/1994/19 y E/CN.4/Sub.2/1995/15).
  35. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. “Los derechos humanos y la distribución de los ingresos” Resolución 1995/30. 35ª sesión. 24 de agosto de 1995.
  36. Jorge Giordani, “Venezuela en los numeritos”. Question, mayo 2005, pág. 4.
  37. Domingo Felipe Maza Zavala. El Nacional, 07.06.06. Consulta en línea: www.el-nacional.com.
  38. Jorge Giordani, Agencia Bolivariana de Noticias. Consulta en línea: www.aporrea.org. 05.07.05.
  39. Consulta en línea: www.globovision.com, 03.08.05.
  40. Ídem.
  41. Según el analista financiero Juan Gonzáles, “el petróleo basta y sobra para que, cada vez que el país emprende una nueva emisión de bonos de deuda, los inversionistas la reciban con los brazos abiertos […] un inversionista no tiene que tener afecto por el presidente o admiración por la compañía en sí, sino preocuparse por si la compañía tiene un flujo de caja positivo. Y Venezuela tiene tres veces los ingresos de caja que necesita, porque las reservas internacionales están en 24 millardos de dólares y el país sólo necesita 9 millardos para cubrir sus importaciones durante 9 meses […] Chávez aumentó de golpe las regalías y ninguna empresa petrolera se ha ido. El negocio petrolero es tan extraordinario, que no les importa pagar más” (Juan Gonzáles en El Nacional, 01.05.05. Consulta en línea: www.el-nacional.com).
  42. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. “La pobreza y el crecimiento económico: retos para los derechos humanos”. E/CN.4/Sub.2/SF/2005/2. 16 de junio de 2005.
  43. Haydée García y Silvia Salvato. “Análisis sobre el gasto social y la equidad en Venezuela (1970-2004”, Mayo 2005. Mimeo.
  44. Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV). Indicadores gasto Social. Consulta en línea: http://www.sisov.mpd.gov.ve/.
  45. Ídem.
  46. Haydée García y Silvia Salvato. Op. Cit.
  47. Jorge Giordani, Nota de prensa de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). 11.11.05. Consulta en línea: www.aporrea.org.
  48. Ver en este Informe, el capítulo dedicado a los Derechos laborales.
  49. Raquel Barreiro. “La pobreza se redujo en 14,6 puntos en un año”. El Universal, 15 de octubre, 2005. Consulta en línea: www.eud.com.
  50. Omaira Sayago. “Datos indica que el desempleo creció 53% en las últimas 3 décadas”. El Nacional, 29.05.05. Consulta en línea: www.el-nacional.com.
  51. Mirelis Morales Tovar: Mercal abastece 45% de la población. El Nacional, 26,01.05, pág. A-18.
  52. Ídem.
  53. Mayela Armas. Aumenta cobertura de las misiones. El Universal, 31.01.05, pág. 1-20.
  54. Provea, “¿SÍ O NO?: PISTAS PARA UN VOTO RAZONADO”. Derechos Humanos y Coyuntura No 41 (Número Especial), 1999. Consulta en línea: www.derechos.org.ve. Las citas que siguen son de esta misma fuente.
  55. Ídem.
  56. Ídem.
  57. Ver capítulo Contexto, del Informe Anual editado en el año 2002.
  58. Se trata de Eladio Aponte Aponte.
  59. Los llamados “Libros Blancos” de la Defensa, que existen en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, pretenden mostrar transparencia interna y externa, en materia de seguirdad y defensa y promueven el debate y la participación social en tan importante tema.
  60. Raúl Baduel. “Discurso en el desfile conmemorativo del 183° aniversario de la Batalla de Carabobo y `Día del Ejército´. Campo de Carabobo, 24 de junio de 2004.
  61. No nos referimos al juicio a María Corina Machado por haber, presuntamente, firmado el acta que depuso el gobierno del Presidente Chávez en abril de 2002, sino al que se le sigue por recibir financiamiento de la NED, alegándose que tres miembros de esta organización conspiraron contra la forma republicana de gobierno. Súmate es una organización de oposición que trabajó por la revocatoria del mandato presidencial, lo que implica, el ejercicio de un derecho establecido en la Constitución. Salvo que se demuestre que cometió un delito con el dinero recibido de esta organización estadounidense, la sola recepción no puede interpretarse, legítimamente, como un hecho delictual.
  62. José Carrillo: Inversión en armas supera los 2 millardos de dólares. Últimas Noticias, 27.03.05, Pág. 24. La cifra exacta del conjunto de estas negociaciones es probablemente muy superior a los 2.500 millones de dólares. Sin embargo, no existe información oficial pública que presente el dato exacto. Solamente la negociación con España, según indica la prensa de ese país, asciende a 1.700 millones de euros (Perú Egurbide “Bono forzó un debate en el Gobierno sobre su viaje a Caracas La venta de material militar a Venezuela sigue dividiendo al Ejecutivo”. Diario El País, Madrid, 27.11.05).
  63. Para una mayor definición de estas crisis: Ver capítulo Contexto, en el Informe Anual editado en 2003. Disponible en línea: www.derechos.org.ve.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El siguiente balance, resume el contenido general de este XVII Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Como todos los años, desde hace 17, junto al diagnóstico de la situación, el análisis de las políticas públicas y otras medidas estatales y los testimonios de víctimas y familiares, este Informe incluye un listado de propuestas y exigencias dirigidas a los Poderes Públicos. Con este trabajo, que sometemos a debate en ámbitos sociales y estatales, aspiramos aportar al fortalecimiento de aquellas medidas estatales favorables a los derechos humanos, para que sean ratificadas, cualificadas y profundizadas; así como a la identificación de aquellas otras que constituyen violaciones a estos derechos, para que sean prontamente rectificadas y sus efectos reparados.

Existe un conjunto de factores, tanto positivos como negativos, que constituyen importantes ejes transversales a la situación de los derechos aquí analizados y al comportamiento estatal en la materia. Ellos son: la bonanza petrolera que impacta positivamente en la economía; la mayor distribución de la riqueza, entre otras vías, a través del aumento del gasto social; la  reducción de las expresiones más virulentas de la polarización; el estímulo a la organización y participación popular que, con sus contradicciones y ambigüedades en relación con la autonomía o el clientelismo, conlleva a un avance organizativo de los sectores populares, histórica y estructuralmente discriminados; la reivindicación estatal en la protección de los derechos sociales, colocando un freno a la ideología del mercado; la intolerancia y el personalismo en el estilo político de las nuevas élites; los enormes déficit institucionales para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las políticas públicas; la ausencia de una política sistemática de información e indicadores que permitan procesos actualizados y continuos de evaluación, convalidación y control ciudadano de las políticas públicas;  la ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales; la reforma regresiva, conservadora e inconstitucional del Código Penal; la difusión de discursos que presentan las políticas sociales y otros mecanismos de distribución de la riqueza como dádivas o producto de la buena voluntad de los gobernantes y no como derechos de toda la población y la ausencia de una agenda legislativa articulada, y coherente en relación con la política social.

En relación con este derecho, algunos indicadores de la situación alimentaria experimentaron una mejoría. Es el caso del elevamiento del nivel de consumo de alimentos en 2004 y 2005, el leve incremento del poder adquisitivo del salario mínimo en relación con la canasta alimentaria y la mayor accesibilidad de los sectores más vulnerables a los alimentos, a través de programas sociales como Mercal. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reconoció los esfuerzos estatales por incrementar la seguridad alimentaria de la población. Llama la atención, sin embargo, que tales esfuerzos no se correspondan con una mejoría clara de los indicadores nutricionales, que siguen evidenciando una grave situación en cuanto a desnutrición. Entre el 2003 y el 2004 los indicadores de desnutrición en niños menores de 5 años,se comportaron de la siguiente manera: la desnutrición global varió de 5,28 a 5,19%, la desnutrición crónica de 13,08 a 12,52%, la desnutrición aguda de 4,06 a 4,05%  y el sobrepeso de 3,18 a 3,11%; pese a que sufrieron una muy leve disminución, continúan estando por encima del nivel alcanzado en 1999 y 2000. En 2004 se registró 8,8 % de nacimientos de bebés de bajo peso, aumentando por segundo año consecutivo y la mortalidad por desnutrición se incrementó entre 2002 y 2003, especialmente entre menores de 4 años: 25% en menores de 1 año y 32,5% entre 1 y 4 años de edad, con lo cual ascendió un puesto en causas de muerte de la población respecto al año anterior. En su informe sobre el cumplimiento de la Metas del Milenio, el gobierno venezolano reconoce que el comportamiento de la situación nutricional en el país ha sido irregular presentando avances y retrocesos, pero sin alcanzar una tendencia estable y definitiva hacia la disminución del déficit nutricional.

En 2004, según Cavidea, el consumo creció un 7% y para el primer trimestre de 2005, Datanálisis reportó unincremento de 9%. Ambas fuentes coinciden, sin embargo, en una disminución en el consumo de proteínas. Hay signos globales positivos como la variación de la inflación, la cual viene disminuyendo por segundo año consecutivo, lo que implica una recuperación del poder adquisitivo del salario: en 2004 cerró en 19,5% y para 2005 rondará el 15%.  En julio de 2005, las importaciones agrícolas vegetales disminuyeron 11,20%, particularmente en los rubros maíz, trigo, azúcar. No obstante, Venezuela sigue siendo un país sustancialmente dependiente de la importación, que se calcula en cerca del 70% de los alimentos que se consumen.

Tanto las fuentes privadas como las oficiales, reportan una leve recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo respecto a la canasta alimentaria que, sin embargo, distan de garantizar a la población más pobre del país un adecuado acceso a los alimentos. En abril de 2004, el déficit del salario mínimo para cubrir la Canasta Alimentaria oficial era del 6% y del 53,2% para cubrir la Canasta Alimentaria calculada por el Cenda. En septiembre de 2005, no existía déficit (5,9% por encima) según los cálculos basados en la Canasta oficial y el déficit era del 34%, según los cálculos basados en la Canasta del Cenda; lo que implica un movimiento positivo de 11,9 puntos en el primer caso y de 19,2 en el segundo.

El programa Mercal, a través del cual se adquieren alimentos con un descuento de hasta el 40%, está llegando, según cálculos oficiales y privados, a más del 50% de la población.

Se creó el Ministerio de Alimentación y parece existir, para el presente período, una mayor regularidad o continuidad con los programas anunciados por el Ejecutivo nacional.

Con respecto a este derecho,  destacamos como positivo en el presente período la aprobación de las leyes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), del Régimen Prestacional de Empleo y del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas (Ley de Servicios Sociales).

Cabe destacar también que finalmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 23 meses después de que Provea introdujera un recurso de nulidad, declaró la inconstitucionalidad de la omisión de la Asamblea Nacional (AN) por no haber dictado en un plazo razonable una ley que regule el Régimen Prestacional de Empleo. Esa misma Sala  favoreció a los pensionados y jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), quienes habían sido afectados en sus derechos pensionales por el proceso de privatización de la misma, en 1991.

El Estado venezolano so comprometió a cumplir las demandas que, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elevó la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Venezolana Internacional de Aviación (Antjuviasa): cancelar todo lo adeudado por concepto de pensiones de jubilación, así como una indemnización por daños morales y materiales a cada una de las personas demandantes, además de reparaciones no pecuniarias como el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos de los pensionados de la empresa Venezolana Internacional de Aviación SA (Viasa) mediante la publicación de un remitido público en la prensa nacional y la difusión de un micro televisivo y un programa de televisión con carácter educativo y de homenaje a los jubilados fallecidos durante el tiempo que llevó el proceso judicial. El 29.07.05, el gobierno nacional procedió a cancelar las jubilaciones adeudadas y la indemnización por daños morales y materiales.

La población asegurada en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA): para el año 2004 es de 20,5%, incrementándose en 1,3% respecto del 2003, pero se mantiene muy por debajo del 35,8% registrado en 1993. De igual manera, el comportamiento del porcentaje de la población beneficiaria del IVSS (que incluye, además de las personas aseguradas, a sus familiares) con respecto a la población total, también presenta un leve incremento del 2%, para ubicarse en 38,3% para el año 2004.

En relación con la población pensionada por vejez respecto de la población mayor de 60 años, el indicador muestra un incremento creciente desde 1999, cuando se ubicó en 20,2%, para ubicarse en el 2004 en 27,3%.

El presupuesto asignado al IVSS para el año 2005 se elevó a 5,5 billones de bolívares, suma que es casi el doble del presupuesto correspondiente al año 2004, cuando alcanzó los 2,7 billones  y del correspondiente al 2003 que alcanzó los 2,9 billones.

El IVSS cumplió durante el año 2004 con homologar el monto de las pensiones al salario mínimo urbano, lo cual se ha venido realizando de manera regular desde el año 2000.

Como aspectos críticos, vemos con preocupación que tampoco este año, la AN  aprobó la totalidad de las leyes que permitirán implementar completamente el nuevo sistema de seguridad social que desarrolle los distintos regímenes prestacionales definidos en la LOSSS. Como lo hemos venido señalando en informes anteriores,  esta situación atenta contra la adecuada y eficiente implementación del sistema de seguridad social.

Quedan pendientes por aprobarse la Ley del Régimen Prestacional de Salud y la del Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.
El nivel de exclusión en el derecho a la seguridad social sigue siendo alto, ya que 72,7% de la población mayor de 60 años no tiene acceso a una pensión de vejez.

En relación con estos derechos, durante el período 2004-2005, continuó la tendencia a la disminución del desempleo: para septiembre de 2004 ascendía a 13,9% (1.661.785 personas desocupadas) mientras que para el mismo mes de 2005 llegó a 11,5% (1.398.677 personas desocupados). Aunado a la disminución de desempleo, ha aumentado la tasa de inactividad, lo cual significa que han aumentado las personas mayores de 15 años que estudian, se dedican a los quehaceres del hogar, son rentistas, pensionados, jubilados, o están incapacitados para trabajar.

La economía informal (48,3% en septiembre de 2004 y 46,8% en julio de 2005) viene, por segundo año, cediendo terreno a la economía formal (51,7% en septiembre de 2004 y 53,2% en julio de 2005).

Los desempleados protagonizaron 130 acciones de protesta de un total de 1.534, ubicándose en el cuarto lugar entre los actores que mayormente protestaron (8,4% del total de protestas). De estas, 4 fueron violentas (5%) y tuvieron saldos trágicos, como la muerte de dos personas y tres heridos. Estos hechos ocurrieron por el enfrentamiento entre grupos de desempleados, lo que recuerda la insuficiencia de las leves mejorías que ha producido la recuperación económica.

El gobierno nacional extendió por octava y novena vez la inamovilidad laboral, mediante Decreto Presidencial el 28.03.05 y 26.09.05. Estos decretos prorrogaron la medida hasta el 30.09.05 y 31.03.06, respectivamente, y amparan a trabajadores del sector público y privado que devengan un salario básico mensual inferior a Bs. 633.600. Otra medida importante fue la sanción de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, la cual forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral.

El 27.04.05 se dictó el Decreto Presidencial N° 3.628 que incrementó el Salario Mínimo, aplicable al sector público y privado. Con este aumento salarial del 26,05%, se elevó el poder adquisitivo de los trabajadores, dado que fue superior a la inflación acumulada. El decreto beneficia no solo a trabajadores activos, sino que explícitamente incluye dentro de sus disposiciones a jubilados y pensionados. Asimismo, puso fin a la distinción salarial entre trabajadores rurales y urbanos. Sin embargo, persiste la distinción entre trabajadores de empresas de menos de 20 empleados (Bs. 371.232,80), y entre adolescentes trabajadores y aprendices (Bs. 303.735,90).

La simulación laboral se presentó en varios casos. Evadiéndose el cumplimiento de las obligaciones laborales, se suscribieron contratos mercantiles o civiles con el trabajador, en la Misión Vivienda, la Misión Barrio Adentro, y en la contratación de cooperativas por parte de PDVSA.

