Boletín DDHH y Coyuntura 2005

En relación con el comportamiento estatal, existen elementos contradictorios en cuanto a su consistencia con principios democráticos e impacto sobre los derechos humanos. Mientras, por una parte, existen acciones que apuntan a una democratización del modelo de sociedad, orientadas a superar la discriminación estructural de los sectores populares y a ampliar su participación en la distribución del poder y la riqueza social; por otra, existen otras tantas que actúan en sentido contrario, expresando rasgos autoritarios vinculados con la institucionalidad del Estado.

Entre los elementos positivos o democratizadores, con impacto en materia de derechos humanos, se encuentra una mayor distribución de la riqueza, entre otras vías, a través del aumento del gasto social; un estímulo a la organización y participación popular [27]; una reivindicación simbólica y cultural de lo popular que constituye una forma de discriminación positiva; una reivindicación del rol del Estado como regulador y protector de los sectores vulnerabilizados, lo que implica, entre otras, medidas que limitan la ideología del mercado y que subrayan los derechos sociales; una reivindicación del derecho a la autodeterminación, en un escenario de impulso a la multipolaridad internacional.

Entre los elementos que suponen déficit democráticos, se encuentran la intolerancia en el estilo político de buena parte de las élites dirigentes, en particular del Presidente Chávez [28]; el personalismo del proceso político y del gobierno, que lo hace, en buena medida, dependiente de la suerte y de la voluntad de una persona (Chávez) y que limita el fortalecimiento institucional y la ampliación democratizadora del poder popular [29]; la corrupción administrativa, reconocida por las cabezas de los poderes públicos, pero sin la adopción de mecanismos sustantivos para combatirla [30] ni la muestra de resultados relevantes; la ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales, producto, en parte, de designaciones de las cabezas de Poderes Públicos al margen de los mecanismos establecidos en la Constitución, tal como ocurrió con la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que facilitó un nombramiento de magistrados que lucen poco independientes del Poder Ejecutivo [31]; la reforma regresiva, conservadora e inconstitucional del Código Penal, que viola algunas garantías de los derechos a manifestar [32] y a la libertad de expresión y opinión política, y aumenta los delitos con penas privativas de libertad, a contravía de las tendencias más democráticas y progresistas; la discriminación laboral fundada en razones de orientación política, en particular, por la aparición y utilización de lo que se conoce como “La Lista de Tascón”, que incluye los nombres y números de cédula de las personas que firmaron para solicitar el RR; la realización de procesos penales originados en interpretaciones amplias del Código Penal que, por presentar notables vicios procesales, dejan ver reales motivaciones políticas; la difusión de discursos que presentan las políticas sociales y otros mecanismos de distribución de la riqueza como dádivas o producto de la buena voluntad de los gobernantes y no como derechos de toda la población; y, finalmente, la ampliación, en la esfera pública, de una visión militar de la seguridad .

Se trata de una variedad de temas, la mayoría de los cuales son analizados en diversos capítulos de este Informe. Se examinan a continuación, de manera general, apenas dos de ellos, que tienen un efecto globalizador: a) la distribución de la riqueza y b) la seguritización [33] militar de la política.

Distribución de la riqueza y efecto sobre los derechos humanos y la Democracia

Una distribución del ingreso que apunte a superar las inequidades sociales es un componente esencial de la democracia, con gran impacto sobre los derechos humanos por apuntar a la superación de la vulneración estructural del derecho a la no discriminación de las mayorías excluidas. Así lo han reconocido diversas instancias y mecanismos de Naciones Unidas, especializadas en derechos humanos [34]. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, ha subrayado “los vínculos intrínsecos entre el disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y la aspiración a una distribución más equitativa de los recursos económicos dentro de las naciones y entre ellas [y ha denunciado que] la concentración de la riqueza constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos” [35].

