10 de diciembre de 2003

Servicio informativo Nº 131

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años en vísperas de la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial de nuestro servicio informativo «Derechos humanos y coyuntura» con el Contexto y Balance de Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés. Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado por nuestra organización.

Finalmente no queda más que invitarles a consultar el texto íntegro de esta publicación en nuestro sitio web http://www.derechos.org.ve, y en caso de estar interesados/as en adquirirlo, puede contactarnos por el correo-e: publicacionesprovea@derechos.org.ve. La oferta de lanzamiento es de Bs. 35.000 e incluye los gastos de envío nacional y la más reciente publicación de Provea, de la serie de formación en derechos humanos «Tener derechos no basta», «Historia de los Derechos Humanos».

DEDICATORIA

En memoria de:

Enmary Dahiana Cava, Joe Castillo y Jorge Nieves, activistas por los derechos humanos con los que compartimos el sueño de la justicia y la dignidad;

Wilmer Javier Vásquez, Jacinto Mendoza, Pedro Guerrero, José Antonio Moyetones y otros dirigentes campesinos asesinados en medio de la lucha por su derecho a la tierra

De las personas que han muerto desde el año 2001 por la intolerancia de los actores de un conflicto político que cuenta en cada bando con víctimas y victimarios.

La paz no es más que la fruta deseada de un árbol que tiene por raíces a la justicia y la inclusión social; por ramas y hojas al respeto, protección y garantía de todos y cada uno de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y de los pueblos y por tronco un conflicto, necesario y permanente, en medio del cual los débiles se fortalecen en su lucha por la dignidad, democratizando con ello a la democracia

PROVEA

Los rasgos violentos del conflicto político, la debilidad del Estado para cumplir con sus obligaciones y el empobrecimiento de la población, son los principales factores identificados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) que incidieron en el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el período octubre 2002 –septiembre 2003. Así lo expusieron voceros de la organización en el contexto de la presentación del XV Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, efectuada este miércoles 10 de diciembre en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

“El aumento de la pobreza reconocido por el INE, incide transversalmente en el deterioro de la situación de los derechos humanos. La pobreza expresa una vulneración estructural del derecho a la no discriminación: los sectores populares encuentran mayores obstáculos para disfrutar de su derecho a un empleo, a un salario suficiente, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social; son las principales víctimas de la delincuencia y de los atropellos policiales, con lo que se les vulnera más frecuentemente su derecho a la seguridad ciudadana, a la libertad personal, a la integridad y a la vida”, señaló Carlos Correa, Coordinador General de Provea. Añadió que a ello contribuyó el modo en que se vive el actual conflicto: “Los conflictos son positivos para los cambios sociales, pero en Venezuela, reconociendo que no se ha desbordado la violencia estatal, social o política, las expresiones de intolerancia de todos los sectores en pugna inciden en el empobrecimiento del país y en el debilitamiento del Estado. La competencia por el control estatal entre los actores políticos, ejercida de una manera que es desleal con los principios democráticos, junto a la corrupción y los déficit de gestión, debilitan al Estado en su rol de garante de los derechos de la población. Por otra parte, los actores políticos mostraron grandes limitaciones para negociar mecanismos que permitan administrar institucionalmente los disensos y la reducción de la violencia en el conflicto”.

El desempleo llegó a su tope más alto en febrero de 2003: 20,7%, y aunque disminuyó en septiembre a 17,8 %, sigue siendo superior a la cifra del mismo mes del año anterior; el poder adquisitivo del salario se ha deteriorado, pues el aumento decretado en mayo de 2003, del 30% fraccionado, no cubrió la inflación acumulada desde el último aumento, que a septiembre fue del 37,5%; un 80% de la población económicamente activa, no cuenta con protección de la seguridad social; el déficit del salario mínimo para cubrir la canasta alimentaria es de 20%, según fuentes oficiales; solo se cumplió con el 25% de las metas de construcción de viviendas del año 2002; más de un millón 885 mil niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema escolar; el número de delitos y de homicidios registrados en 2002 se incrementó en un 16% y un 21% con respecto al año anterior; la frecuencia de linchamientos aumentó en un 47%; los cuerpos policiales son responsables de un 18% del total de homicidios registrados oficialmente; aumentaron las muertes ocurridas en las cárceles, llegando a ser los lugares más inseguros del país por tener una tasa de homicidios de 1636,7 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional, ya suficientemente alta, es de 42 por cada 100 mil habitantes. Junto a un trabajo especial sobre el impacto del acuerdo del Área de Libre Comercio (ALCA) en los derechos humanos, los anteriores son algunos de los datos sobre la situación de los derechos humanos que pueden revisarse en este informe realizado por Provea. La publicación podrá adquirirse en su sede, en librerías y también puede ser consultada gratuitamente en el sitio web de la organización: http://www.derechos.org.ve.

También hay algunos hechos positivos en el balance de Provea. En este sentido, Antonio González Plessmann, Coordinador del Área de Investigación de la organización, destacó por ejemplo que “el crecimiento de la matrícula escolar se ubicó en 5,6%, siendo el más alto de última década; la matrícula creció en todos los niveles del sistema educativo, mayormente en educación media, 9,6%; se amplió la participación social por el derecho a la vivienda: en el proceso de regularización de tierras urbanas se entregaron 30 mil títulos de propiedad, se crearon 3 mil comités de Tierras Urbanas y mil 50 Mesas Técnicas de Agua, además, se adjudicaron un millón 171.925 hectáreas de tierras agrícolas bajo directrices políticas cónsonas con el derecho a la tierra. Asimismo, se mantuvo la disminución de las violaciones al derecho a la manifestación, alcanzando la tasa más baja registrada por Provea”.

Para mejorar la situación de los derechos humanos Provea insiste en la necesidad de un acuerdo político que incluya a toda la diversidad política y social del país, con amplia participación social. “Negociar no es traicionar principios, promesas electorales o postulados constitucionales, sino buscar acuerdos estratégicos y si ello no es posible, acordar los modos democráticos de procesar los desacuerdos. Esto implica organizaciones sociales y partidos políticos fuertes, honestos, participativos, con propuestas de país y capacidad de negociación”, señaló Correa. Además, es necesario que se asuma la superación de la pobreza, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la participación, como el principal reto del país: “La crisis venezolana no tiene el nombre de una persona, ni se resuelve con la permanencia o salida de un presidente; se trata de una crisis añejada y el empobrecimiento sostenido es parte de ella. Hoy no puede hablarse de democracia sin justicia social. Por eso es fundamental fortalecer el rol del Estado como principal promotor de ésta, al tiempo que democratizarlo, hacerlo transparente y someterlo a controles populares permanentes, tal como lo señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU”, concluyó González Plessmann.

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La situación de los derechos humanos en Venezuela que se analiza en el presente Informe está signada por segundo año consecutivo [2], por una intensa lucha hegemónica, en la que varios de los actores involucrados irrespetaron la legalidad y recurrieron a la violencia física [3] y simbólica. Los datos disponibles muestran que el conflicto se mueve entre las formas políticas y las violentas, con riesgo de aumento de estas últimas y por lo tanto, de deterioro aún mayor de la situación de los derechos humanos.

Durante el período analizado, al menos 18 personas murieron y 186 resultaron heridas por armas de fuego (HAF) en el contexto de este conflicto político, lo que sumadas a las del período anterior, da una total de al menos 83 muertes y 230 HAF, producidos por el uso de la violencia para obtener objetivos políticos. Adicionalmente, en este período, fueron colocados 21 artefactos explosivos en distintas instituciones, lo que evidencia un naciente patrón de terrorismo. Las víctimas fueron personas o instituciones pertenecientes a ambos bandos de la lucha política y también otras que no forman parte de la polarización.

A su vez, la violencia discursiva de los principales actores del conflicto fue un denominador común. Se impuso una gramática de guerra que, a través de insultos, descalificaciones y amenazas, presenta al “otro” no como un adversario sino como un enemigo que compromete la propia sobrevivencia y al que, por tanto, es necesario hacer desaparecer del escenario político. Un análisis interdisciplinario realizado por especialistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) [4] denunció el “predominio del discurso amenazante y del insulto como estrategias de comunicación” [5]. Según estudios de la especialista en análisis del discurso Maritza Montero, la agresión verbal parece producir un efecto espiral, ya que fue el Presidente Chávez quien elevó la magnitud de esta estrategia comunicacional en 1999 [6], pero actualmente “recibe muchos más insultos que los que da” [7]. Cabe destacar que las amenazas de los actores políticos no se dirigen solo contra las personas, sino también contra las instituciones. Son comunes, por ejemplo, las declaraciones del Presidente de la República y otros voceros del Ejecutivo, descalificando o presionando a otros poderes (como el Electoral o el Judicial), lo que constituye una vulneración del principio de autonomía, independencia y colaboración entre los poderes públicos; así como las amenazas de sectores de la oposición, que insisten, a veces con eufemismos y otras sin ellos, en una defensa pública del golpe de Estado como mecanismo para “salir de Chávez”.

Las violencias física y simbólica, se cuentan entre los más visibles (que no los únicos) efectos y factores desencadenantes del intenso proceso de polarización social y política que se vive en Venezuela. Según explica Mireya Lozada, coordinadora de la Unidad de Investigación en Psicología Política del Instituto de Psicología de la UCV, este ambiente polarizado y dicotómico se caracteriza por: “el estrechamiento del campo perceptivo (percepción estereotipada: ‘nosotros-ellos´); una fuerte carga emocional (aceptación y rechazo sin matices); c) el involucramiento personal (cualquier hecho afecta a la persona); d) el quiebre del sentido común (posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de posiciones diversas); e) las familias, escuela, iglesias, [trabajos], u otros espacios sociales de convivencia son obligados a colocarse en alguno de los polos; g) las personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento presentes en la lucha política; g) la confrontación aumenta la solidaridad y cohesión dentro de cada grupo; h) la percepción mutua es desfavorable, las interacciones hostiles o inexistentes, el conflicto latente o manifiesto” [8].

Una consecuencia de la polarización que muestra, de manera paradigmática, la conjunción de las violencias simbólica y física, es la territorialización del conflicto, que ocurre con mayor intensidad en la ciudad de Caracas. Un largo proceso de empobrecimiento y aumento de las desigualdades generó una polarización social [9] sobre la cual se superpone ahora la polarización política. Así, los espacios que habitan los sectores populares son vistos como territorio afecto al gobierno nacional, y los habitados por las clases altas y medias altas, como de la oposición. Igualmente, activistas de ambos bandos han “tomado” o declarado “zonas liberadas” a algunos espacios públicos de Caracas, tales como la Plaza Francia de Altamira (tomada por militares declarados en “desobediencia” al Presidente de la República) o las adyacencias de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en La Campiña (tomada por partidarios del gobierno nacional). Una larga lista de hechos violentos, en los que han sido asesinados, lesionados, amenazados o humillados partidarios de ambos bandos o personas que han sido “confundidas”, refuerzan esta división geográfica. Sería larga e imprecisa una descripción de estos hechos; particularmente, de las amenazas y humillaciones que, por ser cotidianas, son poco denunciadas. No obstante, vale la pena ilustrar con algunos ejemplos.

La artista plástica Elsa Morales fue golpeada en diciembre de 2002 por un grupo de señoras de la oposición que se encontraban manifestando en la Plaza Francia, al tiempo que le gritaban: “vete de aquí india chavista… guajira chavista” [10]. Igual suerte corrieron representantes de los partidos de oposición COPEI y Movimiento al Socialismo (MAS) los días 13.01.03 y 20.01.03, cuando en el marco de la celebración de sus aniversarios, fueron agredidos físicamente por partidarios del oficialismo, quienes impidieron colocar ofrendas florales ante la estatua de El Libertador en la Plaza Bolívar (Caracas) [11]. El 06.12.02, luego de que una persona con desequilibrios mentales y sin aparente motivación política realizara disparos indiscriminados, asesinando a tres manifestantes de la Plaza Francia, fue saqueada la casa del partido MVR en El Rosal (este de Caracas). El 23.03.03, en el contexto de una manifestación de la oposición en Caricuao (oeste de Caracas), que fue impedida por simpatizantes del gobierno, una Casa del partido Acción Democrática (AD) fue destruida. El 01.05.03 el obrero Numar Herrera, que participaba de la celebración del 1º de mayo en una marcha de la oposición que llegó al centro de Caracas, fue asesinado por un particular, aparentemente simpatizante del oficialismo. Unos meses antes, el 03.01.03, Jairo Gregorio Morán y Oscar Aponte Gómez fueron asesinados, aparentemente por personas de la oposición, en el contexto de una marcha denominada “La Gran Batalla”, que llegó al paseo Los Próceres (al suroeste de Caracas).

Otro fenómeno que refleja de manera relevante la polarización territorial es el temor, en capas medias y altas del este de Caracas, a ser atacados en sus residencias por sectores populares afectos al oficialismo. En enero de 2003, al igual que a mediados de 2002, se produjo un intenso debate electrónico y la creación de grupos de autodefensa vecinal, con las más insólitas estrategias [12], para enfrentar esta “amenaza” que nunca se concretó. Cabe señalar que no existen precedentes en la historia de la democracia venezolana de ataques masivos de los sectores populares a las viviendas de otros sectores sociales.

Junto a estos datos, que hacen temer por el desbordamiento de la violencia política en el conflicto venezolano, existen otros que apuntan a la posibilidad de administrarlo en un marco de respeto a la institucionalidad democrática y de reducción de la violencia. Justamente ese fue el eje transversal de la Mesa de Negociación y Acuerdos, que se instaló el 08.11.02 y culminó su trabajo el 29.05.03, y que estuvo conformada por representantes del gobierno y de la oposición [13], contando con la facilitación de César Gaviria, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Centro Carter [14]. Luego de múltiples desencuentros [15] y formando parte del proceso de polarización, la Mesa produjo el 18.02.03, en su reunión número 44, su primer acuerdo: la Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia en Venezuela [16]. Tres meses después, el 29.05.03, hizo público su segundo y último producto relevante: el Acuerdo entre la representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática [17]. En la actualidad se mantiene un Mecanismo de Enlace entre las partes, para hacer seguimiento a este acuerdo.

Si se analizan los productos de la Mesa (la Declaración y el Acuerdo), a partir de su nivel de cumplimiento, se encuentran, rápidamente, resultados decepcionantes: el lenguaje político continuó siendo hiriente e intolerante; continuaron ocurriendo hechos de violencia, la mayoría de los cuales se mantienen impunes; la Asamblea Nacional (AN) no sancionó la ley que pondría en funcionamiento una Comisión de la Verdad para investigar los hechos de abril de 2002 y otros de violencia política; los actores no promovieron mensajes de exaltación de los principios de la paz y la tolerancia o, cuando lo hicieron, convirtieron estos mensajes en herramientas para acusar al otro de ser la principal amenaza a estos principios; los principales medios de comunicación, tanto públicos como privados, siguieron siendo factores de estímulo a la polarización; se continuaron presentando hechos de agresión a trabajadores de los medios de comunicación, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad; no se vislumbra, ni en el presente ni en un futuro inmediato, la voluntad de compartir el espacio político e institucional, en función de la fuerza social que han acumulado los distintos actores; continuaron realizándose llamados a la ruptura del hilo constitucional mediante la participación militar en la “solución” de la crisis [18], sobre la base de una interpretación inadecuada del artículo 350 de la Constitución; continuaron existiendo grupúsculos armados, que levantan las banderas del gobierno unos y de la oposición otros; se produjeron momentos prolongados de militarización de organismos civiles de seguridad ciudadana y no se implementó una campaña de desarme de la población civil [19]. Es en el tema electoral, apenas, donde se produjeron avances, aunque no sin incertidumbre, sobre la posibilidad de realizar procesos inéditos previstos en la Constitución de 1999, como lo son los referenda revocatorios del mandato de todos los cargos de elección popular que arribaron a la mitad del período para el cual fueron elegidos, incluyendo el del Presidente de la República. Ello se enmarca dentro de los adjetivos “constitucional, pacífica, democrática y electoral” con los que la OEA, primero, y las partes en conflicto, después, caracterizaron el tipo de solución deseable a la actual expresión de la crisis política.

Aunque parece un magro resultado, la verdad es que esta Mesa, que implicó una participación preventiva de la comunidad internacional [20], jugó un papel importantísimo en la contención de las formas violentas del conflicto y de la ruptura de la institucionalidad democrática: no se produjo un golpe de Estado ni se desbordó la violencia social, política o estatal. El conflicto, con muchos tropiezos, se ha estado administrando por los canales institucionales. Es este, sin duda, su principal aporte.

Pero no solo la Mesa ayudó a evitar el desbordamiento de la violencia. Las motivaciones y deseos de la sociedad fueron un factor de primer orden en la contención de la violencia. Según distintas encuestas, la mayoría de la población rechaza los golpes de Estado y el uso de la violencia para lograr objetivos políticos [21]. Al igual que en el período anterior [22], en este se han desarrollado iniciativas, organizaciones y eventos, que apuntan hacia una administración no violenta del conflicto [23]. Son menos visibles, señala Mireya Lozada, “porque están trabajando por la paz en un contexto en el que aún no hay guerra y de lo que se trata es de evitarla” [24]. Un contexto, además, en el que la escena mediática ha estado copada por los discursos más radicales, dado que los medios, públicos y privados, son parte fundamental de la polarización. Pese a esto, una cultura democrática de la sociedad venezolana (que coexiste, sin embargo, con una de tipo autoritario), ha sido una poderosa protección contra el desbordamiento de la violencia.

El modo polarizado y con rasgos de violencia en que se viene manifestando el conflicto tiene un impacto directo sobre la situación de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Las páginas de este Informe dan cuenta de ello en la mayoría de sus capítulos.

Desde la segunda mitad del año 2001, cuando el conflicto se radicalizó, fue posible observar el deterioro de los indicadores de pobreza, desempleo o violencia, así como una continuidad del debilitamiento de las instituciones del Estado para hacer frente a estos problemas que inciden transversalmente en la situación de la mayoría de los derechos humanos.

Sin pretender una relación jerárquica causal, existen algunos indicadores que permiten ilustrar lo señalado. En el año 2002, el PIB cayó 8,9 puntos y en el primer trimestre de 2003 la contracción fue del 29%, la más importante de los últimos 50 años según el Banco Central de Venezuela [25]. Las predicciones para el cierre de 2003 varían dependiendo de la fuente, pero ninguna de ellas es alentadora: una contracción del 17%, según el Fondo Monetario Internacional [26]; del 12%, según el directivo del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala [27] y de un 8,9%, según el Ministro de Finanzas, Tobías Lóbrega [28]. En febrero de 2003, el desempleo llegó a su punto más alto en la historia del país, 20,7% [29]; los hogares pobres pasaron, de ser 2.715.379 en el segundo semestre de 2002, a ser 2.985.332 en el primer semestre de 2003 [30]. La distribución del ingreso demuestra el empobrecimiento desigual de la población: el 2do quintil más pobre, que recibía para 2001 el 9,93% de los ingresos totales, en 2002 recibió el 7,94%; el 3er quintil recibía para 2001 el 13,07% y para 2002, el 12,64%; el 4to quintil recibía el 23% y luego 20,88%; sólo ha aumentado el 5to quintil, o 20% más rico, que recibía el 49,55% en 2001 y en 2002 recibió 54,13% [31]. Los meses con mayor número de homicidios de los últimos tres años, han sido diciembre de 2002 y marzo de 2003 [32], es decir, durante e inmediatamente después del Paro de 2 meses que vivió el país por esa fecha. Distintos especialistas han explicado que existe una estrecha relación entre los contextos de convulsiones políticas y el aumento de la ocurrencia de homicidios. La violencia delincuencial se mezcla, a su vez, con la violencia policial que la persigue, estimulando y siendo estimulada por la vulneración de derechos civiles por parte de los organismos de seguridad.

Por otra parte, una larga lista de fenómenos explican la continuidad de la debilidad institucional del Estado para hacer frente a su deber de respeto, protección y cumplimiento de los derechos de la población. Al desmontaje neoliberal del Estado y al enquistamiento de la corrupción, que preexistían al actual período de gobierno, se le suman los propios déficit de gestión de la actual administración, la corrupción propia [33], la recurrencia a lógicas de “operativo”, la tendencia a asumir las leyes para la designación de autoridades en clave de “provisionalidad”, argumentando para ello la progresiva adaptación al nuevo marco constitucional y, particularmente, la feroz lucha entre los polos del espectro político, por el control e instrumentalización de espacios de poder dentro del Estado. Esto hace, por ejemplo, que instituciones como la AN (donde las fuerzas que apoyan al gobierno tienen una pequeña mayoría simple), estén, por momentos, prácticamente paralizadas por la intolerancia y la imposibilidad de mínimos acuerdos, o que la percepción social sobre los Poderes Judicial y Ciudadano (Fiscalía, Defensoría y Contraloría) o sobre los organismos de seguridad sea, con sobrados motivos, la de espacios parcializados que favorecen a uno u otro bando político, cuando no a un sector económico. Igualmente, en cuanto al Ejecutivo Nacional, resulta evidente que el propio esfuerzo dedicado por los funcionarios que actualmente lo ocupan para evitar ser destituidos, le resta capacidad para concretar planes y proyectos. Todo esto afecta negativamente, sin ninguna duda, la satisfacción de los derechos de la población.

Por estas razones, es previsible que un aumento de la polarización y la violencia, de ocurrir, implicará un deterioro aún mayor de la situación de los derechos humanos. Por ello, para el activismo pro derechos humanos se convierte en una labor de primer orden ayudar a una administración democrática del conflicto. En esta línea se manifestó el 07.10.02 el entonces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Juan Méndez, en su discurso de inicio de un nuevo período de sesiones de ese organismo: “resulta fundamental mantener el debate político en Venezuela dentro de los cauces de la institucionalidad democrática” [34]. En idéntico sentido, unos días después, el 10.10.02, se pronunció el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Dr. Kofi Annan, quien instó “al pueblo de Venezuela [a] que busque soluciones para sus diferencias basándose en los principios de la democracia y dentro de las leyes” [35].

Pero el discurso de los derechos humanos no escapa al proceso de polarización. Tal como señalaron representantes del secretariado internacional de Amnistía Internacional, luego de una misión en Venezuela: “las partes implicadas en el conflicto para lo único que han hecho referencia a los derechos humanos es para atacar y desacreditar al adversario. El gobierno, la oposición y los medios de comunicación se han apropiado de ellos, los han manipulado y distorsionado, convirtiéndolos en un arma más al servicio de la polarización y el enfrentamiento” [36]. El discurso pro derechos humanos ha sido utilizado, con frecuencia, como un coadyuvante de la exclusión del “otro” y del conflicto violento. Unos para señalar que, dado que estos derechos están consagrados de manera abundante y progresiva en la Constitución que fue redactada por una mayoría oficialista, todo señalamiento de violación en Venezuela es falaz y obedece a una estrategia conspirativa; al tiempo que presentan a la oposición como un bloque coherentemente “antidemocrático”, que constituye la única y principal amenaza al Estado de Derecho, fortaleciendo con ello el imaginario que convierte a su adversario en un enemigo peligroso para la propia sobrevivencia. Otros para, mediante la repetición de denuncias temerarias amplificadas por medios de comunicación privados, deslegitimar al gobierno, al punto de presentarlo como una “dictadura comunista” y “protectora de terroristas” que debe ser derrocada para recuperar la “libertad perdida” o como un “Estado Paria” que acabó con las libertades públicas, frente al cual la comunidad internacional debería actuar de inmediato. En este caso, se trata de coartadas de un golpe de Estado o de una intervención internacional indebida, que apuntan a la construcción de un imaginario que actúa en el mismo sentido que el estimulado por el bando contrario.

En este escenario, minado de intolerancia y fragmentación de los principios, resulta compleja una acción pro derechos humanos, autónoma, que no le haga el juego a quienes, desde cada bando, estimulan la violencia. Frente a ello, Provea ratifica la universalidad de los derechos humanos (son derechos de todas y todos) y la defensa del derecho a la no discriminación como eje transversal de estos. Ratifica el uso de los mismos estándares técnicos que han guiado su trabajo en los últimos 15 años y también su visión fundacional: “es independiente y autónoma de partidos políticos, grupos económicos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales o gobierno alguno” [37]. Desde esta perspectiva, e intentando contribuir a mantener el conflicto dentro de los márgenes de la institucionalidad [38], Provea denuncia la naturalización de la violencia política, independientemente de quienes sean las víctimas y los victimarios; defiende la institucionalidad democrática, cuestionado todo llamado a golpes de Estado y todo grave abuso de poder; insiste en que el principal problema del país es la exclusión social y el principal reto su superación; reivindica y estimula el protagonismo de los sectores populares en la lucha por sus derechos humanos, pues son estos sectores, en el pasado y en el presente, las principales víctimas de violación a estos derechos; mantiene su lucha contra la impunidad, porque sin justicia no existen posibilidades reales y duraderas de despolarización; estimula el debate en torno a ideas, proyectos y medidas del gobierno y la oposición, en función de evaluar su consistencia con los derechos humanos; solicita a los actores políticos, incluyendo a los medios de comunicación, una actitud plural y desestigmatizadora; difunde acciones favorables al diálogo y la tolerancia, para ayudar a combatir su invisibilización y reivindica el conflicto como motor de los cambios democráticos, porque los procesos de construcción de justicia y dignidad de los sectores excluidos son procesos conflictivos que, no obstante, pueden ser administrados democráticamente. Nada de esto equivale a una equidistancia entre los sectores enfrentados o a una perspectiva de “justo medio”. Se trata de un eje distinto (el de la violación o el respeto, protección y garantía a los derechos humanos, sin discriminación) en el que Provea no es neutral, pues está parcializada a favor de las víctimas y sus derechos, independientemente de quiénes sean estas y quiénes sus victimarios, qué piensen políticamente o cuál sea su origen étnico o social.

A diferencia de Informes anteriores, en los que el capítulo “Contexto” estaba dedicado a analizar los temas más relevantes del año, en este se prefirió intentar una breve caracterización del conflicto venezolano, con la esperanza de aportar un punto de vista al necesario diálogo en torno a su diagnóstico, como paso previo al diseño de estrategias que apunten a su administración más democrática. No obstante, para no dejar vacíos, se incluyó en la sección “Anexos”, una cronología de algunos de los hechos más relevantes del período, entre los que destaca, por supuesto, el Paro de dos meses llevado a cabo por la oposición (02.12.02 a 02.02.03) y los saldos negativos en vidas humanas que dejó la violencia entre ambos bandos, sin que el Estado haya dado una adecuada respuesta en términos de prevención, investigación, sanción y reparación.

Antecedentes del conflicto

El actual conflicto venezolano no nace “de la nada”, ni tampoco a partir del demasiadas veces sobredimensionado “Factor Chávez”. Se trata de la entrada en resonancia de, al menos, tres crisis o conflictos que se vienen manifestando sin resolverse desde la década de los 80 y que hoy son intensos detonantes de la polarización: una crisis socioeconómica, una crisis político institucional y una crisis de incertidumbre frente al modelo de desarrollo.

La crisis socioeconómica se expresa en el deterioro, durante las últimas dos décadas, de los indicadores del PIB, que oscilaron entre el bajo crecimiento y el decrecimiento desde 1979 hasta 2002 [39]; los indicadores de desempleo, que era menor al 5% en 1978, aumentó al 10% en 1990 y llegó, como ya se dijo, al 20,3% en febrero de 2003 [40]; o los de la desigualdad medida por el índice Gini, que era de 0,48 en 1979, de 0,51 en 1986 y de 0,53 en 1999 [41].

Estos datos demuestran que el país no sólo se empobreció sostenidamente en estos años, sino que unos (los más) se empobrecieron más que otros, generándose un verdadero abismo entre ricos y pobres. En palabras del especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES/UCAB), Matías Riutort: “en el período 1975-1997 el porcentaje de pobres creció constantemente y la pobreza se hizo más intensa. La brecha entre el ingreso medio de los pobres y la Línea de Pobreza se hizo cada vez más amplia. El pobre promedio se ha hecho más pobre. La severidad de la pobreza aumentó en forma sostenida, lo cual implica que la pobreza se hizo más crítica […] la pobreza aumentó en forma importante en el período 1975-1997 aumentaron la incidencia, la profundidad y la severidad” [42]. Esos niveles de pobreza y desigualdad, que terminaron por configurar un verdadero “apartheid social” [43], con todo y los imaginarios que ello implica, interpelan a la democracia en cuanto a su capacidad de garantizar igualdad de derechos a las mayorías sociales. La expresión paradigmática de esta crisis es, sin duda, la rebelión popular del 27.02.89 y la respuesta estatal represiva de los días posteriores.

La crisis político institucional es producto del colapso del sistema de conciliación de élites establecido a partir de 1958, conocido como Pacto de Punto Fijo. Este pacto, que lleva desde su nacimiento el sello de la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de los sectores de izquierda de AD, permitió la alternancia en el poder de AD (socialdemócrata) y Copei (socialcristiano) durante 35 años. A partir de los años 80 su crisis se expresó en la creciente pérdida de capacidad de los partidos tradicionales para facilitar mediaciones efectivas entre el Estado y la sociedad; en el aumento de la abstención electoral, que pasó de 3,3% en 1968 a 12,5% en 1978, a 18,1% en 1988 y a 39,8% en 1993 [44]; en 2 intentos de golpe de Estado (febrero y noviembre, 1992); en la salida de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia en medio de un juicio por corrupción y una intensa movilización social (1993); en el ascenso electoral de un partido distinto a los tradicionales, como lo fue la Causa R (1993); y en los triunfos electorales de las propuestas de Caldera (1993) y Chávez (1998), que eran críticas al bipartidismo y a la corrupción a ello asociada; mucho más radical en el segundo caso. El colapso del antiguo pacto no dio lugar, sin embargo, a un nuevo acuerdo, de distinto tipo y más incluyente; y el debilitamiento de las organizaciones políticas no ha sido superado. Por el contrario, los actores que intervienen en la política demostraron un gran déficit en el cumplimiento de su desempeño democrático, negociador y facilitador de mediaciones.

La crisis por incertidumbre frente al modelo de desarrollo es producto del agotamiento del paradigma de la industrialización por sustitución de importaciones, así como del intento de reemplazarlo con programas de ajuste estructural de corte neoliberal que no lograron reducir la pobreza, aumentaron la inequidad y fueron rechazados por la población en la calle y en las urnas electorales [45]. Hasta el presente, no se ha logrado un mínimo consenso en torno a un modelo de desarrollo que sume la voluntad de diversos actores, produciéndose importantes confrontaciones en torno a los roles que deben jugar el mercado y el Estado en el proyecto nacional.

¿Por qué hay conflicto? [46]

La cara más visible del conflicto venezolano, tras la que se esconden otros factores sin duda más relevantes, es la lucha por la permanencia o salida de Hugo Chávez de la Presidencia de la República.

Chávez llegó a la presidencia con la promesa electoral de realizar una “revolución democrática”. Según la definición del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), esta promesa implica un “proceso de control democrático de los instrumentos de poder [y] la construcción de un bloque de fuerzas sociales, políticas e institucionales sobre las cuales debe sustentarse” [47] . La primera etapa de este proceso supone, junto al cambio constitucional (ya logrado), “el desplazamiento de las élites que dominaron el escenario político en las últimas décadas” [48].

La más evidente de las razones del conflicto es, justamente, la incompatibilidad entre oposición y gobierno por sus objetivos de control estatal. Ello genera permanentes tensiones entre las nuevas élites que accedieron al poder en 1999 y las anteriores élites políticas que actúan en alianza con sectores empresariales, comunicacionales, militares, de la antigua gerencia de la estatal petrolera (PDVSA), nuevos liderazgos políticos y sectores disidentes del oficialismo. Cabe resaltar que en un país como Venezuela en donde los recursos petroleros son propiedad del Estado, este concentra una posición estratégica privilegiada para ejercer poder.

Pero la lucha por el control del poder estatal, por más relevante que sea este poder, no es la única razón del conflicto. El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional, los sectores que lo apoyan y los que lo adversan, ocurre, además, por factores vinculados con las crisis a las que se aludió: a) divergencias en cuanto a los «proyectos de país» enarbolados por cada bando que, en aspectos relevantes, son incompatibles y; b) divergencias sobre los medios o estilos de la política. Estos dos factores dieron lugar a un tercero, que es fundamental para explicar la movilización social: c) la sensación de exclusión de algunos sectores (y el temor movilizador que esto genera) o de inclusión de otros (y la gratificación movilizadora que ello genera), a partir de la acción, las propuestas y los discursos del gobierno y la oposición.

Incompatibilidades en los “proyectos de país”. El Proyecto del gobierno de Chávez está reflejado, tanto en la Constitución de 1999 (elaborada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional Constituyente -ANC- y posteriormente aprobada por votación popular), como en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007” [49], que establecen 5 equilibrios o ejes: económico, social, político, territorial e internacional.

La oposición no presentó aún públicamente su Proyecto, pese a que existe uno elaborado por la comisión Proyecto País de la coalición opositora (Coordinadora Democrática – CD) [50]. No obstante, existen cuatro documentos unitarios en los que se hacen visibles algunas de sus principales líneas estratégicas de preocupación. Estos son: las “Bases para un Acuerdo Democrático” [51] , suscrito por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) con el apoyo de la Iglesia Católica, unas semanas antes del golpe de Estado de abril de 2003 (05.03.02); el “Pacto Democrático por la Unidad y la Reconstrucción Nacional” [52] , firmado, primero por miembros de la CD (17.10.02) y posteriormente por esta instancia y los militares declarados en “desobediencia” (11.11.02); la “Agenda de Reconstrucción de la República de Venezuela” [53] , elaborado por la Comisión Proyecto País de la CD (04.01.03) y más recientemente, el “Acuerdo por la Unidad y la Democracia” [54], firmado por los miembros de la CD (07.08.03). De ellos, es la “Agenda…” el que contiene mayor cantidad de líneas estratégicas. La Agenda resume, en función de cuatro ejes (social, económico, institucional y político), “40 puntos de consensos alcanzados por la Comisión Proyecto país de la Coordinadora Democrática” [55].

Tanto las “Líneas…” como la “Agenda…” asumen a la pobreza como el principal problema a resolver. No obstante, al contrastarlas surgen algunos temas que expresan importantes contradicciones. Entre ellos, los más relevantes son la política petrolera, la política internacional y las dimensiones de la participación militar [56]. Además, hay un eje de confrontación que es transversal a varias de las líneas estratégicas esbozadas por los dos bandos: pese a que ambos parten del supuesto de una economía capitalista o liberal [57], el proyecto del gobierno subraya más la participación del Estado en distintos ámbitos de la vida colectiva, mientras que el de la oposición la diluye. Si hubiera que definir un tema central de la confrontación entre ambos proyectos, tomando solo como referencia los documentos mencionados, ese sería el del rol del Estado. Esta línea de análisis cobra mayor relevancia cuando se analizan otros debates entre el gobierno y la oposición, tales como los ocurridos a propósito de la ley de tierras y la propiedad privada, el carácter público, mixto o privado del sistema de seguridad social, los beneficios o riesgos de la liberalización del comercio en el contexto de los debates sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) o el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las acusaciones que el gobierno le formula a la oposición (“neoliberales”) y esta a aquel (“comunistas”) o las estrechas relaciones o simpatías del gobierno con países liderados por distintos tipos de izquierda (como Cuba, Argentina y Brasil) y de la oposición, con países liderados por liberales (como EEUU, Colombia y España) [58].

En materia económica, es en el tema petrolero donde se hacen más evidentes las contradicciones. El proyecto de gobierno propone la presencia del Estado como único dueño y rector de industrias estratégicas como PDVSA [59] y la política permanente de defensa de los precios petroleros en el marco de los acuerdos pactados en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) [60]. La oposición propone “Dar autonomía a PDVSA […] auspiciar un cambio de una relación Petróleo-Estado a una de Petróleo-Sociedad, donde se abra el espacio para la democratización del capital de la industria de los hidrocarburos, para que haya una mayor participación ciudadana en el recurso petrolero y gas a través de distintas vías a explorar, como por ejemplo se pueden mencionar: la profundización de la apertura petrolera; la creación de un Fondo de Ahorro Intergeneracional (FAI); y/o la creación de Fondos de Pensiones apalancados por la regalía petrolera y de gas” [61] . Propone igualmente revertir los acuerdos OPEP, priorizando acuerdos energéticos hemisféricos (en donde EEUU es el principal factor de incidencia por su capacidad de compra e inversión) e incrementando la producción para recuperar mercados perdidos [62].