Continuó la discriminación laboral fundada en razones de orientación política, en particular, por la aparición y utilización de lo que se conoce como “La Lista de Tascón”, que incluye los nombres y números de cédula de las personas que firmaron para solicitar el Referéndum Revocatorio presidencial.

Por último, es importante destacar que continuó la conflictividad en el ámbito sindical, la cual tuvo como eje las atribuciones conferidas al Consejo Nacional Electoral (CNE) en materia de elecciones sindicales. El ejercicio de tales atribuciones se manifestó en la invalidación, por parte del CNE, de las elecciones de la CTV y en la publicación de las normas para la elección de las autoridades de las organizaciones sindicales. Provea considera que la decisión del CNE mediante la cual declara la nulidad del acto de votación realizado por la CTV para la renovación de su dirigencia sindical, lesiona la libertad sindical de sus trabajadores afiliados. Asimismo, la actuación del CNE forma parte de una violación continuada del derecho de libertad sindical, reconocido en el artículo 95 de la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El derecho a la salud muestra signos contradictorios. Existen avances sustantivos en materia de cobertura y universalización de la red de atención primaria (particularmente a través de Barrio Adentro), así como algunas medidas estatales orientadas a enfrentar la fragmentación del sistema público nacional de salud. Pese a ello, es enorme el déficit presupuestario y de eficacia institucional, que acarrea permanentes fallas en los insumos, equipos y medicamentos y que obstaculizan la adecuada atención de los sectores populares, particularmente en el nivel hospitalario.

El funcionamiento de la red pública asistencial venezolana continúa en crisis, con fallas en la calidad de los servicios, bienes y establecimientos públicos de salud, en tanto que los gastos de funcionamiento no aparecen adecuados para hacer frente a la crisis del sector, que data de aproximadamente tres décadas.

La discriminación de la población de las zonas rurales sigue expresándose en su menor acceso a presupuesto, personal e infraestructura de salud.

La constante rotación de ministros en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) dificultó el cumplimiento de los objetivos referidos a la recuperación de su capacidad rectora dentro de una estructura intergubernamental descentralizada y participativa; ha dificultado, además, la concreción de una política sanitaria de satisfacción universal de las necesidades integrales de salud.

En el mes de agosto de 2005, Barrio Adentro se convirtió en el eje central de la política en salud, lo que podría ayudar a solventar la fragmentación que ha caracterizado al sistema público de atención. Al Plan Barrio Adentro I (BA I), se sumó el Plan Barrio Adentro II (BA II), que consiste en la creación de Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Centros de Rehabilitación Integral (CRI) y Centros de Alta Tecnología (CAT). Por su parte, el Plan Barrio Adentro III se amplia al nivel hospitalario y consiste en la reparación y dotación de la totalidad de los hospitales del país.

En el ámbito legislativo preocupa la mora en la aprobación de la Ley Orgánica de Salud; también que se elabore de manera inconsulta, sin la participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.

En relación con el porcentaje del presupuesto nacional se evidencia una tendencia al descenso desde el año 2002, cuando el gasto en salud representó el 6,62%, en tanto que para el 2003 fue del 6,41%, en el 2004, 6,31% y para el 2005, representó el 5,91%. No sucede así con el gasto del MSDS, en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el cual mantiene una tendencia ascendente. Sin embargo, sigue sin superar el 2% (1,8%).Este cálculo no incluye los aportes financieros a la Misión Barrio Adentro por fuentes distintas al presupuesto ordinario, que se reconoce como una meritoria asignación de recursos para la atención primaria de salud y que, evidentemente, incrementa el gasto público en salud.

El financiamiento de Barrio Adentro sigue dependiendo de fuentes distintas a las del MSDS, como son: a) de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA); b) del Fondo Nacional de Inversión Social (FONVIS); c) del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES); y d) de la Banca Multilateral. Para el 2005, según información suministrada por la Dra. Juana Contreras, ex – coordinadora del Plan, por el MSDS, le serían asignados 2,7 billones de bolívares. Resulta esencial que el presupuesto del sector se encuentre integrado y fuertemente institucionalizado, para facilitar su contraloría.

Según estimaciones económicas realizadas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), por encargo de la AN, para el 2005 el Sistema Público de Salud debería contar con una inversión pública del 4,98% del PIB, y para el 2006, del 5,13%, a fin de asegurar la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Público Nacional de Salud.

En relación con el funcionamiento de la red pública de asistencia a la salud, en el nivel primario de atención, el Plan Barrio Adentro (fases I y II) evidenció una importante ampliación de la cobertura de los servicios, particularmente en beneficio de los grupos sociales más desfavorecidos: 8.573 puntos de atención en BA I, más 30 CDI y 30 CRI en BA II. Igualmente amplió su cobertura en relación con el número de profesionales de la salud, sumando 24.156 a los 61.560 anteriores, lo que garantiza una mayor accesibilidad y disponibilidad de los servicios públicos de salud. No obstante, esta cobertura continúa expresando una desigualdad en relación con la proporción de médicos por habitantes según entidad regional, siendo el Edo. Táchira el más emblemático (1 punto de atención por cada 24.667 habitantes), en contraste con el Distrito Capital (1 por cada 1.780).

El nivel hospitalario se caracterizó por la persistente escasez presupuestaria, carencia de insumos y falta de equipos médicos. La base de datos hemerográfica de Provea registró 601 denuncias sobre problemas en hospitales, mientras que en el nivel ambulatorio hubo 225.

A las deficiencias expresadas se sumó la falta de personal médico y de enfermería (78), y la inseguridad en los establecimientos de salud. Se continuaron presentando denuncias de violación al principio de gratuidad en hospitales; sin embargo, se registró un importante descenso de 63% al comparar las 39 denuncias actuales con las 105 del lapso anterior.

Otro indicador que da cuenta de la calidad del servicio público de asistencia a la salud se refiere a lo oportuno y adecuado de su prestación. Provea registró 55 muertes por atención médica inadecuada (103% más que las denunciadas en el Informe anterior)  y 8 por falta de atención médica oportuna (11% menos que en el Informe anterior)). Del total de víctimas conocidas este período, 43 eran neonatos (68%) y 9 mujeres que murieron por atención médica inadecuada o atención tardía durante el proceso de parto (14% del total).

Los conflictos laborales descendieron en 28% (49 protestas) frente a las 68 del año anterior. Las principales demandas se refirieron al cumplimiento de compromisos laborales y a la dotación de insumos en los establecimientos que integran la red pública de asistencia a la salud.

La prevención de enfermedades infecciosas presenta avances y reveses. En el registro epidemiológico se evidencia un avance, con la integración de la estructura de Barrio Adentro al sistema de información epidemiológica del MSDS; no obstante, el sistema tradicional mantiene debilidades.

Entre los reveses se encuentra un aumento en  los casos de malaria con una incidencia de 1,9 casos por 1.000 habitantes, en contraste con el 1,8 del 2004 y 1,2 de 2003. Amazonas sigue siendo el estado con mayor incidencia (63,9), seguido de Bolívar (23,4), Delta Amacuro (7,9) y Sucre (6,6). La tasa de morbilidad acumulada por dengue presenta también una tendencia ascendente del 26,3% (134,7 por 100.000 habitantes). El acumulado de casos fue de 27.820, de los cuales 1.694 (6,1%) fueron hemorrágicos, con dos decesos. Los estados con mayor número de casos notificados fueron: Cojedes (3.867), Táchira (2.549), Barinas (2.198), Mérida (2.023) y Distrito Capital (1.836).

Entre las nuevas medidas adelantadas por el Ejecutivo Nacional, vinculadas con Barrio Adentro, se reconocen como positiva aquellas orientadas a asegurar la incorporación de venezolanos en el equipo médico, lo que apunta a la sostenibilidad de este programa. En el 2004, se crea el Programa de Especialización en Atención Integral de la Salud, ofrecido por la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Para el 2005, en el marco de la Misión Ribas se plantea la incorporación de seis universidades (Francisco de Miranda, Rómulo Gallegos, Rafael María Baralt, Bolivariana de Venezuela, Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas y Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora) en el Programa de Formación de Medicina Integral. Igualmente, resulta positivo el establecimiento del internado rotatorio en ambulatorios como un requisito para la culminación del pregrado de Medicina. Según Pedro Navarro, integrante del Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), los estudiantes deberán ahora cumplir los primeros seis meses del internado en los servicios de atención primaria de salud y los seis restantes en los hospitales.

El derecho a la educación ha mejorado algunos de sus indicadores durante el período.Con respecto a la disponibilidad de establecimientos educativos, hay un  incremento de 1,8%, en relación al año anterior. El análisis de la década indica que en el quinquenio 1994-1998, el incremento fue de 8,9%, mientras que desde 1998 hasta el 2003 lo fue de 13,5%. A pesar de este signo positivo, las denuncias que aún se registran, indican falta de escuelas o de secciones en determinadas zonas del país o para ciertos grupos poblacionales especialmente discriminados.

En relación con el estado de la infraestructura educativa, el número de escuelas reportadas en prensa con diversos problemas, disminuyó en un 29,5% con respecto al lapso anterior, registrándose en el actual un total de 273 establecimientos que afectaron a 126.286 estudiantes (en 42,5% de las denuncias no se obtuvieron datos sobre este indicador).

Durante el año 2004 crecieron los siguientes indicadores que dan cuenta de la inversión educativa: el gasto público real por habitante (35,4% con respecto a 2003); el gasto público como porcentaje del PIB (fue de 5,3% mientras que en 2003 fue de 4,5%); el gasto público en educación como porcentaje del gasto social (43,3 % para el 2004 y 38,5% en el 2003); el gasto público real en educación (creció 37,8% con respecto a 2003) y el gasto público en educación (creció 67, 7% con respecto a 2003).

Se publicó el Currículo de Educación inicial, el cual tiene varias fortalezas según el análisis que realizó Provea. Sobre la base de su importancia se recomienda que el Estado disponga de recursos y diseñe actividades para la difusión y conocimiento del mismo.

El nivel de preescolar tuvo un incremento interanual de 4%, lo cual significa una recuperación, luego del decrecimiento registrado en el lapso pasado. Sin embargo, no debe olvidarse que, de acuerdo con estimaciones de población, alrededor de 623.222 niñas (os) en edades entre 3 y 5 años están fuera de las aulas.

El nivel de educación básica, que también había reflejado cifras negativas en el período anterior recuperó el crecimiento interanual en términos globales (1%), aun cuando no logra los  incrementos que venían registrándose en los períodos 1999-00, 2000-01 y 2001-02. La comparación con datos de población permite concluir que todavía alrededor de un 6% de niñas (os) en estas edades (aproximadamente 200.000) no están dentro del sistema. 

El nivel de educación media, que asimismo en el lapso pasado había frenado significativamente el ritmo de crecimiento que venía logrando, especialmente en los períodos 1999-00, 2000-01 y 2001-02, volvió a recuperar un incremento relativo global  de 11,2% (14,2% en las dependencias oficiales y 4% en las privadas) que debe ser considerado muy positivo, ya que es el nivel que presenta mayor índice de exclusión en relación con la población de esa edad. No obstante, aún 1.018.791 jóvenes en edades entre 15 y 17 años están excluidos de este nivel.

Se mantiene la tendencia a la no discriminación en el acceso a la educación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 81,4 por cada 100 mujeres. Cabe señalar una mejora con respecto al año pasado cuando el índice fue de 80,5 inscribiéndose en una tendencia creciente a disminuir la brecha, pues para el período 1994-95 la proporción fue de 71,9 varones por cada 100 mujeres.

Según datos del Plan de Igualdad para las Mujeres, un 63% de éstas forma parte de la Misión Róbinson I, un 55% de la Misión Ribas y un 56% de la Misión Sucre. 

Los porcentajes de repitencia mejoraron levemente. El global descendió de 8,4% a 8,1%. El de 1º grado pasó de 12,2% a 11,9% y el de 7° grado de 13,6 % a 13,3%. Sin embargo, el índice global y el de 1º grado están por encima de las mínimas logradas en el período 99-00 (7,8% y 9,2% respectivamente). En cambio, la repitencia en 7º grado viene mejorando paulatinamente en la década, descendiendo de 15,2% en el período 93-94 a 13,3% en el período 2003-04.

En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde  1er grado hasta 9º, este índice mejoró, desde una prosecución de 44% para el período 99-00 a una prosecución de 58% en el período 2002-03. Esto significa que actualmente culminan el noveno grado 58 alumnos de los que ingresaron a primero. Si tenemos en cuenta el sexto grado, el índice se mantiene en 90% al igual que en el lapso pasado, pero sufrió una desmejora, porque en los períodos 99-00 y 00-01 estaba en 91% y 93%.

Durante el período se conoció una evaluación del Proyecto Escuelas Bolivarianas. En comparación con otro tipo de escuelas, las primeras fueron mejor evaluadas en Calidad (9,3% más), Satisfacción (16,9% más), Atención recibida (0,53% más) y Convocatoria (13,5 más). Sin embargo, en las recomendaciones que se hacen para mejorar el proyecto, muchas de ellas no son distintas a las que necesita cualquier plantel educativo. Llama la atención, señala el Informe, que “un 35% de escuelas […] requieren ampliaciones, construcción de baños, cocinas, aulas, cambio de techos, entre otras necesidades. Cabe destacar que todavía existen algunas escuelas bolivarianas desde el año 1999 sin rehabilitar”. No se encontraron diferencias básicas entre ambos grupos de escuelas en cuanto al desarrollo del lenguaje, pero sí una diferencia favorable a las Escuelas Bolivarianas en el área de Matemáticas.

En relación con los subsidios a planteles educativos, destaca también positivamente que para el año 2005 fue aprobado en su totalidad el presupuesto solicitado por la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), y que durante el período que cubre el presente Informe la asignación mensual de los recursos de Tesorería Nacional fueron hechos regularmente de acuerdo con el Cronograma de desembolsos establecidos por la AVEC.

Destacamos también como positivo que al cierre de esta edición, debido a los logros de la Misión Róbinson, programa de alfabetización masiva, el 28.10.05 Venezuela fuera declarada por la Unesco “territorio libre de analfabetismo”.

Puede señalarse como negativo la discriminación estructural en el acceso a la educación de ciertos grupos poblaciones (especialmente los que viven en el campo, los indígenas y los pobres).

Es negativo también que el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA) se encuentre inactivo, y más aún lo es que la Memoria y Cuenta del MED presente como acciones realizadas por el Sistema en este período las que fueron hechas 7 años atrás.

También califica como negativo que todavía un 16% del personal que trabaja en educación tenga títulos no docentes, proporción que crece en estados como Amazonas (49,6%); Delta Amacuro (35,2%); Apure (31,1%); Barinas (29,8%): Sucre (23,9%); Mérida (23,7); Miranda (19,7%); Vargas (18,6%) y  Anzoátegui (17,1%).  Solamente un 3,9% del total de docentes participó de algún proceso de formación a lo largo de 2004. Asimismo se conoció que es alarmante la carencia de profesoras (es) para ciencias básicas, especialmente física y química, a lo cual se suma la ausencia de laboratorios, reactivos e insumos para experimentos.

Los resultados de una investigación participativa conocida en este período ilustraron una vez más que el clima escolar tiene un fuerte componente autoritario, con muy poco  espacio para el debate, la negociación y el manejo delconflicto, todo lo cual se transforma en causa de exclusión escolar.  A pesar de que la educación en derechos humanos contribuiría a cambiar esta situación, el Estado venezolano está en mora con respecto a la obligación de implantarla en el sistema escolar.

A pesar de que durante el período se reactivó la discusión acerca del Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE) aprobado en 1ª discusión el 21.08.01, a la fecha de cierre del presente Informe, la discusión está nuevamente paralizada en el seno de la AN.