Lamentablemente no se encuentran disponibles indicadores de impacto actualizados, tales como el índice Gini de desigualdad o la magnitud del destino del ingreso hacia el trabajo o hacia la propiedad. Sin embargo, sí existen indicadores de proceso, tales como el crecimiento de la economía, el comportamiento del gasto social y algunos indicadores de resultado (porcentaje de pobreza, desempleo, economía informal, nivel de ingreso y cobertura de Las Misiones), que pueden ayudar a comprender lo que está ocurriendo en las familias de los sectores populares, en términos de acceso a mayor bienestar.

En 2004 y 2005 la economía venezolana creció sensiblemente, en buena medida producto del aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional, del aumento del gasto público y de la disminución de la intensidad del conflicto político. En 2004 el crecimiento del PIB fue del 17,3% [36], luego de la caída de los 2 años anteriores. A juicio del director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala, en “2005, según los resultados del primer trimestre, probablemente se logre una expansión del PIB, que puede estimarse entre 7 y 8%” [37]; el ministro de Planificación, Jorge Giordani, calculó entre 6% y 7% [38] el crecimiento del PIB para 2005; la Comisión Económica para América Latina (Cepal) coincide con este cálculo, al proyectarlo en un 7% [39] y en el mismo sentido se pronuncia el economista de oposición, Gustavo García, al ubicarlo entre 6% y 7% [40]. El ciclo de altos precios petroleros le otorga al gobierno, además, un importante margen de maniobra en el mercado financiero internacional [41]. Pero, como ha señalado la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Para que sea `favorable a los pobres´, el crecimiento económico tiene que abordar con éxito las desigualdades en las situaciones personales de las personas, especialmente aquellas que pertenecen a segmentos vulnerables y marginales de la sociedad, y crear oportunidades para que esos grupos participen del desarrollo económico y se beneficien de él […] el crecimiento sin igualdad podrá, a la larga, hacer aumentar la pobreza” [42]. Se requiere, por tanto, un criterio de discriminación positiva en la distribución de los beneficios del crecimiento. Con sus contradicciones y déficit, los datos disponibles muestran que esa es la orientación de las políticas públicas.

Una parte importante y creciente de los recursos de este crecimiento, más otros provenientes de la recuperación de la recaudación interna, se destinaron al gasto social que, como señalan las investigadoras Salvato y García, “Desde finales de la década de los cincuenta […] ha sido instrumento cardinal del modelo de distribución” [43]. Según los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) el gasto social público, como porcentaje del PIB, ha venido aumentando desde 1999, que se ubicó en 8,96% hasta el 2004, que llegó a 12,29% [44]. La tendencia ascendente se mantiene si se analiza el gasto público social como porcentaje del gasto público total, pasando de 34,7% en 1998 a 40,9% en 2003 [45]. Salvato y García coinciden en identificar esta tendencia al evaluar el comportamiento del gasto social real per cápita, ubicando un “…aumento del 47,9% entre 2001-2004 que, sin embargo, no logra superar los niveles alcanzados en la década de los setenta” [46].

Los signos positivos del crecimiento han tenido un favorable impacto en el empleo, que pasó de 20,7% en febrero de 2003, luego del paro petrolero, a 11,4% en octubre de 2005 [47]. La economía informal (48,3% en septiembre de 2004 y 46,8% en julio de 2005) viene cediendo terreno a la economía formal (51,7% en septiembre de 2004 y 53,2% en julio de 2005) [48]. El poder adquisitivo del salario mínimo se ha recuperado, dado que el aumento decretado en abril de 2005, del 26%, es superior a la inflación acumulada. A su vez, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborados bajo la metodología de “nivel de ingresos”, para el primer semestre de 2005, 38,5% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza (2.230.176 hogares) y 10,1%, en situación de pobreza extrema (735.707 hogares), lo que implica una disminución de 14,6 puntos porcentuales, en el primer grupo, al compararlo con el primer semestre de 2004 (53,1%), y de 23,5 puntos, en el segundo grupo [49].