En materia internacional, el gobierno propone la simetría de la comunidad de naciones, prioriza el diálogo Sur-Sur y, en particular la integración latinocaribeña [63], así como una relación más estrecha con los socios árabes de la OPEP, todo lo cual implica algunas diferencias con EEUU, el principal socio histórico de la política internacional venezolana. La oposición plantea redefinir las relaciones internacionales, la “recuperación de la imagen y la confianza internacional” [64] y señala una agenda que está en sintonía con las principales preocupaciones de los EEUU: “auspiciar con éxito nuestra inserción en un mundo globalizado mediante la integración hemisférica (ALCA) y global (OMC) [e] Incorporar activamente al país en los programas de lucha contra el terrorismo y narcotráfico” [65].

En cuanto al tema militar, el gobierno asigna a la institución castrense labores que no son típicamente militares (basándose en su misión constitucional de una “participación activa en el desarrollo nacional” [66]), tales como las realizadas en el contexto del Plan Bolívar 2000 [67]. Estas labores, particularmente por el modo en que se realizan, pueden entenderse como una instrumentalización política de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Por otra parte, en la Constitución de 1999, las fuerzas pro gobierno redujeron los límites a la deliberancia militar y eliminaron la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario [68]. La oposición, y esto es un leit motiv de los documentos analizados, reivindica una institución castrense que no apoye ningún proyecto político, que esté sujeta al poder civil, que no delibere políticamente y que aumente su capacidad operacional [69].

Incompatibilidades en los medios. La historiadora y analista política Margarita López Maya, citando al sociólogo Barrington Moore, explica que “toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución o implícitos como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado viola esos límites, se produce indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía” [70].

Desde el inicio del período de gobierno del Presidente Chávez, algunos de estos límites (legales y extralegales) fueron vulnerados. López Maya señala, en cuanto a la responsabilidad que recae sobre el gobierno: la aprobación de leyes medulares a su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático (como las leyes aprobadas mediante mecanismo habilitante, 2001), el uso de símbolos de fuerza para amedrentar a la oposición, el discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo, descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público y el intento de cooptar o ahogar a organizaciones sindicales como la CTV (como el referéndum sindical, 2000) [71]. Efectivamente, como se señalará en el Informe anterior [72], estos elementos, que implican medidas gubernamentales y el despliegue de un estilo político, que han sido cuestionados por Provea desde una perspectiva de derechos humanos [73], tuvieron una gran incidencia en los procesos de articulación de la oposición, en el último trimestre de 2001.

De estos elementos, conviene destacar el uso de símbolos de fuerza, por el impacto que ello tiene en el escenario político. El Presidente instrumentalizó discursivamente a la FAN, en beneficio de su proyecto político. Algunos patrones de este discurso presidencial son el uso de símbolos militares (escenarios militares, trajes militares, actos militares) para formular críticas a sus adversarios; la separación “ellos-nosotros”, según la cual “ellos” son los ricos y “nosotros” los pobres, el gobierno y la FAN y la idea de que el pueblo pobre está armado porque cuenta con su FAN y estaría dispuesto a utilizar esas armas para defender su proyecto (“Mientras ellos tocan cacerolas, los ricos que aquí viven, el pueblo anda en F-16” [74], “esta revolución es pacífica pero no está desarmada” [75]). Los ejemplos de discursos gubernamentales en esa línea sobran y algunos ya fueron reseñados en Informes anteriores. A finales de 2003, el Presidente llamó a los militares a “empuñar su espada para defender las garantías sociales” [76] y les pidió escoger, si llegara el momento, “… -con los fusiles en la mano- qué hacer, hacia dónde apuntar los fusiles: si al pecho de la oligarquía traidora o al pecho del pueblo noble de Venezuela” [77]. Como se sabe, en el ordenamiento jurídico venezolano, las garantías sociales no son competencia de la FAN y, en un “momento” imaginario o por llegar, esta institución no debería disparar al pecho de nadie, independientemente de su condición socioeconómica.

En cuanto a la oposición, López Maya señala su “crónica ambigüedad de propósitos” [78], en referencia a las vías intentadas para “salir de Chávez”, que oscilan entre las institucionales y las de fuerza; estas últimas, abierta o solapadamente intentadas.

En efecto, pese a que la oposición ha sido crítica de la politización de la FAN impulsada por el gobierno, a partir de 2002 se hizo evidente que utilizaba la misma estrategia que este para lograr sus objetivos políticos. En febrero de ese año se expresó claramente el cisma de la FAN, produciéndose una altísima deliberancia de funcionarios de esta institución a partir de lo que algunos analistas llamaron “el goteo militar”, para aludir a las declaraciones públicas de varios oficiales que rechazaban al Presidente y exigían su renuncia. El discurso de la oposición fue progresivamente cargándose de apologías a la deliberancia de militares disidentes (que fueron recibidos en actos masivos como líderes) y de llamados a una intervención militar. Líderes como Carlos Ortega [79], presidente de la CTV o Elías Santana [80], dirigente de la ONG Queremos Elegir se manifestaron en ese sentido. El 11.04.02 se produjo el golpe de Estado, que fue revertido 48 horas después y que fue analizado en el Informe anterior. Sin embargo, los llamados a un nuevo golpe de Estado no han cesado.

Los militares que participaron en el de abril de 2002 no fueron sancionados [81]. Nadie, en la oposición, cuestionó la impunidad de la ruptura del hilo constitucional. Por el contrario, la tesis de que no hubo golpe de Estado o que este solo se produjo a partir del Decreto Nº 1 de Pedro Carmona Estanca [82], exonerando con ello a los militares golpistas, es la que priva en el discurso público de prácticamente toda la oposición venezolana. Desde octubre de 2002 hasta el cierre de este Informe, un grupo de militares activos, sumados a los que participaron en el golpe de abril, se declararon en “desobediencia” y se instalaron en la Plaza Francia, en una atípica protesta castrense con características insurreccionales que, sin embargo, no ha sido debidamente sancionada. Esta acción fue recibida con beneplácito por masas y líderes de oposición. Unas semanas más tarde, la CD firmó con esos militares el “Pacto Democrático por la Unidad y la Reconstrucción Nacional”, que fue comentado supra. En el contexto del Paro de 2 meses realizado por la oposición (diciembre 2002-febrero 2003), fueron constantes los llamados de los líderes de la protesta a una intervención militar, mediante una especie de cadena diaria de los medios privados de comunicación que se sumaron al Paro. Algunos analistas de oposición moderada denunciaron la aspiración golpista de los líderes del Paro [83].

En marzo de 2003, Carlos Ortega emitió una declaración que parece corroborar esa tesis y que guarda correspondencia con sus intervenciones públicas desde el año anterior: “todas las condiciones para la caída del régimen están dadas, solamente nos falta un solo elemento: el factor militar […]. En un momento dado va a surgir del seno de la Fuerza Armada esa identificación con la población venezolana. Más temprano que tarde se producirá la reacción -y no estoy conspirando-, porque esa gente no puede mantenerse cruzada de brazos y de espaldas a la realidad que vive Venezuela en estos momentos” [84]. En octubre de 2003, al cierre de este Informe, Manuel Cova, presidente encargado de la CTV y representante de la oposición en la Mesa de Negociación y Acuerdos, se pronunció en un sentido similar: “Ese día [el de la recolección de firmas para solicitar el referéndum revocatorio del Presidente Chávez] estaremos, con esos 4 millones de rúbricas [cifra estimada por él, que recogerá la oposición], enviando un mensaje a la Fuerza Armada y a la opinión internacional” [85]. El ejemplo más extremo de este discurso golpista, dentro de la oposición, es el de la agrupación Bloque Democrático. En un reciente comunicado dirigido al “Cuerpo Diplomático Acreditado en Venezuela” y a la “Organización de Estados Americanos” señaló: “…inexplicablemente, en el caso del totalitarismo venezolano, ustedes siguen propiciando salidas ‘pacíficas y electorales´, y condenando de antemano la participación de la Fuerza Armada en la solución de la crisis; pese a que la intervención militar está plenamente justificada y contemplada en los artículos 326, 328, 333 y 350 de nuestra Carta Magna” [86].

De los distintos temas conflictógenos vinculados con los medios o estilos de la política, hemos relevado el uso de lo militar, porque evidencia, como ningún otro, su incompatibilidad con los principios democráticos y constituye la mayor de las amenazas de un desbordamiento de la violencia.

Sensación de exclusión e inclusión. Los discursos de ambos bandos, que amenazan con la violencia (la social, la política o la estatal, particularmente la de la FAN), hacen sentir a los propios líderes de cada bando, el temor de ser aniquilados, y no solo metafóricamente. Coloca el juego político en una situación de suma-cero en la que los actores perciben que si no lo “ganan todo ahora, después será demasiado tarde”.

Este elemento se conjuga, a su vez, con la composición socioeconómica de los polos en conflicto y se extiende entonces más allá de las élites dirigentes. Como se ha dicho, la polarización política actual solapa una polarización social previa. Sin ser cierto que todos en los sectores populares son “chavistas”, sí lo es que ahí se encuentra la mayor base de apoyo del proyecto de gobierno. También, como lo reconocen varios analistas de oposición [87], que el discurso presidencial gratifica e incluye a los sectores populares. El editor y ex ministro de Planificación de la administración Caldera, Teodoro Petkoff, señala al respecto: “Su único logro [el de Chávez] es haber despertado la nación a la evidencia de que la pobreza existe y pesa. Ningún otro gobernante lo había hecho con tanta fuerza. Aunque su gestión ha empeorado a los pobres, subsiste, sin embargo, en una parte todavía significativa de la población más humilde, el vínculo afectivo y emocional con él, porque en cierta forma, ha dado un sentido de identidad y de pertenencia a los excluidos, una voz a los que no la tienen” [88]. El sacerdote jesuita y politólogo, Arturo Sosa, comenta en la misma dirección que “…[se trata de] un liderazgo con una gran capacidad de conexión con el mundo popular, su manera de comunicarse le mantiene muy vinculado a las aspiraciones de la gente, lo que excusa los errores del gobierno: porque no lo dejan gobernar, por el saboteo que hubo con el Paro. Entonces se ve mucho menos las ineficiencias y las contradicciones…” [89].

Estas razones, aunque no son las únicas, explican por qué una parte importante de la población se moviliza para respaldar al proyecto de gobierno, ayudan a comprender, a su vez, por qué otra parte de la población, también importante, se siente excluida y amenazada por ese proyecto. Si se suma la opción por los pobres y la retórica antioligárquica, el recurso discursivo que amenaza con el uso de la fuerza y los símbolos de izquierda del discurso gubernamental, se comprende mejor que los sectores medios y altos, en donde se concentra el mayor rechazo al proyecto de gobierno, y donde el sentido común es mayoritariamente liberal, sientan la exclusión y teman que se afecte sus intereses. Es en estos sectores en donde la “amenaza del comunismo” es más creída y temida.

Como señala Petkoff en el texto ya citado, “el país está cargado de miedos. Unos temen al ‘castro-comunismo’ , otros temen al ‘pinochetismo’ . Los miedos generan odios y los odios agresividad” [90]. Esa agresividad, generada por el temor es, a su vez, un coadyuvante de la polarización. Así, muchos de los ataques de la oposición al gobierno, terminan siendo ataques a los sectores populares [91] que lo apoyan y muchos de los ataques del gobierno a la “oligarquía”, realmente terminan teniendo un impacto en sectores medios que nada tienen que ver con aquella.

¿Quiénes son los principales protagonistas del conflicto?

El fenómeno de la polarización implica que la mayor parte de la población tome posición a favor o en contra del proyecto del actual gobierno, aunque los sectores radicales o intolerantes, en cada bando, sean una minoría. A mediados de 2003, sin embargo, y probablemente por hastío frente a la polarización, comenzó a hacerse más visible en las encuestas un sector, aunque no mayoritario, que no se siente plenamente reflejado por ninguno de los polos [92]. La toma de posición por parte de la mayoría de la población, hace que un protagonista importante del conflicto sea esa población que participa de marchas, concentraciones de calle u otras manifestaciones políticas, aunque no esté necesariamente organizada ni responda a una visión política coherente.

Según diversos estudios de opinión pública, en términos socioeconómicos, el apoyo más fuerte de la oposición se concentra en los sectores medios y altos y el más fuerte del gobierno entre los sectores populares [93].

Los sectores que componen la oposición. La mayoría de la oposición organizada está articulada en la Coordinadora Democrática (CD), cuyo nacimiento formal se produjo en junio del año 2002 y su primer embrión en febrero del mismo año [94]. Según información publicada en su sitio web, está conformada por 25 partidos políticos, 20 organizaciones no gubernamentales (ONG), el principal gremio de trabajadores (Confederación de Trabajadores de Venezuela -CTV-) y el principal gremio de empresarios (Fedecámaras) [95]. También coordina su trabajo con los gobernadores y alcaldes de oposición y con los principales medios privados de comunicación [96].

Otros sectores que forman parte de la oposición, pero no de la CD, son los oficiales militares declarados en “desobediencia” en la Plaza Francia y la coalición Bloque Democrático. Existen, igualmente, dos grupúsculos armados que forman parte del espectro opositor. Uno de ellos es las Autodefensas Unidas de Venezuela (AUV), que han emitido comunicados que encuentran sintonía con el estilo y propósito de sus pares colombianas. El otro no es propiamente un grupo con discurso público, pero se hizo evidente su existencia a partir de la investigación policial de diversos atentados terroristas ocurridos en Caracas. Según las pesquisas policiales, conocidas públicamente, se trataría de un núcleo armado vinculado a miembros del equipo de seguridad de los militares disidentes de Altamira.

Los principales partidos que conforman la CD son: Acción Democrática (AD), Copei, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Unión, Movimiento al Socialismo (MAS), Causa R, Solidaridad, Alianza al Bravo Pueblo y Bandera Roja. A partir de la participación de sus principales dirigentes en el debate público, se puede señalar [97] que, salvo Bandera Roja (un partido minoritario que se define como marxista leninista), todos los partidos de oposición son de inspiración liberal socialdemócrata o socialcristiana.

Las más conocidas de las ONG que conforman la CD son: Queremos Elegir, Asamblea de Ciudadanos, Asamblea de Educación, Frente Institucional Militar, Visión Emergente, Movimiento 1011, Mujeres por la Libertad y Gente del Petróleo [98]. La mayoría de los miembros de estas organizaciones proviene de los sectores medios de la población y su inspiración es fundamentalmente liberal. Gente del Petróleo es la más grande de ellas, aunque la de más reciente conformación (puede entenderse, incluso, más como un movimiento social que como una ONG). Sus integrantes son personas despedidas de la industria petrolera estatal (PDVSA) y sus principales líderes son ex gerentes petroleros.

Los medios privados más activos de la oposición son los principales canales de TV: Venevisión, RCTV, Globovisión, Televen; y los diarios El Nacional y El Universal. Son empresas privadas y defienden interesas corporativos. Fedecámaras es el principal gremio empresarial y actúa en función de los intereses de sus afiliados. La CTV está dirigida por los partidos AD, MAS, Causa R y Bandera Roja.

El liderazgo de la oposición ha variado dependiendo de la coyuntura. Sin embargo, un factor importante de liderazgo es, paradójicamente, un sector distinto a los partidos políticos: los principales medios privados de comunicación. A finales de 2002, Henry Ramos Allup, presidente de AD, señaló: “Muchas veces las decisiones de la CD se toman por la presión de opinión de los medios, por lo que digan algunos comunicadores sociales y grupos de interés” [99]. Este hecho es compartido por varios analistas políticos. Entre ellos, el editor Eleazar Díaz Rangel, quien señala que dentro del “poder mediático hay sectores que son determinantes en el manejo de la agenda y del menú de la política opositora, más allá de los partidos políticos […]. De todos esos factores [se refiere a los factores que conforman la oposición], el que tiene capacidad para movilizar y formar opinión pública son los medios de comunicación” [100]. Otros políticos de oposición han resentido este rol de liderazgo de los medios y sus implicaciones. Según el periodista Sebastián de la Nuez, Eduardo Fernández, dirigente de COPEI, “habló […] de que se ha sentido prácticamente censurado en los canales de televisión… [Felipe] Mujica [dirigente del MAS] dijo algo parecido, ya que al manifestar su rechazo al paro nacional de diciembre pasado, sintió que era vetado en los medios audiovisuales de señal libre” [101].

Otro de los factores que juegan un rol importante dentro del liderazgo opositor, son los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Copei y Proyecto Venezuela. El primero porque es uno de los pocos partidos que tiene una estructura nacional fuerte; los otros, porque entre sus liderazgos se encuentran los más conocidos precandidatos presidenciales de la oposición. También Fedecámaras, la CTV, la Gente del Petróleo y algunos de los militares de alto rango declarados en “desobediencia” fueron, en distintos momentos, factores relevantes del liderazgo.

En la oposición existen diferencias en cuanto a las “formas de lucha”, entre aquellos que apuestan a las “vías rápidas” (golpistas abiertos o solapados) y quienes apuestan a los mecanismos de la institucionalidad democrática para “salir de Chávez” [102]; aunque cabe decir que en este terreno hay quienes han transitado ambas formas de lucha alternativamente. Luego del paro realizado entre el 02.12.02 y el 02.02.03, ha prevalecido la vía institucional, centrada en el referéndum revocatorio. Sin embargo, en el contexto del proceso de recolección de firmas para intentar activar referenda revocatorios, que se iniciaba al cierre de este Informe, resurgieron discursos que alentaban al sector militar a intervenir para definir el panorama político.

Los sectores que apoyan o componen el Gobierno. Las fuerzas que apoyan al Gobierno se han articulado en distintas instancias a lo largo de los últimos 4 años, bien con motivos electorales (el “Polo Patriótico”), bien con la intención de coordinar el trabajo político y de gobierno (el “Comando Político de la Revolución”). Estos espacios articulan a partidos políticos, organizaciones de base y movimientos sociales.

Por otra parte, también existen grupúsculos armados que han emitido pronunciamientos de apoyo al gobierno, aunque no forman parte de ninguna instancia formal de articulación. Ellos son: las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), una guerrilla que estaría operando en los estados Barinas, Táchira y Apure; los “Carapaica” y el comando “Nestor Zerpa Cartolini”

Los principales partidos que apoyan al gobierno son el Movimiento Quinta República (MVR), Patria Para Todos (PPT), Podemos y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Salvo este último (que es un partido clásico marxista- leninista, muy pequeño), el resto puede caracterizarse, en términos generales, como socialdemócratas de izquierda. En el MVR, que es el principal partido de gobierno, confluyen militares retirados (nacionalistas y/o conservadores) y sectores de los distintos tipos de izquierda.

El apoyo organizativo al gobierno proviene, además de los partidos y sobre todo, de un conjunto de pequeñas organizaciones populares y sociales diseminadas por el país. Entre ellas el Frente Campesino Ezequiel Zamora, el Frente Bolivariano de Mujeres, el Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive), los Círculos Bolivarianos, las Mesas Técnicas del Agua, cooperativas, Medios Comunitarios o Alternativos, Clase Media en Positivo y otras organizaciones de base (culturales, vecinales, reivindicativas, etc). La mayoría de estas organizaciones está conformada por activistas de los sectores populares y su visión ideológica también incluye a distintos tipos de izquierda o nacionalismos. Pero, sobre todo, existe en muchas de estas organizaciones, una guía pragmática en función de reivindicaciones específicas u orientaciones del Presidente de la República, quien sostiene un liderazgo personalista y prioriza la relación directa líder-masa, por sobre la construcción de mediaciones organizativas sólidas.

En cuanto a las “formas de lucha” también tienen una división entre quienes se apegan más a las formas institucionales y quienes piensan que éstas obstaculizan “el proceso de cambios”. Existe, además, en una parte de la alianza de gobierno, falta de formación política para la administración del Estado, que los hace actuar torpemente en el entramado de una institucionalidad liberal que, sin embargo, esa misma fuerza política consagró en la nueva Constitución.

La debilidad de las organizaciones y partidos políticos. El artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana señala que “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia” [103]. Con ello, este instrumento de derechos humanos reconoce la importancia de las mediaciones organizativas efectivas entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, como un componente fundamental de la democracia.

Uno de los factores que inciden en el conflicto político venezolano es, justamente, la debilidad de los partidos y el liderazgo de otras organizaciones políticas, que no están preparadas ni motivadas para actuar facilitando las mediaciones y negociaciones que podrían reducir la carga de violencia del conflicto.

Pese a que distintas encuestas señalan al MVR y a AD como los partidos con mayor preferencia entre la población [104], realmente ello no implica que se trate de partidos fuertes. Particularmente el MVR ha sido más una plataforma electoral en torno a la figura de Chávez que un mecanismo de mediación social permanente, con doctrina clara y disciplina partidista.

Por otra parte, tal como lo señala Margarita López Maya, “de manera muy obvia, antes que los partidos políticos, han jugado papel protagónico organizaciones sociales y medios de comunicación que se fueron fortaleciendo en Venezuela en los últimos 20 años como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos” [105]. Varios de los actores que llenaron el vacío producido por el colapso del bipartidismo: empresarios, medios, gerentes petroleros o dirigentes de ONG carecen de experiencia política y cultura de negociación, pues vienen más bien de una experiencia de defensa de intereses privados o corporativos.

Las partes en conflicto han decidido iniciar un proceso de recolección de firmas para activar referenda revocatorios de diputados y del Presidente de la República. Provea celebra que los actores que se disputan el liderazgo del Estado hayan decidido impulsar una consulta popular, pues en democracia es este el mecanismo por excelencia para definir temas relevantes. El artículo 72 de la Constitución de 1999 es expresión de la progresividad de los derechos políticos propuesta por el movimiento de derechos humanos a la ANC, consagrada en la nueva Constitución y hoy puesto a prueba por vez primera. No obstante, como señaló la coalición de organizaciones de derechos humanos Foro por la Vida, en noviembre de 2003, en la víspera del inicio de los procesos de recolección de firmas, “la consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar la consulta popular como una confrontación para eliminar al contrario y no diseñan estrategias de convivencia a posteriori con el otro político, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia y hasta contraproducente para los fines de una administración democrática del conflicto” [106].

“La salida a la crisis del país no es sólo electoral” [107]. Está vinculada, además, con una incidencia democrática en las crisis que fueron señaladas como antecedentes y que se expresan como ejes actuales del conflicto: crisis socioeconómica, crisis político institucional y crisis de modelo.

Ya es un avance que todos los actores políticos coincidan, cuando menos discursivamente, en que la pobreza y la desigualdad son el principal problema del país. Tal como lo señaló la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existe un vínculo indisoluble entre derechos humanos, democracia, paz y erradicación de la pobreza [108]. Hoy no es posible pensar en una democracia sustantiva con los niveles de inequidad existentes en el país. Así como tampoco es posible reducirlos por vías que no sean democráticas. Los acuerdos para enfrentar el déficit democrático que representa la exclusión social, con la decidida intervención del Estado y la puesta en práctica de mecanismos de solidaridad social, deben, además, tener a los sectores populares como sujetos de su propio desarrollo. “Es indispensable -señala la Comisión de Derechos Humanos- que los Estados propicien la participación de los más pobres en el proceso de adopción de decisiones en sus comunidades, en la realización de los derechos humanos y en la lucha contra la pobreza extrema, y que se den a los pobres y a los grupos vulnerables los medios para organizarse y tomar parte en todos los aspectos de la vida política, económica y social, en particular la planificación y la puesta en práctica de las políticas que les conciernen, permitiéndoles de esta manera convertirse en auténticos partícipes en el desarrollo” [109].

Para reducir exitosamente la pobreza es necesario, además, un fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado, que redunde en el aumento de su capacidad de garantizar, proteger y cumplir con todos los derechos humanos de la población, así como la existencia de acuerdos mínimos entre las fuerzas sociales y políticas del país. El logro de los acuerdos implica voluntad de negociación y cabe aclarar que negociar no significa traicionar principios, postulados constitucionales o promesas electorales. El país necesita un acuerdo de largo plazo en el que “quepamos todas y todos”; uno que incluya a quienes, social y políticamente, han estado tradicionalmente excluidos. Trascender el pacto de élites y concretar uno realmente plural, mediante el cual se comprometa firme y duraderamente la voluntad de los actores en torno a “la construcción de consensos cuando ello sea posible o el procesamiento democrático de los disensos cuando estos sean irreductibles” [110]. Implica organizaciones y partidos políticos fuertes, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana en su artículo 5; y que esa fortaleza radique en su transparencia, abdicación del clientelismo, ofertas claras de proyectos de país, democracia interna, promoción de la participación popular y, particularmente, en su capacidad para realizar mediaciones sociales y políticas. En este terreno es igualmente fundamental la despolitización de la FAN y de los medios de comunicación, públicos y privados.

Un aporte desde los derechos humanos al debate sobre el modelo de desarrollo, es la defensa de la idea de un “Estado fuerte”, en los términos que lo define el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Danilo Türk [111]. Un Estado fuerte en su capacidad de diseño y ejecución de políticas nacionales orientadas a garantizar una justa distribución de la riqueza y los derechos sociales. No se trata de un “Estado fuerte” en el sentido de un Estado autoritario, clientelar o arbitrario que controlado por algún sector político o económico, entrega dádivas a la población, a cambio de votos para los sectores que lo controlan. Se trata de un Estado fuerte para intervenir en la vida social, corrigiendo inequidades y con un nivel muy alto de transparencia y participación social contralora. Un Estado que basa sus acciones y políticas en leyes justas y democráticas que consagran integralmente los derechos humanos. Esa perspectiva fue reivindicada también por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, cuando en sus Observaciones finales a Venezuela cuestionó el modelo de Estado Mínimo en los siguientes términos: “los programas de ajuste estructural en Venezuela en los últimos diez años han limitado la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales]” [112].

El modo en que la población y el Estado venezolano resuelvan la crisis actual, así como las crisis previas que la potencian, definirá el tipo de sociedad que tendremos en los próximos años. Nuestra apuesta y compromiso es por soluciones democráticas e inclusivas, consistentes con la integralidad e interdependencia de todos los derechos humanos, que se resumen en la consigna de la “Celebración por la Vida” organizada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en octubre de 2003: “Comprometernos para lograr justicia, reconocernos para que haya paz”.