Por último, y también evaluado como negativo es la decisión de la Sala Político TSJ, del 31.05.05, que declaró sin lugar el recurso de nulidad acerca de la obligatoriedad de la materia “Instrucción premilitar”, interpuesto el 17.11.00 por la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea.

En el derecho a la vivienda, destaca  la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH) y la creación de un ente rector como es el Ministerio de la Vivienda, el cual podría ayudar a superar la dispersión y descoordinación del sector.

En el lapso bajo análisis se dio un impulso importante, con base en la nueva LRPVH, a la implementación de planes y programas que diversifican las estrategias de acción del Estado, con una activa participación de las comunidades organizadas. El mayor protagonismo de los actores no tradicionales, así como la puesta en práctica de estrategias relegadas (adquisición de viviendas en mercado secundario y políticas de subsidios para alquileres en el marco de la emergencia por las lluvias) se toparon con las limitaciones institucionales propias de un entramado no afinado para responder a esta demanda activada de subsidios o de oportunidades de créditos para construcción.

La recuperación registrada en el año 2003 en los indicadores referidos al impacto del gasto público para vivienda y hábitat en atención al PIB, gasto social y recursos asignados, sufrió un revés en el 2004, según los estimados presentados por el Sisov. El comportamiento de la tasa de crecimiento interanual del gasto público real en vivienda, entre 2003 y 2004, fue negativo, para una variación de -31. Así, la inversión del año 2004 en vivienda y hábitat se equipara a la destinada en 1999, la más baja en este período de Gobierno. Como correlato, la disminución de prioridad del sector vivienda en la distribución del gasto social se expresó tanto en el impacto de esta partida frente al PIB (1% para 2003 y 0,6 % para el 2004) como en el gasto social (8,7 para el 2003 y 4,9 % para 2004).  No obstante, este retroceso se detuvo en 2005, ejercicio fiscal que en atención a los estimados e información aportada tanto por diferentes funcionarios del ámbito como por el Presidente de la República, rondará los 5 billones de bolívares.   

Se crearon los fondos comunitarios de vivienda y hábitat (FCVH), que son asociaciones civiles del Estado, con carácter de entes descentralizados funcionalmente, sin fines empresariales. Su creación se enmarca en las competencias que la LRPHV contempla para el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih); entre estas, la de promover y financiar el desarrollo de cooperativas de ahorro y crédito en vivienda y hábitat.

Desde finales del año 2004, los Comité de Tierras Urbanas (CTU)  impulsan en el ámbito nacional una propuesta de articulación de organizaciones de base. Bajo la denominación de Centros de Participación para la Transformación del Hábitat (CPTH), se proponen generar “espacios comunitarios para el ejercicio del poder popular en la transformación integral del hábitat, que tiene un carácter tanto socio-político como técnico […] con el fin de poder materializar los programas de democratización del suelo urbano, la transformación integral de los barrios y la creación de nuevos asentamientos”. Provea valora de manera muy positiva, las experiencias desarrolladas por los CTU y el modo en que han logrado incidir en las políticas públicas de vivienda.

Para la construcción de viviendas con el sector privado (tradicional y no tradicional) se otorgan los créditos mixtos, constituidos por un 70 % de la gaveta hipotecaria, a una tasa del 11,36 % y el 30 % que aporta el Fondo de Aportes del Sector Público (FASP), sin intereses. Para el año 2005 se fijó una meta de 25.000 viviendas destinadas a las familias que devengan menos de 55 UT. Según reportes de prensa, en abril de 2005 se entregaron 480 millardos para promotores de vivienda, primeros recursos con los que se espera la construcción de 10.000 unidades, y para julio se encontraban en ejecución 2.888 unidades.

A finales de agosto, el Banavih y el Banco Central de Venezuela (BCV) oficializaron una nueva reducción de las tasas sociales, aplicables a personas con ingresos inferiores a 55 UT (1.617.000 Bs.). De esta manera, para quienes no superen las 28 UT la tasa se redujo de 5,68 % a 5,16 %, en tanto que para aquellas familias que superan las 28 UT y hasta 55 UT, la tasa social pasó de 8,52 % a 7,74 %. La decisión da cumplimiento a lo previsto en la Ley de Protección al Deudor Hipotecario relativo a la revisión semestral de las tasas sociales.

También se establecieron tasas para aquellos cuyos ingresos oscilan por encima de 55 UT y hasta 150 UT (4.410.000), con una tasa que se redujo de 11,36 % a 10,32 %. Por otro lado, para quienes sus ingresos superan las 150 UT y tramitan préstamos hipotecarios en la banca privada, también se fijó una tasa de 10, 89%.

En el Distrito Metropolitano y en el ámbito nacional se incrementó sustancialmente la vulnerabilidad en época de lluvias. Como referencia de ello están las recientes contingencias acaecidas en noviembre de 2004 y en el primer semestre del año, principalmente entre febrero y marzo de 2005. Según información parcial del Ministerio de Interior y Justicia, el balance general al 22.02.05, en el ámbito nacional, arrojó las siguientes cifras: (a) 44.409 viviendas afectadas; (b) 30.776 personas damnificadas; (c) 194.608 afectadas no damnificadas; (d) 62 fallecidas; y (e) 61 desaparecidas.

En lo relativo a la situación de acceso de la población al agua potable, se destaca que entre 1990 y 2003 la cobertura pasó de 68 % a 87 %. Para el año 2003, los datos referidos a la variable población urbana y rural indican que si bien el porcentaje de cobertura alcanzado en la última década es bastante positivo, la inequidad se mantiene en atención a la zona de residencia.

Finalmente, el esfuerzo gubernamental no alcanza a consolidar  una política de mayor integralidad en la construcción del hábitat urbano que supere la mirada cuantitativista. Tampoco existió una política de regulación del suelo urbano que impida la especulación inmobiliaria a partir de la ampliación de la demanda para compra de vivienda, impulsada principalmente por la política de estímulo financiero presentada  por el gobierno en la nueva Ley de vivienda.

En relación con el derecho a la tierra, continuó el proceso de democratización de la tierra rural, en medio de grandes tensiones, de signo distinto, con el empresariado y sectores campesinos. Tienen en común el déficit institucional del Estado para cumplir y hacer cumplir la ley, en el proceso de reforma agraria. Con el empresariado, están originadas en el inevitable conflicto por la propiedad de la tierra, al que se le agregan denuncias de vulneración del debido proceso. Con el campesinado, en la ausencia de seguridad frente a amenazas privadas y de oportunidad en la entrega de recursos y apoyos.

En el combate contra el latifundio privado, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) declaró como tierra ociosa más de 600.000 ha. y otorgó cartas agrarias sobre tierras de supuesta propiedad privada que calificó como ociosas.

Existen imprecisiones en las cifras oficiales sobre la cantidad de tierra distribuida, lo que obstaculiza un adecuado monitoreo. Según cifras parciales del 1er semestre 2005 se otorgaron 1.125 cartas agrarias.

Con el Plan Especial Agrícola 2004-2006 se invirtió en el ciclo de invierno 2005 la cantidad de 557 millardos en créditos. No se conocieron cifras sobre la siembra de 2004. De enero a mayo de 2005 se asignaron 800 millardos de bolívares en 15.995 créditos.

Se redujo notablemente la importación de maíz, trigo, azúcar y carne bovina. En julio, las importaciones agrícolas vegetales disminuyeron 11,20%. No obstante, se sigue importando cerca del 70% de los alimentos.

De las 315.029 personas que la Misión Vuelvan Caras capacitó durante el año 2004, el 28% recibió capacitación en temas agrícolas. De ese total, 22.276 fueron integradas a Núcleos de Desarrollo Endógeno de vocación agrícola.

El desempleo rural descendió, del 7,9% en el segundo semestre de 2003, a 7,1% en el segundo de 2004.

El Ejecutivo Nacional homologó el salario mínimo rural con el salario mínimo urbano, superándose la clásica discriminación.

Se produjo una reforma parcial a la Ley de Tierra y Desarrollo Agrícola, más para dar respuestas coyunturales a necesidades políticas del Ejecutivo que para un perfeccionamiento integral de la misma, reforma que careció de un proceso amplio de consulta a los sectores interesados.

Fueron asesinados 6 campesinos a manos de actores privados, sin que el Estado lograra garantizarles su derecho a la seguridad y la vida. Dirigentes campesinos denunciaron a militares del Teatro de Operaciones Nº 1 de atropellos y arbitrariedades.

Las políticas tendientes a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, no terminan de mostrar impactos positivos, y por el contrario se presentan contradictorias. El gobierno entregó a las comunidades indígenas títulos colectivos de propiedad sobre casi 700.000 ha, pero persiste el retraso en el proceso de demarcación de los territorios indígenas, el cual se debe a la asistencia irregular de la Comisión Nacional y de representantes indígenas, la rotación de funcionarios en las regiones y contradicciones gubernamentales.

El Estado sigue entregando concesiones a empresas trasnacionales mineras, petroleras y forestales para planes desarrollistas altamente destructores del hábitat indígena. Por ello, y en particular por la explotación del carbón en la Sierra de Perijá (Zulia), grupos indígenas y ambientalistas tomaron las calles para exigir la paralización de las mismas y celeridad en la demarcación de sus territorios.
El nuevo decreto para regular la Reserva Forestal de Imataca en sustitución del cuestionado decreto 1.850, repite los errores de éste y amplía a 2.700.000 ha. el área destinada a explotación minera y forestal.

Los reportes epidemiológicos del MSDS no discriminan por etnias, lo que dificulta monitorear su situación de salud. No obstante, los casos de malaria abundan en los estados con población indígena: Bolívar (820), Sucre (323), Amazonas (118), Delta Amacuro (24) y Monagas (10).

Los recursos del Plan de Salud Yanomami están “represados” en un fideicomiso en el Bandes, sin que hay existido un trámite eficaz para su desembolso.
Durante el período, el Presidente anunció la salida de las Nuevas Tribus de Venezuela acusándolos de trabajar para organismos de inteligencia de EEUU y de espionaje económico a favor de transnacionales.

Los desplazados indígenas Wayúu de Bahía de Portete han sido amenazados de muerte por los paramilitares colombianos, por lo que aún no pueden regresar a sus territorios. A los 30 Wayúu que huyeron a Venezuela para refugiarse por el asesinato de una autoridad indígena, se suman los 205 indígenas que emigraron al Zulia por la masacre perpetrada el 18.04.05 por presuntos narcoparamilitares. Los indígenas Yukpa y Bari denunciaron en el mes de septiembre de 2005 la presencia de insurgentes en la Sierra de Perijá.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas no pudo ser aprobada en segunda discusión debido a sus inconsistencias y graves fallas jurídicas y conceptuales.

En torno al derecho al ambiente sano, continuó una débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, especialmente de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo (DP). Durante 2004 la DP recibió un total de 145 denuncias relacionadas con el derecho al ambiente sano. Las principales denuncias se refieren a contaminación atmosférica, de suelos y aguas en áreas naturales y urbanas por descarga de desechos industriales, aguas servidas domésticas, y/o productos agrícolas y pecuarios; y la invasión e intervención de áreas protegidas.

Como aspectos negativos fueron destacados: el crecimiento incontrolado de la especie vegetal Lenteja Acuática (Lemna sp.) en el Lago de Maracaibo, reflejo de los procesos de eutrofización que confronta este ecosistema, y que han evidenciado que dicha proliferación es solo la “punta del iceberg” de la problemática lacustre; contaminación atmosférica debido al poco mantenimiento de los vehículos por parte de la ciudadanía y las empresas transportistas y la deficiente supervisión de las autoridades municipales y nacionales. Igualmente preocupa la contaminación de los cuerpos de agua como consecuencia de la falta de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial, con la consecuente degradación de las áreas naturales, incluyendo las playas, ríos y balnearios; venteo y quema de gas excedente en la industria petrolera, particularmente en Anzoátegui y Zulia; contaminación a todos los niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y/o agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes y los Llanos.El problema de la basura, particularmente en los municipios urbanos de Caracas, se agravó, obligando al Alcalde Mayor a emitir un decreto de emergencia sanitario. Fue aprobada la Ley de Residuos y Desechos Domésticos (LRDS) y el MARN creó el Grupo Interinstitucional para desarrollar el soporte económico para la gestión de desechos sólidos.

Destacan positivamente la ratificación de Venezuela del Protocolo de Kyoto, los logros en materia de suministro de agua para consumo humano y el establecimiento de las mesas técnicas de agua, en las que las comunidades participan en el manejo y conservación del recurso en forma directa.

En el período analizado se registraron 162 denuncias de violación del derecho a la vida, lo que significa un descenso del 30% respecto al lapso anterior (231 víctimas). Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón de “Ejecución”, 81% del total de víctimas conocidas (131).

Se mantuvo la simulación de enfrentamientos, la descalificación de la víctima, y las amenazas u hostigamientos a testigos y a familiares de las víctimas. La mayoría de ellas tenía entre 18 y 30 años (50%), mientras13,5% (22) eran niños, niñas y adolescentes. El 96% eran hombres y el 4% mujeres.

Los organismos de adscripción nacional (FAN, CICPC, Disip, DIM) agruparon la mayor responsabilidad, con 71 víctimas (44 %), teniendo el CICPC la mayor cantidad de denuncias (39), con lo cual ha sido el cuerpo más denunciado por sexto año consecutivo. Al sumar las actuaciones en las que actuó junto a otros organismos (18), el total de sus víctimas se eleva a 57.

Entre las entidades federales con mayor ocurrencia de violaciones al derecho a la vida, destacan: Caracas con el 32% (52 víctimas), y el Edo. Anzoátegui con 31 (19%). Entre ambas entidades federales suman más de la mitad de las víctimas conocidas (51%).

En este derecho, se registraron 2.731 detenciones arbitrarias, lo que representa un incremento del 20,6% en relación con el período anterior (2.169), lo que revierte la tendencia decreciente que venía observándose desde el 2002.

Al igual que en años anteriores, el mayor número de denuncias se concentró bajo el patrón de detenciones masivas: 93,04% (2.541), con un incremento del 22,7% respecto al lapso anterior (1.962). Las detenciones individualizadas se incrementaron en 1,7% al pasar de 114 a 116 hasta septiembre de 2005. Ocurrieron 81 detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas, 13% menos que las 93 del año previo. Al excluir las detenciones ocurridas en el marco de la “Guarimba” (2004) y dejar las ocurridas en manifestaciones pacíficas (45), se revela un incremento de 44,4%.

Por segundo año consecutivo las víctimas de desaparición forzada (17) se incrementaron: 35,25% frente a las 11 del lapso anterior. El cuerpo más denunciado por este delito fue la Guardia Nacional (GN), con 7 (en la desaparición de 5 víctimas la GN actuó junto a la PE Apure), y el CICPC registró 5 víctimas. Las policías regionales fueron responsables de 2 (más las mencionadas por la PE Apure) y las policías municipales de 3, todas por funcionarios de la Policía. Municipal de Libertador (Caracas).

En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos de seguridad según patrón, las policías regionales fueron las más denunciadas por detenciones masivas (75,8%), ocupando el primer lugar la PE Anzoátegui, con 1.315 víctimas. En detenciones individuales también las policías regionales registraron la mayor cantidad de denuncias (49% del total ocurridas bajo este patrón); la PE Aragua fue la más denunciada con 34 víctimas. Las policías regionales detuvieron a 18 personas (22%) en el contexto de manifestaciones; en el resto de las detenciones (63) actuaron conjuntamente varios organismos de seguridad. La GN actuó en todas las acciones conjuntas junto a funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), la Policía Estadal de Miranda y la Policía del Municipio de Paz Castillo (Edo. Miranda).

Persiste la situación de retardo en los procedimientos policiales, generando hacinamiento en calabozos y retenes policiales, los que presentan serias deficiencias de acondicionamiento e insalubridad.