Fuentes privadas esbozan datos que parecen confirmar la tendencia hacia una mejor distribución. Según un análisis de la firma Datos, “los diferentes planes ejecutados por el Gobierno a través de las misiones han significado un aumento importante en el ingreso de la clase E [el sector más pobre y mayoritario de la población]: en 2004, el ingreso promedio por hogar creció 53% con respecto a 2003, lo que implica un alza de 33% en términos reales, al descontar la inflación. La percepción de mejoría para estas personas también está asociada al hecho no sólo de sentirse identificadas con el presidente Chávez sino protegidas por él” [50]. El presidente de esta firma, Edmond Saade, señala que, según sus estudios, “45% de la población compra siempre o con frecuencia en las bodegas populares; mientras que 22% admite que algunas veces´ se abastece de alimentos en los locales del Gobierno” [51], en donde los alimentos tienen un descuento de hasta el 40%. Esta situación “incidió en el repunte del mercado de consumo masivo durante 2004, que creció 17% en volumen con respecto al año anterior. El consumo per cápita recupera los niveles de 2001, pero aún se encuentra 3% por debajo de los índices de 1998” [52]. La firma privada Datanalisis, presenta datos similares: “Mercal ha atendido a 44,3% de la población; Barrio Adentro 28,7%; Ribas 28,5% e Identidad 14,8%. En el caso específico de Mercal en las últimas semanas se ha incrementado su cobertura y ya está en 52,3%” [53].
La sostenibilidad de esta tendencia democratizadora, pasa por varios factores. En términos sociales, es fundamental que los sectores populares aumenten su capacidad de ejercer poder. La irreversibilidad de una justa política de distribución de la riqueza, no es producto de la buena voluntad de los gobernantes, sino de la capacidad de los gobernados de ejercer una presión sostenida, con organización, movilización y conciencia de derecho. En términos económicos, es evidente que, más allá de los factores coyunturales que posibilitaron el crecimiento de la economía, es imprescindible aumentar la capacidad para generar riqueza, en el marco de un modo de producción que sea ambientalmente sustentable. Para poder distribuir la riqueza es necesario producirla. El Gobierno está ensayando, por ahora con escasos logros, el impulso a una economía social (cooperativas, cogestión, autogestión) que coexiste con empresas privadas y estatales. Por ahora, los altos precios del petróleo facilitan la distribución y la experimentación. Pero la sostenibilidad de este criterio de distribución, de manera tal que logre afectar el mapa estructural de la pobreza en Venezuela, requiere de la afectación, también estructural, de la economía para aumentar su capacidad productiva, abdicando de las tendencias industrialistas y desarrollistas que son ecológicamente inviables.

Seguritización militarizada de la política: efectos sobre los derechos humanos y la Democracia

La composición cívico-militar de las élites que arribaron al control del Estado en 1998, explica en buena medida el peso creciente que ha venido cobrando, desde entonces, lo militar en la vida del país. En esta nueva relación militar- civil, se entremezclan asuntos que no necesariamente son negativos y que obedecen a un cambio de paradigma en la materia, con otros claramente nocivos para la convivencia democrática. Sin pretender aquí una intervención global en ese debate, simplemente se listan algunos de los campos o dimensiones de esa creciente ampliación de lo militar, que son consideradas riesgosos: discriminación favorable a los militares, ampliación de su intervención política con el consecuente aumento de riesgos de violencia política, debilitamiento de controles institucionales civiles sobre lo militar, límites a la participación social civil amplia en el debate y decisión de temas militares, riesgos de la formación militar a la población civil en una sociedad polarizada, aumento del presupuesto militar y de la capacidad de producción de armamento.