  1. Provea agradece a Margarita López Maya, Mireya Lozada y Luis Lander, por facilitar fuentes para este capítulo y aportar puntos de vista en discusiones previas a su elaboración. Particularmente, agradece a Ana María San Juan, quien fue corredactora de este capítulo.
  2. Ver Provea: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Caracas, 2002. Capítulo Contexto.
  3. La violencia física comienza a manifestarse con claridad a partir del año 2001, con las muertes de varios dirigentes campesinos, con los enfrentamientos entre partidarios y adversarios del gobierno nacional en el contexto de manifestaciones y de las elecciones sindicales, así como a partir de agresiones sociales a trabajadores de los medios de comunicación. El clímax ocurrió entre el 11 y el 14.04.02, a raíz de los enfrentamientos que condujeron al golpe de Estado y de la violencia social y la represión que se produjo durante el gobierno de facto.
  4. Entre ellas, Maritza Montero, Mireya Lozada y Adriana Bolívar.
  5. El Nacional, 19.01.03, pág. A-11.
  6. Esta estrategia existía en el pasado en el debate político (particularmente en el electoral), pero no en la magnitud en la que se vive en el presente. Desde 1999 Provea viene cuestionando en sus Informes Anuales (ver www.derechos.org.ve) la carga de intolerancia presente en el discurso gubernamental y el impacto que ello genera en la vida política del país. Más adelante se analiza con mayor detalle este tema.
  7. Entre los insultos más conocidos, proferidos por ambos bandos y reseñados por este equipo de investigación, se encuentran: “cúpulas podridas”, “corruptos”, “oligarcas”, “escuálidos”, “tumor”, “mentirosos”, “corruptos”, “con poca inteligencia”, “cáncer”, “dictadura de los medios”, “tiranos”, “golpistas”, “dictador de opereta”, “fascista”, “tonto e ignorante”, “destructor de las instituciones”, “turbas”, “asesino”, “autoritario”, “dictador”, “tirano”, “cobarde”, “tumor maloliente” (El Nacional, 19.01.03, A-11). Los más recordados son: “escuálidos”, “oligarcas”, “cúpulas podridas”, “corruptos”, “golpistas”, “conspiradores”, “fascistas”, “adecos”; “asesinos”, “marginales”, “comunistas”, “loco”, “dictador”, “chavista”, “hordas”, “mentirosos”, “resentidos” (Ídem). Cabe resaltar que entre los insultos más recordados se encuentran características que aluden a la condición socioeconómica (oligarca o marginales) y a una preferencia política (adeco, comunista o chavista), elementos estos que ayudan a comprender algunos de los ejes del conflicto.
  8. Mireya Lozada: “Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas”. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). “Diálogos por la inclusión social y la profundización de la democracia” [en línea] www.analitica.com sección bitblioteca. Caracas, 09.06.02.
  9. La historiadora y analista política Margarita López Maya señala al respecto: “El empobrecimiento de los venezolanos sufrido ininterrumpidamente desde hace ya 20 años ha ido reconfigurando los paisajes urbanos de nuestras ciudades: los espacios de los barrios donde viven nuestros sectores de menos recursos y donde las clases medias y altas jamás ponen un pie, son vistas por éstos como misteriosas y peligrosas; las urbanizaciones de las clases medias y altas, en contraste, son lugares donde el imaginario popular llena de fantasías de opulencia y corrupción. Hace 30 o 40 años estos espacios no estaban tan segregados como lo están ahora, los contactos entre clases eran más frecuentes, bien en eventos de calle o en las escuelas y universidades públicas donde convergían los jóvenes de todos los estratos sociales. Ahora los puntos de conexión entre clases se restringen al servicio doméstico que va a la casa del este o sureste, algún que otro servicio que personas de los sectores populares dan a las clases pudientes, pero son mundos que no se tocan en la cotidianidad. Y lo que es peor, se temen mutuamente”. Margarita López Maya: “Las manifestaciones territoriales de la polarización”. El Punto Medio, Año 2, Nº 5. Caracas, pág. 8. Ver también: María Pilar García-Guadilla: “Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la democracia”. Ponencia presentada en el “XXIV International Congress (2003 meeting) of the Latin American Studies Association (LASA)”, Dallas, Texas, Marzo 27-29, 2003. Mimeo.
  10. El Nacional, 23.10.03, pág. B-6. Testimonio de la artista plástica María Centeno, conversación telefónica con Provea, 22.01.03.
  11. Últimas Noticias [en línea] www.ultimasnoticias.com.ve Consulta del 14.01.03 y 20.01.03.
  12. María Pilar García-Guadilla señala que algunos militares retirados de oposición sembraron el rumor de que “‘las hordas chavistas y los círculos bolivarianos´ supuestamente invadirían las residencias de la clase media y alta [y] Diseñaron el ‘Plan Comunitario Defensa Activa´ (www.segured.com)” (María Pilar García-Guadilla, Op. cit). En ese plan de defensa, que incluía el uso de armas, se señala textualmente: “‘(se) ..puede implementar el uso de aceite, gasolina, cadenas, clavos o barreras con carros, camiones o autobuses, barriles, materos, desperdicios, botellas quebradas, destapar las tapas del drenaje y alcantarillas, para evitar o retrasar el acceso a la zona´ (p.16) […] también implicaba la vigilancia nocturna y por turnos de los propios residentes pues en la mayoría de los casos no se confiaba ni en el servicio doméstico ni en los vigilantes privados quienes pertenecen a la clase pobre y normalmente custodian la entrada de las edificaciones. A este respecto el Plan Comunitario de Defensa Activa señalaba: ‘No sea tan confiado con los empleados domésticos, específicamente los que vienen por días. Recuerde que muchas de estas personas han sido manipuladas y algunas nos comienzan a ver como enemigos. Esto es un asunto delicado y no hay porqué generalizar…pero debe estar alerta ante cualquier evidencia´ (p. 17) […] Nada ocurrió pero las amas de casa, los niños y la población de clase media en general, percibieron que el pobre era el ‘enemigo´ mientras que el pobre percibió que el oligarca, la clase media o los ‘escuálidos´ como los llamó el presidente Chávez, eran el enemigo” (Ídem).
  13. Representantes del gobierno: José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República), Roy Chaderton Matos (Ministro de Relaciones Exteriores), María Cristina Iglesias (Ministra del Trabajo, partido Patria Para Todos), Aristóbulo Iztúriz (Ministro de Educación, partido Patria Para Todos), Ronald Blanco La Cruz (Gobernador del Edo. Táchira, partido Movimiento Quinta República) y Nicolás Maduro (diputado, partido Movimiento Quinta República). Representantes de la oposición: Alejandro Armas (diputado, partido Solidaridad), Timoteo Zambrano (diputado, partido Alianza al Bravo Pueblo), Manuel Cova (secretario general de la CTV, partido Acción Democrática), Américo Martín (representante de las ONG de oposición), Rafael Alfonso (empresario, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos) y Eduardo Lapi (Gobernador del Edo. Yaracuy, partido Convergencia). Los Facilitadores: César Gaviria (OEA), Francisco Diez (Centro Carter) y Antonio Molpeceres (PNUD). Los Asesores: Omar Meza Ramírez (gobierno) y Juan Manuel Raffalli (oposición)
  14. El Grupo de Trabajo Tripartito, para ayudar a la administración institucional de la crisis venezolana, conformado por la OEA, la ONU (PNUD) y el Centro Carter, se había constituido desde mediados de 2002 (Francisco Diez, Centro Carter, entrevista 30.09.03). En Octubre de 2002 elaboraron una “Declaración de Principios por la Paz y la Democracia en Venezuela”; que fue firmada por el gobierno nacional, los partidos de la oposición (salvo AD y Copei) y otras organizaciones sociales; en la que se comprometían a “explorar las fases preparatorias para poner en marcha un proceso de acuerdos asistido y verificable que permita alcanzar, a través de un mecanismo consensuado, soluciones políticas ajustadas al marco constitucional” (Organización de Estado Americanos [en línea] http://www.oas.org/oaspage/eng/venezuela/principios.htm 21.10.02).
  15. Entre los principales temas que afectaron la mesa, desde su nacimiento están: a) el cuestionamiento gubernamental a la firma de un acuerdo entre la Coordinadora Democrática y los militares declarados en “desobediencia” en la Plaza Francia de Altamira (noviembre 2002), b) las protestas frente a la Alcaldía Mayor que ocasionaron enfrentamientos armados y tres muertes (noviembre 2002), c) la militarización de la Policía Metropolitana por parte del Ejecutivo nacional (noviembre 2002), d) la represión a manifestantes de la oposición que protestaban en las adyacencias de la base Aérea La Carlota, declarada como Zona de Seguridad (diciembre 2002), e) la interrupción de la Mesa por el llamado a Paro realizado por la oposición (03.12.02), f) el asesinato de 3 personas en la Plaza Francia, realizados por el ciudadano Joao De Goveia (06.12.02), g) la legitimidad de las antiguas autoridades del Consejo Nacional Electoral (diciembre 2002 y enero 2003), h) la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con impacto revocatorio del mandato del presidente Chávez (noviembre 2002 a enero 2003), i) la posibilidad de realizar una enmienda constitucional para adelantar las elecciones presidenciales (enero y febrero 2003), j) la necesidad de un adecuado clima para la realización de cualquier proceso electoral y el rol que los medios de comunicación juegan en ello (Resumen basado en reseñas de Globovisión [en línea] http://www.globovision.com/eltema/2002.11/mesa/balance/index.shtml).
  16. Ver el texto íntegro en anexos.
  17. Ver el texto íntegro en anexos.
  18. Sobre este tema, ver Provea, Op. cit.
  19. El 28.08.02, antes de la instalación de la Mesa de Acuerdos, se había sancionado una Ley para el Desarme. No obstante, esta no ha sido puesta en práctica.
  20. Además del GTT, en enero de 2003 se activó el Grupo de Países Amigos de Venezuela, con el fin de ayudar a los debates de la Mesa que, en ese mes, lucían estancados. Este Grupo está conformado por España: Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica; México: Gustavo Iruegas, Subsecretario para América Latina y el Caribe; Estados Unidos: Curtis Struble, Secretario de Estado Adjunto encargado para el Hemisferio Occidental; Portugal: Joao Rocha Paris, Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros; Chile Cristian Barros,Viceministro de Relaciones Exteriores; Brasil: Gilberto Saboia, Subsecretario General de Política Bilateral. La participación de la comunidad internacional en la contención del conflicto, estuvo presente desde inicios de 2002, llevando el liderazgo la OEA. A partir del golpe de Estado del 11.04.02, el Consejo Permanente de la OEA activó la Carta Democrática Interamericana, encomendando al Secretario General, César Gaviria, una misión in loco y gestiones para facilitar el diálogo (Ver Provea: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual. Octubre 2001 – septiembre 2002. Caracas, 2002. Pág. 520 y 521).
  21. Pese a la intensa polarización y a los hechos violentos que han incorporado como victimarios y como víctimas a personas de ambos bandos, según una encuesta nacional de la firma Datanálisis, apenas un 8,7% de la población apoya la idea de realizar un golpe de Estado, un 11% defendería al Presidente con su propia vida y un 13,8%, tomaría las armas para defender su posición política (Encuesta Nacional Datanalisis, Septiembre 2003 [en línea] www.globovision.com 06.10.03). Según una encuesta nacional de la firma Consultores 21, apenas un 8% considera la dictadura como una opción para “arreglar” los problemas del país (Estudio Perfil 21, Nº 56, septiembre 2003. Mimeo).
  22. Ver Provea, Op. cit.
  23. Algunas de las organizaciones que realizan o han realizado acciones por la paz, la tolerancia y la administración institucional del conflicto, son: Tercer Escenario (grupo que organizó unas “mesas sociales de negociación”); el Museo de Ciencias junto a 40 organizaciones sociales (que organizaron dos jornadas denominadas “Taima por la Paz”); “Constructores de Paz” (iniciativa impulsada por el Centro Carter); el grupo de periodistas “Los del Medio” (que promueven un debate gremial sobre el oficio); la Universidad Metropolitana (que facilitó una mediación entre vecinos de urbanizaciones de clases medias y altas y barrios populares); el Instituto de Psicología de la UCV (que activó un proyecto para promover la tolerancia en las escuelas), UNICEF y Cecodap (que diseñaron una campaña para “Vacunar contra la Intolerancia”), la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (que organizó dos Celebraciones por la Vida, una de las cuales giraba en torno al lema: “Comprometernos para lograr justicia, reconocernos para que haya paz”); el Centro de resolución de conflictos del Colegio de Abogados del Estado Lara, Clase Media en Positivo (que organizó una caravana por la Paz), entre otras. Además de estas iniciativas y organizaciones, sectores sociales y políticos de cada bando enfrentado han realizado acciones o emitido discursos en los que, al menos declarativamente, se señala una apuesta por la tolerancia y se condena todo tipo de violencia. Por otra parte, existen organizaciones sociales, como la coalición de derechos humanos Foro por la Vida, que sin realizar un trabajo explícito de “resolución de conflictos”, intentan mantenerse al margen de la polarización y promueven, mediante pronunciamientos públicos y cabildeo, un acuerdo basado en el respeto, protección y cumplimiento de todos los derechos humanos. Provea contabilizó, en este período, 16 acciones contra la violencia y a favor de la Paz.
  24. Mireya Lozada, entrevista concedida a Provea, 17.09.03.
  25. El Universal [en línea] www.eluniversal.com 23.05.03.
  26. Cable de Reuters, 14.04.03.
  27. El Universal, Op. cit.
  28. Reuters, Op. cit.
  29. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Situación de la fuerza de trabajo en Venezuela, informe mensual julio, 2003.
  30. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Tomados de El Nacional, 18.10.03, pág. B-16.
  31. Instituto Nacional de Estadística (INE). Reporte Social, N° 1- año 2003.
  32. Ver capítulo Derecho a la seguridad ciudadana en este mismo Informe.
  33. Obtener datos confiables sobre el aumento, disminución o mantenimiento de la corrupción es prácticamente imposible, debido, entre otros factores, a la poca efectividad de la Contraloría General de la República y del sistema de administración de justicia. No obstante, la percepción generalizada es que, al menos, esta no se ha reducido. Incluso activistas pro gobierno o altos funcionarios de gobierno, lo reconocen y denuncian. Un ejemplo de ello es la conocida activista Lina Ron, quien narra con ironía que a uno de sus compañeros, Edison Contreras, a quien le apodaban “El caza corruptos”, le preguntaban en la calle “‘¿Contreras por qué no has cazado ningún corrupto?´ Y él respondía: ‘porque si lo hago nos quedamos sin camaradas´” (Joaquín Murieta, “Lina Ron Habla. Su verdadera historia”. Editorial Fuentes, Caracas, 2003, pág. 92). El propio Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, señaló que “existe, lamentablemente. Porque ese es uno de los fenómenos más difíciles de erradicar. La Corrupción tiene una vitalidad propia, una especificidad y una continuidad que está por encima de los cambios de gobierno. La vieja corrupción se recicla rápidamente. Yo le temo más a la nueva corrupción que a la vieja […] Estamos en mora, y el gobierno del presidente Chávez está más obligado que cualquier otro porque esa fue una de sus banderas para llegar a Miraflores”. Panorama [en línea] www.panodi.com 16.11.03.
  34. Juan Méndez [en línea] www.oas.org Discurso pronunciado el 07.10.02.
  35. Kofi Annan [en línea] www.un.org comunicado del 10.10.02.
  36. Amnistía Internacional: Venezuela. Un Programa de Derechos Humanos para combatir la crisis [en línea] http://web.amnesty.org 21.01.03.
  37. Provea, Op. cit, pág. 608.
  38. Un seguimiento a las posiciones de Provea, presentadas en solitario o en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos articuladas en el Foro por la Vida, puede realizarse consultando el servicio informativo quincenal “Derechos Humanos y Coyuntura”, cuyos ejemplares, desde 1999, están disponible en: www.derechos.org.ve
  39. Proyecto Pobreza, Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) [en línea] www.acuerdosocial.com; LatinFocus [en línea] www.latin-focus.com
  40. INE: Encuestado de Hogares Por Muestreo [en línea] www.ine.gov.ve
  41. Luis Marcano e Inder Ruprah “Falling apart: poverty and income inequality in Venezuela”, 1999. Mimeo, con datos tomados de Ocei/INE. Estas cifras varían, dependiendo de la fuente, pero todas coinciden en su aumento.
  42. Matías Riutort “Pobreza, desigualdad y crecimiento económico en Venezuela”. IIES/Ucab. Caracas, marzo de 1999. Mimeo.
  43. Los académicos Miguel Lacabana y Thais Maingon describen el apartheid social de la siguiente manera: “la pobreza se transforma en una situación fundamentalmente urbana generando un ‘apartheid social´ entre los sectores populares y una ‘ghetización´ creciente del resto de la población que tiende a encerrarse y protegerse privatizando los espacios públicos, especialmente los de circulación y comunicación” (Miguel Lacabana y Thais Maingon. “La focalización: políticas sociales ‘estructuralmente ajustadas´. Ponencia presentada en el “International Congress of the Latin American Studies Association (LASA)”, 1997. Mimeo).
  44. Consejo Nacional Electoral: Población General, Población Electoral, Votos Válidos, Votos Nulos, Participación, Abstención (1958-2000) [en línea] http://www.cne.gov.ve
  45. El rechazo de la población a los PAE se expresó, por una parte, en la “política de la calle”, a través de múltiples protestas y, por otra, en las preferencias electorales. En efecto, los programas de Caldera y de Chávez, que fueron preferidos por la población, eran abiertamente críticos de los PAE, aunque en el caso de Caldera, en su segundo año de gobierno, terminara imponiendo un programa de corte Neoliberal. Ver: Rafael Caldera: Mi Carta de intención con el pueblo de Venezuela. Mimeo. Caracas, 1993 y; Hugo Chávez: La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela. Mimeo. Caracas, 1998.
  46. Según la definición de Wasmuth (1996), conflicto es “una situación social real en la que por lo menos dos grupos están implicados y que: a) pretenden conseguir objetivos que son incompatibles en primer lugar o persiguen un mismo objetivo que, de todos modos, sólo puede ser alcanzado por un grupo, y; b) quieren emplear medios que son incompatibles para conseguir un cierto objetivo” (Wasmuth, citado en FEWER -Foro para la Temprana Advertencia y Respuesta, por sus siglas en inglés-, “Manual de análisis y reacción al Conflicto y Paz”, 2da edición, Julio 1999 [en línea] www.fewer.org
  47. Ministerio de Planificación y Desarrollo. Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 [en línea] www.mpd.gov.ve
  48. Ídem.
  49. Ídem.
  50. Rafael Alfonso, representante de la oposición en la Mesa de Negociación y Acuerdos, señaló al respecto: “Ese plan existe y ha sido discutido en diversas instancias de la Coordinadora Democrática […] El proyecto de país está listo. Lo que ocurre es que es muy complejo y por más que hagas cualquier cosa, en lo que empieces a difundirlo, a lo mejor tú adviertes que afecta un poco tu bolsillo y por eso empiezas a odiarlo, a rechazarlo, porque ese acuerdo va a significar un sacrificio para mucha gente” (El Nacional, 12.10.03, pág. A-8). El no haber accedido al proyecto definitivo y consensuado de la oposición, puede introducir distorsiones en este análisis. Es posible que, pese a que aquí se toman como base solo documentos públicos que implican algunos consensos entre distintos sectores, estos no expresen plenamente la diversidad de posturas existentes en la oposición. Para una análisis de mayor profundidad y alcance, sobre las diferencias entre los proyectos de la oposición y el gobierno, habrá que esperar a que la oposición haga pública su propuesta de país.
  51. CTV y Fedecámaras: “Bases para un acuerdo democrático”, 05.03.02 [en línea] < www.efemeridesvenezolanas.com>
  52. Coordinadora Democrática y militares disidentes, “Pacto Democrático por la Unidad y la Reconstrucción Nacional”. 17.10.02 [en línea] www.acuerdosocial.com
  53. Comisión Proyecto País de la Coordinadora Democrática. “Agenda de reconstrucción de la República de Venezuela” [en línea] www.acuerdosocial.com
  54. Coordinadora Democrática, “Acuerdo por la Unidad y la Democracia” [en línea]
  55. Comisión Proyecto País de la Coordinadora Democrática. Op. cit, pág. 1.
  56. Con seguridad hay otros muchos puntos de discrepancia entre ambos sectores, más allá de los que quedan plasmados en los documentos analizados. Por otra parte, cabe aclarar que alguno(s) de los temas planteados en los documentos pueden no tener una correspondencia plena con la realidad de las políticas efectivamente implementadas por ambos sectores.
  57. Sobre este tema, sectores de la oposición insisten en que Chávez pretende instaurar un régimen de inspiración marxista y algunos sectores que lo apoyan desean que así sea. Sin embargo, el mejor momento para hacerlo, si es que esa fuera su intención, hubiera sido el de la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior consulta popular para aprobar la nueva Constitución, cuando tenía su más alto nivel de popularidad. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, la Constitución de 1999 presupone algún tipo de economía de mercado. El propio Presidente ha declarado en múltiples ocasiones que su “revolución” se asume dentro del capitalismo, aunque critique con frecuencia los males que este genera. En una entrevista para el diario argentino El Clarín, señaló: “…no estoy hablando de una revolución comunista sino dentro del marco de un capitalismo… Hay nuevos modelos económicos que no son solamente el industrialismo. Lo que planteamos es un modelo antineoliberal, de una economía humanista y un modelo democrático y participativo” (El Clarín [en línea] http://old.clarin.com 20.06.03). En noviembre de 2003, declaró: “No soy Comunista […] Yo tengo 49 años y no voy a estar engañando a nadie. Si fuera comunista lo dijera “. Prensa Miraflores [en línea] www.aporrea.org 09.11.03. El Vicepresidente, José Vicente Rangel, señaló, por su parte, también en noviembre de 2003: “Queremos un capitalismo democrático; con un empresariado fuerte, patriota, nacionalista, que impulse al país, que pague impuestos, porque aquí hay una cantidad de empresarios holgazanes y zánganos que no quieren pagar impuestos”. Panorama [en línea] www.panodi.com 16.11.03. En todo caso, para una perspectiva de derechos humanos, el tema no es relevante. El Propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité Desc) ha señalado que el compromiso estatal en materia de derechos humanos, “ni exige ni excluye que cualquier tipo específico de gobierno o de sistema económico pueda ser utilizado como vehículo para la adopción de las medidas […] Así pues, en lo que respecta a sistemas políticos y económicos el Pacto es neutral y no cabe describir lealmente sus principios como basados exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un sistema socialista o capitalista, o de una economía mixta, de planificación centralizada o basada en el laisser-faire, o en ningún otro tipo de planteamiento específico” (Comité Desc de ONU. Observación general 3, La índole de las obligaciones de los Estados Parte. Doc. E/1991/23).
  58. Este último aspecto se expresa de múltiples formas. Una de ellas es la frecuencia con que aparecen en las marchas y concentraciones de la oposición, banderas de los EEUU o consignas en contra de Luiz Inacio Lula Da Silva, presidente de Brasil, o de Cuba y la supuesta “cubanización” de Venezuela. En contraposición, en las manifestaciones de los sectores que apoyan al gobierno, es común ver imágenes del Che Guevara, consignas en contra del “imperialismo” de EEUU y la realización de movilizaciones en protesta contra la política exterior de ese país, particularmente en el contexto de la invasión a Irak.
  59. Esta posición tiene un anclaje en los artículos 302 y 303 de la Constitución de 1999.
  60. Ministerio de Planificación y Desarrollo: Op. cit. Pág. 42.
  61. Comisión Proyecto País de la Coordinadora Democrática: Op. cit. Pág. 4.
  62. Ídem, pág. 4; El Pacto Democrático por la Unidad y la Reconstrucción Nacional propone, en la misma línea: “…hacer efectiva una política de aumento del volumen de producción de crudo” (Coordinadora Democrática y militares disidentes: Op. cit. Pág. 6).
  63. Ministerio de Planificación y Desarrollo: Op. cit. Pág. 21 y 15.
  64. CTV y Fedecámaras: “Bases para un Acuerdo Democrático”, punto 9.
  65. Comisión Proyecto País de la Coordinadora Democrática: Op. cit. pág. 5
  66. Constitución de 1999, artículo 328.
  67. Ministerio de Planificación y Desarrollo: Op. cit.
  68. Al respecto y para un análisis más detallado, ver Provea, “¿Sí o No?: pistas para un voto razonado”. Disponible en www.derechos.org.ve
  69. CTV y Fedecámaras: Op. cit. Punto 5; Coordinadora Democrática y militares disidentes. Op. cit. Pág. 4; Coordinadora Democrática: Op. cit. Punto 4; Comisión Proyecto País de la Coordinadora Democrática: Op. cit. Pág. 5.
  70. Margarita López Maya, “Las insurrecciones de la oposición en el 2002 en Venezuela: causas y desafíos”, MImeo, Octubre 2003. Artículo basado en la ponencia “Insurrecciones de 2002 en Venezuela: causas e implicaciones” presentada en el XXIV Congreso Internacional de LASA celebrado en Dallas, Texas en marzo de 2003.
  71. Ídem.
  72. Ver capítulo Contexto en Provea: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual. Octubre 2001-septiembre 2002. Caracas, 2002. Disponible en www.derechos.org.ve
  73. Ver Provea: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual, años: 2000, 2001 y 2002. Disponibles en: www.derechos.org.ve
  74. El Nacional, 11.12.01, pág. D-2. Los F-16 son los aviones de combate más potentes de la Fuerza Armada nacional.
  75. El Universal [en línea] www.eluniversal.com 11.04.03.
  76. Hugo Chávez en Últimas Noticias [en línea] www.ultimasnoticias.com.ve 08.11.03.
  77. El Universal [en línea] www.eluniversal.com 29.08.03.
  78. Margarita López Maya: Op. cit.
  79. El Universal, 03.03.02, pág. 1-8.
  80. El Nacional, 06.03.02, pág. D-2.
  81. Ver Provea: Provea frente al antejuicio de mérito y el golpe de Estado, 14.08.02. Comunicado disponible en: www.derechos.org.ve
  82. Al respecto, ver capítulo “Contexto” en Provea, Informe Anual Octubre 2001-septiembre 2002. Caracas, 2002. Disponible en www.derechos.org.ve
  83. Uno de ellos fue Ibsen Martínez, quien señaló: “La idea detrás del paro convocado por ellos era la de una ingobernabilidad que desembocaría en un mitológico pronunciamiento militar que jamás llegó” (El Nacional [en línea] www.el-nacional.com 01.02.03). Unos meses antes, el dirigente opositor, Elías Santana, había señalado: “al igual que en el lado oficial, existen personas del antichavismo interesadas en una salida inconstitucional, con la participación de las Fuerzas Armadas Nacionales” (El Nacional [en línea] www.el-nacional.com 12.07.02). No se refería entonces a quienes serían los principales promotores del Paro, sino a un grupo que desvió una marcha opositora hacia la Base Aérea La Carlota (Caracas), para solicitar la intervención militar en el conflicto.
  84. El Nacional, 28.02.03, pág. A-4.
  85. El Nacional, 06.10.03, pág. A-2.
  86. Bloque Democrático, Remitido “No se hagan responsables de una guerra civil en Venezuela”, El Nacional, 02.08.03, pág. A-5. En relación con la argumentación de los artículos 333 y 350 de la Constitución para legitimar un golpe de Estado, ver posición de Provea en su Informe anterior (capítulo “Contexto).
  87. John Magdaleno, en El Nacional, 11.08.03, pág. A-4; Armando Jannsens, en El Nacional, 20.10.03, pág. A-4; Teodoro Petkoff, Tal Cual, editorial, 19.08.03, pág. 1; Arturo Sosa, Revista ALAI, Nº 372. Quito, 22.07.03, pág, 6.
  88. Teodoro Petkoff, Op. cit.
  89. Arturo Sosa Op. cit.
  90. Teodoro Petkoff, Op. cit.
  91. En este contexto se han visto lamentables expresiones de clasismo y racismo. Solo para ilustrar: en una autopista flanqueada por dos barrios populares, la que comunica a Las Mercedes con Prados del Este (Caracas), había a mediados de 2003, una pinta que decía: “Chávez: muérete mono”. “Mono” es el modo despectivo con el que algunas personas de los sectores medios y altos llaman a las personas de los sectores populares de origen negro o indígena.
  92. En agosto de 2003, según la firma Datanálisis, existía un 36,7% de la población que se definía como “ni chavista ni de la oposición” (El Nacional, 19.08.03, pág. A-5). Para esa misma fecha, la firma Mercanálisis, a partir de una encuesta en la ciudad capital, señalaba la existencia de un 23% de la población que se definía como “neutrales” (Mercanálisis, “Toma V Opinión”. Caracas, 06 al 11 de Agosto de 2003 [en línea] www.globovision.com
  93. Los datos de las firmas encuestadoras deben tomarse, sin embargo, con mucha cautela, pues muchas de ellas han entrado a jugar un rol político en la polarización. Las diferencias, por ejemplo, en cuanto al apoyo real que conserva el presidente, varían de manera importante de una firma a otra, dependiendo de si esta es más afín a la oposición o al gobierno. Como ejemplo de esta afirmación, pueden tomarse los resultados de sendas encuestas realizadas por las firmas Datanálisis e Indaga. Según la primera, en julio de 2003, un 30,8% de la población consideraba al gobierno nacional, como “muy bueno”, “bueno” o “regular hacia bueno” (El Nacional, 19.08.03, pág. A-5). Según la segunda, en agosto de 2003, conservaba el apoyo de un 40% de la población (Diario Vea, 08.09.03, pág. 8).
  94. Cipriano Heredia, dirigente de la Coordinadora Democrática, en El Nacional, 07.09.03, A-7.
  95. Coordinadora Democrática [en línea] www.coordinadora-democratica.org
  96. En marzo de 2003, trascendió a la prensa una estructura organizativa de la Coordinadora Democrática, que difiere un tanto de la publicada en su sitio web en noviembre de 2003. En aquella, los medios de comunicación eran parte integrante de la CD: “Comité Político. Un representante por los 19 partidos políticos, uno de las 10 ONG, y uno de los siguientes sectores: gobernadores, alcaldes, Gente del Petróleo, Mesa de Negociación, CTV y Fedecámaras. Esta instancia se reúne semanalmente. Comité operativo. Un representante de seis partidos, 2 de ONG, y uno de: CTV, Fedecámaras, medios de comunicación y Gente del Petróleo. Esta instancia de reúne diariamente (El Universal [en línea] http://www.eluniversal.com/2003/03/24/23182BB.shtml 24.03.03 ).
  97. A partir de lo que sobre sí mismas señalan las organizaciones políticas o sociales, en sus estatutos u otros discursos autoreferentes, es poco probable establecer adecuadamente su orientación político ideológica. En algunos casos porque la distancia entre lo escrito y la realidad es excesivamente amplia, en otros porque los discursos sobre su misión y visión están llenos de generalidades o ambigüedades que parecen esconder su pragmatismo y poco dicen sobre su orientación ideológica real. Esto último, es compartido por el director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, “Algunos políticos pueden tener claro si su oferta electoral es de izquierda o de derecha, pero le rehuyen al término porque tiene un costo que puede dificultar la promoción de su mensaje […] prefieren hablar de justicia social y empleo, antes que de categorizaciones como esa” (El Nacional, 14.09.03, pág. A-6). Sirva como ejemplo de lo señalado que Acción Democrática (AD) se define en sus estatutos como una “organización de izquierda revolucionaria” (Manuel Vicente Magallanes, “Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana”, pág. 355. Mediterraneo, Madrid, 1973) y como un “partido antimperialista [y] policlasista” (Ídem, pág. 357), adjetivos que, salvo el último, poco o nada tienen que ver con la AD actual. El MVR, define su ideología con adjetivos muy amplios y ambiguos: “bolivariana [y] humanista” (Cilia Flores, El Nacional, 13.09.03, pág. A-6). El MAS se define en su nacimiento como una organización de “marxistas-leninistas” (Magallanes. Op. cit, Pág. 556), aunque en el presente es claramente una organización liberal socialdemócrata e igual apreciación se puede hacer de sus más recientes divisiones, que dieron origen a nuevos partidos: Unión, Vamos y Podemos. En el mismo sentido, el principal líder de Proyecto Venezuela, Henrique Salas Römer, quien siempre ha tenido propuestas políticas liberales, se define como “de centro, ligeramente centroizquierda” (Henrique Salas Römer, Televen, Programa de TV “Dialogo con”, entrevistado por Carlos Croes, 24.08.03); Primero Justicia, reivindica la “política reformista” y un ambiente “progresista” (Sitio web de Primero Justicia: www.primerojusticia.org.ve).
  98. Gente del Petróleo no aparece en la composición de la CD publicada en su sitio web, en noviembre de 2003, pero sí en la información de su estructura, aparecida en marzo del mismo año. Además, esta organización o movimiento social, ha sido una parte importante del liderazgo público de la CD.
  99. El Universal, 01.12.02, pág. 1-14.
  100. El Nacional, 31.08.03, A-6.
  101. Tal Cual, 20.08.03, pág. 4. Un dato muy relevante que expresa el nivel de compromiso de los principales medios privados, particularmente los radioeléctricos, con la oposición de la que forman parte, es el espacio entregado para la transmisión de piezas publicitarias de distintos partidos, gremios, ONG o plataformas de la oposición. Según cálculos del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), desde el 03.12.02 hasta el 31.01.03, los canales Venevisión, RCTV, Televén y Globovisión, transmitieron 17.040 minutos donados a la oposición, equivalentes a 51.120 cuñas (897 diarias), cuyo costo, según cálculos preliminares, es de 122, 69 millardos de bolívares (Roberto Malaver, Jefe de la Oficina de Divulgación Tributaria y Relaciones Institucionales del Seniat. Comunicación enviada a Provea, 25.08.03).
  102. Distintos analistas, afectos al gobierno o de oposición moderada, coinciden en esta aprecición. Así lo han señalado, entre otros los analistas opositores Teodoro Petkoff, Tulio Hernández o Kiko Bautista. En palabras de este último: “se pueden apreciar dos tendencias en los sectores de oposición. Una que busca salir de la crisis a través de elecciones y otra que quiere a Chávez fuera de Miraflores a como de lugar” (Kiko Bautista, El Mundo [en línea] http://www.elmundo.com.ve 01.10.02).
  103. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA): Carta Democrática Interamericana [en línea] http://www.oas.org 11.09.01.
  104. Una de ellas, de alcance nacional, fue realizada por la firma Datos. A la pregunta “¿En cuál movimiento o partido político simpatiza o milita usted?“, el 51% de los encuestados respondió que en el MVR, el 18% en Acción Democrática (AD), el 11% en Primero Justicia y el 8% en Proyecto Venezuela (Datos, “Características generales del Pulso Nacional Urbano”, 15 y 31 de mayo de 2003).
  105. Margarita López Maya, Op. cit.
  106. Foro por la Vida “Foro por la Vida se pronuncian ante el proceso de recolección de firmas”, 20.11.03. Disponible en www.derechos.org.ve En idéntico sentido se pronunciaron unos meses antes, John Lederach, especialista en resolución de conflictos y Arturo Sosa: “la consulta popular es el camino a la paz pero dependiendo de cómo se vea” (John Lederach, El Nacional, 06.08.03, pág. A-5); “En este momento, un referéndum no garantiza una salida democrática” (Arturo Sosa, Revista ALAI Nª 372, 22.07.03, pág. 6).
  107. Ídem.
  108. Comisión de Derechos Humanos de ONU: Resolución 2000/12. E/CN.4/2000/167 [en línea] http://www.unhchr.ch 17.04.00.
  109. Ídem.
  110. Plataforma Diálogo por la Inclusión Social y la Profundización de la Democracia, Comunicado “Construyamos un Acuerdo Político Nacional”. Citado en Boletín electrónico “Derechos Humanos y Coyuntura” N° 106, 06.12.02 [en línea] www.derechos.org.ve
  111. Danilo Türk: Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe definitivo, 03.07.92, párrafo 85 y siguientes.
  112. Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Venezuela. 21.05.01. E/C.12/1/Add.56.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El balance que aquí se presenta, es un resumen del análisis de la situación de los derechos humanos que se realiza en detalle en cada uno de los capítulos de este Informe. Como todos los años, desde hace quince, Provea aspira a que este diagnóstico, así como las Propuestas y Exigencias que se formulan al final de este Informe, sirvan a los Poderes Públicos para profundizar y cualificar aquellas políticas o medidas que son consistentes con la vigencia de los derechos humanos, mejorar la capacidad en la gestión de otras, y rectificar todas aquellas que sean contrarias a estos derechos. Pero el debate en torno al diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Venezuela que aquí proponemos, no tiene como único interlocutor deseado al Estado. En medio de la intensa polarización que vive el país y la urgente necesidad de acuerdos que de ella se deriva, resulta fundamental encontrar puntos de encuentro que eviten la violencia. Por ello, este Informe también aspira estimular debates con todos los sectores políticos de la sociedad venezolana. Un acuerdo, sin exclusiones de ningún tipo, que permita administrar democráticamente los conflictos venezolanos, debe tener como punto de partida o referente mínimo, al discurso de los derechos humanos: tanto en sus contenidos y garantías jurídicas y doctrinarias, como en el diagnóstico de su situación real y de las medidas estatales adecuadas para respetarlos, protegerlos y cumplirlos. No sería la primera vez que estos derechos facilitan puntos de coincidencia; ya ocurrió, en términos generales, en la evaluación que tanto oposición como gobierno realizaron del Título III de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en el que se consagran los derechos humanos.

Un eje transversal de este período, así como del anterior, es la incidencia del conflicto político sobre la situación de prácticamente la totalidad de los derechos humanos. No cabe duda de que el modo en el que los principales actores políticos vienen administrando el conflicto, generó mayor pobreza e inequidad (y con ello vulneración estructural del derecho a la no discriminación en el acceso y disfrute a la mayoría de los derechos), debilitamiento de la capacidad y disponibilidad de las instituciones del Estado para respetar, proteger y cumplir con los derechos de la población y un ambiente de intolerancia y agresión que coloca al país en una situación de riesgo de desbordamiento de la violencia y desinstitucionalización democrática.

Uno de los motivos de preocupación sobre el derecho a la alimentación es la ausencia de información actualizada y completa sobre la situación nutricional. Pese a ello, los datos disponibles evidencian la continuidad de una grave situación. El déficit nutricional en las personas menores de 15 años se ubica en 12,4% (incremento del 1% con respecto al período anterior). Las muertes por desnutrición, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), aumentaron en términos brutos y porcentuales entre los años 2000 y 2001. Igualmente, las muertes en menores de 1 año por la misma causa, que pasaron del 6° al 5° lugar, mientras que en las edades comprendidas entre 1 y 14 años, la situación ha mejorado relativamente. El número de bebés con bajo peso al nacer, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está alrededor del 10%, superando el promedio de Suramérica. En 2001, 57.780 bebés nacieron con un peso inferior a los 2,5 Kg.

El incremento de la inflación afectó negativamente el poder adquisitivo del salario, sin que el aumento del salario mínimo decretado en mayo de 2003 lograra recuperarlo. El déficit de la Canasta Alimentaria es del 21,2% según fuentes oficiales (INE), que la calculan en Bs. 265.055,60 y 48% según fuentes privadas (CENDA), que la calculan en Bs. 401.633, para agosto de 2003. El incremento de los niveles de pobreza, reconocido por el INE, permite prever un impacto negativo en los niveles de nutrición de la población.

En cuanto a la seguridad alimentaria los datos tampoco son alentadores. Los aportes de proteínas y calorías provenientes de la producción nacional no superan el 60%. En esta situación estructural incidió, en este período, el Paro realizado por la oposición, que generó graves situaciones de desabastecimiento, así como la respuesta gubernamental a él, que implicó un incremento significativo de las importaciones, incluso después de la coyuntura de diciembre 2002-febrero 2003.

Por razones presupuestarias se han detenido los programas de medición de niveles de yodo y flúor en la sal, lo que hace temer que la meta ya alcanzada de erradicación en la deficiencia de este micronutriente retroceda. En relación con la falta de hierro, aun cuando no hay cifras oficiales en este período, se estima que afecta a un 50% de niños y niñas menores de dos años y frente a ello el INN desarrolla un programa de fortificación de las harinas de maíz y trigo. Una buena noticia es que estudios del INN, entre niños de 6 a 59 meses, determinaron que la deficiencia de la vitamina A es marginal.

Entre los programas implementados por el Gobierno destinados a garantizar a la población de los sectores más vulnerables la distribución de alimentos, están Proal, Mercal, Megamercados, Bodegas Bolivarianas, Manos a la Siembra, Todo a Mil y el canje de desechos reciclables por comida. Estos programas lucen fragmentados en su ejecución y débiles en su impacto. En el período, el INN amplió la cobertura de los programas comedores escolares, comedores populares y cocinas comunitarias, aunque manejó un presupuesto igual al del período anterior.

En el ámbito del derecho a la seguridad social, el Poder Legislativo avanzó al sancionar la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), aunque no contó con el apoyo del bloque opositor, lo cual supone una debilidad a la hora de implementar un sistema tan complejo en un momento de aguda polarización. Provea valora positivamente esta Ley, que cumple con los postulados constitucionales al respetar el carácter de servicio público no lucrativo de la seguridad social y permitir la participación privada, en la modalidad complementaria. Sin embargo, también tiene debilidades en aspectos vitales como el diseño del Régimen de Transición. Por otra parte, la Asamblea Nacional (AN) no ha avanzado en la discusión de las leyes que regularán los diversos subsistemas y el Ejecutivo no ha presentado el plan de implementación de la nueva institucionalidad del sistema de seguridad social, tal como se lo obliga la ley aprobada. Preocupa también la indefinición sobre la viabilidad fiscal de la nueva Ley; pero, independientemente de su costo, esta depende de la capacidad de gestión del Estado para prever y proveer los recursos y utilizarlos adecuadamente. Provea inició una acción de amparo por el derecho a petición, para que el Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega aclare la veracidad de una declaración atribuida a su persona, según la cual se habrían utilizado recursos financieros de los fondos de pensiones y jubilaciones para hacer frente al pago de salarios de la administración pública, luego de finalizado el paro nacional.

En relación con la obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó pagando las pensiones de vejez homologadas al salario mínimo de 2002, pero con un retraso de seis meses. Como hecho positivo, por primera vez en una década se comenzaron a pagar indemnizaciones diarias y se presupuestó el pago de prestaciones por nupcias y funerarias. Por el contrario, el Seguro de Paro Forzoso dejó de pagarse en el plazo establecido de 60 días para extenderse a 120, lo que afecta negativamente a la población desempleada. Destaca también como negativo, el error cometido por la AN que derogó el paro forzoso en la nueva Ley, ante lo cual Provea acudió ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que subsane esta situación.

Es preocupante también la falta de continuidad en la gestión político administrativa del IVSS, ya que desde 1999 su Junta Directiva cambió 6 veces, la última el 07.08.03. La ausencia de evaluaciones públicas e información oficial sobre los problemas que confronta el Instituto se convierte en un obstáculo para ejercer el derecho a la participación por parte de la población asegurada.

Para el cuarto trimestre de 2002, estaba afiliada el 49% de la población ocupada en el sector formal de la economía, lo que representa apenas un 20% de la población económicamente activa (PEA). Este dato evidencia que este derecho está lejos de una cobertura universal y sin discriminación. Otra problemática estructural del IVSS es la alta morosidad acumulada (51% responsabilidad del sector privado y 49% del sector público), lo que representa la mayor morosidad del sector estatal en una década. La meta de incorporar 30.000 pensionados que cumplieron con los requisitos para cobrar la pensión de vejez durante 2002, no fue cumplida. Por otra parte, una vez más, el Fondo de Asistencia Médica del IVSS manejó un presupuesto deficitario durante el año, lo que se reflejó en las continuas protestas de los usuarios por el deterioro de los servicios de salud.

Tanto el Ministerio del Trabajo (MT) como la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), adoptaron interpretaciones jurídicas progresistas y favorables a los derechos de los trabajadores. Igualmente, continúo el fortalecimiento institucional para atender la problemática de las condiciones y medio ambiente de trabajo y se evidencia un avance en la definición de una estrategia estatal para abordar la situación de los niños y niñas adolescentes trabajadores. En el plano normativo, el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, aprobado en primera discusión, introduce modificaciones positivas referidas a la prohibición de la discriminación en las condiciones de trabajo. Por su parte, la Consultoría Jurídica del MT emitió un dictamen que reafirma el carácter discriminatorio de la exigencia de pruebas de VIH a los solicitantes de empleo y trabajadores, fortaleciendo la posibilidad de ejercer la acción de amparo constitucional.

Sin embargo, también se registró un aumento del desempleo, una importante pérdida del valor real del salario, una debilidad estatal para evitar las prácticas contrarias a la estabilidad laboral y para lograr la reactivación económica. Asimismo, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva siguieron afectados, en un contexto de alta polarización social y política.

El estancamiento de la actividad económica, producto del paro petrolero, las tensiones políticas, así como la dificultad para el acceso a divisas a partir del control cambiario, fueron factores que tuvieron una incidencia considerable en los índices de desempleo e informalidad observados en el período. De la PEA, un 53% se encuentra ocupado en el sector informal, mientras que el 47% restante lo está en el sector formal. Según el INE, la tasa de desocupación se ubicó en 17,8% (para septiembre de 2003), lo que implica un aumento de 1,6% con respecto al período anterior, y según fuentes privadas llega al 21,5%. En este período, en febrero de 2003, al terminar el Paro, se registró el índice de desempleo más alto de la historia del país (20,7%). Los jóvenes, las personas con menor nivel educativo y las mujeres son los sectores más propensos a sufrir la violación a su derecho de acceder a un empleo. El desempleo femenino creció 2,4% y se ubicó, al 31.08.03, en 21,1%.

Las políticas del Poder Ejecutivo para incentivar el empleo tales como el Plan de Incentivo al Empleo, fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, los microcréditos a mujeres en situación de pobreza y la inamovilidad, decretada por sexta vez consecutiva, no tuvieron la contundencia necesaria para revertir esta situación, en parte por un contexto de convulsión política que no resulta propicio para la creación de fuentes de trabajo.

El Ejecutivo decretó un aumento del 30% en el salario mínimo, el cual se cancelaría fraccionado. A diferencia de años anteriores, ese aumento no compensó la inflación acumulada: para el 01.07.03, fecha en que entró en vigencia el 10% del aumento, la inflación acumulada desde mayo de 2002 ascendía a 33%, mientras que para el 30.09.03, esta se ubicaba en 37,5%. Tomando en cuenta la Canasta Básica per cápita oficial para agosto de 2003 (Bs. 522.290), el déficit del salario mínimo se ubica en 60% y 65%. En este período, una vez más, se excluyó a las trabajadoras domésticas de la fijación del salario mínimo, lo que motivó la realización de una acción de amparo de Provea ante el TSJ.