Respecto del derecho a la integridad personal, Provea registró un total de 293 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones a este derecho, que afectaron a 800 personas, lo cual denota una disminución del 5,66% respecto a los 318 casos del período pasado, cuando 848 personas fueron afectadas.

Esta disminución se presenta en dos de los cinco patrones analizados. El patrón de heridos registró el descenso más importante (61,78%), seguido del patrón de tortura (46,55%). En contrario, los patrones de amenazas u hostigamiento y allanamientos ilegales registraron un aumento del 60,98% y del 23,33% respectivamente. El patrón de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes presentó un leve aumento del 2,44%.

Al igual que en lapsos anteriores, el sector más vulnerable fue el de los hombres, con 388 víctimas, mientras que 151 mujeres (18,8%) fueron agredidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Sobre la edad de la víctimas, 67 niñas, niños o adolescentes resultaron agraviados (8,3% del total). Estos datos denotan una disminución del 51,8% respecto a las 139 del año anterior.

Del total de víctimas de torturas, 2 murieron como consecuencia de los malos tratos ocasionados por los funcionarios implicados, un 50% menos que el período anterior (4).

Los cuerpos de seguridad de ámbito nacional son responsables del 26,63% del total (213), y destaca la GN con 122 víctimas (15,25%). Las policías regionales agruparon responsabilidad en 400 casos (50%). Entre ellas la PE. Aragua presentó el mayor número de denuncias con 112 víctimas (14 %), y repite por tercer año consecutivo como el organismo policial regional más denunciado. Las policías municipales registraron 167 víctimas (20,88) y las acciones conjuntas arrojaron un saldo de 10 víctimas (1,25%).

Las cuatro entidades federales que concentran el mayor número de víctimas son: el Edo. Aragua con 144 (18,00%), Caracas con 90 (11,25%), el Zulia con 89 (11,13%) y Bolívar con 81 (10,13%).

En relación a este derecho, se mantiene la tendencia al descenso observada desde hace 6 años. De 1.417 manifestaciones de carácter pacífico, 18 resultaron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado (1,3%). Este porcentaje es inferior al del período anterior, cuando fue de 3 %, y representa el menor porcentaje registrado en los últimos 16 años. No se registró ninguna muerte, situación que no se había registrado desde el período 1999-2000.

Al menos 49 personas resultaron lesionadas, 1 por herida de bala y el resto con perdigones, golpes, asfixia y otros tratos o penas crueles. Esta cifra es 57% inferior al comparar con las 114 personas lesionadas el año anterior. Por el contrario, el número de violaciones al derecho a la libertad personal en el contexto de manifestaciones reprimidas (81) se incrementó 44,4% frente a los 45 detenidos del período pasado.

El sector más reprimido fue el de los vecinos (38,9%), seguido de los estudiantes y los desempleados (11% cada uno). Las entidades federales con más violaciones fueron los estados Carabobo, Miranda y Vargas, con 3 en cada uno de ellos.

Por tercer año consecutivo, la GN fue el organismo con más denuncias (6 reprimidas y 2 impedidas). En 4 de esas 8 intervenciones actuó acompañada de otro organismo de seguridad estadal o municipal.

El tipo de protesta más reprimido fue el cierre de calle, pues de 510, 10 fueron reprimidas, es decir, 1 de cada 51 cierres fue reprimido.

Causan alarma las modificaciones a los artículos 357 y 506 del Código Penal que tienden a restringir el derecho a manifestar pacíficamente al criminalizar los cierres de calle y los cacerolazos. La reforma implica sanciones con multas de hasta 100 unidades tributarias, aumentándose hasta 200 UT si se reincide. Los cierres de calle serán castigados con penas de prisión de 4 a 8 años.

Respecto de este derecho, hubo un descenso en las cifras de homicidios y robos; sin embargo, la situación desde el punto de vista estructural permanece igual, ya que no existe política pública de seguridad ciudadana democrática, con participación real de las comunidades, sino que se insiste con propuestas que privilegian las soluciones de control y de fuerza, con el aumento de policía, vigilantes públicos y privados, guardianes de la ciudad, policías de los barrios, etc. Siguen sin tomarse en cuenta a las principales víctimas, que son las personas excluidas. Este año se distinguió especialmente por el llamado caso Kennedy, cuando fueron asesinados 3 estudiantes, triste ocasión que nuevamente fue desaprovechada para reestructurar definitivamente a los cuerpos policiales del país. Es de valorar sin embargo la prontitud con que el Ministerio del interior y Justicia condenó los hechos y actuó en consecuencia destituyendo a los responsables, creando así las condiciones para la investigación de los hechos. Sin embargo, las soluciones a largo plazo siguen apuntando a responsabilidades individuales sin tomar en cuenta los mecanismos de impunidad institucionales.

Se siguen aplicando esquemas pertenecientes al pasado y desprovistos de la noción de derechos humanos, tal cual fueron consagrados en la Constitución Nacional.

Entre los años 2003 y 2004, los principales indicadores de criminalidad y violencia en el país reportan un comportamiento decreciente. Este descenso llega a 11,21% en el caso de los delitos totales conocidos, pasando la tasa de 1.152 delitos por cien mil habitantes (dpcmh) a 1.022. El robo, es uno de los delitos que mayor decrecimiento presenta; la disminución fue de 24,18% modificándose la tasa de 166 robos pcmh a 126; y los homicidios -como principal manifestación de violencia- revelan un descenso de 14,31%, ubicándose la tasa en 42 homicidios pcmh durante 2004 mientras que en 2003 la cifra fue de 49 hpcmh. Sin embargo, este descenso no se ha mantenido durante el 2005.

No obstante la reducción experimentada, la criminalidad, la violencia y la inseguridad ciudadana continúan ocupando la 2ª posición entre los principales problemas del país y principales problemas personales reconocidos en encuestas de opinión por la población venezolana, siendo superado solo por el desempleo. Esta percepción generalizada en torno a la delincuencia como uno de los más importantes problemas a nivel nacional y personal encuentra sustento en: a) el incremento que muestran las lesiones al pasar la tasa nacional de 122 a 129 lesiones pcmh, lo que representa un aumento de 5,58%; b) el ascenso que experimentan los delitos contra las personas respecto al total de delitos conocidos, pues mientras que en el año 2003 suponían el 21,2% para 2004 concentran el 25% de los registros y c) el hecho de que –pese a los decrecimientos anteriormente expuestos- las cifras conocidas en lo que va de 2005 no experimentan una mejoría.

En relación con el derecho a la justicia, transcurridos seis años desde la aprobación de la CRBV y el consecuente proceso de intervención y reforma judicial, el Sistema de Administración de Justicia (SAJ) continúa sin resolver los problemas estructurales que históricamente afectaron su funcionamiento. Especialmente preocupante es la continuidad de la exclusión estructural de las mayoría populares del SAJ, en donde, si logran entrar, en la mayoría de los casos difícilmente obtienen decisiones favorables a sus derechos. En lo atinente a la independencia del Poder Judicial, la entrada en vigencia de la cuestionada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), la falta de respuesta por parte TSJ a los 6 recursos de inconstitucionalidad de la referida Ley, la reforma regresiva del Código Penal, la expedita destitución de jueces por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en varias regiones del país, la continuidad del retardo procesal en la jurisdicción penal, la prosecución del juzgamiento de civiles por la jurisdicción militar, las violaciones al debido proceso en causas judiciales iniciadas contra miembros de organizaciones civiles por presunta conspiración, la continuidad de la provisionalidad de la mayoría de los jueces, y la insuficiencia presupuestaria, son otros aspectos que también califican como negativos.

Cabe destacar que comenzó a funcionar la Escuela Nacional de la Judicatura, iniciando un proceso de formación de jueces con la finalidad de prepararlos para los concursos de oposición, al tiempo que el TSJ anunció que en el 2006 no habrá jueces provisorios y que se reiniciará en octubre de 2005 el proceso de concurso para su elección. También se produjeron mejorías en los procesos relacionados con la jurisdicción laboral, lo que ha devenido en un acceso a la justicia más expedito y se avanzó en el diseño de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes (LOPNA).

El presupuesto del SAJ, en relación con el Presupuesto Ordinario Nacional (PON) se ha venido incrementado porcentualmente desde el año 2000, llegando a ubicarse en 2,46% en el año 2002, disminuyendo en el 2003 y 2004, para recuperarse en el año 2005. La participación en el 2004 fue del 2% del total, y el correspondiente al 2005, que totalizó Bs. 1.725.141,20, constituye 2,49%, la más elevada participación desde la entrada en vigencia del artículo 254 de la Constitución vigente, que establece una asignación mínima del 2%.

En estos derechos, el crecimiento interanual de la población penitenciaria no aumentó de manera significativa. La población penal fue de 19.851, una tasa de prisionalización de 76,4 reclusos por cada 100.000 habitantes. Aun cuando se revela un incremento si comparamos con 2004 (18.781 reclusos), ello responde a razones circunstanciales y no a un ascenso sostenido según lo demuestran las cifras de los últimos dos años.

Para octubre de 2005, 10.220 presos (51,48% del total) habían recibido sentencia, mientras 9.633 (48,52%) estaban en calidad de procesados.

El índice de hacinamiento para octubre de 2005 era de 17,40%, no llega a los niveles alarmantes del pasado cercano, pero es más agudo en algunos penales. De los 30 centros de reclusión, 12 presentan sobrepoblación superior al 50%.

Aumentó el presupuesto destinado a la alimentación de las os) presas (os): en 2005, la asignación diaria fue de Bs. 5.000, un aumento del 100%, aunque es aún insuficiente para una alimentación adecuada.

Persisten enfermedades endémicas y problemas sanitarios producto de las condiciones de reclusión, predominando enfermedades digestivas, parasitosis, infecciones, enfermedades respiratorias y dermatológicas. De acuerdo con la organización Acción Solidaria, 35 internos son portadores de VIH/Sida. No obstante, se estima que hasta un 2% (cerca de 400) podría presentar la enfermedad. A ello se suma la ausencia de despistaje en muchas de las cárceles, que contribuye al sub registro.

Aún se presentan altos índices de violencia mortal dentro de las cárceles. Según datos hemerográficos, en 2004 se produjeron 277 víctimas mortales y 655 lesionados (932 en total). En 2005 se incrementó: en el primer semestre hubo 204 víctimas mortales, cifra cercana al total de 2004, con 285 heridos.

La Declaración de la Emergencia Penitenciaria por parte del Ejecutivo revela una voluntad política e institucional de abordar la problemática como asunto de Estado. Subraya la obligación de velar por el respeto de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física, psíquica y moral de todos los ciudadanos, en especial de los reclusos.

En el derecho a la libertad de expresión se observó una reducción de 36,7%, con relación al año pasado, en el número de violaciones a este derecho. En este período se conocieron 86 casos, 5º menos que en el período anterior (136). Registramos un descenso en las víctimas contabilizadas en estos casos: 111 víctimas en este período, en relación con las 139 registradas en el período anterior, para una disminución de 20,1%.

El patrón que se observó con mayor incidencia, amenazas, ocurrió en 50 oportunidades, lo que implica una variación en relación con el período anterior, cuando el patrón que tuvo el mayor registro fue ataque o agresión, contabilizado en 70 veces.

El patrón de hostigamientos judiciales tuvo un aumento sustantivo asociado especialmente a las demandas por difamación emprendidas por funcionarios.
Durante el período se aprobaron mecanismos legales tales como la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión y la Ley de reforma parcial del Código Penal. Ambos instrumentos contienen una serie de artículos que establecen regulaciones y sanciones que limitan de modo inconsistente el pleno ejercicio del derecho.

Por iniciativa del Poder Ejecutivo, se concretó el lanzamiento de la televisora Telesur, cuya señal llega a varios países de América Latina. Esta iniciativa es consistente con la ampliación de la oferta comunicativa audiovisual al aumentar el acceso de las personas a programas latinoamericanos que no cuentan con canales de distribución regulares.

Respecto a los derechos al asilo y al refugio, se asumen desde las instituciones estatales con un enfoque de Seguridad de Estado, situación que puede dar pie a medidas de discriminación y criminalización por país de origen y aplicación de medidas de exclusión sin garantías al debido proceso.

Ha habido pocos avances en la lentitud y el retraso en la consideración de las solicitudes de reconocimiento de refugio sometidas a la Comisión Nacional para Refugiados (CNR). Se garantizó el derecho al recurso a la doble instancia y al recurso judicial.

La dotación de documentación debida a Personas en Situación de Refugio (PSR) y Personas Reconocidas como Refugiadas (PRR) es un avance que destacamos como significativo pero con serios retrasos en los procesos de entrega de documento de identidad por parte del Estado venezolano. Pese a que el Estado no incluyó, de manera planificada, a las PSR y la PRR, en el proceso de regularización y naturalización de los no nacionales, muchas de ellas lograron insertarse en ese proceso por iniciativa personal.

El enfoque de Seguridad de Estado dado al tema de refugio en Venezuela por parte de autoridades militares tiene una de sus formas de expresión en la retención de documentos informativos sobre la situación de las PSR, como ocurre en la región del Alto Apure, donde el Ejército retiene los carné entregados por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) a las PSR.

Se valora positivamente que se mantienen las actividades de formación adelantadas en los estados Táchira, Zulia, Apure y Caracas a funcionarios públicos, militares, policiales y civiles, de diversos y varios niveles, por iniciativa de la CNR y la Defensoría del Pueblo-Táchira y de organizaciones no Gubernamentales (ONG) y del ACNUR.

Las relaciones con las ONG y la sociedad civil por parte de la CNR han mostrado un leve avance pero con serias carencias que afectan de modo directo a las PSR y a las PRR.

Una de ellas es la falta de información sobre el número de personas que solicitaron refugio ante el Estado. La determinación de la cantidad de PSR y de los mecanismos de solicitud, permitiría a los responsables de las políticas públicas de atención a refugiados planearlas adecuadamente, pero cuando no es posible establecer la cantidad de personas solicitantes, se dificulta una correcta planificación y las acciones corren el serio riesgo de ser erráticas.

Del 18 de noviembre al 01 de diciembre de 2005

Boletín electrónico Nº 164

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE

01 Día Mundial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
02 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
03 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
04 Día Internacional del Voluntariado
10 Día Internacional de los Derechos Humanos
18 Día Internacional de los Migrantes
19 Inicio de la primera Huelga de Obreros Petroleros organizada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (1936)
29 Día Internacional de la Diversidad Biológica
30 Entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

CONTEXTO

Como es costumbre desde hace 17 años, Provea presentará públicamente el próximo 09.12.05, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos presentando, su más reciente edición del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2004/Septiembre 2005.

Y como siempre, lo hará en un foro de acceso libre en la Sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas (Metro de Bellas Artes), a las 5:30PM.

Para ese día se presentará la versión impresa de esta publicación que registra el comportamiento estatal con respecto a 18 derechos humanos agrupados entre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Derechos Civiles y Políticos (DCP), acompañados de un análisis coyuntural, un reporte de las acciones emprendidas por el movimiento nacional de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y una serie de ilustrativos anexos.

Igualmente, a partir de esa fecha, invitamos a los/as interesados/as a consultar y/o descargar esta publicación en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El siguiente es un comunicado que forma parte de un análisis desarrollado por Provea sobre la materia en cuestión y que puede ser consultado y/o descargado en toda su extensión en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/campanas/decreto_4208.pdf.

A juicio de Provea, la decisión del Ejecutivo Nacional de desconocer el mecanismo de la negociación colectiva aduciendo “problemas de legitimación y de cualidad” de la Federación Médica Venezolana (FMV), se inscribe en el tipo de conductas gubernamentales que el Comité de Libertad Sindical cuestiona porque: “Al favorecer o desfavorecer a determinada organización frente a las demás, los gobiernos podrían influir en el ánimo de los trabajadores cuando eligen la organización a la que pueden afiliarse. Un gobierno que obrase así de manera deliberada infringiría además el principio contenido en el Convenio 87 de que las autoridades deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar los derechos otorgados por este instrumento”.