Ya desde la presentación del proyecto de Constitución, en 1999, Provea alertó que, al lado del “modo realmente progresivo y vanguardista” [54] en que se plasmaron los derechos humanos, existía una arquitectura de poder que suponía “un riesgo potencial para la concreción de los mismos” [55]. En particular, se aludía a tres tipos de elementos vinculados con lo militar: 1) la constitucionalización de vulneraciones al derecho a la no discriminación, dados los privilegios de un tipo particular de ciudadanos (los militares) de los que no gozaba el resto, como el caso del antejuicio de mérito por ser oficial con rango de general o almirante (y no por tener un cargo público de relevancia) o el disfrutar de una seguridad social y una contraloría propias; 2) la apertura al camino de una presencia mayor de los funcionarios militares en ámbitos tradicionalmente reservados al mundo civil, como la eliminación del adjetivo “no deliberante” en la caracterización de la FAN (que es distinto a que hayan ganado el derecho al voto, asunto que se valoró positivamente), la eliminación de la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario o el nuevo y subrayado rol de la FAN, entendido a partir de una participación activa en el desarrollo nacional; 3) descripciones ambiguas sobre el sometimiento de la institución al poder civil, más allá de su obediencia al Presidente o Presidenta de la República y la presentación de la seguridad y defensa en un título distinto al de los Poderes Públicos.

Provea reivindicó entonces, como ahora, que los “militares tienen una importante misión que es la defensa de la patria, fundamentalmente de agresiones externas [pero su] participación directa en la política constituye un peligro potencial ya que supone un desbalance con el Poder Civil al cual deben estar sujetos” [56]. No están en igualdad de condiciones quienes administran la violencia legítima del Estado y quienes carecen de esa potestad. Limitar la participación de la FAN en las controversias políticas es una garantía democrática que apunta a evitar la jerarquización de un actor institucional (con un poder especial: poder de fuego) y, con ello, los riesgos de violencia.

La historia reciente ha mostrado los efectos negativos del aumento de la deliberancia militar. En el año 2002, al intensificarse el conflicto político, Provea denunció [57] el modo en el que el Presidente Chávez utilizaba escenarios y símbolos militares para atacar discursivamente a la oposición, en un claro modo de instrumentalización política de la FAN. Sectores de la oposición reaccionaron de la misma forma ese año, produciéndose un aumento del protagonismo político militar en los bandos en pugna y una división de la FAN que concluyó en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Aunque en el presente la FAN no se encuentra dividida, esta institución continúa siendo un instrumento esencial de la gestión de gobierno y ha ampliado su influencia en la toma de decisiones estratégicas. Muchos cuadros directivos de ministerios (incluyendo viceministros) u otros entes del Estado son militares activos. Incluso, en este período, un militar activo llegó a ser magistrado del TSJ [58], siendo, por tanto, al mismo tiempo, un subordinado del Presidente de la República (por la jerarquía militar) y parte de la cabeza de un poder público autónomo.

Tanto la Constitución como la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) incluyen una ampliación de la noción de seguridad a temas como la economía, el ambiente, la lucha contra la pobreza o el desarrollo. Esta ampliación, que podría considerarse compatible con la concepción democrática de “seguridad humana” asumida en el seno de las Naciones Unidas, tiene, sin embargo, el sesgo de un altísimo protagonismo militar en los temas de seguridad. Como consecuencia de ello, se amplía la influencia de las concepciones y estilos militares en la agenda política del país. No ocurre lo mismo con la participación civil en el debate de temas militares. Los civiles han estado al margen de la elaboración del “Nuevo pensamiento estratégico militar” y, pese a que se está desarrollando un esquema de defensa que involucra de manera relevante a los civiles, no existe nada parecido a un “Libro Blanco” de la Defensa [59], construido con aportes de toda la sociedad.