Por otra parte, aún no se ha hecho la reforma de la LOT en lo relativo al cálculo retroactivo de las prestaciones sociales, de conformidad con el último salario devengado, tal como lo obliga la Constitución en sus disposiciones transitorias y el pago de los pasivos laborales a los empleados del sector público continúa retrasado.

En el marco de las medidas estatales adoptadas luego del Paro Petrolero, fueron despedidos 18.756 trabajadores de PDVSA. Estas medidas son objeto de revisión judicial, tras demandas presentadas por los ex trabajadores.

Se mantuvo el desconocimiento por parte del Ejecutivo de la actual directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en un escenario en el que una nueva central sindical, afecta al oficialismo, se abroga la mayor representatividad de trabajadores.

Las debilidades en la rectoría del MSDS, los déficit de gestión por parte de los estados descentralizados, la fragmentación institucional y financiera del sistema de salud (que cuenta con redes de asistencia que dependen del MSDS, de entidades federales, del IVSS, entre otros), la asignación presupuestaria deficitaria para el sector (1,8% del PIB, bastante alejado del 5% estipulado por la Organización Mundial de la Salud), en un contexto de polarización política y crisis económica, hacen que el derecho a la salud no tenga plena vigencia.

Aun cuando la orientación de las políticas de salud y desarrollo social, establecida en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y más concretamente el Plan Operativo del MSDS, es valorada positivamente, por ser conceptualmente coherente con el derecho a la salud, el gobierno nacional no ha logrado concretar soluciones a la crisis estructural del sistema público de salud.

En el ámbito legislativo, preocupa que continúe en mora la reforma de la Ley Orgánica de Salud que permitiría adecuar la ley a los preceptos constitucionales y establecer normas que regulen al nuevo sistema de salud integrado a la seguridad social.

En cuanto al funcionamiento de la red pública de asistencia a la salud, la falta recurrente de insumos y medicamentos se agudizó durante el año 2003, afectando fundamentalmente a los sectores menos favorecidos económicamente y a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas que viven con VIH/Sida, hemofilia, cáncer, deficiencia renal, enfermedades mentales y transplantadas. Asimismo, junto a la falta de medicamentos e insumos, el presupuesto sigue siendo insuficiente y persiste la falta de equipos médicos, así como las fallas regulares en la infraestructura instalada. Tal situación dificulta la plena vigencia de los principios de universalidad y gratuidad. Durante el período se contabilizaron 483 denuncias por fallas de funcionamiento de la red hospitalaria y ambulatoria, 74 de las cuales estuvieron relacionadas con cobros indirectos o canje de servicios por medicamentos e insumos médico-quirúrgicos.

En relación con los conflictos laborales, el sector salud registró un total de 90 acciones de protestas, de las cuales 21 implicaron la paralización de los servicios de asistencia a la salud.

La prevención de enfermedades infecciosas presenta algunos avances y también reveses. Estos últimos se deben a una vigilancia tardía y a la falta de una visión estratégica sobre los factores de riesgo vinculados con la reaparición de enfermedades controladas en el pasado. De ello son ejemplos el brote, en diciembre de 2002, de casos de fiebre amarilla; así como la alarma por la presencia de tuberculosis en el país. Como aspectos positivos destacan el descenso de casos por dengue; el control de la epidemia de sarampión, sin reporte de casos hasta el cierre de este período de estudio; y el descenso en los casos de malaria.

En el ámbito de la salud materno-infantil, destaca positivamente que a través del Plan Nacional de Prevención y Control de la Mortalidad Materno Infantil del MSDS se haya otorgado carácter de notificación obligatoria a esta mortalidad. Los comités regionales de salud tienen ahora el deber de reportar, semanalmente, los casos de mortalidad materna e infantil.

Cabe señalar que la mayoría de las deficiencias del sistema de salud ocurren en aquellos estados con población indígena, campesina o rural. La concentración de la mayoría de los centros de salud y de los recursos en las zonas más urbanizadas constituye una discriminación que debe ser subsanada mediante programas estructurales y permanentes.

Sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la salud de los sectores más excluidos, destaca la ejecución del Plan Barrio Adentro (programa de atención a la salud en la modalidad de medicina familiar en los barrios populares, a cargo de médicos cubanos), el cual guarda coherencia con los mandatos constitucionales. No obstante, esta política enfrenta conflictos jurídicos, que deben resolverse, así como ampliarse la participación de médicos venezolanos e integrarse con la red de salud existente para garantizar su permanencia más allá de la coyuntura.

En relación con el derecho a la educación, durante el año escolar 2001-2002 el crecimiento interanual de la matrícula total se ubicó en 5,6%. A pesar de que este porcentaje disminuyó con respecto al período anterior, sigue siendo significativo, en tanto es bastante más que el logrado en el período 97-98 (3,2%), que era el más alto de la década antes de la imple-mentación de las políticas educativas del actual gobierno constitucional. La matrícula creció en todos los niveles del sistema educativo, pero lo hizo en menor proporción que en el período anterior, a excepción del nivel de educación media, que fue mayor (9,6% frente a 7,9% del año anterior). Otro resultado positivo se encuentra en el acceso a la educación superior a través de la asignación de cupos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), ya que se logró, por primera vez en años, revertir la proporción de ingreso de alumnos provenientes de planteles oficiales y pagos, a favor de los primeros. Debe considerarse también como positivo el anuncio realizado en julio de 2003, según el cual se volvieron a aplicar las pruebas correspondientes al Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA); la aprobación del presupuesto del Convenio Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC)/Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) sin recortes presupuestarios; la campaña masiva de alfabetización y la existencia de 104 Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT) en el ámbito nacional.

El porcentaje destinado a educación como parte del PIB creció en un 7,5% con respecto a 2002, aunque no supera el porcentaje más alto de la década logrado en 1994.

Otros aspectos deben seguir siendo objeto de consideración en las políticas públicas, ya que aparecen como negativos. Según datos del Censo 2001 1.885.473 niños, niñas y jóvenes en edades comprendidas entre 3 y 19 años no asisten a ningún centro educativo. A ellos deben agregarse 1.568.278 personas con edades entre 20 y 24 años que tampoco están escolarizados. Vuelven a presentarse en el período análisis y denuncias que demuestran que para continuar incrementando la inclusión escolar el Estado venezolano debe construir más aulas. Por otra parte, los beneficios de la educación no se reparten por igual entre todos los estratos de la población. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los niños excluidos de la escuela, un 89% son pobres, y aumentan la exclusión y el abandono escolar al disminuir el grado de urbanización. En las zonas de menos de 25.000 habitantes, 1 de cada 5 niños en edades entre 4 y 15 años está fuera del sistema educativo y 1 de cada cuatro jóvenes entre 13 y 15 años en pobreza extrema está fuera del sistema escolar por no contar con liceos o por tener que incorporarse al campo laboral. Preocupa especialmente la violación al derecho a la educación como consecuencia de la violación al derecho a la identidad, a pesar de la normativa estatal que los protege. Es negativo también que el porcentaje de repitientes en relación con el total de inscritos volvió a crecer, ubicándose en 8,7%, siendo especialmente grave el aumento de casi cuatro puntos en el primer grado (de 10,7% a 14,3%). No se advirtió tampoco la puesta en práctica de planes que puedan considerarse tales, para mejorar la calidad y el desempeño docente. Negativas son también la mora de la AN en relación con la aprobación de la Ley de Educación y del Poder Judicial para responder al recurso de nulidad interpuesto por Provea y otras organizaciones de derechos humanos en relación con la obligatoriedad de la materia Instrucción Premilitar.

El Paro educativo, que duró 38 días hábiles, vulneró este derecho e incrementó la violencia en las instituciones educativas, afectando especialmente a los niños y jóvenes de los sectores más desfavorecidos; quienes se vieron privados del estímulo que representa la socialización escolar, ya que sus hogares suelen tener limitaciones para sustituirla.
La extrema polarización social vivida durante el período, la politización de la mayoría de los medios de comunicación social, y la dificultad de los organismos oficiales para entregar información escrita oportuna y confiable, más allá de la Memoria y Cuenta del MECD, dificultó la evaluación de algunos programas de inclusión educativa que lucen cónsonos con obligaciones estatales.

Enmarcadas en la satisfacción del derecho a la vivienda, en sus componentes de seguridad jurídica de la tenencia y disponibilidad de servicios públicos, destacan positivamente las experiencias impulsadas desde la comunidad, con apoyo del Estado, orientadas a regularizar la tenencia de la tierra, en asentamientos urbanos populares, e incorporar a las organizaciones sociales y habitantes en la gestión pública de los servicios de agua y gas. Durante el período los comités de tierras urbanos sumaron 3.006 en el ámbito nacional y se otorgaron 30.000 títulos de propiedad; mientras que se encontraban instaladas 1.050 mesas técnicas de agua, en el ámbito nacional. También se registró la adopción de varias medidas que apuntan a garantizar un mayor acceso de los sectores de menores ingresos a las políticas de vivienda, al bajar el monto mínimo requerido para solicitar un crédito de vivienda, de 55 a 20 unidades tributarias; dotar de protección a los inquilinos en el marco de la aplicación de la control de cambio y establecer una mayor participación de los entes de vivienda y las comunidades en la selección de los proyectos a desarrollar con fondos públicos de vivienda.

En contraposición a estos datos positivos, nuevamente la debilidad institucional caracterizó la gestión pública de los entes ejecutores en materia de vivienda y la nota predominante en el lapso fue el retraso en los desembolsos del presupuesto público para este sector, que para el segundo semestre de 2003 sólo alcanzaba el 37,4% del total asignado. Como correlato, desde el año 2001, se registra un decrecimiento en la producción de viviendas, destacando negativamente la ejecución 2002 con un récord de construcción de sólo el 25% de la meta pautada.

Los estimados de distintos entes siguen calculando en 1.600.000 unidades el déficit de vivienda. Por otra parte, se siguieron produciendo ocupaciones ilegales, como mecanismo precario para obtener un espacio donde vivir. Según evaluaciones de la Alcaldía del Municipio Libertador, las ocupaciones ilegales se producen mayoritariamente en áreas protegidas y de alto riesgo. A estos riesgos, se suman las amenazas de desalojos forzados, realizados aplicando un uso excesivo de la fuerza, que predominaron como respuesta de las autoridades y organismos policiales regionales: durante el lapso de las 27 desocupaciones registradas, 17 sucedieron bajo la fuerza e implicaron en su mayoría destrucción de bienes y agresiones físicas.

Desde el Estado se mostró voluntad política para lograr cambios sustanciales en la estructura de la tenencia y uso de la tierra, mediante la aplicación del nuevo ordenamiento jurídico, lo que se evalúa como un avance en la garantía del derecho a la tierra. Se observaron progresos en la adjudicación de tierras, que se realizó casi exclusivamente sobre propiedades del Estado, manteniéndose prácticamente intactas las de latifundistas privados. Hasta agosto de 2003 se habían distribuido 1.171.925 ha., según el Instituto Nacional de Tierras (INTI). La modalidad más usada fue la adjudicación provisional, a través de las Cartas Agrarias. Hubo progresos, también, en la organización de los sectores productivos del campo, en la orientación de la inversión, la planificación de la producción anual, la dotación de maquinaria, así como en el financiamiento a los trabajadores y productores del campo. En este marco se dio a conocer, por parte del Ejecutivo Nacional, el Plan Operativo Anual de Siembra, Producción y Productividad, donde se establecen orientaciones generales y proyecciones de producción en diversos rubros. Asimismo, se avanzó en la creación de varias instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), encargado del diseño y ejecución de las políticas en materia de infraestructura de servicios, saneamiento de tierras y capacitación a comunidades rurales; el INTI, que tiene bajo su cargo los procesos de administración, expropiación, distribución y adjudicación de las tierras con vocación agrícola; y la Corporación Venezolana Agraria (CVA), con carácter de instituto autónomo.

El proceso de ampliación del disfrute del derecho a la tierra se desarrolló en un clima de tensión, en el que sectores empresariales y grandes propietarios de tierras continuaron oponiéndose a estas políticas públicas. En ese contexto se interpusieron acciones de nulidad contra artículos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), contra el Decreto N° 2.292 y la Resolución N° 177 del INTI. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al pronunciarse sobre una acción de nulidad contra varios artículos de la LTDA declaró, sin embargo, de manera acertada, la nulidad de los artículos 89 y 90 y estableció la interpretación de los artículos 40 y 43 de la mencionada Ley. En el ámbito legislativo, el proceso de reforma de la LTDA no tuvo continuidad y, por consiguiente, también se vio paralizada la discusión de su Reglamento.

Provea registró, entre enero y septiembre de 2003, el asesinato de 4 dirigentes campesinos que luchaban por el derecho a la tierra; mientras que información aportada por organizaciones campesinas cuantifica en 20 las víctimas, contabilizadas desde años anteriores. Ninguno de estos asesinatos fue atribuido a organismos de seguridad del Estado y en varios de ellos las familias afectadas u organizaciones campesinas, responsabilizaron de las muertes a sicarios, presuntamente contratados por grandes propietarios. A su vez, algunos productores del campo denunciaron haber sido agredidos o amenazados por organizaciones campesinas o funcionarios del Estado; en tanto que propietarios denunciaron arbitrariedades de funcionarios del INTI, tales como violación al debido proceso y la promoción de las invasiones. La inexistencia de un catastro que determine con certeza jurídica cuáles tierras son propiedad del Estado y cuáles privadas, continuó siendo fuente de este conflicto.

En relación con los derechos de los pueblos indígenas se concretaron algunos avances normativos e institucionales, en particular en el ámbito educativo y cultural. Sin embargo, se mantiene la situación estructural de violación de estos derechos, debido a la inexistencia de políticas indigenistas claras, así como a la existencia de procesos y proyectos que menoscaban la vigencia de los derechos humanos de estos pueblos, tales como: a) el mantenimiento de la inseguridad jurídica, al no concretarse, en el período, la aprobación de la ley marco para la acción indigenista estatal (Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas); b) la inseguridad en materia territorial, por el retardo en la demarcación de los hábitat y tierras indígenas; c) la continuidad o el anuncio de megaproyectos en territorios indígenas; y d) la persistencia de las condiciones de precariedad en relación con la situación de salud indígena. Cabe destacar, como circunstancia agravante, la persistencia de situaciones que atentan contra el derecho a la seguridad ciudadana de los indígenas Barí, en la Sierra de Perijá (Edo. Zulia), por la acción de grupos paramilitares de Colombia que incursionan en territorio venezolano.

De cara al resguardo de los derechos culturales de los pueblos indígenas, destaca como positivo su participación en el proceso de diseño y revisión curricular y elaboración de guías pedagógicas para la educación intercultural bilingüe. Otras medidas que apuntan en la misma dirección son la formación de 3.500 docentes indígenas, la constitución de un Consejo Editorial Indígena, la orden del Ejecutivo de traducir el texto constitucional a idiomas indígenas y el haber declarado el 12 de octubre, como “Día de la Resistencia Indígena”.

En el marco de la deficiencia que acusa el proceso de definición de políticas, sólo se registran las iniciativas emanadas desde la Dirección General de Asuntos Indígenas (DGAI) adscrita al MECD.

Los planes y acciones gubernamentales continuaron siendo puntuales e implementados con un enfoque etnocéntrico y fragmentado. Como ejemplos de estas inconsistencias en la acción gubernamental resaltan dos situaciones: a) el desplazamiento forzoso de comunidades Warao a las urbes; y b) el incumplimiento de los puntos de entendimiento acordados entre el Gobierno y la Federación Indígena de Bolívar (FIB) relativos a estudios de impactos del Tendido Eléctrico a Brasil y la participación de los pueblos indígenas en la definición del uso, administración y gestión de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). El desplazamiento de comunidades Warao a las principales urbes de Venezuela tiene como trasfondo situaciones de tipo estructural (inseguridad jurídica territorial, desarraigo cultural, pobreza) y coyuntural (epidemias, contaminación ambiental, manipulaciones exógenas) que vulneran su derecho de autodeterminación, al socavar la bases económicas y culturales para su autodesarrollo.

El proceso de demarcación territorial presenta un gran retraso, ya que por mandato constitucional debió finalizar en diciembre de 2001. Esta demora genera tres tipos de conflictos: a) invasión y desalojo del territorio indígena; b) explotación de los recursos por terceros; y c) asignación de usos especiales por parte del Estado.

Con respecto a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, indígenas amazónicos exigieron que se devuelva la información tomada por el Proyecto Biozulua a las comunidades indígenas de donde se tomó. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (quien posee la base de datos), por su parte, respondió manifestando que será protegida y que no se otorgará ningún permiso para divulgar su contenido. Asimismo, la Oficina Nacional de División Biológica (ONDB) y la DGAI suspendieron las autorizaciones para expediciones en los territorios de pueblos indígenas, hasta tanto no se disponga de una normativa para la protección de los conocimientos indígenas en materia de diversidad biológica.

La situación del derecho a un ambiente sano presentó avances y retrocesos. Al igual que otros derechos, este también se vio afectado por la polarización política, principalmente durante la paralización de la industria petrolera en el marco del Paro Petrolero. La afectación de las operaciones de la industria dio paso a una alerta ambiental en el ámbito nacional; y aunque las versiones sobre los accidentes ocurridos se inscriben en lecturas diversas -no exentas de la diatriba política- a finales de enero de 2003 las autoridades de ambiente informaron que desde el 06.10.02 se habían producido 95 sucesos que incluyeron derrames de crudo (8.350 barriles), de gasolina (524 barriles) y fugas de gas, siendo el Edo. Zulia la región más afectada.

Sobre la gestión del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) durante el lapso analizado, destaca como aspecto positivo la dotación de agua potable a los sectores más vulnerables y el saneamiento en ese ámbito. También se evalúan positivamente el saneamiento y la conservación del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), como una prioridad en la ejecución 2002 y la ejecución del proyecto de Saneamiento Ambiental del Litoral Central. Otro aspecto positivo fue la aprobación y ratificación del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología y la realización de campañas de educación ambiental, así como la culminación de la primera fase del Proyecto Plaguicidas, que incluyó el control de aproximadamente 1.000 toneladas métricas de desechos peligrosos, ubicados en diferentes regiones.

Durante el lapso el tema ecológico estuvo ausente de la mayoría de los grandes discursos o iniciativas del Jefe de Estado venezolano. Uno de los aspectos negativos de la gestión del MARN fue el relanzamiento de un nuevo proyecto de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca, sometido a una consulta pública limitada y carente de la información adecuada; amén de que, en opinión de varios grupos ambientalistas, la propuesta contempla el uso minero de esta área, lo que es contrario al objetivo de las reservas forestales y las medidas cautelares dictadas en 1997 por el máximo Tribunal. Se observa la ausencia o debilidad de presión a otras instancias estatales para lograr que Venezuela suscriba el Protocolo de Kyoto sobre cambios climáticos. Igualmente faltan iniciativas para actuar, de manera coordinada con otras instituciones, frente a las ocupaciones ilegales en las ABRAE. Otra deficiencia se observa en la continuación del Proyecto Minero Las Cristinas, a instancias del Ejecutivo, en la Reserva Forestal de Imataca. Igualmente negativa es la entrega de permisos para megaproyectos petroleros, gasíferos, carboníferos y mineros sin los requeridos estudios de impacto ambiental y sociocultural, ni la previa información y consulta con las comunidades. Entre estos se encuentran el Proyecto de la Plataforma Deltana (Edo. Delta Amacuro) y el Proyecto Mariscal Sucre o Paria Norte (Edo. Sucre), de explotación gasífera – petrolera; el Plan Puerto América para traslado de carbón (Edo. Zulia); y el Proyecto del Puerto de Aguas Profundas, de transporte por vía marítima de hierro, calizas y otros minerales (Edo. Sucre). Por otro lado, la aprobación de la Ley de Semillas y Materiales para la Reproducción Animal e Insumos Biológicos representó un retroceso, porque en lugar de limitar y restringir el uso de transgénicos, se incorporó la investigación y uso de los mismos.

En cuanto al derecho a la vida, en el lapso analizado se registraron 165 denuncias, lo que significa una disminución del 6%. Variación que no devela una mejoría cualitativa, en tanto que las denuncias registradas se enmarcan en patrones de actuación que persisten desde hace más de una década y que están orientados a procurar la impunidad de estos hechos. Sumada a ella, la inexistencia de políticas democráticas de seguridad ciudadana, permiten prever que esta mejoría responde más al comportamiento inercial de la ocurrencia de violaciones que a la modificación de los factores estructurales que inciden sobre ella.

En correspondencia con la tendencia observada desde 1989, bajo el patrón de ejecuciones se inscribe el 78% de las denuncias. Los mecanismos implementados se inscriben en actuaciones harto denunciadas, como la simulación de enfrentamientos, que incluye la alteración de la escena; la descalificación de la víctima, con o sin base, arguyendo que poseía antecedentes penales; y la intimidación y amenazas a testigos y/o familiares.

La caracterización de las víctimas, según las variables de sexo y edad, indica que los hombres representan el sector más vulnerable (96% del total de víctimas), en especial los de edades comprendidas entre los 18 y 30 años (68% del total). Catorce por ciento (14%) de los casos correspondieron a niños, niñas y adolescentes (2 niñas y 17 adolescentes varones).

En cuanto a los cuerpos de seguridad señalados, en 52% de los casos recayó sobre las policías regionales, destacando la PE Aragua (19), la PE Anzoátegui (15), la PE Carabobo (10) y la Policía Metropolitana (10). Las policías municipales agruparon el 23% de las denuncias y la Policía del Municipio Simón Bolívar (Edo. Anzoátegui) registra el mayor número, con 11 víctimas, seguida de la Policía del Municipio Sucre (Edo. Miranda) con 7 y la Policía del Municipio Caroní (Edo. Bolívar) con 5 casos. Después de las 4 policías estadales con más denuncias, sobre la policía municipal Simón Bolívar (Edo. Sucre) recaen la responsabilidad en mayoría de casos. Sobre los cuerpos de seguridad dependientes del Poder Central (civiles y militares) recayó el 21% de las denuncias y a diferencia del período anterior, cuando el Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) encabezó la lista de los organismos nacionales denunciados, en este lapso la FAN destacó por aglutinar el mayor porcentaje (10%), encabezando la lista la Guardia Nacional (GN) con 11 víctimas. Respecto a las entidades federales donde se registran los hechos denunciados, el 70% se concentra en 5 regiones: Anzoátegui (21%), Aragua (15%), Caracas (14,5%), Carabobo (11%) y Miranda (9%).

Sobre las investigaciones que se deben iniciar frente a estos casos, el Ministerio Público (MP) informó que entre 2001 y abril de 2003 han sido imputados 173 funcionarios policiales, de los cuales 41% han sido objeto de acusación y en 10 casos recibieron sentencias condenatorias. Las actuaciones del MP siguen siendo insuficientes; no obstante, las mismas también dan cuenta de una línea de trabajo trazada por la institución, que requiere mayor desarrollo y fortalecimiento, en aras de atender uno de los principales escenarios de violación de los derechos civiles, que afecta especialmente a los hombres jóvenes de los sectores populares.

Se presentaron 3.627 denuncias de detenciones ilegales o arbitrarias, lo cual representa una disminución de 20% en el registro de violaciones al derecho a la libertad personal. Esta cifra incluye los tres patrones utilizados: detenciones individuales (2%), masivas (96%) y las efectuadas en el marco de manifestaciones o protestas (2%). El actual período registra la cifra más baja de detenciones arbitrarias de los últimos cinco años.

En dos de los tres patrones se registra una disminución. La excepción se encuentra en el patrón detenciones individualizadas, donde ocurrió un leve incremento de 2,9% respecto al período anterior. En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos de seguridad, la mayoría de las detenciones masivas (77%) se registró en operativos conjuntos en los que participaron organismos regionales y dependientes del Poder Central: GN, la Dirección de Servicios de Información y Prevención (Disip), el CICPC, Tránsito Terrestre. Estos operativos discriminatorios, que implican la detención de personas en sectores populares, se repiten en Táchira, Carabobo, Monagas, Miranda y Zulia. Además de los sectores populares, uno de los sectores más afectado sigue siendo el de los niños, niñas y adolescentes. De las detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones reprimidas, la GN fue responsable del mayor número de casos, concentrando el 46,3% del total (69). Bajo el patrón de detenciones individualizadas, la PE Aragua destaca como responsable del 27% de las privaciones arbitrarias de libertad y la actuación policial que prevalece es el abuso de poder.

Se produjeron 46 detenciones vinculadas a causas políticas, 34 de las cuales ocurrieron en manifestaciones y el resto en la ejecución de medidas de privación de libertad, adoptadas por instancias judiciales que, al incurrir en violaciones al debido proceso, afectaron garantías del derecho a la libertad personal. En centros de detención preventiva, como calabozos, retenes y comisarías, persisten condiciones inhumanas de detención, derivadas principalmente del hacinamiento.

Las denuncias de violaciones del derecho a la integridad personal (137) registran un descenso de 57,7% en comparación con las 324 conocidas en lapso anterior. El mismo comportamiento se mantiene en el renglón de víctimas, donde las 567 registradas en el período dan cuenta de un descenso del 46,7% frente a las que se produjeron en el período pasado (1.064). Al igual que en lapsos anteriores, la mayoría de las víctimas (283) corresponde al sexo masculino.

De los cinco patrones, cuatro registran disminución. Sin embargo, preocupa que el único incremento se registre en el patrón de tortura, que suma 15 casos para un total de 30 víctimas, contra 10 casos y 17 víctimas en el período anterior; 10 de estos casos están relacionados con situaciones derivadas del conflicto político. Bajo el patrón de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes se inscribe el 44,8% del total de víctimas y se ubica como el principal patrón de violación a la integridad personal. Las víctimas que se inscriben en esta modalidad pasaron de 500 en el lapso anterior a 254 en el presente período. En el contexto de allanamientos se produjo el mayor número de víctimas (79) de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. En cuanto al patrón de heridos, en 25 casos resultaron afectadas 119 víctimas (disminución de 50,8%), la mayoría de las cuales se produjo en el desarrollo de manifestaciones pacíficas reprimidas. El patrón amenazas y hostigamiento totalizó 22 casos y 110 víctimas, con un descenso de 34,9% al comparar con el lapso anterior, y en su mayoría corresponden a actuaciones de abuso de poder. En esta oportunidad, las amenazas y hostigamientos a activistas de derechos humanos se incrementaron significativamente, de 7 a 23. Los allanamientos ilegales contabilizaron 54 víctimas, en contraposición con las 266 registradas anteriormente, para una disminución del 80%; en este grupo resaltan negativamente los allanamientos que afectaron las sedes de instituciones educativas en el contexto de manifestaciones estudiantiles.

La mayoría de las denuncias de violaciones a la integridad personal recaen sobre las policías estadales, que en conjunto son responsabilizadas del 35,3% del total de víctimas (206) y de estas, la más denunciada es la PE Aragua (53 víctimas, 9,3%), seguida de la PE Barinas con 37 (6,5%) y de la Policía Metropolitana con 25 víctimas (4,4%). Entre los organismos dependientes del Poder central, los diferentes componentes de la FAN registran el mayor número de denuncias (187 víctimas, 32,9%) y de estos, la GN destaca con el mayor porcentaje (147 víctimas, 25,9%); le siguen el CICPC (20 víctimas, 3,6%) y la Disip (10 víctimas, 1,8%). Las acciones conjuntas representaron un total de 83 víctimas, para un 14,7%. Por su parte, las policías municipales aglutinaron el 10,7% con 61 víctimas, destacando la Policía del Municipio Bolivariano Libertador (33 víctimas, 5,8%).

Sobre las entidades federales donde se registraron los hechos denunciados, tres entidades agrupan la mayoría de las víctimas: Barinas (28,7%), Caracas (20,5%) y Aragua (11%).

Al cierre de este Informe, la Defensoría del Pueblo no había publicado el Anuario 2002, lo que impidió contar con información complementaria para analizar la actuación de los cuerpos de seguridad. No obstante, destaca como positivo que presentara ante el Comité contra la Tortura (ONU) un informe paralelo al del Ejecutivo, con información sobre el seguimiento de las Recomendaciones hechas a Venezuela por ese Comité, las denuncias registradas en el año 2001 y los primeros cuatro meses de 2002. En materia legislativa no se registraron avances y la AN seguía en mora con la Disposición Transitoria Cuarta de la CRBV relativa a la aprobación de la legislación sobre la sanción a la tortura, ya sea mediante ley o por la reforma del Código Penal.

Al igual que en los cuatro períodos anteriores se mantiene un ambiente general de respeto al derecho a la manifestación pacífica. Se registraron 1.243 manifestaciones de carácter pacífico, de las cuales 35 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado (un 2,8%). Se evidencia una disminución tanto en términos absolutos como proporcionales, respecto al período anterior, cuando fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas 45 (3,6% del total). Eso significa 1 de cada 36 en el período anterior contra 1 de cada 25 en este período, con lo cual se continúa la tendencia iniciada en 1998 a la disminución de la represión en manifestaciones pacíficas. Además, el porcentaje de manifestaciones reprimidas en el presente lapso es el más bajo de los últimos 10 años y de esta gestión. Sin embargo, las acciones de funcionarios de organismos de seguridad continúan arrojando saldos lamentables. En el período, 4 personas murieron en el contexto de manifestaciones como consecuencia de la acción de organismos de seguridad, mientras que 117 fueron heridas por armas de fuego, lesionadas o asfixiadas (una reducción de 28% respecto al período anterior); y 69 personas fueron detenidas arbitrariamente (descenso de 45% con respecto al período anterior). Los estudiantes fueron los más vulnerados en su derecho a la protesta, con 11 manifestaciones reprimidas (31,4%), lo que significa un retroceso a la situación de 1992-2000.

Pese a lo que se puede considerar avances en la situación de este derecho, en relación con la obligación de abstención del Estado, la situación varía si se analiza su obligación de protección frente a amenazas de particulares. En efecto, en el contexto de polarización política que vive el país, 101 manifestaciones de apoyo o rechazo al proyecto del gobierno nacional tuvieron un carácter violento, en el período y 15 personas fueron asesinadas (4 por funcionarios de seguridad y 11 por particulares afectos o adversos al gobierno) en medio de manifestaciones. Garantizar la vida, integridad y seguridad de todos los manifestantes es una obligación que el estado debe cumplir, aún en situaciones de gran complejidad como la polarización que vive el país.

El disfrute del derecho a la seguridad ciudadana se encuentra severa y peligrosamente limitado. En este período se registró el incremento en las tasas de homicidio, robos y secuestros. El número de delitos registrados en 2002 presenta un incremento de 16% con respecto al año anterior, pasando de una tasa de 938 a otra de 1.138 por cada 100.000 habitantes. Los homicidios presentan un incremento de 21% con un número total de muertes de 9.617 (para 2002) contra 7.960 del año anterior. Los homicidios continúan su tendencia ascendente en Caracas, mientras que en los estados Zulia, Carabobo y Vargas registran tasas por encima de la media del país. La situación empeoró en prácticamente todos los estados, siendo notables los incrementos en Zulia, Amazonas, Cojedes, Táchira y Anzoátegui. Por otra parte, y como indicador de los efectos deletéreos de la impunidad, la frecuencia de linchamientos aumentó en un 47% en este período. La guerra contra el delito librada por los cuerpos policiales produce por lo menos 18% del total de homicidios registrados oficialmente.

La delincuencia, al igual que en lapsos anteriores, continúa siendo percibida como uno de los principales problemas del país, aunque se encuentra superada esta vez por el desempleo y la situación política.

En cuanto a las políticas desarrolladas en el lapso estudiado, se reitera la tendencia a superponer planes, programas y proyectos, siendo evidente la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. A los gravísimos problemas de las policías, se añade el que hayan entrado de lleno en la polarización política, debilitando con ello su rol de garantes de la seguridad de los ciudadanos, sin discriminación. En cuanto al sistema de justicia penal, cabe decir que el conocimiento y sanción de delitos, aunque aumentó levemente en los últimos años, dista mucho de cumplir objetivos mínimamente requeridos para un adecuado control democrático de la criminalidad.

Venezuela registra una tasa superior a la estimada por la ONU de 350 policías por cada 100.000 habitantes, ubicándose en 505,2. Sin embargo, resulta evidente la inequitativa distribución de estos funcionarios, particularmente en el Distrito Metropolitano. Como ejemplo de ello, el Municipio Chacao (al este de Caracas), tiene una tasa de 1.217,7 por cada 100.000 habitantes mientras que el Municipio Libertador tiene una tasa de 63,6.

Entre las principales críticas al sistema policial venezolano cabe señalar la falta de normas inequívocas sobre las atribuciones de los dos ministerios competentes en lo policial (MIJ y Mindefensa); la ausencia de mecanismos de coordinación entre los servicios policiales; el hecho de no haberse promulgado aún una ley orgánica de policía; y la ausencia de mecanismos sociales e institucionales de control sobre estas instituciones. En anteriores entregas ya se ha discutido acerca de lo grave y letal del recurso de los “enfrentamientos” entre civiles y funcionarios policiales, donde se registra una relación de 435 civiles y 11 funcionarios muertos, revelando una proporción de 1:25.

A lo largo del período en estudio continuaron las amenazas a la independencia del Poder Judicial, lo que afectó una de las garantías del derecho a la justicia. Situación que se evidenció, principalmente, en declaraciones de altos personeros del Ejecutivo nacional que abiertamente llamaron al desacato de las decisiones judiciales que le resultaban políticamente desfavorables, y de funcionarios estadales o municipales, tanto afectos a los partidos de la coalición de gobierno como de la oposición.

Existe preocupación en torno a algunas disposiciones propuestas por la bancada oficialista en el proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ); una de ellas es la incorporación de parlamentarios en la integración del Comité de Postulaciones Judiciales, en una interpretación, a nuestro juicio errónea, de lo que la CRBV establece como representación de sectores sociales; y entre las actuaciones del Ejecutivo que califican como contrarias al respeto de la autonomía del Poder Judicial, se encuentra el desacato a la decisión de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en lo referente al ejercicio de médicos cubanos en el Plan “Barrio Adentro”.

El Poder Judicial emitió un acuerdo que, bajo el alegato de preservar su majestad frente a actuaciones que la irrespeten, corre el riesgo de establecer restricciones indebidas a la libertad de expresión y constituir nuevos obstáculos al acceso a la justicia, de litigantes y otros interesados en procesos judiciales.

La reforma judicial, adelantada desde hace casi 10 años, presenta pocos resultados y menos impacto real en el mejoramiento del sector justicia, retardo procesal y desconfianza en los operadores de justicia, al tiempo que un porcentaje importante de los órganos policiales son objeto de denuncias e investigaciones judiciales por su participación en violaciones de derechos humanos. Por su parte, el Poder Ciudadano registra importantes signos de debilitamiento institucional.

Otro ámbito que da cuenta de la debilidad del poder judicial es la provisionalidad que prevalece en los operadores del sistema de justicia que en este período, según diversos estimados, osciló entre 80% y 60%. Escenario que no avizoró cambios, en tanto que los procesos de concursos para la provisión de cargos del Poder Judicial tenían, al cierre de este Informe, más de siete meses suspendidos, por instrucciones de la Sala Plena del TSJ.

Por segundo año consecutivo, ni el MP ni la Defensoría del Pueblo han cumplido con el deber de informar anualmente a la ciudadanía sobre su gestión. Transcurrió un año más sin que la AN avance en la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

El período también registra algunos indicadores positivos. Si bien su impacto debe evaluarse en función del conjunto de variables antes descritas, los mismos dan cuenta de medidas importantes adoptadas desde el Estado. Nuevamente el presupuesto para el Poder Judicial se mantuvo por encima del 2% de los ingresos ordinarios del Estado, tal como lo establece la Constitución, para ubicarse en el año 2003 en 2,5%; se mantuvo el incremento en el número de defensores públicos, aunque estos siguen siendo insuficientes; y el 13.08.03 entró en vigencia el nuevo proceso laboral que está logrando mayor celeridad procesal y solucionando en la etapa conciliatoria una importante proporción de los procesos iniciados.

Los derechos de las personas detenidas y encarceladas se vieron afectados por la continuidad de las tendencias negativas que comenzaron a manifestarse en el año 2001. El número de personas encarceladas ha crecido de forma sostenida, superando en agosto de 2003 la cifra de 20.000 reclusos. Por otro lado, la relación entre penados (46,5%) y procesados (53,5%) se invirtió en el último año, prevaleciendo por primera vez desde la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) el número de reclusos procesados sobre aquellos que han recibido sentencia judicial, en una clara violación a lo establecido en el COPP y en la Constitución Nacional. En esta variación incidieron las sucesivas reformas del COPP, que restringieron sus aspectos más garantistas retornando al uso generalizado de la prisión preventiva. Igualmente negativo resulta lo limitado de la asistencia legal gratuita, dado el volumen de procesados que carecen de medios para costear otra forma de representación legal. Se registró, sin embargo, un incremento (17%) en el número de defensores públicos en el área penal.