Cabe recordar, que Provea ha mantenido una posición crítica de la política del gobierno nacional que, con la excusa de la confrontación política con la oposición, ha venido desconociendo en la práctica a diversas organizaciones sindicales a los que califica, como en este caso, de “golpistas”. Esta práctica de desconocimiento de la FMV se inscribe en la política gubernamental que pretende debilitar las estructuras gremiales no afectas al oficialismo y potenciar el paralelismo sindical. En este sentido, lo idóneo es que el Ministerio del Trabajo convoque al reinicio de las negociaciones del convenio colectivo con la FMV, para de esta manera restablecer el respeto el derecho constitucional a la convención colectiva.

Por otra parte, Provea coincide con el gremio médico en que el Decreto establece discriminaciones que no tienen justificación, como lo es el haber excluido a los médicos jubilados y pensionados, becarios y contratados, así como los sobrevivientes. Un caso paradigmático de exclusión lo constituyen los galenos venezolanos que participan de la Misión Barrio Adentro, que organizados en la Coordinación Nacional de Médicos Venezolanos de Barrio Adentro, denunciaron que su exclusión “no se corresponde con los principios de igualdad y justicia social, sobre todo, si se toma en cuenta que nuestro ingreso es inferior al percibido por los colegas de otros postgrado, quienes además reciben beneficios de bono alimentario, bono nocturno, prestaciones sociales, primas por hijo, por profesionalización, Ley de Política Habitacional, Paro Forzoso, entre otros”. Lo grave del caso es que el Ministerio de Salud no atiende el reclamo de estos profesionales de la salud: “nosotros le hicimos una solicitud de audiencia el pasado 16 de agosto del presente año, la cual fue entregada en su Despacho, para tratar estos y otros aspectos relacionados con el postgrado de Medicina General Integral y de la Misión Barrio Adentro y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta alguna”.

En relación con el aumento salarial establecido en el Decreto 4.208, Provea es de la opinión que la escala de salarios del gremio médico debe ser mejorada a niveles que permitan a dichos profesionales contar con salarios competitivos con los del sector privado, un factor importante para fortalecer y mejorar la calidad de los servicios del nuevo sistema nacional de salud. Cabe esperar, que mediante la negociación y aprobación de la nueva contratación colectiva los salarios sean mejorados, al tiempo que se establezca una escala salarial que valore adecuada y justamente los componentes de especialización y antigüedad de estos servidores públicos.

Es evidente que el nuevo sistema nacional de salud exige, para que sea exitoso, que la mayor parte de los médicos, así como el resto del personal, trabaje a tiempo completo en los hospitales y ambulatorios, y no como hasta el momento, que lo hacen bajo las modalidades de cuatro y seis horas. También es importante que trabajen en un solo centro asistencial, modalidades ambas que mejorarían la eficacia y eficiencia del sistema público de salud. Pero para ello, en opinión de Provea es necesario que el Estado mejore substancialmente no solo los salarios sino las condiciones generales del entorno laboral, para que de esta manera los profesionales de la salud vuelvan a privilegiar lo público como ámbito natural de prestación de sus servicios. En este sentido, es evidente que la condición de “exclusividad” planteada en el artículo 9 del Decreto 4.208, debe asimilarse a la de tiempo completo y en ningún momento puede entenderse como una prohibición de la práctica privada de la medicina en el tiempo libre que dispongan los médicos/as luego de cumplir su jornada de trabajo a tiempo completo en el sistema público de salud. Provea propone que el Ejecutivo Nacional modifique el artículo 9, eliminando la frase que reza: “y solo podrán percibir otras remuneraciones derivadas del ejercicio académico”, ya que ello atenta contra el principio constitucional de la libertad de trabajo establecido en el artículo 87, que es claro cuando especifica que “la misma no será sometida a otras restricciones que la ley establezca”, condición que no se cumple en este caso por tratarse de un decreto del Ejecutivo Nacional y no de una ley aprobada por la Asamblea Nacional.

Sobre la controvertida creación del Registro Único de Médicos y Médicas del Sistema Público Nacional de Salud, Provea opina que su creación es necesaria para poner orden y organizar la prestación de servicios antes de que comience a funcionar el nuevo sistema de salud. Lo que es criticable es que se condicione el pago del bono a la inscripción para aquellos médicos que opten voluntariamente por trabajar bajo el régimen de exclusividad.

Provea reitera que el Ejecutivo Nacional debe rectificar y dejar de discriminar a los trabajadores por su orientación política y convocar a la brevedad posible a la discusión de la convención colectiva, garantizando la participación de la FMV y de otros sectores del gremio médico, como parte del proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud (Provea, 01.12.05).

Provea informa que este 01.12.05, a través del Ministerio de Finanzas (MF), el Estado venezolano se puso al día con el pago adeudado a las personas jubiladas y pensionadas de la Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (VIASA), quienes el 02.03.05, en el marco del 122º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acordaron con el Estado venezolano avanzar hacia una solución amistosa.

Tal como se adelantó en la edición Nº 163 de este boletín (ver http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_163.htm#04), se esperaba que en dicha fecha el despacho de finanzas restituyera el monto de la nueva deuda acumulada por los últimos 4 meses, tras haber suspendido la cancelación de un pago por concepto de jubilación y de 6.000 dólares como indemnización a un grupo de 18 beneficiarios/as, que había iniciado el 29.07.05 (ver edición Nº 158 de este boletín en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#02).

Como se recordará, este grupo de extrabajadores/as de VIASA fueron despojados/as de su derecho a recibir su jubilación y pensión tras el proceso de privatización de la compañía aérea adelantado por el Gobierno Nacional en 1998 (para conocer detalles de este caso, ver sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/viasa/index.htm).

Por otra parte, se conoció que en el más reciente Consejo de Ministros se “aprobó cancelar 2,95 millardos de bolívares (equivalente a 1,37 millones de dólares) a 16 jubilados/as y pensionados/as de la extinta compañía estatal Venezolana Internacional de Aviación SA (VIASA). En la reunión se acordó cancelar las acreencias por la vía de un fideicomiso creado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BANDES)” (El Nacional, 29.11.05, pág. A/20).

Provea insiste en que el avance cumplidos los compromisos monetarios, las partes trabajan en el cumplimiento de los aspectos no pecuniarios de dicha acta compromiso, entre ellos, el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos de las personas jubiladas y pensionadas de VIASA y la difusión de programas televisivos para reivindicar la memoria de los ex trabajadores fallecidos, así como para educar a la sociedad venezolana en cuanto a los derechos que tienen las personas jubiladas y pensionadas en el país (ver edición Nº 157 de este boletín en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_157.htm#01).

De acuerdo con la Gaceta Oficial Nº 342.835, publicada el 17.11.05, se facultó al Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), al Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), al Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), al Servicio Autónomo de Vivienda (SAFIV) y a la Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS), adscritos al Ministerio de la Vivienda y el Hábitat (MVH): “para realizar con urgencia las contrataciones necesarias para la ejecución y para la culminación de las obras en todos sus ámbitos” (Últimas Noticias, 19.11.05, pág. 20).

Luis Figueroa, titular del MVH, informó que se declaró al Sistema Nacional de Vivienda en Estado de Emergencia “por el altísimo déficit que atraviesa la población venezolana en esa área” (Últimas Noticias, Ídem.), así como para responder “a la necesidad de crear el marco jurídico adecuado para agilizar la construcción de casas” (Agencia Bolivariana de Noticias, 18.11.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=26832&lee=3).

Explicó el funcionario que los recursos depositados en dichos organismos serán reorientados para atender la conclusión de las casas: “toda esa masa de dinero, unos 380 mil millones de bolívares, se destinará a finiquitar obras […] De esta manera el Ejecutivo espera entregar 10.500 soluciones habitacionales en el lapso previsto […] entre finales de este año y el primer trimestre de 2006” (Últimas Noticias, Op. cit.).

De este monto, 4.500 casas están a cargo del CONAVI, alrededor de 5.000 están bajo la responsabilidad del FONDUR y cerca de 1.000 pertenecen al INAVI. Asimismo, el titular de Vivienda precisó que, para la adjudicación de los contratos, están revisando los reportes de las empresas que hayan tenido una adecuada ejecución física y financiera, un buen récord de trabajo y precios justos en sus propuestas (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.). Con la medida, el Ejecutivo hará las adjudicaciones de los contratos de forma directa, sin pasar por el proceso de licitación: “Con un decreto de emergencia se obvian los procesos de licitación, que retrasan la entrega de viviendas. En este momento, necesitamos aumentar la oferta, en virtud de la alta demanda […] podemos hacer que los procesos sean transparentes, aun cuando no se hagan licitaciones. El hecho de que sean adjudicaciones directas no arroja dudas sobre la necesidad de la premura de la obra. Buscaremos en los reportes cuáles empresas tuvieron una ejecución correcta y cuáles ofrecen un precio justo”, señaló Figueroa respecto a la experiencia que demuestra que las adjudicaciones directas propician actos de corrupción (El Nacional, 19.11.05, pág. A/14).

De acuerdo con lo que señala otra fuente “las viviendas pendientes superan las 50.000 unidades y según Figueroa las soluciones factibles para terminar este año suman 10.000. ‘Esa cantidad de unidades se pueden entregar por cierre de ciclo. Una primera cosecha estará lista al término de 2005 y una segunda parte se completará en el primer trimestre de 2006. Hemos escogido aquellos proyectos que tienen una función significativa, como es la entrega de las casas’» (El Universal, 19.11.05, http://www.eluniversal.com/2005/11/19/eco_art_19201A.shtml).

Conviene destacar que al cierre del 3er. trimestre del presente año, fueron terminadas 17.000 unidades habitacionales (El Universal, 28.11.05, http://www.eluniversal.com/2005/11/28/eco_art_28204C.shtml). “Según datos que se manejan en los despachos de finanzas y planificación sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), hasta septiembre las unidades listas por parte del sector público fueron 17.000, lo cual representó 24% del conjunto de soluciones pendientes de los planes de 2001 y 2002. En julio los voceros oficiales del sector vivienda habían notificado que esa cantidad de unidades eran las que se habían terminado en ese período, de manera que entre agosto y septiembre los organismos ejecutores no tuvieron actividad. Al Ejecutivo Nacional le faltan por terminar más de 50.000 unidades, las cuales se habían programado en varios desarrollos a nivel nacional. No obstante de ese lote, el actual titular de la Vivienda, Luis Figueroa, ha señalado que las unidades factibles serán 10.000. Eso indica que el Gobierno comenzará el año 2006 con más de 40.000 viviendas que están pendientes […] Las metas planteadas por las autoridades distan de lo solicitado por el primer mandatario nacional, quien en varias alocuciones dijo que para este año se tenían que hacer 120.000 viviendas y para el 2006 la meta debía ser 200.000 unidades” (El Universal, Ídem.).Figueroa, por su parte, no precisó la cantidad de fondos que se invertirán en esta emergencia, pero manifestó que no “descarta solicitar más recursos en 2006 para efectuar las soluciones. El próximo año los recursos que se destinarán por la vía de presupuesto al sector vivienda ascenderán a 800 millardos de bolívares y ello representa un aumento de 22% en relación con lo programado en este ejercicio, sin embargo la inversión está 52% por debajo de lo previsto en el año 2000” (El Universal, Ídem.).

Con relación a los fondos previstos en ejercicios pasados, el titular del MVH explicó que “en parte se destinaron a los pagos de las empresas […] a los fideicomisos que se abrieron para atender los proyectos se les realizaron depósitos, sin embargo cuando se conversó con las empresas para revisar las gestiones se determinó que se tenían que indexar algunos aspectos, con lo cual el dinero no fue suficiente. Ahora el dinero será realmente para la construcción de casas. Esto es un reordenamiento a la inversa» (El Universal, Ídem.).

Sobre estos ejercicios presupuestarios anteriores, esta fuente periodística recordó que durante los años 1999 a 2002 fueron las programadas por el Ejecutivo nacional la construcción de 158.000 viviendas. Sin embargo, “debido a que a partir de 2003 se decidió por terminar las soluciones pendientes, no se planificaron nuevos desarrollos habitacionales”. Entre los años 1999 y 2004, fueron terminadas 94.000 unidades, “de manera que solamente se hizo el 59% de lo previsto en 5 años”. Entre enero y julio de este año, “17.000 soluciones habitacionales fueron las que se terminaron, según lo señalado por el entonces ministro de la Vivienda, Julio Montes. Quedando pendiente aproximadamente unas 50.000 viviendas. 10.000 unidades son las factibles por terminar al cierre de año, de acuerdo con lo indicado por el actual ministro de la Vivienda, Luis Figueroa”. Mientras, que 27.000 soluciones habitacionales será lo que se realizará en este ejercicio. Para este año 2005 se estimó una inversión en el sector vivienda de 800 millardos. Por otra parte, 1,1 billones de bolívares son los recursos previstos por la Corporación Venezolana de Petróleo para el sistema de vivienda.

“Esta será la 3ra. vez que las autoridades del sector vivienda volverían a recurrir a las adjudicaciones directas […] En el año 2000 el Gobierno decretó emergencia por la tragedia del Edo. Vargas, debido a que se necesitaba realizar nuevas unidades para atender a los damnificados y para agilizar los procedimientos se efectuaron adjudicaciones directas. Para ese período se programó la construcción de más de 99.000 viviendas. Pero de esa cantidad solamente se terminó el 64% y en un plazo de año y medio. En el año 2001 se volvió a presentar un nuevo plan de viviendas. La meta era realizar más de 48.000 soluciones habitacionales. Para ese año la emergencia había terminado, pero el 70% de los fondos que se previeron para construir las soluciones se incluyeron en la Ley de Endeudamiento. El para entonces presidente de FONDUR, Víctor Cruz Weffer, argumentó que al estar los recursos dentro de la Ley Paraguas el organismo podía efectuar adjudicaciones. 3 meses después, en junio de 2001, Cruz Weffer indicó que de la meta de viviendas previstas para el año solamente se terminaría el 25%, es decir, 12.000 soluciones estarían listas a pesar de las adjudicaciones directas a pequeñas y medianas empresas […] Según cifras de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), en diciembre de 2001 tanto el sector público como el sector privado solamente realizaron 22.800 unidades, menos de 50% de la meta prevista. Para mediados de 2002 todavía se estaba ejecutando el plan de unidades del año anterior y se había entregado el 51% de los recursos programados. En la Ley de Endeudamiento de 2001 se previeron 732 millardos de bolívares para el sector y solamente se desembolsaron 373 millardos de bolívares. A pesar de los rezagos, en 2002 se decidió construir 35.000 viviendas, pero la programación no se ejecutó. Por tal motivo a partir de 2003 el Gobierno dejó de presentar nuevos programas y optó por terminar las unidades de los planes pasados, pero el Ejecutivo ya tiene más de 2 años terminando esas soluciones” (El Universal, 22.11.05, http://www.eluniversal.com/2005/11/22/eco_art_22201A.shtml).

Roberto Rondón, director general de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), informó que a partir de la 2da. semana de noviembre este despacho “aumentará la beca que reciben los médicos venezolanos estudiantes del postgrado de Medicina General Integral (MGI) que prestan sus servicios en Barrio Adentro I, la cual se ubicará en 1.491.000 bolívares” (Agencia Bolivariana de Noticias, 25.11.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=27666&lee=7).

Igualmente, el funcionario agregó que los aguinaldos destinados a este personal serán cancelados a finales de noviembre y que también se viene realizando el pago del beneficio de los cestatickets (Gobierno en Línea, 28.11.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=43663).