El aumento de la confrontación con los EEUU, replanteó las hipótesis de guerra de la FAN e incidió en la creación de un modelo de defensa con participación relevante de la población civil, en el aumento del gasto público militar para la renovación del armamento y en la decisión de fortalecer la producción propia de armamento. El general Raúl Baduel, Comandante del Ejército, definió los nuevos escenarios y amenazas militares en su discurso del desfile conmemorativo del aniversario de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 2004: “…primero: guerra de cuarta generación, con el propósito de desestabilizar al país como paso previo a la conducción de operaciones destinadas a desorganizar y finalmente destruir el Estado-Nación. Segundo, golpe de Estado, subversión y acciones de grupos separatistas, promovidos por organizaciones políticas transnacionales llamados depredadores corporativos. Tercero, conflicto regional, como extensión de conflictos internos de países vecinos, en el marco de la aplicación de planes de ayuda militar, bajo el pretexto (entre paréntesis casus Belis) del supuesto apoyo de nuestro país a factores generadores de violencia, y/o a acciones violentas planificadas, ejecutadas desde el territorio venezolano. Y cuarto, intervención militar al estilo de las coaliciones que han intervenido en diferentes países del mundo, desarrollando operaciones combinadas bajo mandato de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, o lo que es peor con prescindencia de este mandato […]. Desde finales de los años 90 y en función de planes preexistentes, los países denominados desarrollados, ávidos consumidores de energía, de origen fósil, bien en forma directa o a través de sus agencias locales, han desencadenado sobre nuestro país un amplio programa con pretensiones de desestabilización y desarticulación, sustentado en 4 etapas de carácter secuencial, envolvente y convergente, cuya consecución les permitiría: escarmentar las tesis nacionalistas, garantía de acceso irrestricto seguro y barato a tan importante fuente de energía, consolidar la tesis de la globalización, extender su dominio del planeta al menos por esta centuria” [60].

El modelo de defensa planteado es el de la “guerra asimétrica”, que supone la superioridad de las fuerzas agresoras y plantea la posibilidad de una guerra que involucre a la población en la resistencia, ocasionándole costos militares y políticos crecientes a la fuerza agresora. Se trata, según han explicado sus principales promotores, de un modelo defensivo que pretende disuadir potenciales agresiones. La LOFAN, aprobada en el 2005, desarrolla la corresponsabilidad cívico-militar de la defensa, incorporando los componentes de la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, adscritos directamente al Presidente de la República.

Son dos las principales preocupaciones en relación con este nuevo modelo de defensa, que no objetan el modelo en sí, sino los riesgos asociados a su implementación en un contexto polarizado y de ampliación del protagonismo y la lógica militar. Por una parte, el que pueda aumentar la estigmatización de las disidencias internas como parte de un plan de conspiración extranjera (“guerra de cuarta generación”), reduciendo con ello el campo democrático de confrontación política. Aunque es evidente que pueden existir conexiones entre actores locales e intereses foráneos y es legítima una acción estatal democrática y basada en la ley para garantizar el derecho a la autodeterminación, la ampliación de una visión militarmente seguritizada de los fenómenos políticos puede legitimar la criminalización de sectores opositores. No se trata sólo de una posibilidad o una hipótesis. El juicio a tres representantes de la organización de oposición Súmate, por el origen de su financiamiento alimenta esta interpretación [61]. Por otra parte, el que la población reciba adiestramiento militar, a través de dos componentes adscritos directamente al Presidente de la República, sin intermediaciones jerárquicas, en un escenario que, como el venezolano, incluye la polarización como una característica determinante, alimenta el temor de una posible instrumentalización política en el conflicto interno, de ese adiestramiento y de esos componentes. Nuevamente, en este caso, tampoco se trata de una posibilidad sin fundamento o antecedentes. El Presidente Chávez viene instrumentalizando la FAN para alimentar su proyecto político.

Por otra parte, las posibilidades de una agresión externa sirven para justificar la compra de armamento, con lo que el gasto público militar, que se había reducido sensiblemente desde 1999, vuelve a incrementarse. Las recientes compras acordadas con España (corbetas de vigilancia y aviones), China (uniformes y radares), Brasil (aviones de entrenamiento) y Rusia (fusiles AK y helicópteros) ascienden a más de dos mil millones de dólares [62]. En el mismo sentido actúa el desarrollo de la industria militar. Se trata de una inversión pública para producir armas que, justificadas por la necesidad de independencia y autonomía, en un escenario de confrontación, aumentan el peligro de su mayor circulación entre la población (dadas las debilidades del Estado para garantizar su monopolio de la fuerza) y, por tanto, de la violencia social. Alimentan, además, la lógica de toda empresa de producción de armas: necesita vender más para ser exitosa.