Estos cambios se asocian con un franco retroceso en la situación de los derechos de los reclusos, particularmente en los hechos violentos, el hacinamiento y el deterioro de las condiciones dentro de las cárceles, todos los cuales registran un incremento.

Para el año 2002 el número de muertos y heridos de forma violenta se incrementó en un 18,9% en relación con el año 2001 y para el primer semestre de 2003 el número de víctimas aumentó en un 9,5% frente al mismo período del año anterior. Al desglosar los renglones de heridos y muertos, se aprecia que este incremento se acentúa en el caso de los decesos; así, entre el año 2001 y 2002, los reclusos muertos dentro de las cárceles por acciones violentas aumentaron en un 27,3%, pasando de 249 a 317 fallecidos. Bajo el renglón de heridos, las víctimas se incrementaron en un 17,4%, entre el año 2001 y 2002.

La sobrepoblación carcelaria, calculada en función de una capacidad de albergue estimada en 16.389 cupos, se ubicó en 130%; lo que varía según cada centro de reclusión, en algunos de los cuales la situación es más severa.

También se produjo un desfase entre los recursos disponibles y las necesidades de los reclusos; de forma que, mientras la población reclusa aumentó, el presupuesto destinado a gastos de alimentación se redujo sustancialmente. Para el segundo semestre de 2002, la partida presupuestaria para tal propósito fue de Bs. 6.218.269.400, en tanto que en el primer semestre de 2003 decreció a Bs. 4.525.362.735,50, suponiendo un monto aproximado de Bs. 1.178 diario por prisionero. Un caso que expuso las condiciones de vida de los internos y los graves riesgos sanitarios en las cárceles, fue la detección de un brote de fiebre tifoidea en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso (Caracas), conocido como La Planta, contexto en el que fallecieron 2 reclusos. La investigación de las autoridades sanitarias determinó que la enfermedad dentro del penal se propagó a través de los alimentos.

Se mantuvo el déficit en el personal de custodia y en el de funcionarios técnicos encargados de atender las demandas de los reclusos en materia educativa, de salud, recreacional y sobre beneficios procesales y penales. En tanto que los problemas de excesos y abuso de autoridad por parte del personal carcelario persisten. En el lapso se registró la denuncia sobre un recluso asesinado por un vigilante, luego de reclamar por los maltratos inflingidos. Durante el período se realizaron diversas protestas de reclusos y familiares exigiendo mejoras en las condiciones de encarcelamiento y celeridad en el otorgamiento de beneficios, comenzando en el 2003 con una huelga de hambre que involucró al menos a 20 penales y a cerca de 5.000 presos. Desde octubre de 2002 hasta septiembre de 2003 se contaron, de acuerdo con los registros de prensa, 35 conflictos carcelarios, más, al menos, 7 acciones de protesta por parte de familiares de los reclusos.

Las actuaciones del Ejecutivo y otros poderes públicos que destacan como positivas siguen sin revertir las precarias condiciones que imperan en los centros de reclusión. En el lapso, se trazaron líneas generales en materia penitenciaria por parte del MIJ, de la Defensoría del Pueblo y el MP, que abordan el problema del retardo procesal y la descentralización de las prisiones. En el área de infraestructura, además de una inversión aproximada de 5 millardos en refacciones menores, el FONEP adelanta acciones para la rehabilitación y remodelación de los centros existentes.

En relación con el derecho a la libertad de expresión e información se constató un amplio y vigoroso debate público de ideas en los distintos medios de comunicación, públicos y privados, y también la comisión de excesos y abusos en el ejercicio de este derecho. Provea registró un número elevado de casos en los que se vulneró este derecho, particularmente asociados a expresiones de intolerancia política.

El número de casos alcanzó un total de 107 en comparación con los 115 registrados en el período anterior, lo que implica una reducción del 7%. No obstante ello, en esos casos se afectó a 158 víctimas, lo que implica un aumento del 1,3 % en comparación con el período anterior, cuando se registraron 156. El patrón agresiones físicas a comunicadores y ataques a las sedes de los medios, por parte de particulares, sigue siendo el más frecuente.

Continuó el conflicto entre los medios de comunicación y funcionarios estatales, el cual se encuentra en el centro de los problemas que afectan la situación de este derecho y se registró un incremento de aplicación de medidas administrativas sobre la base de normativas sublegales (reglamentos y decretos), contrarias al contenido del derecho humano a la libertad de expresión y a la información en el ámbito interamericano, especialmente en lo relativo al desacato.

En el contexto del paro realizado entre diciembre de 2002 y febrero del 2003, la polarización política ocupó a todos los medios de comunicación, oficiales y privados, y en lugar de la programación o las páginas habituales, prevalecieron los espacios de propaganda política, en muchos casos, cargados de intolerancia e incitación al delito. En el caso de las televisoras, la programación destinada a los niños desapareció de las pantallas. En ese contexto, simpatizantes del Presidente Chávez realizaron manifestaciones en sedes de periódicos y de canales de televisión exigiendo mayor pluralidad y veracidad, siendo posible distinguir entre manifestaciones pacíficas y violentas. Estas últimas ocasionaron severos daños materiales en instalaciones de medios privados de comunicación.

En el contexto político de agudización de la polarización, los comunicadores fueron víctimas de agresiones mientras realizaban labores profesionales, manteniéndose como un sector vulnerable. Se registraron casos en los que periodistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos resultaron lesionados por piedras, golpes y perdigones. El aumento de las agresiones directas a medios y a profesionales de la comunicación fue de un 40,3 % en relación con el período anterior. Existe una relación directamente proporcional entre la intensidad del conflicto político y los hechos violentos que afectan a medios y periodistas.

Hubo un caso de detención a un empleado de un medio de comunicación social y en cuatro oportunidades se observaron situaciones de retención de equipos de reporteros que estaban en pleno ejercicio. Asimismo, se contabilizaron casos en los que particulares ocasionaron daños a sedes de medios de comunicación y a equipos de trabajo como cámaras y unidades de microondas. Hubo intensos debates en relación con el proyecto de Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión que comenzó a ser discutido en la AN y que establece normativas que podrían limitar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. El único cierre de medios conocido en el período fue el de la estación de televisión comunitaria Catia TV, ordenado por la Alcaldía Metropolitana.

De los casos registrados en este período, 61 son producto de la acción de particulares y39 responsabilidad directa del Estado. Se constató un leve descenso en los casos conocidos, tanto en los de responsabilidad de particulares (que fueron 52 en el período anterior), como en los de responsabilidad estatal (que fueron 63). Este descenso numérico no guarda correspondencia con un descenso en la cualidad de las agresiones a medios y comunicadores.

En relación con la fecha de ocurrencia de los casos se observó que 23 (21,5%) se registraron en el mes de diciembre, 22 (20,6%) en enero y 15 (14,0%) en febrero, para un total de 60 (56%) en los meses en los que el conflicto político fue más intenso. La mayor parte de los hechos, 46 (43,0%) sucedieron en el Distrito Capital, la región de mayor relevancia en cuanto al conflicto político. La segunda región que registró mayor número de casos fue Aragua con 13 (12.15%), seguida de Anzoátegui con 7 (6,5%).

El disfrute del derecho al asilo y refugio por parte de los solicitantes no registró avances durante el período. Estas personas esperan respuesta del Estado, dado que el mecanismo para reconocer el estatus jurídico de los solicitantes de asilo todavía no se pone en funcionamiento, lo que los mantiene en una situación de inseguridad jurídica que afecta negativamente sus derechos. No obstante, a partir de abril de 2003, el Ejecutivo tomó algunas decisiones, que valoramos positivamente, tales como la instalación de la Comisión Nacional para los Refugiados y la adopción del Reglamento de la Ley Orgánica para Refugiados y Refugiadas y Asilados y Asiladas (LORA).

La mora en las decisiones sobre las solicitudes, la ausencia de entrega de documentos idóneos y el irrespeto al debido proceso en la tramitación de los casos, son actuaciones que lesionan gravemente este derecho.

La falta de documentación adecuada que acredite la condición de solicitantes de refugio, permite que sean asumidos por el Estado venezolano como migrantes ilegales, lesionando este y otros derechos relacionados. Así: a) son objeto de detenciones o amedrentamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en especial de la Fuerza Armada Nacional (FAN) asentada en la frontera, violando con ello uno de los principios de este derecho que es la no sanción por presencia ilegal, con riesgo de que se produzcan deportaciones que violarían, además, el principio de no devolución; b) se les afecta el goce y ejercicio de los DESC, por limitación en el acceso a los servicios básicos de salud, educación o trabajo; c) se debilitan los derechos a la seguridad e integridad personal, en escenarios donde hay multiplicidad de actores armados, situación especialmente grave en la frontera con Colombia; d) dificulta su movilización dentro del territorio nacional.

ACNUR registró un total de 1875 personas solicitantes en 554 casos, de los cuales el 89 % se encuentran ubicados en los estados Apure, Táchira y Zulia. El 99 % de los solicitantes son de nacionalidad colombiana. Ello implica un aumento del 87,5% en comparación con el período anterior cuando se registraron 1000 personas.

En cuanto al derecho al asilo político, al igual que en el período anterior, se observa una situación de respeto. En los 6 casos conocidos, en los que Venezuela fue país emisor, cumplió con las obligaciones que se desprenden de los instrumentos que consagran este derecho. No obstante, en este tema hay que señalar que Venezuela ha dejado de ser un país receptor de asilados políticos para convertirse en uno emisor, dato que constituye un indicador del conflicto venezolano, y que implica una señal de alarma.

Del 07 al 20 de noviembre de 2003

Servicio informativo Nº 129

CONTEXTO

Provea acompaña en su dolor a los familiares y amigos de Luis Anderson, Secretario General de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres/Organización Regional Interamericana del Trabajo (CIOSL/ORIT), quien falleció el pasado sábado 15.11.03 en Caracas.

La larga trayectoria de lucha de Anderson, su compromiso con la causa de la justicia social y los derechos humanos de los/as trabajadores/as de América Latina y el mundo, son un ejemplo para seguir el camino de la dignidad y la democracia plena en todos nuestros países.

Sus restos fueron velados en la Funeraria Vallés de Caracas y el día 19.11.03 se trasladaron a su país, Panamá, donde se incineraron.

Un grupo de personalidades provenientes de distintos quehaceres sociales, acompañados por una serie de redes y organizaciones sociales con posiciones políticas diversas, pero interesados/as en que el conflicto político que vive actualmente el país se resuelva pacíficamente, suscribieron un documento titulado «Aquí cabemos todos. Paz en movimiento-Paz en construcción».

Este pronunciamiento puede ser leído en la sección DOCUMENTOS y está abierto a la adhesión, bien sea colectiva o individual, a través del correo-e: conpaz@cantv.net.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La red informativa de Human Strategies for Human Rights informó que la Corte IDH acaba de dar a conocer su Opinión Consultiva OC-18/03 relativa a la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (Human Strategies for Human Rights, 26.10.03, info@hshr.org). Una Opinión Consultiva es un pedido enviado por un Estado miembro al sistema interamericano de protección de derechos humanos para la interpretación de uno o más artículos de un tratado o declaración. En este caso, la solicitud fue hecha por el Gobierno de México, que instó a la Corte IDH a responder sobre las siguientes cuestiones: ¿Los Estados pueden aplicar distintos tratamiento hacia individuos sobre la base de su estatus migratorio?; ¿Está legalmente permitido que los Estados americanos consideren el estatus migratorio como condición necesaria para garantizar los derechos? ¿La aplicación de esta consideración puede considerarse una violación de los principios de igualdad ante la ley y ante los instrumentos internacionales ratificados por estos Estado?

Las respuestas del máximo tribunal hemisférico a este respecto fueron resumidas por la fuente del siguiente modo:

  1. Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental;
  2. La aplicación de cualquier tratamiento discriminatorio es incumplimiento del Estado de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos y, por ende, ésta le genera responsabilidades internacionales;
  3. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno;
  4. El principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens;
  5. El principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares;
  6. La obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas;
  7. El derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna;
  8. La calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. Al asumir una relación de trabajo, el migrante adquiere derechos por ser trabajador que deben ser reconocidos y garantizados independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral;
  9. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales;
  10. Al ser titulares de los derechos laborales, los trabajadores deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos. Los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica;
  11. Los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.

Para más detalles, la opinión consultiva puede ser revisada en toda su extensión en el sitio web: http://www.corteidh.or.cr/SERIE_A/Serie_a_18_esp.doc.

Este 10.11.03, Luigi Einaudi, Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), inauguró la ronda de negociaciones para buscar consensos sobre el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Organización de los Estados Americanos, 11.11.03, http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/ esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp), una tarea que se viene desarrollando desde el año 1997 con la participación de líderes de organizaciones y comunidades indígenas y de los representantes y técnicos de los Estados miembros.

La convocatoria fue hecha por el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana, y contó con la participación de representantes de los pueblos indígenas de más de 20 Estados miembros. Durante los 3 días de debate, los delegados consideraron temas como la identidad cultural, los derechos organizativos y políticos y derechos laborales y de salud que forman parte de la Declaración Americana. El resultado de estas deliberaciones servirá de plataforma para la Sesión Especial que se realizará en febrero del 2004. (Organización de los Estados Americanos, 10.11.03, http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp)

Héctor Huertas, líder indígena del Pueblo Cuna de Panamá participante en las sesiones, subrayó la intención de los derechos reconocidos en este proyecto de Declaración: “ayudar a fomentar una nueva época en la relación actual entre los estados y los pueblo indígenas” (Ídem.).

Eduardo Ferrero, Embajador de Perú ante la OEA y Presidente del Grupo de Trabajo, aseguró que se adoptaron las medidas necesarias para asegurar la participación efectiva y continua de los representantes de los pueblos indígenas y la transparencia del proceso.

Cabe destacar que uno de los aspectos que más despertó controversias fue el relativo al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. La sesión del 10.11.03, dedicada a este aspecto, culminó sin acuerdos cuando los representantes de los Estados miembros argumentaron que el texto debe consagrar el derecho a la libre determinación interna, mientras que los voceros de los pueblos indígenas mostraron su desacuerdo por la posibilidad de que el texto asiente limitaciones a este derecho. Una fuente que reseña lo acontecido señaló que «este derecho está contenido en tratados internacionales de Naciones Unidas, como la Carta de San Francisco, suscrita por los Estados americanos, pero la reticencia está relacionada con el temor de los Estados a que un reconocimiento específico de este derecho a los pueblos indígenas abra las puertas a movimientos independentistas». (El Universal, 11.11.03, http://www.eud.com/). Ante tal preocupación, Huertas respondió que la libre determinación no significa secesión o la independencia: «no negamos la ciudadanía […] y estar acá significa que aceptamos el sistema interamericano. La libre determinación de los pueblos indígenas es un concepto de derechos humanos, no un concepto político» (Ídem.). Por su parte, Ferrero propuso dejar el controversial punto para el final del encuentro «si es que queda tiempo para discutirlo, o para el futuro» (Ídem.).

Al cierre de esta edición, aún se desconoce el borrador de este proyecto y si hubo acuerdos más concretos.

Entre el 06 y el 21.11.03 se llevó a cabo la 288° sesión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con una agenda que incluyó temas como la dimensión social de la globalización, la libertad sindical en Belarús y el trabajo forzoso en Myanmar. Durante esta sesión el Consejo de Administración también discutió un nuevo repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el sector de los servicios, la cooperación técnica en los territorios árabes ocupados, la agenda para las reuniones de 2005 y 2006 de la Conferencia Internacional del Trabajo y la revisión y discusión de posibles reformas en los órganos rectores de la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 11.10.03, http://www.ilo.org/public/spanish/).

A este evento asistió como vocera del Estado venezolano María Cristina Iglesias, titular del Ministerio del Trabajo (Mintra), para concertar, entre otros aspectos, la fecha de arribo de la segunda misión de contacto directo de la OIT al país (El Nacional, 10.11.03, pág. A/9), un compromiso que había quedado pendiente luego de la primera visita de este tipo hecha en julio a solicitud del Consejo Administrativo de la OIT (ver edición N° 121 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Vale recordar que en julio de este año se apersonó en el país la primera misión de contacto directo de la OIT con el objeto de «evaluar los acuerdos de asistencia técnica y preparar la venida de la delegación” (Ídem.). La delegación comprometió al Estado venezolano a recibir otra misión de contacto que esperaba ser puesta en agenda antes de la realización de esta sesión del Consejo Administrativo. Con este fin representantes de la OIT mantuvieron, a mediados de septiembre, una entrevista con la Ministra Iglesias, quien «no fijó fecha para la llegada al país de la misión de contacto directo y argumentó que prefería comunicarse primero con el director general de la organización sindical, Juan Somavia” (El Nacional, 11.10.03, pág. A/8).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó su nueva publicación titulada «La violencia contra la mujer: Responde el sector de la salud», en la cual se recoge el fruto de casi un decenio de experiencias de la OPS y sus aliados en el ámbito comunitario, nacional e internacional, en 10 países del continente americano (Organización Panamericana de la Salud, 10.11.03, http://publications.paho.org). En él se revelan los efectos de la violencia basada en el género sobre la salud de la mujer a lo largo de una década de investigaciones.

El libro incluye numerosas apreciaciones de trabajadores de salud, maestros escolares, policías y funcionarios judiciales, promotores de la causa femenina y otros líderes de la comunidad con respecto a la eficacia del enfoque del proyecto. Sin embargo, lo más revelador son las voces de las propias mujeres, que describen cómo viven la violencia y cuál ha sido la respuesta de la comunidad a sus necesidades.

Para mayor información, los interesados pueden visitar la página http://publications.paho.org.

Este 18.11.03 el Banco Mundial (BM) presentó un amplio estudio sobre la situación del Virus de Inmunodefiniciencia Adquirida (VIH/SIDA) en los países de América Latina, titulado «VIH/SIDA en los países de América Latina: los retos del futuro», el cual presenta los resultados de una investigación en los 17 países que abarcan el subcontinente (Banco Mundial, 18.11.03, http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/FD0E703BF8252A2885256DE1006BAE6A?Opendocument). El informe se basa en información proporcionada por gobiernos y expertos de la sociedad civil en el seguimiento y tratamiento del VIH/SIDA, así como en datos recabados por los sistemas nacionales de salud, organizaciones internacionales y estudios llevados a cabo en la región.

El informe, elaborado conjuntamente por Anabela Abreu, Isabel Noguer y Karen Cowgill, señala que si la epidemia no se mantiene bajo control, el VIH/SIDA continuará infligiendo un impacto costoso en los países de la región y someterá a los sistemas de salud a una presión muy aguda que causará significativas pérdidas económicas. Como resultado, el costo de invertir en acciones multisectoriales para reducir el costo y mitigar el riesgo de una epidemia de VIH/SIDA resulta significativamente menor que los costos en que habría que incurrir más adelante a causa de una epidemia a gran escala.

De acuerdo a este informe, en el ámbito regional la incidencia de VIH en la población de 15 a 49 años se ubica en el 0,5%. Aproximadamente 130.000 adultos y niños fueron infectados durante 2001 y 80.000 murieron. Pero la insuficiencia de reportes sobre la enfermedad es tan habitual que los investigadores calculan que América Latina probablemente tenga 30% más casos de SIDA y 40% más casos de VIH de los que constan en las estadísticas oficiales.

Según la fuente, una de las conclusiones claves de la investigación es que la sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales (ONG), deben movilizarse con más impulso ya que tienen vínculos más fuertes con los grupos de alto riesgo (población homosexual masculina, trabajadores/as sexuales, usuarios de drogas inyectables y personas con enfermedades de transmisión sexual y múltiples parejas).

Con respecto a las acciones ejecutadas por la institución, «hasta septiembre de 2003, el Banco había aprobado préstamos por más de 550 millones para ayudar a financiar la implementación de programas de prevención y control del VIH/SIDA en Argentina, Barbados, Brasil, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y Venezuela. El Banco se ha involucrado durante más tiempo en Brasil, donde la institución ha financiado tres grandes proyectos, y el centro de apoyo más importante es el Caribe, que sufre la mayor epidemia fuera del África al Sur del Sahara» (Ibíd.).

Para más información, puede consultar el sitio web de la institución, cuya dirección es: http://www.bancomundial.org.

En la edición N° 119 de este servicio informativo Provea advirtió la preocupante situación que atravesaba el hospital Miguel Pérez Carreño, centro asistencial de Caracas adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) (consultar en http://www.derechos.org.ve). La falta de insumos y medicamentos, el deterioro de sus instalaciones y prácticas discriminatorias en la prestación de servicio contra pacientes de escasos recursos económicos fueron denuncias planteadas por un grupo de médicos ante la organización en junio del año en curso.

A 4 meses de haber expuesto ante las autoridades del IVSS y ante la directiva del centro asistencial estas denuncias, Provea no sólo desconoce respuesta oficial alguna sino que constata que la situación parece haber empeorado. El 13.11.03, una junta médica en la que participaron los jefes de todos los servicios ofrecieron una rueda de prensa en la que expusieron el estado del centro asistencial que, afirman, está técnicamente cerrado por la grave situación de la infraestructura y la falta de insumos que obliga a los pacientes a cubrir sus tratamientos (Diario 2001, 14.11.03, pág. 21). Por su parte, Bingen Amezaga, jefe de Cardiología del Hospital Pérez Carreño, denunció que las autoridades del Plan Bolívar 2000, que entre el 05 y 09.11.03 efectuaron una jornada de atención en el centro de salud, obligaron a los pacientes atendidos a firmar un acta mediante la cual exoneraban de toda responsabilidad al equipo médico quirúrgico y a la Fundación Proyecto País de cualquier daño o perjuicio que se presentara en las intervenciones efectuadas en dichas jornadas de atención (El Universal, 19.11.03, pág. 2/15).

A estos problemas se suma los que se presentan producto de la deuda del IVSS con los compromisos salariales de sus empleados, tales como «fideicomiso, uniformes, becas, aportes por estudio, los 5 días anuales de los años 2002 y 2003, el bono presidencial que aun no se les ha cancelado» (El Globo, 17.11.03, pág. 6). Esto motivó una protesta de los trabajadores del Pérez Carreño quienes obstaculizaron la autopista Francisco Fajardo en horas de la tarde de ese mismo día (Diario 2001, Op. cit.).

No obstante, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) informa en su sitio web que «hará entrega directa a recursos económicos por 27 millardos de bolívares a los hospitales Miguel Pérez Carreño, Clínico Universitario, Hospital Militar, Domingo Luciani, y Pérez de León […] El anuncio fue hecho por el Ministro de Salud y Desarrollo Social, Roger Capella, quien explicó que este proceso de entrega de recursos se extenderá durante los tres meses» (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 12.11.03, http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html). La fuente no da a conocer la fecha de inicio del desembolso de este dinero ni otras medidas para paliar los problemas señalados por la junta médica del Pérez Carreño.

Una fuente periodística recuerda que el pasado 03.08.03, el Presidente de la República Hugo Chávez «ofreció 140 millardos de bolívares (Plan Vitrina) para el sector salud, especialmente para el hospital Miguel Pérez Carreño y Domingo Luciani, adscritos al IVSS, el Pérez de León de la Alcaldía de Sucre, el Clínico Universitario del MSDS y el Hospital Militar […] Sin embargo, los galenos de estos centros de salud aseguran que nada han recibido» (El Universal, 12.11.03, http://www.eluniversal.com/2003/11/12/12293A.shtml).

La situación no se limita al Pérez Carreño y afecta a gran parte de los centros asistenciales del país y el derecho a la salud de los sectores populares. Puede reseñarse, por ejemplo, la denuncia de Juan Correia, presidente de la Sociedad Médica del Hospital Domingo Luciani, quien ha detectado el uso de anestésicos ilegales llevados por los pacientes de cirugía: «el Servicio de Anestesiología descubrió que los anestésicos no correspondían a la identificación que llevaba el rótulo, estaban vencidos o no pertenecían al producto entregado al anestesiólogo, como sucedió con un lote de ampollas de Atropina, que al enviarse al Instituto Nacional de Higiene, por las dudas que se tenían, arrojó el resultado esperado» (El Universal, Op. cit.). En vista de la situación, las autoridades médicas decidieron no admitir anestésicos que vinieran de los pacientes y se procedió a cerrar los pabellones y no aceptar más cirugías (ni de emergencia) hasta que esté solventado el problema. Lo mismo ocurre en el Servicio de Hematología del mismo centro asistencial: «Raiza García, oncohematóloga infantil, manifestó que hay limitaciones en cuanto a los medicamentos de quimioterapia para los niños que sufren de leucemia y linfomas […] Tampoco tenemos los antibióticos necesarios para tratar las complicaciones infecciosas de los pacientes, no hay los reactivos para el funcionamiento de los laboratorios y Bacteriología no trabaja» (Ídem.).

El complejo hospitalario capitalino de El Algodonal, que comprende el Centro de Cirugía y Tisiología, el ambulatorio, el hospital Simón Bolívar, el Infantil Luisa Cáceres de Arismendi y el Gineco-obstreta Andrés Herrera Vega, también adolece la falta de insumos. En este centro asistencial los medicamentos y demás recursos para tratamientos pasaron a ser responsabilidad de los pacientes (Últimas Noticias, 12.11.03, pág. 3).

La escasez de materiales, además, pone en peligro de muerte a los pacientes con dolencias crónicas que requieren tratamientos regulares, tales como los que asisten a las unidades de diálisis a lo largo del país. María Inés Fernández, presidenta de la Asociación Venezolana de Trasplantes, afirma que hay más de 6.000 personas que requieren diálisis en todo el país y cuyo tratamiento, a cargo del IVSS, no está llegando efectiva ni regularmente (El Nacional, 15.11.03, pág. B/2). Ante sus denuncias, autoridades del IVSS respondieron el 14.11.03, mediante un comunicado, que «la morosidad y la evasión ‘son las causas principales de las carencias financieras’ que afectan a los centros de salud y a los tratamientos de los enfermos crónicos. El presidente Jesús Viloria recordó que las empresas públicas y privadas deben 2 billones de bolívares y el Ejecutivo 1 billón» (Ídem.).

Con la finalidad de diseñar una estrategia común en defensa del derecho a la salud y, particularmente, del derecho de los pacientes crónicos se reunieron este 12.11.03, las asociaciones de pacientes crónicos Una Mano al Paciente Esquizofrénico (Vencimos), Asociación Nacional para la Hemofilia (NNA), Asociación Civil de Fibrosis Quística (NNA), Asociación Civil por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes en condición de VIH/SIDA (Cavinija), Fundafe, Asociación Nacional de Trasplantados, Amigos Trasplantados de Venezuela, Organización para el Fomento Educativo del VIH, Asociación de Pacientes con Leucemia junto con las organizaciones de derechos humanos Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y Provea, como representantes de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) del Foro por la Vida.

En esta reunión se acordaron iniciar un conjunto de acciones en el ámbito nacional e internacional orientadas a presionar al MSDS y al IVSS para que adopten con carácter urgente las medidas adecuadas para solventar la situación de falta de suministro de medicamentos para estos pacientes. Igualmente se acordó emprender acciones que aborden los problemas estructurales del sistema público de salud.

Las organizaciones decidieron, además, convocar una segunda reunión donde participarían otros factores interesados en afrontar la grave situación del sistema público venezolano.

Los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes teléfonos: 0212 862 10 11 (Provea-Marino Alvarado); 0212 951 40 79 (Cecodap-Yolanda Prince); 0212 577 62 49 (Cavinija-Sandra Escalante); o por el correo-e: defensaprovea@derechos.org.ve.

El 14.11.03 se realizó el XII Encuentro Nacional de Miembros del Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Pensionados venezolanos (El Carabobeño, 14.11.03, pág. A/5). Al evento no asistió Eudomar Tovar, viceministro de Finanzas, quien fue invitado con el fin de explicar la propuesta de Ejecutivo para la cancelación de la deuda que arrastra el Estado por concepto de homologación y retroactivo de las pensiones . Al respecto, Edgar Silva, Presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Presidente de la Asociación de Pensionados, explica que el Estado adeuda a 620.000 pensionados un monto que alcanza los 700.000 millones de bolívares (El Universal, 15.11.03, pág. 1/14).

Silva indica que aún cuando la comisión de alto nivel, compuesta por el Ministerio de Finanzas (MF), la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el Comité de Pensionados y el IVSS, determinó el monto de la deuda e incluso la personalizó, el Ejecutivo no avanza en la propuesta de pago: «el MF planteó la posibilidad de cancelar una parte del monto adeudado en efectivo y el resto con bonos de la República, de hecho se llegó a emitir material educativo para que los ancianos conocieran las bondades de cobrar con papeles [Sin embargo] Desde 2002 no se ha vuelto a hablar de los bonos, es cierto que esto se discutió pero al final no llegó a tomarse la decisión» añadió Silva.

Ricaurte Leonett, presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), solicitó este 10.11.03 a la Sala Constitucional, una aclaratoria sobre la sentencia que 5 días antes había dado a conocer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual ordenaba al órgano que dirige y al Comando de la Guarnición de la Fuerza Armada Nacional (FAN) del Edo. Barinas, entregar las tierras del Fundo Santa Rita a la Agropecuaria Doble R. C. A. y Agropecuaria Peñitas C. A. y proceder al desalojo inmediato de los beneficiarios de las cartas agrarias que desde el 09.02.03, gozan de la adjudicación de tierras ejecutada por el INTI (El Universal, 11.1.03, pág. 1/6).

La Agropecuaria Doble R. C. A. y Agropecuaria Peñitas C. A., presuntos propietarios del fundo en cuestión, interpusieron una acción de amparo ante el TSJ alegando que el INTI violó los procedimientos establecidos en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, particularmente los referentes al derecho a la defensa y al debido proceso.

En su fallo, la Sala advierte que, de acuerdo al Decreto con Fuerza Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, existen vicios en el procedimiento de otorgamiento de las cartas agrarias. En ese sentido, el fallo señaló la falta de notificación a los presuntos propietarios u ocupantes «tanto de la iniciación del procedimiento administrativo como de la decisión final adoptada que dio lugar al otorgamiento de una carta agraria sobre las tierras mencionadas a los integrantes de la cooperativa en cuestión y, por ende, a la actuación material practicada por dicho instituto con el apoyo de efectivos militares” (Tribunal Supremo de Justicia, 10.11.03, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=792).

Leonett explicó que las tierras a las que hace referencia el fallo del TSJ «son ejidos públicos que habrían sido tomados por productores privados que mantenían los terrenos ociosos» y actualmente permanecen «ocupadas por más de 1000 familias campesinas» (Globovisión, 10.11.03, http://www.globovision.com/nacionales/2003.11/10/inti/index.php). Añadió que «Rogelio Peña Aly se autoproclamó dueño del terreno sin mostrar documento alguno que así lo sustente» (El Universal, Op. cit.) y que «no podemos sacar a nadie que esté cultivando» (Globovisión, Op. cit.).

Antes de evaluar esta sentencia del máximo tribunal nacional, hay que advertir que uno de los principales problemas del tema de la tierra en el campo venezolano, es la ausencia de un catastro que establezca con exactitud los límites entre las tierras privadas y públicas. Este hecho genera una situación permanente de inseguridad jurídica y es una fuente diaria de conflicto entre los presuntos propietarios privados y el Estado. Por otra parte, la resolución del INTI que ordena el otorgamiento de cartas agrarias establece que las mismas sólo se adjudicarán en tierras públicas.

En este orden de ideas, llama la atención que la decisión del TSJ ordene el desalojo de los campesinos beneficiados con la medida del INTI, a sabiendas del conflicto sobre la propiedad de la tierra todavía no resuelto por un órgano judicial competente. Además, la propia resolución sobre cartas agrarias prohíbe el desalojo de los beneficiarios de las cartas agrarias.

Lo adecuado hubiera sido que la sentencia del TSJ ordenara la prohibición de nuevas adjudicaciones sobre las tierras del Fundo Santa Rita y exigiera al INTI reiniciar el procedimiento de otorgamiento de cartas agrarias respetando el debido proceso. Sin estar judicialmente definido lo referente a la propiedad de dichas tierras, no es aceptable en términos de derechos humanos que los perjudicados en este caso fueran los campesinos.

En este sentido, preocupa que el fallo de la Sala Constitucional no considere las indemnizaciones a los campesinos por sus bienhechurías contradiciendo una sentencia de diciembre de 2002 de la misma Sala del TSJ, que anulaba 2 artículos de la Ley de Tierras y establecía que aun cuando los ocupantes de una tierra hayan actuado de manera no legal, los mismos tienen derecho al pago de sus bienhechurías. tomando en cuenta que la ocupación se realizó de manera legal y bajo supervisión y autorización del INTI, la contradicción en la que devino la Sala resulta más penosa.

Provea considera que tanto la violación del debido proceso por parte del INTI como la confusa e incongruente decisión del máximo tribunal, no le hacen ningún bien al justo proceso de distribución de tierras que debe continuarse realizando en el país.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas registró en el mes de octubre un aumento de 1,5%, igual a la variación promedio de los 4 meses precedentes. Con este resultado, el crecimiento acumulado del IPC en lo que va del presente año se ubicó en 22,5%, por debajo del reportado en igual lapso de 2002, cuando estuvo en 27,8%. Respecto al mes de septiembre (1,4%), la variación del IPC en octubre apenas fue de 0,1% y se originó en los incrementos promedios de precios que siguieron mostrando tanto los bienes y servicios que se rigen por el libre mercado (1,8%), como los rubros sometidos a control y regulación de precios (1,2%). Con la variación del mes de octubre, el crecimiento anualizado del IPC correspondiente al período Octubre 2003/Octubre 2002 se sitúa en 25,7%, mostrando un comportamiento descendente, incluso menor al del mismo lapso 2002/2001, cuando alcanzó 29,9% (Banco Central de Venezuela, 10.11.03, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2738&Operacion=2&Sec=False).

Por otro lado, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (CENDA) informó que para octubre de 2003, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en 419.114 bolívares (Globovisión,12.11.03, http://www.globovision.com/economia/2003.11/11/cenda/index.php).

Oscar Meza, director del CENDA recordó que para diciembre del año pasado este indicador alcanzaba un monto de 348.440 bolívares, lo cual significa un incremento de 23% aproximadamente.

El reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) Alerta Epidemiológica, en su edición N° 44 (MSDS, 18.11.03, http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html), correspondiente a la semana comprendida entre el 29.10.03 y el 01.11.03, notifica que la malaria disminuyó un 31,3% (589 casos reportados) con respecto a la cifra de la semana 43 (858 casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de 25.251 casos hasta la semana 44, es decir, un 3,5% menos que los registrados en el año 2002 en ese mismo lapso (26.188 casos).

Con respecto al dengue, en la semana 44, Alerta documenta 850 casos, un 4,1% menos que los reportados en la semana N° 43 (887). El acumulado hasta la semana 44 es de 19.585 casos de dengue en el territorio nacional, es decir, un 41,8% menos que los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (33.688).

En cuanto al indicador Mortalidad Infantil, Alerta reseña un número de 108 defunciones registradas en la semana 44, es decir, un 42,1% más que las defunciones reportadas en la semana 43 (76). El total de defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 44 es de 4.814, un 11,9% más que el reseñado en ese mismo lapso del año 2002 (4.301).

La Mortalidad Materna, para esta edición de Alerta, reportó 6 defunciones, es decir, un 25% más que las reportadas en la semana 43 (8) . Para la semana 44 el acumulado reporta 226 defunciones, un 4,2% menos que el número registrado en ese mismo lapso del año 2002 (236).

Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 45, se confirman 43 casos de contagio, mientras que en la semana 44 se confirmaron 3 nuevos casos correspondientes a semanas anteriores (2 de la semana 33 y 1 de la semana 39). Para la semana 44 se descartaron 315 casos, se confirmaron 43 casos y se recuperaron 23 personas y han fallecido, hasta esa fecha, 20 personas.