La medida parece atender los reclamos que días antes había hecho la Coordinación Nacional de Médicos Venezolanos de la Misión Barrio Adentro, denunciando que “1.100 galenos que trabajan durante 8 horas en la referida misión no fueron incluidos” (El Universal, 22.11.05, http://www.eluniversal.com/2005/11/22/ccs_art_22402D.shtml), en el aumento de salarios contemplado en el decreto 38.306 aparecido en la Gaceta Oficial del 03.11.05 para el equipo de médicos que forman parte del Sistema Público Nacional de Salud así como de otros beneficios fijados (ver edición Nº 163 de este boletín en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_163.htm#08).

Adolfo Delgado, integrante de la Coordinación Nacional de Médicos Venezolanos de Barrio Adentro, dijo que el no incluirnos «no se corresponde con los principios de igualdad y justicia social, sobre todo si se toma en cuenta que nuestro ingreso es inferior al percibido por los colegas de otros posgrados, quienes además reciben beneficios de bono alimentario, bono nocturno, prestaciones sociales, primas por hijo, por profesionalización, Ley de Política Habitacional, entre otros» (El Universal, Op. cit.).

Añadió Delgado que “no exigimos un trato privilegiado, sino acorde e igual a la responsabilidad asumida en la construcción del Sistema Público Nacional de Salud, a través de Barrio Adentro […] los médicos que ahora estamos en Barrio Adentro decidimos renunciar a nuestros puestos fijos, aun conociendo la situación de inestabilidad político-social que enfrentaba nuestro país para ese momento, a fin de atender el llamado de incorporación a esta Misión por medio del postgrado de Medicina General Integral, convencidos de las necesidades de atención médica de nuestra población más humilde, que siempre estuvo desprotegida, golpeada y olvidada por los gobiernos anteriores» El Universal, Ídem.).

De acuerdo a Vía Campesina, movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas de Asia, África, América y Europa, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a terceros países. La soberanía alimentaria va más allá del concepto más usual de seguridad alimentaria que plantea sólo asegurar que se produzca suficiente cantidad de comida con garantía sanitaria sin tener en cuenta qué comida se produce, cómo, dónde y en qué escala.

La promesa de un goce pleno para todos/as que dicho concepto entraña podría ser minada en la 6ta. Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se celebrará en Hong Kong, China, del 13 al 18.12.05. Esta es la alerta lanzada por Vía Campesina en un comunicado que puede ser consultado en la sección DOCUMENTOS de esta edición. A propósito de este pronunciamiento, dicho movimiento considera que las políticas neoliberales “destruyen la soberanía alimentaria, ya que éstas priorizan el comercio internacional ante la alimentación de los pueblos. Y que no han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el mundo. Por el contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas, y han reforzado la industrialización de la agricultura, poniendo así en peligro el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como la salud de su población. Finalmente, han empujado a millones de campesinos y campesinas a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo rural o a la emigración. Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Acuerdos internacionales como los de la OMC, otros regionales como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o bilaterales de «libre» intercambio de productos agrícolas, permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación. Las organizaciones campesinas consideran que la OMC es una institución totalmente inadecuada para tratar los temas relativos a la alimentación y a la agricultura, por lo que han exigido que esos temas salgan de su órbita de negociación” (Choike, 23.11.05, http://www.choike.org/nuevo/informes/1628.html).

De acuerdo con esta fuente, el concepto de soberanía alimentaria sostenido por Vía Campesina involucra:

  • priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para garantizar el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público a repartir de una forma sostenible.
  • el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, y cómo y quién se los produce.
  • el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas (dumping).
  • precios agrícolas ligados a los costos de producción; esto será posible siempre que los países o las uniones de países tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interno para evitar excedentes estructurales.
  • la participación de los pueblos en la definición de la política agraria.
  • el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.

Finalmente, Vía Campesina aclaró que “los defensores de la soberanía alimentaria no están en contra del intercambio de productos, sino de la prioridad dada a las exportaciones. El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos, cuyo problema es antes que nada la falta de acceso a sus propios mercados locales invadidos de productos importados a bajos precios. Actualmente, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea abusan de ayudas públicas para reducir sus precios en los mercados internos y para practicar el dumping con sus excedentes en los mercados internacionales, destruyendo la agricultura campesina tanto en el Norte como en el Sur” (Choike, Ídem.).

Índice de Precios al Consumidor

MesTasa de Variación MensualTasa de Variación intermensualTasa de Variación
Acumulada 2005
Variación Anualizada 2004/2005
Enero1,9XX18,5
Febrero 0,2– 1,72,116,9
Marzo 1,213,315,8
Abril1,30,14,715,8
Mayo2,51,27,417,4
Junio0,6– 1,9815,9
Julio0,90,38,915,3
Agosto10,19,914.9
Septiembre1,50,511,616
Octubre0,60,112,316
Noviembre(*)1,1▲  0,5 ▲13,5 ▼15,3 ▲
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
Nota: (*) Banco Central de Venezuela, 01.12.05,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4450&Operacion=2&Sec=False.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas registró en el mes de noviembre un comportamiento resultado de variaciones de precios mayores a las del mes previo, tanto en los bienes y servicios sujetos a control y regulación (de –0,1% a 0,6%) como en los productos no controlados (de 1,3% a 1,5%). En estas variaciones se continuó reflejando el efecto de la reducción de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), vigente a partir del 01.10.05.

Al analizar el IPC por agrupaciones se observa que 7 categorías registraron en el mes reseñado una variación mayor a la del mes de octubre: Transporte (de -3,5% a 1,8%); Vestido y calzado (de 0,8% a 1,8%); Bebidas alcohólicas y tabaco (de 0,4% a 1,4%); Esparcimiento y cultura (de –0,6% a 0,6%); Restaurantes y hoteles (de 0,1% a 0,5%); Comunicaciones (de -0,8% a 0,0%) y Servicios de educación (de –1,7% a –1,2%).

Por el contrario, 3 categorías registraron una tasa de variación menor a la del mes de octubre: Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 3,9% a 1,8%), Equipamiento del hogar (de 2,0% 1,6%) y Servicios de la vivienda (de 0,3% a –0,5%).

Por otra parte, para los servicios se obtuvo una tasa de 0,7%, luego de haberse registrado una contracción de 0,4% el mes pasado, mientras que los bienes mantuvieron el ritmo de crecimiento, al pasar de 1,6% a 1,5%.

Canasta Básica Familiar

MESValor Mensual
(en bolívares)
Tasa de Variación
 Intermensual
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Enero1.509.514X57,4
Febrero1.516.0380,4
(6.524 bolívares)
57,6
Marzo1.519.2990,2
(3.261 bolívares)
57,7
Abril1.530.0090,7
(10.710,06 bolívares)
58
Mayo1.541.7890,747,4
(731.789 bolívares)
Junio1.560.1471,2
(18.358 bolívares)
48
(750.147 bolívares)
Julio1.572.9550,8
(12.808 bolívares)
49
(762.955 bolívares)
Agosto1.580.4910,47
(7.536 bolívares)
48,2
(770.491 bolívares)
Septiembre1.587.6130,44
(7.122 bolívares)
48,9
(777.613 bolívares)
Octubre1.596.1690,549,2
(786.169 bolívares)
Noviembre
(**)
1.607.731▲0,7 ▲
(11.562 bolívares)
49,6 ▲
(797.731 bolívares)
Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 2 salarios mínimos mensuales (321.235,20 bolívares x 2 = 642.470,40 bolívares hasta el 30.04.05 y 405.000 bolívares x 2 = 810.000 a partir del 01.05.05).
(**) Datos extraído de El Nacional, 01.12.05, pág. A/25.

Las preocupaciones expresadas en reiteradas ocasiones por el movimiento ambientalista e indigenista sobre la aplicación de las políticas estatales dirigidas a la restricción y/o eliminación de la actividad minera (ver edición Nº 161 de este boletín en el sitio web: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_161.htm#14), tuvieron un correlato lamentable e inesperado cuando el pasado 27.11.05, una disputa entre mineros informales e indígenas de la población minera de San Luis, en el sector de El Morichal, Edo. Bolívar, dejó 1 persona muerta y 6 heridas. “Humberto Ruiz […] ingresó a la morgue del hospital Raúl Leoni de Guaiparo, en San Félix. Otros 6 heridos ingresaron al hospital Gervasio Vera Custodio, en la población de Upata, presentando heridas por armas de fuego” (El Universal, 29.11.05, pág. 4/18).

La fuente periodística notificó que “la situación se propició […] cuando por lo menos 600 mineros artesanales intentaron entrar por la fuerza a los terrenos que han sido dispuestos para la explotación minera por parte de los indígenas. La intención de usurpar las tierras destinadas para la explotación minera indígena se dio como producto del rumor de las buenas cantidades de mineral aurífero que proporcionaba el sector. Las ansias de los mineros intentaron ser frenadas el día 26.11.05 por los efectivos del Teatro de Operaciones N° 5, en un primer conato de enfrentamientos entre mineros e indígenas. Sin embargo, el domingo insistieron y provocaron enfrentamiento entre los pobladores indígenas del sector y por lo menos 600 mineros informales”.

Añadió la fuente que actualmente “el sector se encuentra bajo custodia militar, lográndose normalizar la situación que propició el enfrentamiento. En la población de San Luis el gremio minero se encuentra reunido y solicitó la presencia del Ejecutivo Regional”.

En un documento hecho público el pasado mes de septiembre por las organizaciones ambientalistas Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA), la Asociación de Vigilantes Voluntarios Frontera Gran Sabana (AVVA), la Fundación Monitoreo Minero y pobladores de la zona (puede consultarse y/o descargarse en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/campanas/caroni2005.doc), exigían al Gobierno Nacional “asumir su responsabilidad de vigilancia y control de esas áreas y la necesidad de que no contradigan las normas de conservación establecidas” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, 22.11.05, amigrans@internet.ve).

En tal sentido, las organizaciones expresaron su preocupación por “el incremento de la actividad minera (artesanal, de mediana o de gran minería) expresamente prohibida en los decretos de protección, extracción que se realiza tanto en ríos, como en sabana y bosques, dañando y contaminando los suelos, aguas y aire por igual […] Hemos presenciado a través de las últimas décadas diversos operativos espasmódicos para eliminar la actividad minera artesanal, llamada de “garimpeiros”, y de una que otra actividad de “chupadora y balsa”, responsables de contaminación y deforestación […]Sin embargo la efectividad de estos operativos ha sido limitada debido a que, después de días o meses de finalizados, toda la actividad minera reaparece como si allí no hubiese pasado nada” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).

Conviene recordar que, en dicho documento, las organizaciones consideraron necesario “cumplir con las promesas de reconversión hacia actividades sostenibles y la significación que esto tiene para las familias de los pequeños mineros, pues según recientes declaraciones a la prensa de los pequeños mineros de San Vicente de Paúl, en La Paragua, Edo Bolívar, éstos ‘desconfían en el proceso de reconversión laboral anunciado por el alto Gobierno, asegurando que el antecedente de las promesas no cumplidas les permite creer que no será tan fácil obtener los créditos y glorias que anuncia la ley ofrecida para la población minera’ […] Para el cambio de actividad económica de los mineros y su respectiva inserción en otras fuentes económicas (la reconversión sugerida) sería importante apoyar experiencias de actividades que vienen dándose en la zona y tomar ejemplo de esos proyectos. Las comunidades no mineras (criollas e indígenas), de la Zona Fronteriza sur del Estado Bolívar, entre ellas El Paují, y organizaciones ambientalistas, han implementado proyectos económicos a pequeña escala, amigables con la naturaleza, de manera de desarrollar actividades que les permitan permanecer en el área y mantener una calidad de vida sin dañar el ecosistema, preservar los ríos, bosques y, en muchos casos, recuperar micro-cuencas y zonas degradadas. Igualmente contribuir a preservar la cultura indígena su cosmovisión, usos y costumbres tradicionales” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).

Al respecto, señalaron que entre los proyectos a pequeña escala cabía resaltar algunos dedicados a la apicultura, a la producción de inciensos naturales, a la educación intercultural, al ecoturismo, al rescate de la cultura nacional, a deportes y cultura, a la conservación de recursos acuíferos, etc.

El documento sigue abierto a adhesiones de firmas. Para suscribirlo, puede enviar un correo-e expresando su apoyo al correo-e: firmas@derechos.org.ve.

  • Establecer una política de desarrollo sustentada en la variable ambiental y la participación ciudadana.
  • Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad ambiental y social.
  • Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente.
  • Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta actividad solo en aquellas zonas que no estén en áreas protegidas (Abrae) o en territorios indígenas, ni en zonas de alta diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas.
  • Revisar y formular la política de concesiones y manejo forestal.
  • Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de cuyos objetivos esté el congelamiento y eliminación de las plantaciones forestales industriales que se están desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras formaciones vegetales de gran valor biológico.
  • Sustituir los objetivos de explotación económica por objetivos de aprovechamiento sustentable de recursos.
  • Frente a la aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca, que admite la actividad minera en la zona; se solicita la exclusión del uso minero en esta área de protección especial y que se privilegien las explotaciones en otros renglones, que no constituyen amenaza para el hábitat.
  • Sanear la Reserva Forestal de Imataca de focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal.
  • Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y embalses y el establecimiento y ejecución coordenada de un Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales Marinos.
  • Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las empresas e industrias que operan en el país.
  • Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de calidad de agua y aire.
  • Formular una política para la incorporación de todos los municipios del país a la clasificación de Residuos Sólidos in situ (orgánicos, plásticos, vidrios, cartones y papel), con graduales y selectivos métodos de recolección y transporte de basuras, asumiendo el reciclaje integral como nuevo medio de descontaminación y producción de nuevas y sanas fuentes de trabajo.
  • Confección de un plan nacional para la reubicación y construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las gobernaciones y los municipios, que impida la improvisación y establezca criterios unificados al respecto.
  • Impulsar y fortalecer, por parte de las municipalidades o las empresas privadas, los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas domésticas e industriales.
  • Desarrollar un Plan de Educación Ambiental que incluya la educación al consumidor y a los productos sobre los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo con miras a un mayor control o incluso sustitución por productos naturales no dañinos.
  • Desarrollar una política de desconcentración de plantas industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación de empresas generadoras de desechos y contaminantes, el tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada disposición de los mismos.
  • Declarar una moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria. Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la Sierra de Perijá (Provea, 23.11.05, http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El pasado 22.11.05, el Ministerio Público (MP) interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad de reforma del Código Penal (CP), aprobada por la Asamblea Nacional (AN) y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.768, correspondiente al 13.04.05 (Ministerio Público, 23.11.05, http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2005/prensanoviembre2005.asp).

De acuerdo con la fuente oficial, “luego de una exhaustiva evaluación, la instancia judicial concluyó que 25 de los 546 artículos que integran el texto legal son inconstitucionales, por cuanto en su redacción se hallaron una o más infracciones de principios y garantías fundamentales de aplicación del derecho, como lo son la proporcionalidad, racionalidad, seguridad jurídica, igualdad jurídica, culpabilidad, legalidad y presunción de inocencia. Los artículos objeto de cuestionamiento son el 297-A (causar pánico con informaciones falsas), 319 (falsedad de acta o documento), 357 (peligro de siniestro por cierre o obstaculización de vías públicas), 360 (daños a instalaciones públicas), 406 (numeral 3, homicidio calificado), 442 (difamación), 444 (injuria), 451 (encabezamiento, hurto simple), 456 (robo impropio y arrebatón), 457 (robo a mano armada), 470 (aprovechamiento de cosas procedentes del delito) y 506 (perturbación del orden público). Se suman los artículos 128,140,357,360,374,375,406,407,465,457,458, 459 y 460, por la eliminación de beneficios procesales y formulas alternativas de cumplimiento de la pena. El Ministerio Público considera que en este caso los legisladores incurrieron en omisión de los principios de juzgamiento en libertad y debido proceso” (Ministerio Público, Ídem.).

En su demanda por inconstitucionalidad, el MP también advirtió “sobre omisiones legislativas en los artículos 108,112 y 283 (este último por omitir referirse a la pena aplicable cuando el delito tenga asignada la pena de presidio); así como múltiples errores materiales en la redacción de los artículos 353, 406,420 y 473. Sobre las omisiones, en la demanda de inconstitucionalidad se informará lo conducente a la Sala Constitucional del TSJ; y en cuanto a los errores, se enviará un oficio con un cuadro explicativo al presidente de la Asamblea Nacional a fin de que se efectúen las correcciones de ley, haciendo la salvedad que ello no convalida ni implica la aceptación de los vicios detectados en la referida reforma” (Ministerio Público, Ídem.).

La acción se produce 7 meses después de que Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, criticara la modificación, “la cual aumentó ostensiblemente las penas por crímenes como secuestro, homicidio y hurto […] El 29 de marzo pasado, Rodríguez advirtió en un boletín de prensa que estas medidas no contribuyen a disminuir los índices delictivos, sino que «por el contrario, lo que logran es destinar más esfuerzos y más recursos para perseguir a los más vulnerables socialmente, a los más pobres, mientras quedan impunes los grandes poderes económicos implicados en el delito» (El Universal, 23.11.05, pág. 1/4).

La fuente periodística recordó que “en declaraciones ofrecidas el pasado 29.06.05, el Fiscal General denunció que la eliminación de las medidas cautelares y de las medidas alternativas de cumplimiento de la pena implicaban una reforma ilegal de la Constitución de 1999 y del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), instrumentos que las contemplan y que tienen un rango superior al Código Penal: ‘La idea de juzgar a las personas en libertad, y que los procesados y condenados tengan beneficios, con los cuales se puedan procesar en libertad y no tenerlos necesariamente encarcelados, es un elemento que se debe tener en cuenta en el Código Penal’”.

Además, “el pasado 15.08.05, Rodríguez anunció que también solicitaría la derogación de los cambios hechos a los llamados delitos de desacato: ‘Creemos que no debe haber desigualdad a la hora de atacar o de condenar a las personas que de una u otra manera prestan sus servicios como funcionarios. Establecer un privilegio para unos funcionarios por el solo hecho de serlos, sería crear una discriminación odiosa, que es a lo que se refieren los delitos de desacato’» (El Universal, Ídem.).

El Ministerio Público también exigió al TSJ “que anule las reformas a los artículos 442 y 444, los cuales aumentaron las penas por difamación e injuria y establecieron multas por 49.800.000 bolívares, pues ‘infringen los principios de legalidad y presunción de inocencia’» (El Universal, Ídem.).

Destacó la fuente periodística que “con esta acción, ya son 2 las intentadas contra la reforma del CP. A finales de junio, el Foro Penal Venezolano interpuso la 1ra. […] La polémica modificación entró en vigencia el 16 de marzo, pese a que el presidente Hugo Chávez lo vetó en febrero”.

El pasado 22.11.05, el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) presentó públicamente su “Agenda de las Mujeres 2006-2011”, en el marco de un encuentro celebrado con candidatas a diputadas de la Asamblea Nacional, integrantes de todas las corrientes políticas (Últimas Noticias, 23.11.05, pág. 20).

En el MAM participan organizaciones de todo tipo y sectores sociales, académicos y políticos. Todas ellas acordaron presentar los puntos que consideran relevantes para ser incluidos por las parlamentarias electas en los comicios del próximo 04.12.05.

La propuesta del MAM se dividió en 2 aspectos: una agenda parlamentaria y otra legislativa. En cuanto a la 1ra., está centrada en la activación de la Comisión Parlamentaria de los Derechos de las Mujeres y Equidad de Género, a fin de que “asegure una defensa continuada y concentrada a favor de la igualdad de género, que tendrá a su cargo reflejar en las leyes los asuntos relativos a las mujeres y sus necesidades” (Movimiento Amplio de Mujeres, Ídem.). Dicha comisión, “deberá establecer nexos productivos con el Poder Ejecutivo competente en las materias de los Derechos de las Mujeres y muy especialmente con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), relaciones con las Organizaciones de Mujeres, procesos de intercambio con sectores sociales, procesos de exploración y recepción de demandas de la sociedad, sensibilización sobre criterios de género para la elaboración de las leyes, búsqueda de alianzas y/o consensos parlamentarios, seguimiento de la aplicación de las Leyes por el Poder Ejecutivo” (Movimiento Amplio de Mujeres, Ídem.).

Para la Agenda Legislativa, el MAM propone trabajar en la eliminación y reforma de todas las leyes en las que existan normas discriminatorias contra la mujer, así como desarrollar leyes que consagren acciones positivas o afirmativas para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

De acuerdo con el MAM, esta tarea se debe centrar en las siguientes áreas:

1.- Participación sociopolítica de las mujeres, a través de: i) la paridad con alternabilidad en la postulación a cargos de elección popular a nivel nacional, estadal, regional y local; ii) la paridad en la conformación del gabinete ministerial y otros cargos dependientes del Ejecutivo, Juntas Directivas de las Empresas Públicas, Poder Judicial, etc. El MAM explicó en su comunicado que dicha paridad “representa una acción contundente para la realización de la igualdad en términos de presencia en cargos de poder. Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres” (Movimiento Amplio de Mujeres, Ídem.).

Por otra parte, en este aspecto, propone retomar el Anteproyecto de ley organica de los derechos de las mujeres para la equidad e igualdad de género, simultáneamente con una reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Electoral.

2.- Participación económica de las mujeres, por medio de la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales, que permitirá la puesta en práctica de la Ley de Servicios Sociales. que en su artículo 41 establece que “las amas de casa en estado de necesidad recibirán una asignación económica entre un mínimo de sesenta por ciento (60%) y un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario mínimo urbano vigente”. En este sentido, se planteó i) avanzar hacia la reglamentación de un sistema amplio de jubilación para el ama de casa; ii) promulgar leyes especiales de Protección y Promoción a las Actividades Micro-empresariales de Mujeres, que incluyan preferencias para la contratación, así como preferencias impositivas; iii) plantear una reforma de la Ley del Trabajo tendiendo a armonizar el trabajo y las obligaciones familiares tanto para las mujeres como para los hombres, extender a los hombres el permiso por maternidad/paternidad; iv) instrumentación efectiva de la Ley de Régimen Prestacional del Empleo sancionada el 29.08.05 y publicada en Gaceta Nº 38.281 del 27.09.05, que en su artículo 27 establece como colectivos especialmente protegidos a “las mujeres no calificadas, jefas de hogar o mujeres víctimas de violencia doméstica”; v) definir mecanismos que garanticen igual salario para igual trabajo, ya que subsisten diferencias importantes en perjuicio de las mujeres trabajadoras remuneradas.

3.- Violencia de género. En este punto, el MAM instó a formular un “nuevo código penal: no anacrónico, no sexista y no anticonstitucional, con respeto a las mujeres y a sus derechos sexuales y reproductivos, que incorpore la penalización de la violencia doméstica. El movimiento de mujeres venezolano, exige una justicia penal con enfoque de género donde prevalezca el principio de no discriminación en relación a la forma en que se trata la violencia sexual, es decir, hacer de la justicia un bien para todos y todas” (Movimiento Amplio de Mujeres, Ídem.).

Asimismo, propusieron la “reglamentación e implementación de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, en el sentido de adecuar su normativa a lo establecido en la Carta Magna y basándose en consensos internacionales, iniciando un proceso inclusivo con INAMUJER, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la/los fiscales de Violencia Familiar, la Defensoría de la Mujer y las Organizaciones de Mujeres que identifiquen vacíos legales y estrategias para una efectiva aplicación de la Ley, violentada desde hace dos años por la eliminación de la aplicación de las medidas cautelares que ella consagra” (Movimiento Amplio de Mujeres, Ídem.).

Por su parte, las dirigentes y candidatas de los partidos políticos participantes en este encuentro “se comprometieron a impulsar proyectos que promuevan desde la Asamblea Nacional (AN) la causa de las mujeres” (Últimas Noticias, Ídem.).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó el pasado 24.11.05, en vísperas del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, su 1er. estudio sobre la violencia doméstica, que puso de manifiesto que “la ejercida por la pareja es la forma de violencia más común en la vida de las mujeres, mucho más que las agresiones o violaciones perpetradas por extraños o simples conocidos. En el estudio se describen las gravísimas consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres que tiene en todo el mundo la violencia física y sexual ejercida por el marido o la pareja, y se expone el grado de ocultación que sigue rodeando este tipo de violencia” (Organización Mundial de la Salud, 24.11.05, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr62/es/index.html).

Jong-Wook Lee, Director General de la OMS, afirmó que «este estudio demuestra que las mujeres están más expuestas a la violencia en el hogar que en la calle, lo que tiene graves repercusiones para la salud femenina […] También pone de relieve la importancia de sacar a la luz en todo el mundo la violencia doméstica y de tratarla como un grave problema de salud pública» (Organización Mundial de la Salud, Ídem.).

El estudio, titulado “Salud femenina y violencia doméstica contra las mujeres”, se basó en entrevistas con más de 24 000 mujeres de zonas rurales y urbanas de 10 países (Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania). En esta publicación se formuló una serie de recomendaciones y se exige que las instancias políticas y el sector de la salud adopten medidas para reducir el coste humano y sanitario del problema, entre otras cosas integrando planes de prevención de la violencia en diversos programas sociales (Organización Mundial de la Salud, Ídem.).

El estudio reveló que “entre 1/4 parte y la mitad de las mujeres físicamente agredidas por su pareja afirmaron haber sufrido lesiones físicas a consecuencia directa de ello. Además, la probabilidad de que una mujer padeciera mala salud o problemas físicos o mentales era 2 veces superior en las mujeres maltratadas, aun cuando los episodios de violencia se remontaran a varios años atrás. Entre dichos problemas de salud figuran las ideas o tentativas de suicidio, los trastornos mentales y síntomas físicos como dolores, mareos o leucorrea” (Organización Mundial de la Salud, Ídem.).

Charlotte Watts, integrante del equipo principal de investigadores que realizó el estudio advirtió que «todo indica que la violencia de pareja tiene efectos parecidos sobre la salud y el bienestar de las mujeres con independencia del lugar donde vivan, del carácter más o menos violento de su entorno y de su horizonte cultural y económico» (Organización Mundial de la Salud, Ídem.).

De acuerdo a la fuente de la OMS, “la violencia doméstica influye en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y puede entrañar un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, entre otras el VIH. En el estudio, las mujeres física o sexualmente maltratadas aludieron a la promiscuidad de su pareja y a su negativa a utilizar preservativos con más frecuencia que las mujeres que no padecían malos tratos. Asimismo, las probabilidades de haber tenido al menos un aborto, espontáneo o provocado, eran más elevadas entre las mujeres que decían sufrir violencia física o sexual a manos de su pareja. Aunque suele pensarse que el embarazo es un periodo en que la mujer debe estar protegida, en la mayoría de las localidades del estudio entre un 4% y un 12% de las mujeres que habían estado embarazadas declararon haber sido golpeadas durante ese periodo, en más del 90% de los casos por el padre del niño por nacer, y entre un cuarto y la mitad de ellas habían recibido puntapiés o puñetazos en el abdomen” (Organización Mundial de la Salud, Ídem.).

El otro fenómeno que corre paralelo a estas observaciones es la impunidad de estos hechos: “al menos un 20% de las mujeres que referían malos tratos físicos no se lo habían dicho a nadie antes de ser entrevistadas. A pesar de las consecuencias sanitarias que ello puede acarrear, muy pocas dijeron haber solicitado ayuda a servicios públicos como los de policía o salud o a personas investidas de autoridad, en lugar de lo cual prefirieron recurrir a amigas, vecinas o parientes. Las que solicitaban ayuda oficial tendían a ser maltratadas con más violencia” (Organización Mundial de la Salud, Ídem.).

El informe planteó, además, un conjunto de recomendaciones para modificar los comportamientos y acabar con las desigualdades y normas sociales que perpetúan los malos tratos. También planteó integrar planes de prevención de la violencia en las iniciativas que ya estén en marcha dedicadas a la infancia y la juventud, el VIH/SIDA o la salud sexual y reproductiva. Por otra parte, consideró la OMS que es necesario “formar a los dispensadores de servicios de salud para que supieran reconocer a las víctimas de la violencia doméstica y obrar en consecuencia. Los servicios de atención prenatal, planificación familiar o asistencia postaborto son posibles cauces para atender y apoyar a esas mujeres y derivarlas a otros servicios. Hay que hacer de la escuela un lugar seguro, reforzar los sistemas de apoyo a las víctimas y poner en marcha programas de prevención” (Organización Mundial de la Salud, Ídem.).

Este Informe (en su versión en inglés) puede ser consultado y/o descargado en el sitio web de la OMS: http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/index.html.

Por su parte la oficina venezolana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el 25.11.05 organizó una campaña de 16 días titulada “Por la salud de la mujer, por la salud del mundo: no más violencia”, la cual busca movilizar comunidades alrededor del mundo para parar la violencia en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes y promover su protección y sus derechos (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 22.11.05).

La campaña incorporó a otras agencias de las Naciones Unidas como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), El Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), junto a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la frontera venezolana con Colombia. Un grupo de poblaciones de 3 entidades federales de la frontera están en esta campaña: Guasdualito, Edo. Apure, Machiques, Edo. Zulia y San Cristóbal, Edo. Táchira.

En cuanto a la situación nacional de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) señaló que según sus estadísticas para el 1er. semestre de 2005, 60% de los maltratadores de mujeres son esposos o concubinos y 9 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia física dentro de su hogar. En 10% de los casos, el ejecutor de la agresión es el ex esposo o la ex pareja. Aun cuando el ataque perpetrado por los novios es mucho más reducido (1,28% de las denuncias), este número sigue una tendencia hacia el aumento “que se puede prevenir si las muchachas toman en cuenta ciertas señales de alarma (como acoso sexual, chistes que descalifican al sexo femenino, prohibición de continuar relaciones familiares o de amistad)” (El Nacional, 25.11.05, pág. B/18).

Destacó la fuente periodística que “la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, vigente desde 1994, considera que es delito la amenaza, la violencia física, el acceso carnal violento (violación dentro de la pareja), acoso sexual y violencia psicológica. Pero ni por castigarse con la cárcel (al menos, en el texto legal) cesa de presentarse: 70% de las llamadas al 0800MUJERES (1.694 entre enero y junio de 2005, la mayoría procedentes del Distrito Capital y el Edo. Miranda) son para reportar agresiones cometidas por la pareja. 73% de las agraviadas tienen de 20 a 44 años de edad. En ciento por ciento de los casos hay violencia psicológica (que se expresa en frases como ‘ya no te aguanto’, ‘estás horrible’), y en casi 8 de cada 10 se ejecuta violencia física (puñetazos, patadas, pellizcos, empujones, intentos de asfixia). La violencia patrimonial, entendida como manipulación y omisiones que afecten la supervivencia de la familia, también forma parte de la estrategia del agresor (13% de las denuncias del INAMUJER). En 51% de los casos atendidos en los primeros 6 meses de este año por la policía científica, las denunciantes aseguraron haber sido víctimas de violencia física, psicológica y amenazas. 3 de cada 10 sufrieron maltrato psicológico y amenazas” (El Nacional, Ídem.).

Por su parte, Ofelia Álvarez, psicóloga de la Fundación Municipal de la Mujer, adscrita a la Alcaldía de Vargas, Edo. Vargas (FUNDAMUJER), resaltó las cifras reportadas por la División en Materia de Niños, Adolescentes, Mujer y Familia del CICPC, de 2004, cuando se registraron 1.651 casos de violencia y 32 decesos de mujeres en Caracas: 30,4% de las agredidas denunciaron haber sido objeto de violencia física y psicológica; 21,5%, física, psicológica y amenazas; 18% sólo psicológica; 16,5% psicológica más amenazas; 9,5%, física; 2,7% física y amenazas; 0,4% amenazas, 0,8% física, psicológica y acceso carnal, y 0,3% trata de personas (Últimas Noticias, 25.11.05, pág. 8).