Alerta reseña que, hasta la semana 44, se han vacunado 582.925 personas en los municipios de alto riesgo con casos (Edos. Táchira, Portuguesa y Zulia); 832.130 en los municipios de alto riesgo sin casos (Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Mérida, Táchira, Zulia); 1.059.522 en los municipios de bajo riesgo; y, 904.465 personas en los municipios de mediano riesgo.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Este 20.11.03, el Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, emitió un comunicado en ocasión de las próximas jornadas de recolección de firmas que podrían activar diversos referenda revocatorios, a través del cual formula las siguientes observaciones y exigencias a los poderes públicos:

Sobre la situación general del país:

  • El Foro por la Vida celebra la disposición de las partes a recurrir a la consulta popular para conocer hacia dónde quiere el país encaminar su desarrollo. El que este proceso permita la institucionalización de un nuevo mecanismo de participación política, largamente aspirado por la población venezolana, propuesto por el movimiento de derechos humanos en 1999 y consagrado en la nueva Constitución, constituye en sí mismo un factor relevante de consolidación de la cultura democrática del país;
  • La consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar la consulta popular como un mecanismo de confrontación para eliminar al contrario y no ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia y hasta contraproducente para los fines de una administración democrática del conflicto;
  • Igualmente, conviene tener presente que los principales problemas del país, tales como la pobreza y las profundas inequidades sociales, los déficit de los partidos y organizaciones políticas para facilitar mediaciones democráticas entre diversos conflictos e intereses, la debilidad institucional del Estado para garantizar los derechos de la población y la polarización social y política, están vinculados a crisis estructurales, que implican, para enfrentarlas, algún tipo de acuerdo nacional, sin exclusiones sociales o políticas de ningún tipo, y un compromiso de las partes para cumplirlo. Ello requiere, una voluntad de concertación sobre estos y otros temas estructurales que inciden sobre los derechos humanos, más allá de los resultados de la consulta popular. La salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral e implica madurez democrática de los principales actores políticos;

En relación con el proceso de recolección de firmas:

  • La extrema desconfianza, polarización y falta de acuerdo sobre reglas de juego entre las partes, ha propiciado una indebida presencia del Estado, en la instrumentación y desarrollo del derecho a activar procesos revocatorios. En cualquier otra circunstancia, una recolección de firmas que exprese la posición ciudadana sobre determinado tema de carácter nacional o local, constituye un acto de la sociedad frente al Estado sin que éste deba intervenir, excepto a través de la reglamentación del derecho y la verificación de la idoneidad de las rúbricas. En el caso de la activación del proceso refrendario que se avecina, el Estado, a través del Poder Electoral, está participando mucho más allá de lo adecuado para dar cumplimiento al derecho, tanto en el proceso de la recolección de firmas como en la publicación de la base de datos de las personas que firmen;
  • Si bien en cualquier acto de esta naturaleza el carácter de las firmas es público, ya que no son, ni en este ni en otro caso, equivalentes a un voto, y por lo tanto no deben ser secretas, en este contexto de confrontación, la publicidad de las firmas puede afectar, de hecho, otros derechos de las personas que decidan respaldar una u otra opción o abstenerse de hacerlo. Por tal razón, el Estado está obligado a adoptar de inmediato medidas preventivas de protección, en particular, de los derechos al empleo, la seguridad ciudadana y la no discriminación;
  • Otro elemento preocupante, dada la polarización y territorialización del conflicto venezolano, es la recolección de firmas prevista de modo itinerante. Ello podría ocasionar brotes de violencia, tanto en el caso de que el “itinerante” de un bando político se encuentre con alguien que no quiera firmar (lo cual “marcara” públicamente a esta persona pudiendo acarrearle consecuencias de diverso orden, desde crearle un ambiente hostil en su comunidad de referencia, hasta hacerle vulnerable a la violencia), así como en el caso de que un “itinerante”, en el cumplimiento de su mandato, pueda ser víctima de la intolerancia del bando contrario al que representa. Frente a esta posibilidad, el estado, también está en la obligación de adoptar medidas de protección, antes y durante la realización del proceso;
  • El Foro por la Vida condena los comunicados de 2 organizaciones que han incitando recientemente a la violencia. Tanto los reiterados llamados del denominado “Bloque Democrático” que desconocen la naturaleza del acto de recolección de firmas, considerando a estas como equivalentes a un voto y desconociendo la autoridad del CNE en aras de propiciar una ruptura del hilo constitucional, como el llamado de un grupo armado denominado “Nestor Zerpa Cartolini”, el cual amenazó con utilizar la violencia;

En atención a lo anterior, hacemos un llamado urgente a los Poderes Públicos y a la ciudadanía en general:

  • Exigimos a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, al Poder Ejecutivo y al Consejo Nacional Electoral tomar todas las medidas pertinentes que garanticen sin riesgos de ninguna especie, el ejercicio de los derechos humanos de toda la ciudadanía, tanto de los que firmen en alguna jornada como los que se abstengan de hacerlo, así como a los activistas que de uno u otro sector participen como “itinerantes” en el proceso de recolección de firmas, a los fines de evitar la discriminación y la vulnerabilidad a la violencia por causa de la expresión de opciones políticas;
  • Hacemos un llamado a las partes en conflicto a establecer y hacer públicas reglas claras antes de las jornadas, de manera de conocer previamente los cronogramas establecidos por ambos sectores para la entrega de las firmas respectivas ante el Consejo Nacional Electoral, a los fines de reducir la incertidumbre entre la ciudadanía y evitar brotes de violencia; asimismo hacemos un llamado a establecer compromisos entre las partes para que esperen hasta que el CNE oficialice el número de firmas recolectadas en cada evento. En caso de que sean suficientes, independientemente de su cantidad, hay que esperar a que se realice el referéndum respectivo para ver si en dicho acto se producen o no los votos necesarios para revocar el mandato del funcionario sometido a consulta. Reiteramos que ni en este ni en ningún caso, las firmas son votos y por eso no pueden prestarse a manipulaciones de ninguna índole;
  • Exigimos a la Fuerza Armada Nacional u otras cuerpos de seguridad que no intervenga en los asuntos políticos y se mantenga al margen de las controversias entre las partes interesadas, antes durante y después del proceso de recolección de firmas; así como a los diferentes actores de la vida nacional a no solicitarle a estas instituciones, pronunciarse en eventos de carácter estrictamente político;
  • Finalmente, hacemos un llamado a la población, a ejercer este novel derecho, del modo en que lo considere más adecuado, en un marco de respeto y tolerancia por los otros, pues con ello, estarán fortaleciendo la democracia.

Por el Foro por la Vida: Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI); Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia Recíproca (Ambar); Cátedra de la Paz y Derechos Humanos » Monseñor Oscar Arnulfo Romero» de Mérida; Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela; Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello; Colectivo de Asistencia y Servicio Integral a los Trabajadores/as (Aportes); Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho;

Provea; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para Refugiados; Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas (Foro por la Vida, 20.11.03, foroporlavida@derechos.org.ve).

La organización internacional Consejería en Proyectos (CPS) y Provea invitan al público interesado a la presentación del libro “Asilo y Refugiados en las Fronteras de Colombia”, que se realizará el próximo 25.11.03, a las 5:30 PM, en la Sala C ubicada en el piso 6 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), ubicado en la avenida Luis Roche de Altamira, Caracas.

El libro es resultado de una investigación que presenta la situación actual del derecho al asilo y refugio en los países de la región andina y el marco jurídico vigente en cada uno de estos.

Según queda expresado en el texto, “cientos de mujeres, hombres, niñas y niños, día tras día, huyen de la violencia que el conflicto armado deja en Colombia. Son colombianas y colombianos que se asientan en alguno de los países vecinos, cerca de las fronteras, en busca de protección para sus vidas […] A medida que se ha intensificado el conflicto armado de Colombia, el desplazamiento forzado ha afectado las diferentes zonas dentro de Colombia así como los países fronterizos. Entre los países vecinos, Ecuador, Panamá y Venezuela han sido, especialmente desde los años 90, los más afectados por distintos problemas relacionados con el conflicto armado colombiano […] Para garantizar una efectiva aplicación de las normas nacionales e internacionales en materia de refugio, es fundamental que se realice una amplia y constante labor de sensibilización sobre el derecho humano al asilo y refugio, dirigida tanto a las autoridades, en sus distintos niveles y poderes públicos, como a la población”.

La presentación del libro estará a cargo de Ricardo Soberón (Capítulo Colombia del CPS) y Marino Alvarado de Provea. El acceso es libre (Provea, 20.11.03, provea@derechos.org.ve).

Deyanira Ortiz, juez del Tribunal 11° de Control de Caracas, dictó órdenes de detención contra el general de brigada (GN) Felipe Rodríguez, alias «El Cuervo», y los tenientes Germán Valera y José Colina, quienes forman parte del grupo de militares disidentes que se apostaron en la Plaza Francia de Altamira desde el 28.10.02 (Globovisión, 18.11.03, http://www.globovision.com/nacionales/2003.11/18/explosivos/index.php). La medida de captura es emitida luego de haber sido señalados en los testimonios brindados por 2 de los detenidos en las investigaciones adelantadas por la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) sobre la colocación de artefactos explosivos en las sedes diplomáticas de España y Colombia sucedidas en febrero de este año.

Danilo Anderson, fiscal 4° Nacional, informó que el 14.11.03, el MP solicitó la aprehensión de los 3 presuntos implicados luego de obtener la declaración de Silvio Mérida, ex escolta del general Rodríguez, en la que «señaló con lujo de detalles toda la planificación de la colocación de los explosivos en dichas embajadas» (Ídem.). Anderson explicó que la versión de Mérida «avala las declaraciones previas de Luis Gregorio Chacín (alias «Armadillo») otro de los detenidos por los atentados terroristas, quien testificó también en el caso de los homicidios de los soldados de la Plaza Altamira, Félix Pinto, Ángel Salas y Darwin Argüello» (Tal Cual, 14.11.03, pág. 2). Precisamente por este caso fue apresado Mérida quien fue señalado por testigos como participante en el hecho y reconocido por una de las víctimas sobrevivientes (El Nacional, 11.11.03, pág. B/17).

Entre los delitos que el MP les imputará a los implicados está agavillamiento, lesiones personales en perjuicio de los 3 ciudadanos que resultaron heridos por el estallido de las bombas, daños a la propiedad, intimidación pública y conspiración (El Nacional, 19.11.03, pág. B/24). Rodríguez, Colina y Valera se encuentran actualmente prófugos de la justicia.

En otro orden de ideas, Provea considera preocupante las denuncias efectuadas por Guillermo Heredia y Rigoberto Quintero, abogados de Mérida, relativas a recientes amenazas recibidas por la familia del detenido luego de haber rendido las declaraciones que motivaron la acción del MP (El Nacional, 11.11.03, Op. cit.) e insta a los órganos responsables prestar atención a las mismas y salvaguardar las garantías constitucionales a las cuales tiene derecho Mérida, quien permanece a las órdenes de la justicia desde el 07.11.03. Igualmente, Provea emplaza a los organismos policiales que mantienen detenido a Mérida, observar el debido proceso y considerar las condiciones de detención de Mérida, tanto más cuando se conoce que el mismo adolece de ataques crónicos de epilepsia.

El 10.11.03, el directorio ampliado del Bloque Democrático (BD), coalición de organizaciones y asociaciones civiles de la oposición deslindadas de la Coordinadora Democrática (CD), publicó un remitido en un diario de circulación nacional (El Nacional, 10.11.03, pág. A/13) titulado: ¡Chávez sólo hasta el 2003! El Reafirmazo es el revocatorio. En el mismo plantea la legitimidad de las firmas entregadas al CNE el 20.08.03 por sectores de la oposición, a pesar de haber sido invalidadas el 12.09.03 por los rectores del ente comicial. Con este argumento, el BD asegura que la nueva jornada de recolección de firmas que busca activar el referendum revocatorio presidencial, programada por el CNE entre el 28.11.03 y el 01.12.03, posee un carácter de revocatorio y no representa una repetición del proceso adelantado por los sectores de la oposición en febrero de este año, cuando se recolectaron las firmas para solicitar el referendum. El BD considera así que la firma tiene carácter de voto y que, por ello, si el Reafirmazo recoge más del porcentaje de firmas requerido para solicitar el revocatorio (20% del universo votante, es decir, 3.800.000 electores) «no es necesario esperar a los resultados oficiales del CNE para declarar el triunfo del plebiscito y comenzar la desobediencia civil democrática, generalizada y activa, la cual concluirá con la salida constitucional del Régimen» (Ídem.). Además, el BD invoca a los artículos 333 y 350 de la Constitución para asignarle al nuevo proceso de recabación de firmas, conocido como el Reafirmazo, un «principio activo de la desobediencia civil» (Ídem.) que expondría al Gobierno Nacional a su salida mediante la desobediencia civil.

El mismo 10.11.03, el CNE se pronunció mediante la Resolución N° 031110-776, deplorando y rechazando las afirmaciones expuestas por el BD en su remitido por considerarlas «una deliberada tergiversación del sentido genuino del derecho constitucional al referendo revocatorio» (Consejo Nacional Electoral, 12.11.03, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=171). Además, consideró que las ideas planteadas por el BD «encierran la intención de frustrar las vías institucionales para que los ciudadanos venezolanos resuelvan sus diferencias, civilizadamente y con apego a la institucionalidad constitucional y democrática y suponen, por estas mismas razones, una vía encubierta para favorecer o legitimar fórmulas insurreccionales o de ruptura del hilo constitucional» (Ídem.).

El 11.11.03, representantes del Gobierno Nacional solicitaron un pronunciamiento de los representantes del Centro Carter y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en torno al llamado a desobediencia civil hecho por el BD. Igualmente, solicitaron a la CD que se deslinde de la conducta asumida por este BD (Agencia Venpres, 12.11.03, http://www.venpres.gov.ve/poli/poli1.htm#Piden). El exhorto de los voceros gubernamentales fue atendido por el Centro Carter que deploró «toda manifestación dirigida a tergiversar el sentido de las diferentes etapas del proceso referendario establecido en las normas  o a desconocer la excluyente autoridad del CNE para conducir el proceso y promulgar los resultados de los mismos» (El Nacional, 13.11.03, A/6).

También en la Asamblea Nacional (AN) se desplegaron acciones en rechazo al remitido del BD. La plenaria del 11.11.03 aprobó los planteamientos de Iris Varela, diputada del Movimiento Quinta República (MVR) por el Edo. Táchira, quien propuso que el parlamento condene y rechace el remitido de la organización, exhorte al MP a iniciar una investigación y a ordenar la detención de los firmantes del comunicado (Asamblea Nacional, 12.11.03, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4712). En este sentido, el MP informó que el 14.08.03 ya había abierto una averiguación penal contra el BD en respuesta a una denuncia presentada por Luis Velázquez, diputado del MVR, por otros pronunciamientos de esta coalición política publicados en julio de este año que incitaban igualmente a la desobediencia civil. Aclaró Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, que al expediente abierto al BD se añadirá este nuevo elemento (El Nacional, 13.11.03, Op. cit.). La investigación es conducida por las fiscalías 6° con competencia nacional y 58° de Caracas, donde se investigan la presunta comisión de delitos contra la independencia y la seguridad de la nación (Ídem.). 

También el Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, condenó el remitido del BD en un comunicado dirigido a la opinión pública el 20.11.03 y que puede ser consultado en esta misma sección. En su pronunciamiento, el Foro por la Vida también rechazó el llamado hecho por un grupo armado autodenominado “Nestor Zerpa Cartolini”, que amenazó con usar la violencia contra el proceso de recolección de firmas propuesto por los sectores de la oposición para convocar al revocatorio presidencial.

Sin embargo, a pesar de las muestras de rechazo manifestadas contra el pronunciamiento del BD, la coalición política publicó otro comunicado el 13.11.03 en la prensa nacional bajo una tónica similar al del 10.11.03, insistiendo en su llamado a la desobediencia civil y en el carácter plebiscitario del Reafirmazo (El Nacional, 13.11.03, http://www.el-nacional.com/#).

William Salazar y Luis Sosa, empleados de la Alcaldía del Municipio Libertador, en representación de 70 trabajadores del departamento de Control Interno denunciaron ante Provea las presuntas presiones ejercidas contra ellos para que participen en la recolección de firmas de solicitud de revocatorio a parlamentarios del Distrito Capital, que se realizará entre el 21 y 23 de noviembre, y prohibiéndoles (a riesgo de despido) participar en la recolección de firmas para solicitar el revocatorio del Presidente de la República.

Según los denunciantes Jairo Rafael Enrique Montoya, jefe del departamento en el que este grupo labora, presuntamente los coacciona amenazándolos con el despido inmediato si no acatan su orden con respecto a su participación en estos procesos de participación ciudadana. Los denunciantes aseguran contar con grabaciones de audio que confirman sus denuncias.

Es de resaltar que Provea puso inmediatamente en conocimiento de dicha situación al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitándole que adelantara las investigaciones correspondientes. Provea, además, dirigió un comunicado al funcionario denunciado advirtiéndole que tal actitud era contraria a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley del Estatuto de Función Pública, la cual contempla responsabilidades de naturaleza administrativa para casos de este tipo (Provea, 17.11.03).

Esta no es la única violación o amenaza contra el derecho a elegir y a participa que se conoce en vísperas de los procesos de recolección de firmas previstos para los próximos días. Para Provea resulta preocupante la medida adoptada por Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo, de prohibirle a los defensores delegados de los Edos. e incluso a los directores generales de dicho ente (El Universal, 11.11.03, 1/5), participar en el proceso democrático previsto en los siguientes días constituyendo una violación al derecho a participar en los asuntos políticos consagrado en los artículos 62, 63 y 64 de la Constitución que, paradójicamente, la Defensoría debería garantizar sin distingos de tipo alguno.

Lamentablemente el CNE también se sumó a los entes públicos que con su actuación violan estos derechos. Nos referimos a la decisión tomada por el ente comicial el 14.11.03 en la que negó el derecho de participación política a los venezolanos con condiciones de votar residenciados en el exterior para la jornada de recolección de firmas para los revocatorios (Consejo Nacional Electoral, 19.11.03, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=176) a razón de las dificultades logísticas que encierra la supervisión adecuada del proceso en el exterior (Diario Tal Cual, 17.11.03, pág. 1) y al poco significativo número de ciudadanos venezolanos votantes que residen en otros países (Diario 2001, 13.11.03, pág. 8).

Ante esta medida, la Asociación Civil Todos por Venezuela informó que solicitará un amparo constitucional a favor de los votantes venezolanos que se encuentran en el extranjero (Últimas Noticias, 16.11.03, pág. 7). También la Red de Veedores rechazó la decisión del CNE y recomendó a los afectados que «recojan las firmas con los datos establecidos en las normas del CNE, en presencia de un notario o testigo calificado, las envíen al CNE y entreguen una copia al Embajador o Cónsul para que esta la remita a las autoridades electorales» (Diario 2001, 17.11.03, pág. 3).

Provea considera que esta decisión del ente comicial atenta contra el derecho del cual el organismo es garante y que supedita el principio de igualdad ante la ley al componente numérico de manera inconstitucional e injustificada.

Fuentes periodísticas reseñan la decisión del Gobierno Nacional de aprobar un crédito de 8.918 millones de bolívares (5,57 millones de dólares) para la indemnización de los familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos el 27 de febrero y marzo de 1989, conocidos como «El Caracazo» (El Nacional, 12.11.03, http://www.el-nacional.com/#).

Roy Chaderton, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) declaró que el Consejo de Ministros autorizó un crédito adicional para dar cumplimiento a la sentencia que emitió la Corte IDH en noviembre de 1999 que ordenó al Estado venezolano, entre otras cosas, indemnizar a 44 víctimas que habían elevado su caso ante instancias del sistema interamericano. Agregó Chaderton que «si bien no se ha podido hacer justicia en materia de ‘El Caracazo’, al menos el Estado venezolano a través del Gobierno Nacional cumple con la obligación de proveer los fondos para indemnizar a los familiares y también a las organizaciones de derechos humanos que se crearon entonces para procurar justicia’ (Ídem.).

Consultada por los medios de comunicación, Liliana Ortega, directora Ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), expresó «que cualquier acción que emprenda el gobierno para dar justicia a los afectados de esos sucesos es positiva» (Ídem.).

Asimismo, la posición oficial de la organización se presentó sistematizada en un comunicado emitido el 14.11.03, a través del cual aprecia la acción estatal «como un gesto importante de reconducción de la actuación política y jurídica del Estado venezolano ante las instancias interamericanas» (Cofavic, 14.11.03, cmendoza@cofavic.org.ve). No obstante, considera que «las acciones indemnizatorias son sólo una parte de las reparaciones a las que tienen derecho y que la justicia y la verdad no son negociables bajo ninguna circunstancia. El Estado venezolano, como lo establece la sentencia de la Corte Interamericana, tiene que cumplir con su principal responsabilidad, la cual no es otra sino investigar los hechos de manera independiente y exhaustiva, establecer responsabilidades penales, civiles y administrativas y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones a los derechos a la vida, la integridad persona y al debido proceso. De manera especial deben ser investigados imparcialmente quienes desde las instancias judiciales y desde el Ministerio Público han permitido que estos gravísimos crímenes contra los derechos humanos permanezcan absolutamente impunes, tal y como lo expresa contundentemente la sentencia de reparaciones dictada por al Honorable Corte Interamericana en fecha 29 de agosto de 2002» (Ídem.).

  • Ratificar los siguientes instrumentos internacionales:
    • Del Sistema Universal: el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptado por la Asamblea General de la ONU el 18.12.02, con la aprobación de Venezuela; la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias en vigor desde el 01.07.03; Convenio 159 Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas) (1983); el Convenio 182 de la OIT sobre la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (2000); y, el Convenio 183 Sobre la Protección de la Maternidad (2000);
    • Del Sistema Interamericano: la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Suscrita por Venezuela el 06.08.99; y, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Suscrito por Venezuela el 27.01.89.
  • Cumplir y respetar los convenios internacionales de la OIT.
  • Ejecutar de manera expedita las sentencias de los tribunales internacionales y los dictámenes de las instancias cuasijurisdiccionales de carácter internacional, y promulgar una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo previsto en el artículo 31 de la Constitución.
  • Difundir ampliamente los informes del Estado a los Comités de las Naciones Unidas y discutir sus contenidos, antes y después de las sesiones de estudio fijadas por los Comités. Dichos informes deben ser presentados de manera oportuna, mejorando además su proceso de elaboración, sus contenidos, y la composición y calidad de las misiones oficiales que los sustentan, en desarrollo de los parámetros internacionales.
  • Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones hechas por los Comités de las Naciones Unidas, sobre los informes del Estado presentados ante dichas instancias, para la adecuación de su infraestructura y de su sistema de protección de derechos humanos.
  • Difundir ampliamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como las decisiones sobre Venezuela adoptadas por instancias internacionales, así como educar a los agentes del Estado en el respeto y observancia de los mismos.
    Informar a la opinión pública, nacional e internacional, de las medidas implementadas por el Estado venezolano para dar cumplimiento a las recomendaciones, formuladas a Venezuela por el Comité de Derecho Humanos de la ONU el 06.03.01.
  • Adecuar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de derechos humanos, para que respeten y garanticen el derecho al amparo internacional y, en general, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Provea, http://www.derechos.org.ve).

ARTÍCULOS

«Según la Constitución toda violación a los derechos humanos debe investigarse y sancionarse. De la misma manera, todo ciudadano tiene el derecho a ser indemnizado cuando se violen sus derechos humanos. Pero resulta, que con frecuencia, esas investigaciones no se realizan o se inician y no culminan y por lo tanto no se hace justicia. Ante la ineficacia de los organismos nacionales, la Constitución en su artículo 31 permite que los ciudadanos acudan a las instancias internacionales de protección. Por lo tanto, cuando una persona acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, simplemente está ejerciendo un derecho constitucional.

La Comisión, una vez que analiza la denuncia y conoce los alegatos de defensa del Estado, si considera que ocurrió una violación a los derechos humanos, le recomienda al Estado que adopte determinadas medidas: para investigar, para sancionar, para indemnizar a los afectados.

En otras oportunidades la Comisión es la única esperanza que tiene un ciudadano para evitar que se le viole un derecho o se agrave la violación. Es el caso, cuando se solicitan medidas cautelares donde la Comisión actúa con rapidez.

La Comisión juega un papel importante en la protección de los ciudadanos, por ello debemos oponernos a que se le descalifique o a que no se cumplan sus recomendaciones. Tan importante es, que los constituyentes del año 1999, aprobaron ese artículo 31 y es lamentable, que hoy, algunos de ellos, nieguen la labor de protección de este órgano internacional» (Provea, 31.10.03, son@derechos.org.ve)

«En 1996 la Asamblea General de la ONU invitó a sus Estados miembros a celebrar cada 16 de noviembre el Día Internacional para la Tolerancia.

La tolerancia es el respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa y sexual. No significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales, por el contrario, es el respeto al derecho de toda persona a tener sus propias convicciones y aceptar la de los demás. Tampoco debe confundirse con la pasividad, la complacencia o la indiferencia. La tolerancia es, más bien, un compromiso activo en la defensa de la realización de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

En su Declaración de Principios para la Tolerancia, la Unesco señala que “la tolerancia exige justicia e imparcialidad en la legislación, en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administrativo. Exige también que toda persona pueda disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna discriminación. La exclusión y la marginación pueden conducir a la frustración, la hostilidad y el fanatismo”.

En la actual coyuntura política venezolana es necesario rescatar estos valores y reivindicar que siempre es posible administrar democráticamente los conflictos» (Provea, 14.11.03, son@derechos.org.ve).

El que sigue es un artículo escrito por Susan George, autora del Informe Lugano y vicepresidenta de Attac-Francia, que por su tratamiento del tema de los derechos humanos, consideramos relevante ofrecer a nuestros lectores.

«Las instituciones nacionales e internacionales tienen capacidad para satisfacer las necesidades básicas de cada una de las personas de la Tierra, pero se niegan a hacerlo

En lo que concierne a los derechos humanos, hoy en día vivimos inmersos en el centro de una paradoja. La primera paradoja es que mientras la definición y declaración de derechos humanos existe sólo a nivel internacional, su defensa sólo puede ocurrir a nivel nacional. A pesar de la interpretación de que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) abarca todos los derechos, Naciones Unidas, en los pactos de 1966, define dos categorías distintivas: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Sin embargo, la ONU no está en posición de defender estos derechos. Hasta ahora, sólo los estados soberanos, individualmente, pueden hacerlo.

Los estados garantizan – o no – las libertades democráticas y el Estado de derecho (derechos civiles y políticos). Sólo ellos pueden asegurar los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo proveyendo educación universal y asistencia sanitaria sin tener en cuenta la capacidad de pago, o mediante asignaciones y compensaciones a los ancianos, los parados o los inválidos. Los ciudadanos pagan impuestos para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones en cuanto a los derechos humanos, una función mejor conocida como redistribución.

La segunda paradoja es que las peores violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales son cometidas – sin importar que quienes las cometen estén preparados para reconocer este hecho -, por las instituciones internacionales, algunas de las cuales incluso están ligadas tenuemente a Naciones Unidas. En los últimos 20 años años, los así llamados ajustes estructurales, más certeramente designados como programas de austeridad, diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, han causado numerosos estragos en numerosos países. Dichos programas de austeridad, al forzar a países endeudados a reducir el gasto público y orientar sus economías hacia las exportaciones, para ganar las divisas necesarias para cumplir con el servicio de la deuda, han sido responsables de la generación perdida en el Sur. Millones de personas han sido privadas de educación y atención médica, mientras los presupuestos estatales han sido recortados.

Es más, el FMI insiste en la libertad total de los movimientos de capitales, lo que ha llevado a una masiva crisis financiera detrás de la otra. En México, 28.000 pequeños negocios quebraron como resultado de la crisis; en Tailandia y Corea hubo lo que se denominó suicidios FMI; en Indonesia, 30.000 empleados bancarios perdieron sus empleos en una sola semana; en Rusia, la pobreza ha alcanzado ahora a 60 millones de personas y la esperanza de vida de los hombres ha caído en siete años en una década; en Argentina, que llevó adelante las instrucciones del FMI al pie de la letra, una gran proporción de sus ciudadanos de este país ha quedado prácticamente en la calle.

¿Y qué decir del derecho a estar vivo? Casi todo el mundo sabe que el hambre todavía es predominante en el mundo. Según el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), llevará 150 años erradicarla. Mientras tanto, el África Subsahariana paga más de 20.000 dólares por minuto a sus acreedores en servicios de la deuda. Se podría proveer bastante comida y agua limpia, sin mencionar escuelas y clínicas, con 20.000 dólares por minuto, pero parece que las necesidades de las ricas naciones acreedoras de recibir estos pagos – marginales para ellos aunque cruciales para los africanos -, son más importantes.

La tercera paradoja es que, quizá por primera vez en la historia, el mundo es lo suficientemente rico para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de cada persona en la Tierra, aunque poderosas instituciones nacionales e internacionales se niegan a hacerlo.

La ayuda oficial al desarrollo no sólo ha caído desde el fin de la guerra fría, sino que las naciones más ricas son usualmente las que menos contribuyen. Mientras que hace 30 años la ONU marcó la meta de ayuda al desarrollo en el 0,7% del PIB, Estados Unidos sólo contribuye con el 0,1% de su producto bruto (PIB). Si todos los países ricos cumplieran con la meta de la ONU, tendríamos 150.000 millones de dólares en ayuda oficial – no la miseria de 52.000 millones de dólares en contribuciones que se hizo el año pasado -. Ni siquiera los 150.000 millones llegarían a cubrir las transferencias netas desde los países pobres a los países ricos, que, en el 2002, llegaron a la escandalosa cifra de 200.000 millones a favor del Norte.

Entonces ¿Cómo garantizar la provisión de derechos económicos básicos para todos? Persiguiendo el dinero hasta donde está – en el nivel internacional -. Es hora de cancelar la deuda de los pobres que ha sido pagada una y otra vez. Es hora de cerrar los paraísos fiscales que dan cobijo a fortunas ilegales y a las ganancias de los traficantes de drogas, mujeres, niños y animales. Es hora de llevar adelante un impuesto y una redistribución a nivel internacional, comenzando con los mercados financieros, pero sin dejar de lado las ganancias de corporaciones transnacionales o las tasas ecológicas. Es, técnicamente hablando, perfectamente aplicable, y estos fondos pueden ser redistribuidos bajo la condición de que los países que reciben el dinero garanticen la democracia y los derechos humanos dentro de sus fronteras. Esto crearía un poderoso incentivo y garantizaría ambos tipos de derechos.

La peor paradoja es quizá que al fin podríamos crear un mundo donde la demanda universal de derechos humanos universales no sea lo que la embajadora de Reagan en Naciones Unidas Jeane Kirkpatrick llamó ‘una carta a Papá Noel’. Las instituciones nacionales e internacionales pueden hacer realidad todos los derechos humanos, pero se niegan a hacerlo. El movimiento global de justicia, incluyendo el Segundo Foro Internacional de Derechos Humanos organizado por el Observatorio DESC, que se celebra en Barcelona del 17 al 20 de noviembre, está luchando para hacerlos cambiar de opinión» (El Periódico de Barcelona, 15.11.03, http://www.elperiodico.com).

«Las personas hacen cosas – deliberadamente o no – que dañan a otras personas. Con el fin de que funcione, la sociedad debe brindar a las personas incentivos – mediante premios y castigos, reglamentos y multas – para que no las hagan. Al contaminar el aire, perjudicamos a quienquiera que respire.

El sistema legal desempeña un papel importante al respecto. Si perjudico a alguien, debe poder demandarme.

Immanuel Kant, con su imperativo categórico, aportó el fundamento filosófico a quienes deseaban un fundamento para la ética diferente del representado por los aforismos religiosos. Pero la sociedad moderna no depende – ni puede hacerlo – sólo de que las personas actúen ‘correctamente’. Recurre a las zanahorias y los palos.

Motivar a las empresas para que actúen correctamente es aún más difícil. Al fin y al cabo, las empresas no tienen conciencia; es sólo la conciencia de quienes las dirigen y, como han mostrado con demasiada claridad los recientes escándalos habidos en los Estados Unidos, a menudo la conciencia queda subordinada a los beneficios.

El sistema legal de los Estados Unidos vela por que se responsabilice de las consecuencias a las empresas que ofrezcan un producto defectuoso y, en particular, si resulta peligroso.

Las empresas están en condiciones mucho mejores que los consumidores para evaluar la inocuidad de sus productos; todos nos beneficiamos de que nuestro sistema legal haya brindado incentivos a las empresas para que presten atención a la inocuidad de lo que producen.

Asimismo, la legislación medioambiental hace responsables a las empresas de sus residuos tóxicos y muchos países, incluidos los Estados Unidos, han consagrado el principio de que “el que contamina paga”, es decir, que las empresas deben pagar los daños que causen.

Es una cuestión de incentivos y de justicia social.
Sin embargo, en otras esferas estamos empezando tan sólo a pensar en lo que debe significar la responsabilidad empresarial para nuestro sistema legal. En la Segunda Guerra Mundial las empresas alemanas no tuvieron el menor inconveniente en beneficiarse del trabajo esclavo de quienes estaban internados en campos de concentración y los bancos suizos tuvieron mucho gusto en embolsarse el oro de las víctimas judías del terror nazi. En procesos recientes se los ha obligado a devolver parte de lo que tomaron.

En época más reciente, las compañías petroleras han demostrado tener poca conciencia al entregar dinero que alimenta a movimientos guerrilleros… con tal de que quedaran preservados sus intereses. En el Congo los beneficios de las compañías mineras contribuyeron a mantener en el poder durante decenios al difunto presidente Mobutu del Zaire, país que ahora se llama El Congo, con lo que le permitieron saquear su país, gracias, al parecer, a las cuentas bancarias secretas que son la especialidad de países como Suiza, las Islas Caimán y Chipre. El dinero del Banco Mundial y del FMI también contribuyó a sostener a Mobutu. Esas instituciones sabían – o debían haber sabido – que sus préstamos y su asistencia no iba a ayudar a la población desesperadamente pobre del país. Lo único que haría sería endeudarla aún más.

Hoy consideramos que las personas, las empresas y las instituciones se deben responsabilizar de sus acciones. Pero, ¿qué debe significar eso, para que sea algo más que mera retórica? En primer lugar, significa condonación de las deudas: puede que las entidades crediticias internacionales no puedan compensar plenamente los daños causados cuando su dinero contribuye a mantener a autócratas odiosos en el poder, pero al menos no se debe hacer cargar a las víctimas con una herencia financiera desastrosa.

En Suráfrica, es posible que la presión económica ejercida con las sanciones derribara con el tiempo el sistema racista del apartheid, pero, del mismo modo, el apoyo económico desde el exterior – incluidos préstamos de bancos multinacionales – fue lo que mantuvo con vida ese sistema durante tanto tiempo. Lo mismo en gran parte es aplicable al Irak
durante el decenio de 1990.

Se debe considerar responsables a quienes contribuyeron a mantener el apartheid y, en particular, quienes no se adhirieron a la aplicación de las sanciones, después de que las Naciones Unidas las aprobaran. Si las empresas tuvieran conciencia, actuarían sin que se las obligara a hacerlo: calcularían el beneficio obtenido con el sistema del apartheid y lo devolverían al país con los intereses correspondientes.

Pues la desaparición del apartheid no ha resuelto los profundos problemas económicos del país, incluida una tasa de desempleo que supera 25% .

Hasta ahora, no parece haber prisa por reparar los daños causados en Suráfrica y, en otros lugares, apenas hay muestras de que la conciencia empresarial sea demasiado profunda, pero hemos de abrigar la esperanza de que los sistemas legales de Occidente aporten un recurso diferente, que no sólo repare en parte las injusticias del pasado, sino que, además, brinde incentivos a las empresas para que en el futuro se lo piensen dos veces antes de beneficiarse de regímenes brutales» (El Nacional, 09.11.03, pág. A/11).

DOCUMENTOS

«El aire espeso que respira el país, la conmoción del ánimo colectivo, la agudización de los conflictos, las maneras poco democráticas de procesarlos y las preocupantes muestras de agresiones físicas, verbales y simbólicas, plantean el riesgo de una escalada de violencia a corto plazo. Hasta ahora nuestro talante cordial ha evitado la instalación de la muerte como sistema. La misma que se ha aposentado en otros pueblos, invitada por muchas menos ofensas, agresiones o dislates.

Cierto que no se ha llegado aún a situaciones límite, pero igualmente cierto que el país muestra un preocupante cuadro de condiciones políticas, sociales y económicas que nos convocan a asumir responsablemente una acción colectiva. Por decenios nos asumimos como una sociedad sin diferencias, tratando de ocultar con palabras, promesas, leyes y papeles nuestras diversidades de todo orden: político, social, económico y cultural. Ahora parecemos haber descubierto esta diversidad y, embriagados de susto, no sabemos procesarla, creyendo que todos los problemas del país se resuelven eliminando al otro.