También el boletín de noviembre de este año de FUNDAMUJER, de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) y del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM/UCV), destacó que “la amenaza ocupa un lugar en cuatro de las nueve tipologías (se calculan 65 casos mensuales aproximadamente) y sigue siendo significativa también la presencia de la violencia psicológica en 87% de los casos que, si se une a la amenaza (41% ), es la antelación a la violencia física hacia la mujer o un allegado” (Últimas Noticias, Ídem.).

De acuerdo con fuentes periodísticas, la represión a una manifestación provocó enfrentamientos estudiantiles que derivaron en la muerte del estudiante Dave Parker AVILA, mientras que otros 2 resultaron heridos de consideración. El hecho sucedió “luego de las violentas manifestaciones desarrolladas [el 29.11.05] en las inmediaciones del Núcleo de la Universidad de Los Andes Rafael Rangel (NURR), sector La Concepción, Edo. Trujillo, lugar donde fue saqueado y quemado un camión cava, en horas de la tarde durante enfrentamientos entre estudiantes y policías” (Diario El Tiempo, 30.11.05, http://www.diarioeltiempo.com.ve/secciones/secciones.php?num=72715&codigo=nreg&llve=tres).

Las manifestaciones se iniciaron el pasado 28.11.05, “en solidaridad con las protestas de los bachilleres de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, por la muerte en manos de delincuentes de Pedro Rafael Sánchez, trabajador de nuestra máxima casa de estudios, en un hecho ocurrido el 22 de este mes” (Diario Frontera, 30.11.05, http://www.diariofrontera.com/).

Al parecer, Avila, quien cursaba el último semestre de Informática en el NURR, “resultó muerto al recibir un impacto de bala” (Diario Frontera, Ídem.). Por su parte, “Edixon Briceńo de 18 ańos de edad, estudiante de Agronomía del NURR, recibió un impacto de bala en el pecho cayendo mal herido sobre el pavimento, siendo auxiliado y trasladado con la urgencia del caso al hospital de esa ciudad donde se encuentra bajo estricta vigilancia médica ante lo delicado de su estado de salud” (Diario Frontera, Ídem.).

Ante estos hechos, el “conglomerado estudiantil […] solicitó a la Fiscalía del Ministerio Público el esclarecimiento del caso, y la detención de los responsables de estos hechos” (Diario Frontera, Ídem.). También solicitaron “la presencia del gobernador Gílmer Viloria y la destitución inmediata del comandante de la Policía, Francisco Calzadilla Reina, a quien responsabilizan por lo ocurrido” (Diaro El Tiempo, Op. cit.).

Igualmente Léster Rodríguez Herrera, rector de la ULA, repudió la actuación de los cuerpos de seguridad regionales (El Nacional, 01.12.05, pág. B/24).

Por su parte, Viloria “libró de responsabilidad a los uniformados por las lesiones de las víctimas [y agregó que:] ‘la policía nuestra no porta armas para reprimir las manifestaciones, sólo usa material de orden público que se reduce a perdigones y bombas lacrimógenas’. Añadió que al sitio acudieron representantes del Ministerio Público (MP) y de la Defensoría del Pueblo (DP) para investigar el incidente” (El Nacional, 30.11.05, pág. B/19).

El MP informó “que comisionó al fiscal 7º de la Circunscripción Judicial del Edo. Trujillo, Carlos Isea, para investigar los hechos […] Junto con Isea, la averiguación será efectuada por la fiscal superior del Edo. Trujillo, Tibisay Díaz, quien supervisará la autopsia legal del estudiante fallecido, en la morgue del hospital Central José Gregorio Hernández. Igualmente, Díaz constatará personalmente el estado de salud del otro joven que se mantiene en estado grave y es intervenido quirúrgicamente” (El Nacional, Ídem.).

Al respecto, Jesse Chacón, titular del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), notificó que «en comité de seguridad decidimos nombrar una comisión que va a asumir toda la coordinación de Trujillo, presidida por el viceministro (de Seguridad) Villegas, que ya está en el estado Trujillo […] hemos controlado la situación y puedo informarles que ayer hubo 1 fallecido y no 2 […] y otro herido de gravedad que está en franca recuperación […] Inmediatamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tomó el control de la investigación y designamos una comisión nacional de 8 funcionarios; en la autopsia que se le hizo al cadáver se le extrajo una piedra […] Esto pudo haber sido por el accionar de una arma de fabricación casera, conocida como chopo o por una escopeta utilizada por la policía que en vez de utilizar perdigones, emplean metras o piedras […] ya se recolectaron todas las escopetas de la Policía de Trujillo que operó allí. Y si salió (la piedra) de la escopeta de un policía, va preso. Así de sencillo. Porque no estamos aquí para tapar absolutamente nada”,» (El Nacional, 01.12.05, Op. cit.).

Provea lamenta estos hechos y destaca que, desde el año 2003 no reportaba el fallecimiento de una persona en el contexto de una manifestación reprimida por autoridades a cargo de la seguridad ciudadana (Provea, 30.11.05, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/15manifestacionPACi.pdf).

Sin embargo, Provea expresa su preocupación porque este suceso, junto con la detención de 82 estudiantes de bachillerato que efectuaban una manifestación el pasado 15.11.05, en Guarenas, Edo. Miranda por parte de Poliplaza (El Universal, 4/5, 18.11.05), represente una tendencia retrógrada ya superada de manera paulatina y sostenida por la actual administración gubernamental, que ha logrado descender sustancialmente los índices de agresiones mortales contra manifestantes.

Oswaldo Hevia, Director General Adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura, informó que el pasado 25.11.05, un grupo de jueces de 10 estados finalizó el Programa Especial para la Titularidad, a través de los cuales podrán obtener la titularidad de sus cargos. El funcionario explicó que “es la primera vez que juristas se someten a un proceso de capacitación con el fin terminar, mediante concurso de oposición, con la permanencia transitoria en sus cargos como jueces” (El Nacional, 26.11.05, pág. A/6).

Agregó que “se trata de 1.256 profesionales del Derecho que se sometieron a un concurso de credenciales para pasar por una prueba elaborada por la Inspectoría General de Tribunales; y, posteriormente, realizar exámenes especiales para determinar si su desempeño calificaba para ingresar en la Escuela Nacional de la Magistratura” (El Nacional, Ídem.).

Hevia señaló que los concursos de oposición se realizaron por una cantidad de jueces correspondiente al mismo número de cargos disponibles en los juzgados de 1ra. Instancia (Control, Ejecución y Juicio) y de Municipio, que corresponde a 80% de los jueces que “se encontraban en una situación irregular porque no tenían la titularidad; pero en este momento se les está dando la oportunidad de ser jueces con la legitimidad que exige la Constitución” (El Nacional, Ídem.).

También indicó que la lista de los juristas seleccionados para ingresar en la Escuela por esos estados se publicará el 7 de diciembre y que el 15 de diciembre terminará el proceso mediante el cual todos los jueces provisorios de primera instancia y municipio adquirirán la titularidad en sus cargos, lo que posibilitará que, tras esa fecha, termine la transitoriedad del Poder Judicial (El Nacional, Ídem.).

Por su parte, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó el pasado 30.11.05, su decisión de proceder a la juramentación de todos los Jueces Superiores que aprobaron los concursos de oposición y obtuvieron la titularidad de sus cargos el próximo 08.12.05 (Tribunal Supremo de Justicia,
30.11.05, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=2612).

  • Aprobar y promulgar una nueva Ley de Extranjeros, acorde con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, que contemple estatus migratorios específicos.
  • Garantizar que los asilados y refugiados sean considerados Extranjeros bajo Régimen Especial.
  • Emitir cuanto antes el Reglamento Interno de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR).
  • Garantizar que la CNR tramite las solicitudes con apego a las garantías procesales mínimas, dentro de las que destacan el derecho de los solicitantes a ser oídos, el acceso al expediente, la decisión bajo estándares internacionales y nacionales de protección.
  • Agilizar la entrega de la documentación que los acredita como solicitantes de refugio, y como refugiados reconocidos.
  • Garantizar el acceso de los solicitantes a la condición de refugiados, independientemente de que hayan obtenido estatus migratorios de residentes en los operativos especiales de cedulación del 2004.
  • Diseñar e implementar mecanismos de capacitación sobre derechos humanos dirigidos a los funcionarios que laboran en la Comisión, y a los de los Ministerios que la integran.
  • Crear una campaña de sensibilización sobre la situación de los refugiados y solicitantes de refugio en Venezuela, que ayude a combatir la discriminación de este sector de la población.
  • Propiciar espacios de diálogo entre la CNR y las ONG, en especial con aquellas que llevan los casos de solicitantes ante ella.
  • Plasmar por escrito y difundir el Plan de Contingencia del Estado con respecto a afluencias masivas.
  • Garantizar que la CNR y el Estado brinden información a los solicitantes una vez que ingresen en territorio venezolano, en especial durante las afluencias masivas.
  • Garantizar el flujo de alimentos y medicinas a las zonas fronterizas donde se encuentren grupos de refugiados.
  • Publicar información sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo con respecto a refugiados.
  • Realizar un registro de solicitudes de asilo bajo indicadores de género, edad, ocupación, número de solicitantes por familia, región de la que proceden, entre otros.
  • Registrar el número y los datos de los refugiados y solicitantes de refugio beneficiados por las políticas sociales conocidas como “Misiones”.
  • Respetar el principio de “no devolución” y sancionar a todo funcionario que realice una deportación inmediata sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso.
  • Declaración de emergencia de Sistema Nacional de Vivienda espera impulsar construcción de casas (Provea, 23.11.05, http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Entre el 10 y 11.02.06, Una Ventana a la Libertad, Bloque de organizaciones para la transformación penitenciaria, efectuará sus I Jornadas de Derechos Humanos en la Casa Monseñor Ibarra, Sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Montalbán (al lado de la Universidad Católica Andrés Bello).Los costos de la inversión son los siguientes: público general: 90.000 bolívares; Estudiantes de post grado: 80.000 bolívares; Estudiantes de pregrado: 70.000 bolívares. La confirmación de asistencia puede hacerse mediante depósito hecho en la Cuenta de Ahorros Nº 0133-0123-98-1100008522 de Jóvenes por el Cambio Social en el Banco Federal. Los cupos son limitados.

Ponencias:

  • Introducción a los Derechos Humanos. Lic. Elvira Morcillo, Educadora, Experta en Derechos Humanos. (Viernes 10.02.06, 9.:0AM a 10:30 AM).
  • Derechos Civiles y Políticos. Dr. Jesús Ollarves, Magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, Profesor Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Experto en Derechos Humanos. (Viernes 10.02.06, 11:00AM. a 12:30PM).
  • Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lic. Ligia Bolívar, Socióloga, Directora de Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello”, Especialista en Derechos Humanos. (Viernes 10.02.06, 2:00PM a 3:30PM).
  • Protección Internacional de los Derechos Humanos. Dr. Adalberto Urbina. Profesor Universitario, Especialista en Derecho Internacional y Experto en Derechos Humanos. (Viernes 10.02.06, 4:00PM a 5:30PM).
  • Derechos Humanos de las Victimas. Dra. Maria Josefina Ferrer, Abogada, Profesora Universitaria, Experta en Victimología. (Sábado 11.02.06, 12:30PM a 2:00PM).
  • Derecho Internacional Humanitario. Dra. Rocío San Miguel. Profesora Universitaria, Especialista en Derecho Internacional y Experto en Derechos Humanos. (Sábado 11.02.06 de 9:00AM a 10:30AM).

Para mayor información puede solicitarla a través de los siguientes contactos: teléfonos: 0212 961 58 73/0416 728 00 72; ventana2@cantv.net (Una Ventana a la Libertad, 23.11.05, ventana2@cantv.net).

ARTÍCULOS

«Se prorrogan hasta el 30.11.05 las inscripciones para las actividades del Foro Social Mundial 2006 (FSM) que se efectuará simultáneamente en las ciudades de Bamako (Malí) y Caracas (Venezuela), en enero de 2006.

Entre el 24 y 29.01.06 se desarrollará este evento que es un espacio para el debate de ideas, formulación de propuestas, intercambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, redes, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones sociales opuestas al neoliberalismo y al imperialismo.

El FSM es un espacio abierto a la pluralidad y a la diversidad, tanto de participantes como de temas. Está coordinado por una Secretaría Ejecutiva Internacional, y en Venezuela existe un Grupo Facilitador con el cual pueden contactarse las personas interesadas a través de los correos-e: fsmcaracas@forosocialamericas.org o fsa@forosocialamericas.org.

Las personas u organizaciones interesadas en incorporar sus actividades, pueden inscribirlas en la dirección: http://www.wsf2006.org/spanish/spanish. Las inscripciones de las organizaciones, individuos y voluntarios/as aún no están abiertas.

Para Provea, este evento representa una oportunidad más para promover la lucha por los derechos sociales. Por esta razón invita a las personas u organizaciones interesadas a participar en este importante evento» (Provea, 24.11.05, son@derechos.org.ve).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
Año: 2005
Editorial: FEGS
Sinopsis:
«El presente documento forma parte de la Serie Cuadernos de Investigación de la Escuela de Gerencia Social. Es un material de apoyo básico para desarrollar acciones pedagógicas sobre el tema de participación y control social, siempre en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y leyes vigentes.
Se relaciona la participación ciudadana o de la sociedad con la estructura del Estado, y la responsabilidad de este en el desarrollo y establecimiento de mecanismos que permitan fortalecer la organización y participación ciudadana, según el ordenamiento jurídico venezolano.
Intenta ser una herramienta para fortalecer la cultura de participación y de contraloría social, con el fin de ejercer la ciudadanía y la soberanía, frente a quienes ejercen la función pública y se revisten de autoridad a través del Poder Público» (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

Autor: Universidad del Zulia. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público
Año: 2005
Número: 34
Sinopsis:
«Nuevas relaciones del Estado con la sociedad civil en la prestación de los servicios públicos; Derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos en Venezuela; Pensamiento estratégico en la formación gerencial del alto gerente municipal; El sector académico frente a la integración como estrategia de desarrollo para América Latina; Laicidad y Estado moderno: definiciones y procesos; Los populismos en América Latina» (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

Autor: Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Año: 2005
Editorial: IIDH
Sinopsis:
«Este manual trata sobre el monitoreo de los derechos humanos clásicos (entiéndase civiles y políticos) en el propio país de origen. No obstante, las técnicas aquí descritas pueden ser aplicadas en estudios realizados en otros campos tal como los derechos sociales y protección de medio ambiente, entre otros.
Está dirigido, en primer lugar a las organizaciones no gubernamentales especializadas en la promoción y defensa de los derechos humanos, aunque también puede ser útil para las organizaciones estatales que ejercen supervisión sobre el respeto a los derechos ciudadanos, por ejemplo oficinas de ombudsman y comités parlamentarios específicos para este fin»
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).

Autores: Adriana Rodríguez y Luís Jorge Garay
Año: 2005
Editorial: Planeta Paz
Sinopsis:
«En este documento se desarrolla un conjunto de propuestas de políticas públicas en torno a los derechos a la educación y la salud, el derecho a la pensión como seguro social, protección frente al desempleo y el desarrollo de la soberanía alimentaria. Estas propuestas se realizan en al marco de la defensa y consolidación del Estado de derecho, teniendo en cuenta que es necesaria una reforma profunda de la tributación, para que sea posible el reconocimiento de estos derechos y se en el camino de la transformación social y política que requiere el país.
La investigación está estructurada en tres partes, donde se aborda el seguimiento a las políticas gubernamentales y el estado actual de estos derechos. Asimismo, se analizan las propuestas presentadas por diferentes sectores sociales populares. Finaliza formulando distintas propuestas de políticas públicas» (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

DOCUMENTOS