En la actual coyuntura, se espera mucho de los referendos revocatorios, una posibilidad de acción política novedosa, planteada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Predomina la convicción de que es la salida pacífica y democrática para la crisis que confrontamos. Hay quienes suponen que la salida del Presidente Chávez es una condición imprescindible para que la sociedad venezolana termine sus pesares. Otros esperan que una vez derrotada la oposición, el gobierno pueda dedicarse a sus tareas, sin necesidad de distraer las energías que le consume la controversia política. Nosotros creemos que los referendos revocatorios pueden contribuir a la construcción de la paz sólo si sus resultados no se interpretan como la eliminación del otro, sino como un paso hacia la necesaria coexistencia de expresiones políticas diversas.

La paz de la que hablamos tiene que ver con la construcción de la justicia y con el esfuerzo por impedir que, en su nombre, se cometan injusticias más trágicas y profundas aún. No es una paz entendida como la postergación del conflicto ni como la evasión a resolver aquellos traumas y carencias por los cuales la sociedad venezolana se encuentra en este punto de tensión.

Hay que encontrar las áreas de negociación donde las diversidades se entrecruzan, se evidencian las diferencias y surgen los acuerdos. Aquí cabemos todos, y está claro además, que todos nos hacemos falta. Desde esta diversidad hay que aprender a negociar. Desde esta diversidad hay que construir este País.

Contamos con organizaciones, grupos, comunidades, asociaciones, aulas de clase, gente y una historia común para negociar, discutir, participar, acordar y discrepar, para generar valores, referentes, marcar rutas y ensayar proyectos de cambio en paz. Somos cada vez más los que hemos decidido declararnos en acción permanente por la paz en construcción.

Exhortamos a los representantes gubernamentales, a los líderes de oposición, a los medios de comunicación públicos y privados, y a los representantes de todos los sectores sociales, a:

  • Asumir sus responsabilidades institucionales
  • Elevar el nivel del debate, disminuir la pugnacidad verbal y promover una comunicación pública basada en el respeto.
  • Condenar las expresiones de violencia, independientemente de su procedencia
  • Propiciar espacios de distensión, encuentro y diálogo plural sobre los problemas más urgentes que enfrenta la sociedad venezolana.

Para construir la paz nos hemos convocado y estamos convocando:

Alfredo J. Anzola; Alfredo Infante; Alberto Lovera; Adicea Castillo; Alberto Müller Rojas; Alicia Núñez Paredes; Alidha Ávila; Ana Cabria Mellace; Ana Carolina Paris; Ana María San Juan; Andrick Prieto; Ángel Eduardo Álvarez; Ángel Hernández; Ángel Lombardi; Antonio González Plessmann; Antonio Paris; Antonio Pasquali; Armando Janssens; Arnaldo Esté; Atilio Romero; Aziers Calvo; Benjamín Sánchez; Brian Ellsworth; Carlos Azpurua; Carlos Correa; Carlos Noguera; Carlos Romero; Carmen Elena Balbás; Cecilia Vicentini; Consuelo Morillo; Dick Parker; Edmundo Chirinos; Eleazar Díaz Rangel; Edmundo Vargas Rojas; Elizabeth Araujo; Elizabeth Marval; Emiliano Borgues; Enrique Hernández D’Jesús; Ernesto Medina; Ernesto González; Erubí Cabrera; Esperanza Vera; Eva Josko de Gueron; Francisco Diez; Fernando Pereira Fernando Rodríguez; Francisco Iturraspe; Franklin Chacín Lugo; Gabriela Saturno; Gabrielle Gueron Josko Germán Yepez; Gioconda Espina; Graciela Pantin; Guillermo Feo; Héctor Silva Michelena; Hernán Lejter Kizner; Hernán Carrera; Humberto García Larralde; Ibsen Martínez; Ignacio Avalos; Ilica Otero; Isidoro Zaidman; Israel Jaspe; Jacobo Penzo; Janette Raydan; Jesús Alberto León; Jesús Alberto González; Jesús Sanoja Hernández; José Balza; José Rafael León; José María Cadenas; José Miguel Cortazar; José Virtuoso. SJ; José Zubiris; Josefina Jordán; Juan Bosco Chacón; Juliana Boersner; Julio Tupac; Laura Weffer; Ligia Bolívar; Liliane Blasser; Liliana Ortega; Lucía Azuaje; Lucio Segovia; Lucy Amado; Lucy González; Luis Alberto Crespo; Luis Lander; Luis Millán; Marcelino Bisbal; Marcos Gómez; Marilen Hobaica; Maryclen Stelling; Maria Cristina Capriles; Maria Isabel Bertone; María Josefina Ferrer; María Teresa Boulton; Maríanela Balbi; Mario Amengual; Maritza Montero; Maritza Izaguirre; Margarita López Maya; Mireya Lozada; Mercedes Muñoz; Nelly Cuencas; Nestor Alfonzo Santamaría; Ocarina Castillo; Onofre Frías; Orlando Villalobos; Orlando Viscarrondo; Oscar Aguilera; Oscar Noya; Pablo Antillano; Pedro Antonuccio; Peran Erminy; Rafael Roca; Rafael Salvatore; Ricardo Bulmez; Santiago Martínez; Teodoro Petkoff; Tulio Hernández; Víctor Hugo Febres; Victor Márquez; Víctor Rago; Walter Trejo; Amnistía Internacional Sección Venezolana; Asociación Civil Crece; Avesa; Caleidoscopio, Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Arnulfo Romero; Cátedra Unesco/Ucv de Cultura de Paz; Cátedra de la Paz; Iaeden; Cecodap; Cedusuc; Centro de Desarrollo Integral de Sucre; Centro de Estudios de la Mujer; Centro Carter en Venezuela; Centro de Resolución de Conflictos Edo. Lara; Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV; Cesap; Constructores De Paz; Cofavic; Educrein; Escuela de Vecinos de Venezuela; Fundación Centro Gumilla; Fundación Planeta Libre; Instituto Mead; Los Del Medio; Provea; Proyecto Voces por un Continente sin Violencia; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Redsoc; Secorve; Servicio Jesuita a Refugiados; Sinergia.
26 de Octubre de 2003″ (Paz en Movimiento-Paz en Construcción, 18.11.03, conpaz@cantv.net)

«Al celebrarse este año el quincuagésimo quinto aniversario de la promulgación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la luz de los desarrollos en materia de responsabilidad internacional del individuo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima necesario recordar que los crímenes contra el derecho internacional como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constituyen una gravísima ofensa a la dignidad humana y una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las Cartas de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas, por lo que la comisión de éstos no debe quedar impune.

La CIDH, como órgano principal de la OEA, tiene la misión de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Frente a ello, registra como uno de los más importantes avances del derecho internacional contemporáneo el establecimiento y consolidación de la responsabilidad penal internacional del individuo, que aunado a los principios de jurisdicción internacional y universal, así como al establecimiento de múltiples reglas y tipos de jurisdicción de los Estados para el juzgamiento de esta clase de crímenes, contribuyen de manera notable al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y, lo que es más significativo aún, a la consolidación del imperio del derecho y de las libertades fundamentales de la persona humana en la comunidad mundial.

De conformidad con los tratados de derechos humanos, los Estados deben respetar y garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción los derechos humanos. Por tal motivo, están obligados a investigar y sancionar toda violación a estos derechos, en especial si tales violaciones constituyen además crímenes contra el derecho internacional. La CIDH nota que a fin de combatir la impunidad de estos crímenes, el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, establece que los Estados pueden hacer uso de diferentes reglas y tipos de jurisdicción para su juzgamiento.

Al respecto recuerda que los llamados Principios de Nüremberg, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946, la creación de los tribunales penales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, en 1993 y en 1994, así como la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional y su entrada en vigor el 1º de julio de 2002, como tribunal permanente, consagran la jurisdicción internacional para juzgar a individuos responsables de la comisión de estos graves crímenes.

Por otra parte, la evolución normativa internacional, al igual que importantes desarrollos jurisprudenciales en diversos Estados, ha permitido consolidar una jurisdicción universal así como múltiples bases de jurisdicción a fin de juzgar graves crímenes contra el derecho internacional. La jurisdicción universal faculta a los Estados para establecer su jurisdicción con el fin de perseguir, procesar y sancionar a quienes aparezcan como responsables de graves crímenes contra el derecho internacional. Esta jurisdicción universal se ve reflejada en instrumentos tales como los Convenios de Ginebra de 1949. Asimismo, una serie de instrumentos normativos regionales e internacionales contemplan múltiples bases de jurisdicción para el juzgamiento de crímenes internacionales. Entre otras, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el ámbito de la OEA, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes en el ámbito de las Naciones Unidas obligan a los Estados a tomar medidas para juzgar en su jurisdicción estos crímenes o de lo contrario los obligan a extraditar a las personas acusadas para su juzgamiento. Incluso, el consenso de los Estados ha ampliado esta concepción a otras ofensas internacionales, como el caso de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Dada la gravedad de estos crímenes internacionales y la obligación de investigar, procesar, sancionar y reparar, los Estados deben cooperar a fin de evitar la impunidad de los perpetradores de estos crímenes.

En esta tarea, los Estados deben considerar que los crímenes internacionales, aun cuando atañen a toda la comunidad internacional por su gravedad, afectan principalmente al Estado en cuya jurisdicción ocurrieron y de manera especial a la población de dicho Estado. Por tal motivo, el principio de territorialidad debe prevalecer en caso de conflicto de jurisdicciones, supuesto a que en dicho Estado existan recursos adecuados y eficientes para el juzgamiento de tales crímenes y se garanticen las reglas del debido proceso a los presuntos responsables, así como la existencia de una voluntad efectiva de juzgarlos.

En tal virtud, y tomando en consideración sus recomendaciones sobre Jurisdicción Universal y Corte Penal Internacional de 1998, y sobre Asilo Político y su relación con Crímenes Internacionales de 2000, así como las recientes resoluciones de la Asamblea General AG/RES. 1929 (XXXIII-0/03), AG/RES. 1900 (XXXII-0/02), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01), AG/RES. 1770 (XXXI-O/01), AG/RES. 1706 (XXX-0/00) y AG/RES. 1619 (XXIX-O/99), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 41(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 18(b) de su Estatuto, resuelve:

  1. Exhortar a los Estados a adoptar las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para sancionar crímenes internacionales tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
  2. Exhortar a los Estados a combatir la impunidad de los crímenes internacionales a través de invocar y ejercer su jurisdicción sobre estos crímenes con base en los distintos tipos de jurisdicciones existentes.
  3. Exhortar a los Estados a adoptar las providencias necesarias para considerar estos crímenes internacionales como delitos que dan lugar a extradición y conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido un crimen internacional o proceder a su juzgamiento.
  4. Exhortar a los Estados a cooperar en la labor fundamental de prevenir, sancionar, reparar y erradicar estos crímenes internacionales. Para ello, en caso que dos o más Estados invoquen su jurisdicción para el juzgamiento de personas acusadas de cometer crímenes internacionales, éstos deberán dar preferencia a aquel Estado cuya jurisdicción sea más óptima para el juzgamiento de tales crímenes.
  5. Señalar que el principio de la territorialidad debe prevalecer sobre el de la nacionalidad en los casos en que el Estado donde ocurrieron los crímenes internacionales tenga voluntad de llevarlos a juicio y ofrezca las debidas garantías del debido proceso de los presuntos responsables.
  6. Señalar que cuando un Estado no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación, juzgamiento, y cuando corresponda, sanción de los responsables. La decisión que adopten dichas autoridades deberá comunicarse al Estado que haya solicitado la extradición.
  7. Exhortar a los Estados que aun no lo han hecho a ratificar los distintos instrumentos regionales e internacionales en la materia, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Washington D. C., 24 de octubre de 2003″ (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 18.11.03, http://www.cidh.oas.org/reso.1.03.htm).

Del 10 al 23 de octubre de 2003

Servicio informativo Nº 128

CONTEXTO

Este 15.10.03, Provea celebró su decimoquinto aniversario. En 1988, Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron esta asociación civil sin fines de lucro con el objeto de ofrecer apoyo jurídico gratuito a colectivos de personas cuyos derechos hayan sido atropellados, brindándoles educación en el campo de los derechos humanos y promoviendo la documentación, investigación, monitoreo y divulgación de la situación de los derechos humanos en el país.

A lo largo de 15 años, el catálogo de actividades de Provea se ha hecho extenso. Desde haber logrado la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano por el caso de El Amparo, hasta participar en la redacción del Título de Derechos Humanos de la Constitución y en la redacción de la Ley de Refugiados/as y Asilados/as. De igual forma hay que recordar la defensa jurídica de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar a favor de la gratuidad de la educación superior y la de los niños cardiópatas del Hospital J. M. de los Ríos por su derecho a la salud. Asimismo, en abril de 2002, Provea fue una de las primeras organizaciones que alzó la voz contra el golpe de Estado. Actualmente, hay que destacar su participación, en el reconocimiento del estatuto jurídico de los ciudadanos colombianos solicitantes de asilo en Venezuela, en el caso de los pensionados y jubilados de Viasa, y en el caso que los habitantes de Lagunillas (Edo. Zulia) y de Nueva Tacagua siguen por su derecho a la vivienda, entre otros.

Para Provea es igualmente fundamental conocer los aspectos teóricos y metodológicos de los derechos humanos, esto facilita el proceso de investigación que permite entender ampliamente los aspectos jurídicos, políticos y sociales involucrados en estos. En este sentido, uno de los trabajos por los que más se conoce a esta organización es la publicación de su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en el cual se expone la labor de monitoreo e investigación que sobre 18 derechos siguen sus investigadores. En el seguimiento de la situación de los derechos humanos, acompaña al informe anual el servicio informativo Derechos Humanos y Coyuntura, el cual se publica quincenalmente por vía electrónica y llegándole a más de cinco mil suscriptores de toda índole. El sitio web de la organización (http://www.derechos.org.ve) también es otro producto ofrecido a personas interesadas y público en general, con materiales educativos, información especializada sobre las distintas instancias de exigibilidad de los derechos humanos y la mayor parte de los documentos publicados por la organización, incluyendo los informes anuales, comunicados, notas de prensa, artículos de opinión y los servicios informativos, los cuales pueden ser consultados gratuitamente.

La organización también se ha destacado en organizar importantes eventos para la promoción y formación de los derechos humanos: variados foros en los que se abordaron diversas temas de actualidad, talleres para formación de monitores de derechos humanos y cuatro seminarios sobre derechos económicos, sociales y culturales, con participación nacional e internacional.

Provea, además, ha estimulado la constitución de espacios de articulación de organizaciones de derechos humanos, como el Foro por la Vida, la Red de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

A propósito de este aniversario, Carlos Correa, Coordinador General comenta que “Provea está cada vez más convencida de que la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales constituye un componente estratégico y necesario de la democracia. La única manera de profundizarla es logrando una verdadera justicia social. La exclusión y las múltiples formas de discriminación estructural que existen en Venezuela constituyen una amenaza clara a cualquier posibilidad de orden legítimo fundado en el respeto a la soberanía popular” (La Voz, 14.10.03, pág. 7).

El 10.10.03, el Comité Nobel otorgó el Premio de la Paz 2003 a Shirin Ebadi, abogada iraní y activista de derechos humanos. Para la toma de decisión del Nobel de la Paz 2003, el Comité destacó, sobre todo, el trabajo de Ebadi en la lucha por los derechos de las mujeres y los niños en su país: “Como abogada, jueza, profesora, escritora y activista, se ha pronunciado claramente y con decisión en su país, Irán, y mucho más allá de sus fronteras”, resaltó el Comité (Organización de Naciones Unidas, 16.10.03 http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1111&criteria1=Irán&criteria2=).

Kofi Annan, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), consideró que este reconocimiento subraya «la importancia de extender los derechos humanos en todo el mundo y alienta a las mujeres a hablar y a reclamar sus derechos” (Ídem.).

Bertrand Ramcharan, titular interino del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espera que el Nobel de Ebadi “inspire e incentive a todas las personas del mundo que luchan por la protección de los derechos humanos” (Ídem.).

Carol Bellamy, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), también se mostró complacida por la decisión del Comité Nobel y comentó que el premio “’es un regalo para los niños de todo el mundo’ La lucha de Ebadi por los derechos humanos, especialmente de los niños y las mujeres, ‘ha sido una inspiración para todos los que se preocupan por los pequeños. Estamos en deuda con ella por sus convicciones y su valor’” (Ídem.).

Amnistía Internacional (AI) también mostró su satisfacción por la concesión del Premio Nóbel de la Paz a Ebadi: “Premiando a Shirin, el Comité noruego reconoce la importancia crucial de los derechos humanos y de los individuos que los defienden en todo el mundo. Shirin ha luchado a favor de muchos defensores de los derechos humanos, incluidos los Presos de Conciencia de Amnistía Internacional, y este premio rinde homenaje también a todas esas otras personas que luchan contra la injusticia. En un momento en el que los principios de derechos humanos están cada vez más amenazados, este premio traerá nueva esperanza a todos aquellos comprometidos con la lucha diaria a favor de los derechos humanos” (Amnistía Internacional, 13.10.03, http://www.a-i.es/com/2003/com_10oct03.shtm).

Recuerda AI que en el año 2000, Ebadi defendió a Mehrangiz Kar y a Shahla Lahiji, ambas presas de conciencia por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres en Irán. Ebadi también investigó los asesinatos de escritores e intelectuales perpetrados en 1998 y 1999. Ella misma fue arrestada el 27.06.00, acusada de producir y distribuir un video que supuestamente “alteraba la opinión pública” (Ídem.).

Human Rights Watch (HRW) manifestó su aprobación por la decisión del Nobel de la Paz de este año: «El Comité Nobel envió al Gobierno iraní un fuerte mensaje que indica que las graves violaciones a los derechos humanos deben cesar» (El Nacional, 11.10.03, pág. A/13).

En declaraciones pronunciadas a su regreso a Teherán (capital iraní) proveniente de París, Ebadi reclamó la liberación de todos los prisioneros políticos de su país y destacó que con su distinción «el mundo quiso reconocer el combate de las mujeres musulmanas» (El Nacional, 14.10.03, http://www.el-nacional.com/#) .

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz invita a organizaciones, vecinos y particulares a la Celebración por la Vida 2003, que se efectuará el 25.10.03, a la 1:30 PM, en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela (BCV) (Parroquia Altagracia de Caracas).

Explica la organización que «como todos los años, el próximo sábado 25 de octubre el equipo que labora en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, conjuntamente con familiares de víctimas de abusos policiales y militares, distintas comunidades cristianas agrupadas en el Centro Coordinador de Servicios de las Comunidades de Base de Caracas (CECOSE), organizaciones comunitarias y de derechos humanos, se reunirán en la Plaza del Banco Central de Venezuela y de allí marcharán hasta el Colegio La Salle de Tienda Honda, lugar en donde se llevará a cabo la Celebración por la Vida 2003. La Celebración por la Vida 2003 forma parte de la iniciativa ‘Paz en Movimiento’ y su lema inspirador es ‘Comprometernos para lograr justicia, reconocernos para que haya paz’. El logro de la paz por la vía política y democrática sólo será posible gracias a nuevas formas de diálogo y de consenso social. En este sentido, la Celebración por la Vida continuará siendo no sólo un ejemplo, sino también un aporte para la construcción de espacios de encuentro, en los cuales nos podamos comprometer con el logro de la justicia y el reconocimiento de la paz (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 21.10.03, redapoyo@cantv.net).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Desde que Provea le solicitó al ministro Nóbrega información sobre la supuesta utilización de los fondos de pensionados y jubilados para fines distintos a los legalmente previstos, transcurrieron más de los 20 días que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos otorga a los funcionarios públicos para dar respuesta a una petición. De este modo, el titular de Finanzas vulneró el derecho de petición invocado por Provea el pasado mes de junio y obligó a la organización a recurrir ante la Sala Constitucional del TSJ con una acción de amparo.

Esta sería la cuarta vez en este año que Provea recurre ante la máxima instancia judicial por la violación del derecho de petición establecido en el Artículo 51 de la Constitución.

En la acción de amparo constitucional introducida este 14.10.03 por Provea, se le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenara a Tobías Nóbrega, titular del Ministerio de Finanzas (MF) dar una respuesta sobre dicha petición.

”El pasado 04.06.03, explicó Marino Alvarado, coordinador del Área de Defensa de Provea, le enviamos una comunicación al Ministro en la cual se le solicitaba información sobre el supuesto uso de recursos monetarios pertenecientes a los fondos de pensiones y jubilaciones de los empleados de la administración pública y del fondo de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). También le pedíamos que diera a conocer los montos de tales recursos y los organismos beneficiarios de los mismos” (Provea, 14.10.03, http://www.derechos.org.ve).

A la organización, que entre sus propósitos tiene el monitoreo y la vigilancia del cumplimiento de la Constitución y las leyes, le interesaba corroborar la noticia publicada por el diario El Universal, el 23.05.03, según la cual Nóbrega reconocía que algunos fondos de pensiones y jubilaciones fueron usados para el pago de sueldos y salarios de los empleados de la administración pública.

Señaló Alvarado que “en caso de ser cierta la noticia, se habría incurrido en una flagrante violación del artículo 86 de la Constitución, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Losss), el artículo 75 de la Ley del Seguro Social (LSS) y el artículo 23 de la Ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, instrumentos todos que son claros en la prohibición de utilizar los recursos financieros de los fondos de pensiones y jubilaciones para otros fines que los previstos en la Ley” (Ibíd.).

“Además de constituir un delito que debe ser sancionado, este hecho pudiera generar graves consecuencias en la estabilidad financiera del sistema de seguridad social, en momentos cuando se realiza un proceso de transición entre el viejo y el nuevo modelo pautado por la Constitución y la Losss. De ser cierta la denuncia, se estaría ante un precedente negativo de desprotección y vulneración de los derechos de los beneficiarios afiliados al sistema de seguridad social”, acotó el vocero de Provea (Ibíd.).

En este sentido, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN) giró una invitación, este 22.10.03, a Provea para que expusiera las razones por las cuales interpuso esta acción de amparo. Una vez escuchados los argumentos de Provea, los diputados consideraron conveniente invitar al Ministro para que explique si efectivamente hizo uso de recursos de la seguridad social y el procedimiento utilizado para esta acción. De la misma manera, los diputados decidieron hacer una evaluación más global sobre el modo en que se vienen administrando los fondos destinados a la seguridad social.

Provea califica como positiva esta reunión y el interés mostrado en aclarar los hechos. Como lo expresó Marino Alvarado, asistente a la cita en la AN por Provea: «el único interés que tiene la organización en llevar este caso, es velar por el uso adecuado de los recursos financieros destinados al sistema de seguridad social y evitar que se generen distorsiones que puedan afectar el funcionamiento del nuevo sistema de seguridad social que está en proceso de implantación» (Provea, 22.10.03).

Finalmente, debe destacarse que Eudomar Tovar, Viceministro de Finanzas, hizo llegar el 16.10.03 una comunicación a Provea que pretendía responder al derecho de petición hecho al Ministro hace más de 4 meses. Sin embargo, la información suministrada no fue adecuada, puesto que no respondió las preguntas formuladas por Provea.

Desde este 24.10.03, el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd) y las organizaciones que participan en el Foro Social Nacional están desarrollando el Foro Social Metropolitano 2003. El mismo es definido por sus organizadores como un espacio para el fortalecimiento de los movimientos sociales y el tejido social, un proceso de construcción social articulada , (Aporrea, 23.10,03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10986).

Erick Gutiérrez, secretario Técnico del Capítulo Venezuela de la Pidhdd, explica que «al igual que el Foro Social Mundial de Porto Alegre (Brasil) 2003, el Foro Social Metropolitano contempla varias actividades que son expresión del trabajo de las organizaciones populares y de base, orientadas a la construcción de «otro mundo posible». Entre las actividades comprendidas en el Foro Social Metropolitano, están:

  • Inauguración del Foro Social Metropolitano, en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), el 24.10.03, a las 5:00 PM;
  • Primer Encuentro Metropolitano por la Salud y la Vida, en el liceo «Andrés Bello» (Parque Carabobo), el 25.10.03, a las 8:00 AM;
  • Celebración por la Vida 2003, en conjunto con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en la Plaza Juan Pedro López del BVC (Parroquia Altagracia), el 25.10.03, a la 1:30 PM;
  • Seminario sobre Residuos Sólidos Urbanos, Capacitación y Empleo en una Economía Alternativa, el 08.11.03, en el Teatro Municipal.
  • Mesas de trabajo en el liceo Andrés Bello (Parque Carabobo), el 15 y 16 de noviembre;
  • Primer Congreso Nacional por la Salud y la Vida, en Enero del 2004.

Para mayor información, puede contactarse por el correo-e: plataforma@derechos.org.ve. (Capítulo Venezuela, 23.10.03, plataforma@derechos.org.ve).

En la 32a. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), celebrada entre el 29.09.03 y el 17.10.03 en París, Francia, se aprobó el Convenio Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, instrumento jurídico que tendrá la misión de salvaguardar «los usos sociales, los rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales» (El Nacional, 17.10.03, http://www.el-nacional.com/#). Con este Convenio se brindará protección a la tradición y la expresión oral, incluido el idioma como vehículo del patrimonio inmaterial, así como las artes del espectáculo (Ídem.).

El Consejo Ejecutivo de la Unesco adoptó igualmente una Declaración sobre la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural, destinada a evitar agresiones deliberadas con el patrimonio universal, como las ejecutadas por el Talibán contra las esculturas gigantes de Buda, en Bamiyán, Afganistán, en el año 2001 y la destrucción de gran parte de los monumentos y museos de la ciudad de Bagdad causada por las acciones bélicas y saqueos ocurridos en la reciente intervención militar a Irak. La Conferencia acordó, asimismo, encargar a Koichiro Matsuura, director General de la Unesco, la preparación de un proyecto de Convenio Internacional sobre Diversidad Cultural, que complete jurídicamente esta Declaración (Ídem.).

El Consejo Ejecutivo de la Unesco también aprovechó la ocasión para efectuar la elección de sus nuevos miembros para el período 2003-2007, en cuya votación resultó electo el Estado venezolano que, con el endoso del Grupo Latinoamericano y Caribeño, fue la candidatura que contó con más votos (un total de 167) después de la de Canadá (169) (Argenpress, 17.10.03, http://www.argenpress.info/nota.asp?num=005607) .

De este modo, Venezuela formará parte de los 58 Estados miembros que representan a los 5 grupos electorales del organismo. Es de hacer notar que Venezuela tenía 12 años sin ser parte de este órgano de la Unesco (Agencia Venpres, 17.10.03, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#ingresa).

El Consejo Ejecutivo tiene, entre otras responsabilidades, controlar el programa y el presupuesto aprobados por la conferencia general y estudiar las propuestas que haga el director general de la Unesco (Ídem.).

Según un informe realizado por Jean Ziegler, relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU especializado en el derecho a la alimentación: «los Estados miembros de la ONU deben vigilar cuidadosamente a las empresas transnacionales para proteger el abastecimiento de alimentos a los pobres» (Organización de Naciones Unidas, 16.10.03, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1123&criteria1=&criteria2=). La afirmación la realizó el 13.10.03, en la presentación a los representantes de los Estados miembros asistentes a la 58a edición de la Asamblea General del organismo.

El informe destaca que «el creciente poder de las corporaciones transnacionales –sumado a las privatizaciones, la desregulación y la menor participación del Estado- hacen necesaria la creación de un marco legal que mantenga a las corporaciones dentro del respeto a los derechos humanos y evite el abuso de poder» (Ibíd.).

Ziegler acotó que el poder de las empresas transnacionales «a menudo es más grande que los países en los que operan y que muy pocas veces están bajo escrutinio para que cumplan con los derechos humanos [por esta razón] es vital que se fortalezcan los mecanismos de observación” (Ibíd.).

En su informe, el relator especial del derecho a la alimentación sugiere a los gobiernos «regular las actividades de las transnacionales en el sistema alimentario con la intención de obligarlas a proteger a sus ciudadanos y a los de otros países» (Ibíd.).

En este sentido, añadió que «las organizaciones no gubernamentales tendrán un papel importante en la promoción y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación, por parte de todos los sectores de las sociedades» (Ibíd.).

Tobías Nóbrega, titular del MF, presentó el pasado 16.10.03 ante la Asamblea Nacional (AN), el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004. En su exposición, el ministro informa que el presupuesto total de la nación, incluyendo ingresos ordinarios (petroleros, no petroleros) y extraordinarios se estimó en 49,951 billones (Gobierno en Línea, 16.10.03, http://www.gobiernoenlinea.ve/).

En el mismo se contempla un gasto social por el orden del 13% del Producto Interno Bruto (PIB) (Agencia Venpres, 15.10.03, http://www.venpres.gov.ve/econ/eco1.htm#Gasto) que, según fuentes oficiales beneficia a los ministerios de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y al de Educación, Cultura y Deportes (MECD), como despachos con mayor número de asignaciones recibidas: «la asignación total para Salud aumenta en más de 700 millardos, pues de 2,313 billones que se le otorgó en 2003, para 2004 subió a 3,058 billones […] El MECD recibirá 5,668 billones de bolívares» (Gobierno en Línea, Op. cit.). La mima fuente asegura que al MF se le asignaron 750,2 millardos de bolívares para financiamiento de programas y proyectos. Al Ministerio de Infraestructura (Minfra) se destinaron 1,098 billones de bolívares (un 69% más con respecto al presupuesto 2003), para ejecución y conclusión de obras. Mientras que el aumento más notorio fue para el despacho de Planificación y Desarrollo (MPD) (un 125% más del asignado en 2003), con una asignación de 110.810,3 millardos de bolívares. Para cancelar los compromisos contractuales a los obreros de la administración pública se previeron 236,2 millardos de bolívares (Ídem.). Sobre este aspecto, otra fuente observa que el presupuesto incluye recursos para aumentar el salario mínimo en por lo menos 30% (El Mundo, Op. cit.). No obstante, añade la fuente, que el monto destinado para este fin no fue detallado porque el cálculo del incremento de sueldos está incluido en la distribución de recursos de cada ministerio y organismo gubernamental, y todavía se deben hacer los ajustes acordes con la medida, «en todo caso, la base del aumento está a tono con las mejoras salariales logradas con el Convenio Marco de los empleados de la administración pública nacional, firmado recientemente, del cual destaca un aumento en toda la escala salarial de 30% para los trabajadores gubernamentales, a excepción de los obreros» (Ídem.).

Como dato adicional, una de las fuentes oficiales citadas agrega que en el presupuesto 2004 expuesto por Nóbrega, «el servicio (pago de intereses) de la deuda pública ascenderá a 13,807 billones de bolívares, equivalente a 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en 179,706 billones de bolívares […] El ingreso petrolero -tomando como referencia 20 dólares por barril-, será de 14,408 billones (8,0% del PIB), es decir, levemente superior a lo previsto para servicio de la deuda. Sin embargo, el pago por servicio de la deuda baja 2,3 puntos en comparación con el presupuesto 2003» (Gobierno en Línea, Op. cit.).

Por otro lado, los gastos presupuestarios legales para gobernaciones y alcaldías se estimaron en 9,088 billones (5,1% del PIB) (Ídem.).

Comentó el titular de Finanzas, que «estos recursos están dirigidos a reestablecer el año que viene el terreno que se perdió en 2003 en materia de programas sociales sobretodo por los efectos devastadores del paro o sabotaje petrolero de diciembre del 2002 y cuyos efectos se prolongaron hasta marzo del 2003» (Agencia Venpres, Op. cit.).

Este 15.10.03, fue aprobado por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN para su segunda discusión el Proyecto de Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, a objeto de ser sancionado por el plenario de la Asamblea antes de finalizar el año parlamentario (Asamblea Nacional, 16.10.03, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4531).

El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, que se encuentra enmarcado en el Sistema de Seguridad Social, es un mandato constitucional, que obliga al Estado a crear un sistema que garantice a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna.

El diputado Rafael Ríos (MVR/Bolívar), presidente de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat, destacó que el articulado dedicado a los créditos hipotecarios, incorpora un “diferencial de tasa de interés del préstamo hipotecario que incrementa la cuota de amortización a cargo del o los prestatarios, por un monto que supera el límite de su ingreso y los de su grupo familiar establecidos en el contrato de préstamo. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat definirá los límites de la banda de interés en que operará la garantía” (Ibíd.).

En cuanto al articulado referido a las disposiciones transitorias, el proyecto establece que “los créditos vigentes individuales a largo plazo, otorgados en el marco de la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial No. 37006, de fecha 30.10.00, y las anteriores referidas a esta materia, continuarán amparados por los recursos del Fondo de Rescate hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social” (Ibíd.).

Asimismo, señala Ríos que, según este proyecto, los activos del Fondo de Rescate serán transferidos, previo estudio actuarial, dispuesto por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, al Fondo de Garantía. Precisa que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat administrará estos recursos de acuerdo con las previsiones sociales de esta ley, a fin de corregir las graves distorsiones generadas por desviaciones en perjuicio del usuario, tales como el doble crédito indexado (Ibíd.).

Señala la fuente que una vez elaborado el informe correspondiente para la segunda discusión en plenaria, el Proyecto de Ley de Vivienda y Hábitat será considerado en cada uno de los artículos en un plazo de 10 días hábiles (Ibíd.).

El primer Encuentro Mundial de Indígenas y Campesinos se celebró entre el 11 y 14.10.03, conmemorando por primera vez el 12 de octubre como Día Nacional de la Resistencia Indígena. El evento, patrocinado por el Gobierno Nacional, contó con la participación de representantes del Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive), la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, el Foro Bolivariano de América, la Coordinadora de la Cuenca Amazónica, el Consejo Indígena de Centroamérica, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Alianza Amazónica y el Consejo Nacional de Marcas y Quoyasuyo (Asamblea Nacional, 15.10.03, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4516).

La diputada indígena Noelí Pocaterra (Conive/Zulia), segunda vicepresidenta de la AN, explicó que el evento permitió a los participantes deliberar sobre la problemática de las etnias, el desarrollo del cooperativismo en los sectores campesinos e indígenas, las contradicciones de los derechos indígenas en el seno de la ONU y las luchas de las mujeres indígenas y campesinas, el papel de la juventud indígena y campesina, y la búsqueda de un Estado plurinacional (Ídem.).

Por su parte, el diputado Guillermo Guevara (Conive/Amazonas) presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que la Subcomisión de Legislación Indígena, adscrita a su despacho, comenzará a elaborar el Anteproyecto de Ley para Elección de Representantes Indígenas Ante los Cuerpos Deliberantes (Asamblea Nacional, 20.10.03, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4555).

El parlamentario indígena explicó que este era un mandato constitucional establecido en la disposición VII y en los artículos 125 y 126, que tenía como objeto diseñar una ley para que los pueblos indígenas elijan sus representantes a la AN, Consejo Legislativo y Concejo Municipal. «La disposición VII de la Constitución, recuerda Guevara, indica que en un lapso de 2 años la AN legislaría sobre todas las materias y daría prioridad a las leyes orgánicas sobre los pueblos indígenas, educación y fronteras […] Al garantizarse la participación política de las etnias venezolanas con una representación en la AN y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales, se consagra una de las principales aspiraciones de los pueblos autóctonos» (Ídem.).

Ante la situación de indefensión que afecta a las comunidades indígenas de Palital Kariña-Campesina y Kariña Macapaima y pueblos cercanos, por la acción de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Autoridad Única de Área para el sur de los Edos. Anzoátegui y Monagas (AUA), José Luis León, Cacique de la comunidad indígena Kariña Palital dirige al Estado venezolano un llamado para exigir la restitución de los derechos consagrados en la constitución de los pueblos indios (Unidad en la Diversidad , 13.10.03, http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=2106).

Acusa León a la CVG de incumplir las promesas realizadas a la comunidad que representa, tales como la de permitir la participación de los trabajadores de estas comunidades en la construcción del Complejo Maderero Macapaima, la cual aportaría casi 1.000 empleos directos. Sin embargo, señala León que «ni uno de los habitantes de Palital y Macapaima trabajan en esa industria» (Ibíd.). En cambio, el efecto causado por esta compañía empeoró las condiciones del hábitat ocupado por estas comunidades ha causa de la contaminación ambiental. Además, según la denuncia, los habitantes del sector son afectados por la «arremetida de la dirigencia de la CVG» (Ibíd.) hacia los indígenas Kariñas Palital.

León advierte la necesidad de aplicar la prometida Ley de Demarcación del Hábitat Indígena «y que los presupuestos en este sentido, más los que se orientan hacia los beneficios sociales, de asistencia técnica, de financiamiento e infraestructura, sirvan para consolidar el crecimiento endógeno, el sistema de economías y producción, conforme a los derechos positivos vigentes constitucionales. Necesitamos nuestras tierras ancestrales con vocación agropecuaria» (Ibíd.).

Además, el cacique kariña exige al Estado revisar el endeudamiento para la construcción de las represas en Guayana; revisar las inversiones del Segundo y Tercer Puente sobre el Río Orinoco, como las plantas procesadoras del pino Caribe en el extremo sur de Anzoátegui; revisar las políticas y programas del Gobierno en materia tecnológica «las cuales se están implementando en las selvas y montañas donde hay población indígena, poniendo en peligro la identidad cultural» (Ibíd.); y, observar que las partidas que están en el presupuesto nacional para los pueblos indígenas sean respetadas por los organismos encargados de su ejecución.

Según Zaida Carrillo, presidenta del Instituto Nacional de Nutrición (INN), desde 1999 los índices de desnutrición han disminuido un 3%, pasando de 20% a 17% (Últimas Noticias, 16.10.03, pág. 2).

Por su parte, Elisa Panadés, representante en Venezuela de la Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), explicó que la desnutrición se determina cuando “no hay disponibilidad de alimentos o porque la dieta diaria no logra alcanzar las dos mil 300 calorías requeridas por el cuerpo humano para mantenerse sano”(Ídem.). Indicó que en esta condición se encuentra entre un 15% y un 20% de los venezolanos, de acuerdo a estudios realizados por la FAO en 1998 (Ibíd.).

Siloyde Rivas, asesora del Consejo Nacional de la Alimentación (CNA), complementa estos números explicando que «la crisis económica impide bajar drásticamente los índices de desnutrición en niños menores de 5 años. Según las estadísticas nacionales, al comienzo de los años 90, un 13% de la población infantil sufría desnutrición crónica; para el año 2000 este porcentaje bajó sólo un punto. De acuerdo a los parámetros usados por la Organización Mundial de la Salud, este porcentaje se considera bajo» (Ibíd.).

Ribas admite que la inexistencia de estadísticas nacionales más amplias acerca de este tema constituye un obstáculo para dar un diagnóstico más confiable y certero de la situación, que permita planificar acciones y programas. Es posible que estas cifras oculten un subregistro dado que las investigaciones realizadas en el país sólo dan cuenta de la desnutrición entre los infantes, pero no contemplan un sistema de estudio de adultos y embarazadas (Ibíd.).

Por su parte, Rafael Alfonzo, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), señaló que, desde 2002, cerca de 66% de la población (15,8 millones de personas) ingiere menos de 2.300 calorías diarias y 8 millones logran apenas alcanzar el promedio estimado por la FAO de 2.400 calorías diarias (El Nacional, 10.10.03, pág. A/16). Otro indicador que ilustra el consumo de alimentos en el ámbito nacional es, a juicio de Alfonzo, el volumen de alimentos procesados vendido, el cual disminuyó un 18% en el primer semestre de 2003 (Ibíd.).

En este sentido, debe recordarse que, a petición del Estado venezolano, la FAO inició el pasado mes de julio, el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), con una inversión de 34 millones de dólares, 32 de ellos aportados por el Gobierno Nacional (para mayor información ver ediciones N° 125 y 112 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

En su primera etapa, de 3 años, el PESA se desarrollará en 30 comunidades pobres y 10 indígenas. Panadés explicó que la FAO prestará cooperación técnica, a los agricultores venezolanos, con el propósito de brindarles las herramientas necesarias y la capacitación para que logren un desarrollo sostenible basado en la producción de la tierra (Últimas Noticias, 16.10.03, http://www.ultimasnoticias.com.ve/ediciones/2002/10/16/p8n1.htm).

El Centro de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, (CPPC), el Centro por la Democracia y el Estado de Derecho, el Instituto Internacional Jacques Maritain y la Universidad Católica Cecilio Acosta (UCCA) invitan, a los profesionales y actores sociales interesados en desarrollar su línea curricular en el ámbito de los derechos humanos, a participar en el Diplomado sobre «Género, Minorías Y Pueblos Indígenas», que se efectuará entre el 15.11.03 y el 21.02.04; y en la segunda edición del Diplomado en «Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Procedimientos Internacionales para su Protección», que se realizará en Maracaibo, Edo Zulia entre el 31.10.03 y el 31.01.04.

Mayor información por la sección diplomados del sitio web: http://www.cppc.org.ve.
(Sitio web del Centro de políticas Públicas y Participación Ciudadana, 20.10.03, info@cppc.org.ve)

La situación de desabastecimiento de medicamentos en reiteradas ocasiones reseñada (la última vez fue en la edición N° 125 de este servicio informativo, que puede consultar en http://www.derechos.org.ve) no fue solventada a pesar de las promesas realizadas por las nuevas autoridades del MSDS y del IVSS. Mientras en el Edo. Bolívar reportan la muerte del 50% de los pacientes renales sujetos a tratamientos de hemodiálisis, debido a la falta de insumos que aqueja a las unidades de diálisis de los centros asistenciales públicos (El Guayanés, 21.10.03, pág. A/5), en Caracas volvieron a manifestar las organizaciones de enfermos crónicos (pacientes de cáncer, ezquizofrenia, hemofílicos, trastorno bipolar, trasplantados de órganos y portadores de VIH) (El Nacional, 22.10.03, pág. B/14). Esta vez se concentraron en la puerta principal de la sede del instituto asistencial con el fin de llamar, de nuevo, la atención de las autoridades ante la carencia de los suministros farmacológicos y médicos de los cuales depende su vida.

Según los manifestantes, «sólo se ha recibido medicamentos para 4 de los 10 meses que han corrido de 2003» (El Universal, 22.10.03, pág. 2/13). Uno de los participantes en la manifestación ilustra la situación: «en el MSDS, cuando no faltan 3 medicamentos faltan 4. En el IVSS, de los 17 medicamentos faltan 7. Conocemos de 11 casos en los que pensamos que el virus VIH se volvió resistente porque aparecieron males oportunistas. En el Instituto Nacional de Higiene (INH) no hay reactivos suficientes para las pruebas de carga viral y conteo de linfocitos y tampoco para la prueba confirmatoria del VIH. Los médicos tratantes tampoco han tomado acciones y seguimos siendo las ONG las que luchamos» (El Nacional, Op. cit.).

Ante los señalamientos de los manifestantes, Vivian Martínez, directora de Farmacia del IVSS, afirmó que se está «trabajando con el programa Sumed-Sefar, para que lo que el Seguro no tenga sea aportado por el MSDS, mientras resolvemos. También vamos a hacer compras en conjunto para garantizar los meses que quedan de 2003 y los primeros de 2004» (Ídem.).

No obstante, la funcionaria reconoce que tales medidas no son más que paliativos, que no superan el problema estructural: la deuda del IVSS con los laboratorios. Sobre este hecho, Martínez adelantó que la directiva del instituto espera reunirse con las empresas farmacéuticas (Ibíd.).

Otro de los problemas que agravan la situación es señalado por Antonio Azpiroz, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR), quien advirtió que el desabastecimiento de los medicamentos fabricados por los laboratorios naciones y extranjeros supera el 50%, como consecuencia de haber recibido solamente un 10% de las divisas necesarias para su producción por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) (Tal Cual, 20.10.03, pág. 4).

Azpiroz informó que como medida para superar esta situación, entabló una reunión con Roger Capella, titular del MSDS, en la que pidió su intermediación ante Cadivi. Otro de los aspectos tocados en esta cita fue la deuda de 120.000 millones de bolívares que tiene el IVSS con la industria farmacéutica y que protagoniza desde hace más de 2 años conflictos en el suministro de farmacéuticos en los establecimientos asistenciales de este órgano estatal (Ídem.).

En otro orden de ideas, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) informó que decidió crear el Programa de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Pronap). Ángel González, coordinador nacional de este organismo explicó que el objetivo de Pronap será garantizar los derechos laborales de la población económicamente activa menor de 18 años (Panorama, 11.10.03, pág. 1/5). A juicio de González, actualmente «pueden ser más» de 1.400.000 niños/as y adolescentes los que se hayan en el mercado laboral: para el primer trimestre de 2003, el INE calculó a la población económicamente activa ocupada en el sector formal, menor de 18, en 300.000 (6,6%), mientras que Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) asegura que en el sector informal de la economía hay 1.100.000 menores de 18 años (Ídem.). Este sector de la sociedad no cuenta con protección estatal que garantice el pago de su salario mínimo, el respeto por el horario diario de 6 horas máximo, su registro por parte del Consejo de Protección y su salud ocupacional (Ídem.).

De acuerdo con el INE, un 48% de los hogares venezolanos se encuentran en condiciones de pobreza (El Nacional, 11.10.03, pág. A-16). Elías Eljuri, presidente de este organismo indicó que los estudios realizados por el organismo a su cargo «muestran que desde el primer semestre de 1997 hasta el segundo semestre de 2001 el porcentaje de hogares pobres se redujo de 55,6% a 39%, tendencia que se revirtió en 2002, cuando nuevamente subió a 48%, entre otras razones porque se aceleró la inflación» (Ídem.). Adicionalmente mencionó que «la pobreza no sólo debe medirse por el ingreso que al menos perciban 2 integrantes de una familia, sino que también debe tomarse en cuenta el nivel de escolaridad, que considera el porcentaje de niños que se encuentra en la educación básica; o el de salud, que asume la esperanza de vida de una persona: ‘En los últimos 5 años hemos tenido avances en educación y salud, pero tenemos que admitir que el año pasado hubo una desmejora en el ingreso, lo que justamente empeora toda la situación, pero que no es la que había hace unos años’ […] Uno de los problemas que debe afrontarse es que entre 28% y 30% de los hogares se ubican en lo que se denomina pobreza estructural, que abarca a la población que no cubre sus necesidades básicas, pero el restante 18% de las familias está en situación de pobreza coyuntural y saldrán de ella cuando mejore el ingreso y baje la inflación» (Ídem.).

Eljuri informó que, según los estudios del INE, un 86% de los hogares más pobres cuenta, al menos, con un televisor; 75% de este sector tiene nevera y, al menos, 36% posee una lavadora.

Según esta metodología, que permite al INE incluir parámetros de calidad de vida en las mediciones de pobreza, la población en situación de pobreza estructural sólo llega a 23,5% y la población en situación de pobreza coyuntural ocupa un 30,4% de la población. Además, para el primer semestre de este año, la pobreza extrema alcanzó el 25,1%, mientras que un 46% de la población es «no pobre», de acuerdo a Eljuri (Últimas Noticias, 18.10.03, pág. 2).

Esta metodología del INE utiliza algunas variables como: «niños de 7 a 12 años que no asisten a la escuela, más de tres personas durmiendo por cuarto, vivienda inadecuada, hogares con dependencia económica donde el jefe del hogar tenga tercer grado de primaria y sin acceso a agua potable o sistema de eliminación de excretas. Se considera un hogar pobre si tiene al menos una de las anteriores necesidades básicas insatisfechas y entra en pobreza extrema si posee dos o más» (Últimas Noticias, 19.10.03, pág. 2).

El reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Alerta Epidemiológica, en su edición N° 41 (MSDS, 21.10.03, http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html), correspondiente a la semana comprendida entre el 05 y el 11.10.03, notifica que la malaria aumentó un 39,9% (886 casos reportados) con respecto a la cifra de la semana 40 (633 casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de 23.208 casos hasta la semana 41, es decir, un 6,9% menos que los registrados en el año 2003 en ese mismo lapso (24.945 casos).

Con respecto al dengue, en la semana 41, Alerta documenta 757 casos, un 13,8% menos que los reportados en la semana N° 40 (665). El acumulado hasta la semana 41 es de 17.107 casos de dengue en el territorio nacional, es decir, un 46,4% menos que los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (31.918).

En cuanto al indicador Mortandad Infantil, Alerta reseña un número de 117 defunciones registradas en la semana 41, es decir, un 32,9% más que las defunciones reportadas en la semana 40 (88). El total de defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 41 es de 4.473, un 10,6% más que el reseñado en ese mismo lapso del año 2002 (4.041).

La Mortalidad Materna, para esta edición de Alerta, reportó el mismo número de defunciones contabilizadas en la semana 40, es decir, 4. Para la semana 41 el acumulado reporta 204 defunciones, un 8,9% más que el número registrado en ese mismo lapso del año 2002.

Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 42, se confirman 40 casos de contagio, mientras que en la semana 41 falleció 1 caso correspondiente a la semana N° 34. Para la semana 41 se descartaron 267 casos, se han recuperado 20 personas y han fallecido, hasta esa fecha, 20 personas.

Alerta reseña que, hasta la semana 41, se han vacunado 549.282 personas en los municipios de alto riesgo con casos (Edos. Táchira, Portuguesa y Zulia); 749.739 en los municipios de alto riesgo sin casos (Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Mérida, Táchira, Zulia); 892.037 en los municipios de bajo riesgo; y, 772.320 personas en los municipios de mediano riesgo.

  • Aprobar la Ley de Educación de Pueblos Indígenas y Usos de Idiomas, así como la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, previa consulta con los pueblos y comunidades indígenas, y con instituciones vinculadas a la temática;
  • Dar continuidad al proceso de demarcación de tierras indígenas, tal como lo establece la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas;
  • Investigar y sancionar a aquellas compañías privadas o investigadores que, aún sin los permisos requeridos, acceden a los territorios indígenas y extraen de éstos información sobre biodiversidad;
    -Implementar las medidas que, en materia de educación intercultural bilingüe, ha recomendado la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, todo lo cual implica, entre otras variables, aumentar el presupuesto asignado;
  • Adoptar una política dirigida a la prevención y atención en salud de las poblaciones indígenas, desde una perspectiva integral, poniendo especial énfasis en el control de enfermedades endémicas;
  • Detener los proyectos industrialistas desarrollados en territorios indígenas;
  • Investigar y sancionar a los funcionarios de seguridad responsables de las muertes de 5 indígenas ocurridas en los estados Apure y Bolívar (Provea, http://www.derechos.org.ve).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Alfonzo Ramírez Olaya, ciudadano colombiano que sirvió de enlace entre el gobierno venezolano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la liberación del ciudadano venezolano Richard Boulton, secuestrado en julio de 2001, denunció ante Provea haber sido privado ilegítima y arbitrariamente de su libertad durante 7 meses por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), bajo la excusa de resguardarle su seguridad.

Poco antes de la liberación de Boulton, ocurrida el 15.07.02, el gobierno venezolano sacó de Colombia a Ramírez Olaya con dirección a la sede de la DISIP en Caracas. Según su testimonio, el Gobierno Nacional le ofreció nacionalidad, vivienda, puesto de trabajo para él y su familia y cupo universitario para sus 3 hijos, como recompensa por su colaboración. De estas promesas solo fue cumplida la de la nacionalidad. Y, en cambio, estuvo durante 7 meses bajo custodia de la DISIP, sin que se le permitiera comunicarse con ninguna otra persona que no fuera funcionario de ese cuerpo de seguridad. Durante esos meses, solo pudo establecer contacto con sus familiares en 4 ocasiones.

Por su colaboración en el caso Boulton, Ramírez Olaya no solamente fue víctima de la situación antes descrita, sino que hoy está presuntamente amenazado de muerte por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por la fracción disidente de las AUC que mantuvo secuestrado a Boulton.

Para Provea, en términos de derechos humanos, resulta cuestionable la actitud que el Gobierno Nacional tuvo y tiene con Ramírez Olaya, y demuestra una inexcusable improvisación en la política de Estado para atender situaciones de secuestro. También critica la política de protección a víctimas o colaboradores aplicada por los órganos de seguridad ciudadana nacional. Estas incongruentes medidas debilitan la confianza de los ciudadanos en el Estado, tomando en cuenta que, a fin de cuentas, en vez del reconocimiento, la colaboración de Ramírez Olaya derivó en la violación de sus derechos humanos a la libertad personal y a un nivel de vida adecuada, pues fue sometido a precarias condiciones de vida durante el tiempo de cautiverio, causándole daños materiales y morales tanto a él como a su familia.

Antes de hacer público el caso de Ramírez Olaya (El Universal, 19.10.03, págs. 1 y 2 del suplemento especial Expediente), Provea agotó todos los esfuerzos para conversar con un alto funcionario del gobierno que respondiera los reclamos y denuncias del ciudadano colombiano. En tal sentido, se comunicó en 4 oportunidades con el asistente personal del Vicepresidente de la República. También se le hizo llegar un informe de caso a Adán Chávez, secretario del Presidente de la República. De ninguno de estos funcionarios se obtuvo respuesta.

Provea responsabiliza al Gobierno Nacional por la seguridad e integridad del ciudadano colombiano y de su familia. Solicitará al MP adelantar las investigaciones correspondientes sobre la violación de los derechos humanos de Ramírez Olaya y exige al Ejecutivo Nacional cumplir con los compromisos adquiridos con este ciudadano colombiano, que en un momento le fue útil en la resolución del secuestro de Boulton, para luego someterlo a una crítica situación de seguridad y condición de vida.

En el marco del 118º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , celebrado entre el 06 y el 24.10.03 en su sede de Washington (Organización de Estados Americanos, 22.10.03,  http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=AVI-057/03), se llevó a cabo, este 16.10.03, una audiencia dedicada a la situación de los derechos humanos en Venezuela (El Nacional, 16.10.03, pág. A/4).

En la primera parte de la misma, participaron Liliana Ortega, Coordinadora General del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic); José Gregorio Guarenas, Coordinador General de la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas; y, Viviana Krsticevic, Coordinadora General del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Los temas abordados por los activistas de derechos humanos fueron: el desacato total de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de los familiares de las víctimas de El Caracazo, representados por Cofavic; los asesinatos de dirigentes agrarios, líderes políticos y defensores de derechos humanos ocurridos este año en algunos estados fronterizos; y, las acciones de los grupos parapoliciales en distintas entidades federales (Ídem.).

Otras organizaciones que comparecieron ante la CIDH sobre la situación de los derechos humanos fueron el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB) y el Servicio Jesuita para Refugiados (SJR), quienes expusieron el estado de indefensión que afecta a los ciudadanos colombianos solicitantes de refugio en Venezuela (Ídem.).

Representantes de los medios de comunicación venezolanos también participaron en esta audiencia para describir su versión sobre la situación de la libertad de expresión en el país. Participaron en este sentido, representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, editores y periodistas de la prensa nacional y de las televisoras y Carlos Ayala Corao, presidente de la Comisión Andina de Juristas (CAJ). Sus presentaciones contemplaron el proyecto de ley de contenidos, la Sentencia 1.942 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las acciones penales y administrativas abiertas por el Estado contra algunos medios y el incumplimiento de las medidas cautelares y provisionales emanadas por la CIDH y la Corte IDH para la protección de la vida e integridad personal de empleados de estas empresas comunicacionales. Entre las propuestas que plantearon en la audiencia estuvo la realización de una nueva visita in loco del Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni (Ídem.), elaboración de un informe sobre los incumplimientos de las medidas cautelares a favor de medios y profesionales de la comunicación, inclusión de un capítulo sobre Venezuela en el informe relacionado con la situación de los derechos humanos y desarrollo de un estudio sobre las implicaciones de la Sentencia 1.942 (El Universal, 17.10.03, pág. 1/6).

En este sentido, cabe señalar que el 22.10.03, la Comisión dio a conocer su decisión de prorrogar por tercera vez consecutiva las medidas cautelares dictadas el 30.01.02, «a favor de los trabajadores y equipos técnicos de Globovisión […] para evitar daños irreparables […] en tanto subsista la situación que dio lugar a las mismas» (Globovisión, 22.10.03, http://www.globovision.com/nacionales/2003.10/22/ravell/index.shtml). Al respecto, el 23.10.03 se pronunció Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para aclarar que las medidas cautelares prorrogadas por la CIDH son anteriores a la incautación de los equipos microondas propiedad de Globovisión por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). «El embajador de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero, aclaró que la prolongación de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, corresponde a hechos anteriores y no están vinculados con el decomiso de equipos a Globovisión […] se trata de alguna medida que de manera puntual adoptó la Comisión Interamericana el año pasado, ante presuntos hechos de intimidación contra algunos periodistas y algunos medios de comunicación” (Unión Radio, 24.10.03, http://www.unionradio.com.ve/noticias/nacionales/Notanac2003102317914.htm).

Valero consideró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no avalará hechos ilegales que atenten contra el Estado de Derecho y las normas jurídicas venezolanas (Ibíd.).

El 09.10.03, otro órgano del sistema interamericano, la Corte IDH, también hizo pública su decisión de extender por segunda vez consecutiva las medidas provisionales de protección emitidas el 27.11.02 a favor de Luisana Ríos, Armando Amaya, Antonio Monroy, Laura Castellanos y Argenis Uribe, empleados la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV). Incluyó la Corte IDH, en su decisión, a Carlos Colmenares, Noé Pernía y a Pedro Nikken, para que «los poderes públicos nacionales tomen ‘sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión'» (El Nacional, 10.10.03, pág. A/4). La Corte extendió, también, las medidas provisionales de protección emanadas el 30.07.03, a favor de la periodista Marta Colomina y la productora de su programa de televisión, Liliana Velázquez, quienes las habían solicitado el 22.03.03 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 22.10.03, http://www.corteidh.or.cr/prensa2002/cp_9_03_esp.html). Aún cuando estas resoluciones fueron tomadas en su LX Período Ordinario de Sesiones, celebradas del 08 al 20.09.03, fueron hechas públicas en octubre en respeto a las normas que determinan que los fallos solamente pueden ser divulgados después de ser informados los involucrados (Diario 2001, 11.10.03, pág. 3).

Siguiendo con la CIDH, hay que señalar que el 21.10.03 acudieron al organismo hemisférico Jesse Chacón, Ministro de Información y Comunicacones (MINCI) y Diosdado Cabello, Ministro de Infraestructura (MINFRA), a solicitud propia para exponer las razones de la incautación ejecutada el 03.10.03 por Conatel de algunos equipos de microondas propiedad de Globovisión (ver edición N° 127 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). Paralelamente a la cita con el sector estatal, la CIDH entabló otra audiencia con los representantes de la televisora para conocer su versión de los hechos y se espera que, a más tardar el 22.10.03, la organización emita una decisión sobre el mantenimiento o no de las medidas cautelares que emitiera a favor de Globovisión (El Universal, 22.10.03, Op. cit.). Por su parte, las autoridades estatales esperan rebatir los argumentos de los representantes de la compañía telecomunicacional y convencer a los magistrados de la Comisión de la futilidad de la medida.

El pasado 15.10.03, renunció definitivamente a su cargo Jorge Dugarte, Agente del Estado venezolano ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos (Unión Radio, 15.10.03, http://www.unionradio.com.ve/noticias/nacionales/Notanac2003101517786.htm). Señaló que razones objetivas y subjetivas lo llevaron a tomar la decisión: “No era fácil obtener una respuesta oportuna” (Ídem.).

La dimisión de Dugarte ocurre después de haber enviado al Consejo de Ministros una comunicación que trata el caso de las medidas cautelares emitidas por la CIDH en favor de Globovisión (ver edición N° 127 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

En dicha comunicación, Dugarte aconsejaba al Estado acatar las medidas cautelares acordadas por la CIDH (El Universal 11.10.03, pág. 1/7), recomendación que no fue avalada por Roy Chaderton, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) porque «éste presentó su renuncia en julio, la cual le fue aceptada» (El Nacional, 14.10.03, pág. A/2). Dugarte precisó que había puesto su cargo a la orden el 30.06.03 y que su salida fue aprobada el 11.07.03, pero se le pidió quedarse hasta encontrar sustituto (El Nacional, 15.10.03, pág. A/3).

Explicó el ex funcionario que se mantuvo en el cargo porque la ausencia de un agente ante el sistema interamericano «implicaría una situación de indefensión para el Estado venezolano» (Ídem.).

Dugarte ejercía este cargo desde el 14.08.01 y es el tercer funcionario que lo ocupa en este período gubernamental. Hermánn Escarrá fue su antecesor y Raúl Arrieta fue el primer agente escogido por el gobierno de Chávez. Extraoficialmente se conoció que Ricardo Rincón, ex consultor jurídico del MRE y presidente de la Comisión de Refugiados, sería el sustituto de Dugarte (El Nacional, 20.10.03, pág. A/2).

La constante rotación que ha caracterizado este cargo tiene consecuencias en la constitución de una política clara de derechos humanos frente al sistema interamericano. El mismo Dugarte, en su acta de formalización de renuncia al cargo, detalla el estatus de los casos que ante el sistema interamericano tiene el Estado, caracterizados por el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH y de las medidas provisionales emitidas por este órgano y las cautelares emitidas por la CIDH. A juicio del ex funcionario, esto «se debe principalmente a una serie de omisiones y dilaciones del MIJ o del MP» (Ídem.).

A la pregunta sobre el incumplimiento total de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso de las víctimas y familiares de víctimas de los sucesos de El Caracazo, Dugarte comenta: «Hubo problemas que obstaculizaron la rapidez de todas las gestiones para ejecutar este fallo. Buena parte del tiempo que el canciller le ha podido dedicar a este asunto se fue en la Mesa de Negociación y Acuerdos. Toda la atención de la Cancillería estuvo centrada en la mesa durante casi 6 meses» (Ídem.).

Finalmente, en su informe al Consejo de Ministros, Dugarte exhortó a las autoridades a evaluar «si como Estado estamos dispuestos a acatar a los organismos internacionales contemplados en los pactos, convenios, tratados, y por tanto sus resoluciones, decisiones, recomendaciones o medidas, para ver cuál será entonces la labor de las cancillerías y cuál sería la razón de ser, en este caso, del agente del Estado para los derechos humanos» (El Universal, 13.10,03, http://www.eluniversal.com/2003/10/11/11157A.shtml).

Parroquiana 90.1 FM, emisora comunitaria de San José de Perijá, Edo. Zulia, fue atacada, según los denunciantes, el 11.10.03 por un grupo de 5 personas, 2 de ellos empleados de la Alcaldía de Machiques y miembros del partido Acción Democrática (AD), quienes amenazaron a personal del medio de comunicación y ocasionaron la salida del aire de este medio comunitario a causa de la destrucción de equipos técnicos.

De acuerdo con la periodista Hercilia León, directora de la emisora fronteriza, Onelio Méndez, dirigente de AD y Alexander Salvidia, otro miembro de este partido, junto a otras 3 personas «llegaron de manera intempestiva a sus estudios visiblemente ebrios, procedieron a destrozar los equipos, amenazaron con quemar la emisora y pronunciaron gran cantidad de agresiones verbales contra el presidente de la fundación comunitaria Antonio Bencomo y la productora Luz Mery Morán, únicos miembros de la radio presentes en ese momento» (Red Venezolana de Medios Comunitarios, 13.10.03, rvmc_nacional@cantv.net) .

Un día antes, en su programa de radio transmitido por esta emisora, León había dado a conocer unas denuncias que comprometían la honestidad del dirigente acciondemocratista.

Los integrantes de Parroquiana 90.1 FM, realizaron sus denuncias en las instancias respectivas, pero advierten que las mismas fueron recibidas tímidamente. No obstante, lograron levantar un “Acta de denuncia verbal” ante la Secretaría de Defensa y Seguridad Ciudadana de la policía regional del Departamento Machiques de Perijá.

Sobre esta situación se pronunció la Red Venezolana de Medios Comunitarios: «los medios comunitarios radioeléctricos, alternativos impresos y electrónicos que hoy, en medio de todas las dificultades, hacen posible la construcción de una verdadera democracia comunicacional, constituyen una tremenda amenaza para quienes históricamente han monopolizado el derecho a la palabra pública. Esta acción delictiva contra Parroquiana, no es el primer ataque a los medios comunitarios en el país, la Red Venezolana de Medios Comunitarios hace un llamado a las autoridades para que tomen las medidas del caso y profundicen los mecanismos para que los únicos espacios de verdadera participación y expresión popular y ciudadana sigan consolidándose como herramientas para el mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades» (Ídem.).

También Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el ataque a la emisora fronteriza con Colombia. Robert Ménard, secretario general de RSF, pidió «a las autoridades judiciales que abran una investigación sobre este inadmisible hecho” (Gobierno en Línea, 20.10.03, http://www.gobiernoenlinea.ve/) y solicitó a AD un pronunciamiento condenando con firmeza la agresión y pidió que se expulsen de sus filas a los autores de tales hechos.

Las organizaciones Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora (Edo. Aragua), Casa de la Mujer en Guayana, Teatro 8 de Marzo (Edo. Aragua), La Nueva Prensa de Guayana, Fundación Arte sin muros (Edo. Bolívar), Coordinadora Regional de ONG con trabajo en SIDA, Cárcel y PVVS en situación de encierro (Fundeso), Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer, Filial Trujillo (Cifem), Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho (Edo. Amazonas), Asociación de Mujeres para el Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), denuncian las violaciones a los derechos humanos que afectan a las internas penitenciarias en los centros de reclusión venezolanos. Además, exigen al Estado venezolano que adopte urgentemente medidas para garantizar los derechos de estas ciudadanas. Proponen las organizaciones que las autoridades estatales y estadales:

  • Construyan los anexos femeninos en los centros de reclusión de los Edos. Bolívar, Anzoátegui y Guárico, cuyo presupuesto fue aprobado en febrero de 2000. Así como la reestructuración de los 35 calabozos de reclusión femenina que están ubicados en las comisarías policiales del país.
  • Cumplan el artículo 272 de la Constitución, el cual establece que los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios y presupuestos para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación de los/as reclusos/as.
  • Apliquen el Reglamento Penitenciario que contempla la excarcelación por enfermedad incurable, el cual habría de aplicarse con el fin de aumentar la esperanza de vida de la tercera parte de la población penal venezolana que padece de SIDA. Los números manejados por el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) evidencian que 3 reclusos/as mueren cada 30 días a causa de esta enfermedad.
  • Aceleren los procesos legales del 80% de las internas que permanecen privadas de su libertad por un período promedio de hasta 27 meses sin haber sido penadas, a pesar que la ley establece un lapso máximo de 30 días, mediante la aplicación del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
  • Aplicar la legislación que sanciona la vulneración de la integridad personal en los centros penitenciarios, dado los constantes casos de agresión física, sexual y emocional que viven las internas por parte de los cuerpos de seguridad.

Para lograr la atención a sus pedidos, las organizaciones iniciaron una campaña a favor de la población reclusa venezolana llamada: ¡Los Derechos Humanos no se Encarcelan!, que se encuentra en vigor desde el 14.10.03. Para participar solo debe enviar sus datos personales (Nombre, Cédula de Identidad y País) a la siguiente dirección electrónica: campanareclusa@hotmail.com

Al final de la campaña, las peticiones de la organización se acompañarán de todas las firmas incluidas para ser entregadas al Departamento de Asuntos Penitenciarios del MIJ, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Primero de Control del MP y a una lista de instituciones de Derechos Humanos, con el fin de lograr un cambio en los organismos responsables de los calabozos, anexos y centros de reclusión femenina. (Campaña a favor de la población femenina reclusa, 14.10.03, campanareclusa@hotmail.com).

La Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela (ACUA) invita a la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT) y a todos los interesados a abordar la construcción de un anteproyecto de ley de uniones de parejas del mismo sexo en un evento que tendrá lugar el día 24.10.03, a las 6:00 PM, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), ubicado en la avenida Luis Roche de Altamira, Caracas.

ACUA adelanta que, como parte de la agenda de este evento, se realizarán actividades complementarias, de las cuales este primer encuentro es el inicio de una cadena. Para marzo de 2004, plantean celebrar un simposio sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo y los avances de la comunidad GLBT en la lucha de los derechos ciudadanos, con invitados de Canadá, Colombia y Argentina. Además de la realización de Jornadas por la diversidad sexual, en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el grupo Contranatura. También esperan concretar la realización de un ciclo de cine en el Celarg con el apoyo de la Cinemateca Nacional. Esperan, asimismo, redactar una declaración de la comunidad GBLT con respecto a la institución del matrimonio.

La organización espera recibir propuestas sobre cualquier otra actividad que proponga la comunidad GBLT.

Finalmente, ACUA informa que «en la búsqueda de nuevos espacios para la defensa de los derechos ciudadanos de la comunidad GLBT venezolana, en mayo 2004, se inaugurara la exposición Álbum de Boda, en el Celarg, con la cual se pretende elaborar toda una reflexión en torno a la institución del matrimonio y las posibilidades ciertas de introducir en la AN un proyecto de ley para uniones de parejas del mismo sexo» (Unión Afirmativa de Venezuela, 11.10.03, unionafirmativa@hotmail.com).

Vale recordar que ACUA introdujo el pasado 07.10.03, un Recurso de Interpretación de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objeto de lograr el reconocimiento jurídico de los efectos patrimoniales y no patrimoniales (deberes y obligaciones mutuas) de las uniones domésticas entre personas del mismo sexo (ver edición N° 127 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

  • Desarrollar políticas de prevención social del delito. En esta materia el reto fundamental consiste en fortalecer los programas dirigidos a aquellos sectores que están en situación de riesgo social, tales como niñez, adolescencia, comunidades excluidas;
  • En relación con la prevención social es necesario diseñar y ejecutar: a) programas específicos e inclusivos para los jóvenes en situación de riesgo; b) programas de urbanización de áreas de pobreza permanentes, con sistemas de monitoreo de los resultados; c) programas de consolidación de sistemas de información georreferenciados sobre pobreza y estudios sectoriales sobre la criminalidad que sean positivos;
  • Emprender un profundo proceso de reforma policial, especialmente en lo que se refiere a profesionalización, control, modernización y tecnificación. Debe mejorarse también el desempeño de las autoridades judiciales, a efectos de disminuir los niveles de impunidad;
  • En materia de prevención comunitaria del delito, uno de los desafíos fundamentales es la introducción del modelo comunitario y la canalización de las iniciativas ciudadanas en el marco de una acción concertada con las autoridades policiales y judiciales (Provea, http://www.derechos.org.ve).

ARTÍCULOS

«La defensa de los derechos humanos atraviesa por un momento que exige defender lo alcanzado. Las continuas descalificaciones gubernamentales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hacen dudar de la disposición gubernamental a garantizar el pleno respeto de los derechos y evidencian el desconocimiento acerca de las responsabilidades que el Estado venezolano tiene para con sus ciudadanos ante la CIDH.

Sobre esto hay que recordar que el artículo 31 de la Constitución no sólo consagra el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante instancias internacionales, sino que ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para cumplir las decisiones emanadas de estos organismos.

Además, el artículo 25 del Reglamento de la CIDH trata de la obligatoriedad de las medidas emanadas por esta instancia. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma: “si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si se trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la CIDH”.

En próximas entregas hablaremos del papel de organismos como la Comisión y la Corte Interamericana en la defensa de nuestros derechos y sobre la función de las medidas cautelares» (Provea, 16.10.03, son@derechos.org.ve)

DOCUMENTOS

«Sociedad de Amigos en defensa de la Gran Sabana (Amigransa)

Caracas, 16 de octubre, 2003

El bosque nativo de la Reserva Forestal de Imataca, es insustituible debido a su diversidad biológica, su relevancia en la protección de suelos y aguas, su capacidad como regulador de gases y del clima, y sus imponentes bellezas escénicas, entre otros servicios ambientales. Esta Reserva es una de las «fronteras forestales más importantes del trópico a escala global y de Suramérica en particular»[1]. Estos bosques por su alta fragilidad ecológica, su bajísima capacidad de regeneración una vez intervenido, y la posible intensificación del uso minero y forestal al que proyecta el Gobierno venezolano someterlos con el Proyecto de Decreto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de esta Reserva, los sitúan en la categoría de «bosques en peligro de desaparecer». Talarlos, es prácticamente perderlos para siempre. Cortar el bosque natural para convertirlo en unos cuantos tablones de madera, aserrín y unas barras de oro, sacrificando el resto de las especies asociadas que conviven con él, es un crimen ecológico. Imataca, ser vivo, lleno de energía, es también reserva cultural y sagrada, hábitat de pueblos indígenas, y patrimonio natural de todos los venezolanos.

Quienes designaron a Imataca, como Área Bajo Régimen de Administración Especial, tuvieron una visión vanguardista, y hoy casi medio siglo mas tarde, cuando la conciencia ambiental mundial ha aumentado debido a la dramática pérdida de miles de especies y ecosistemas en el mundo, y a la movilización masiva de Pueblos que exigen respeto a la naturaleza y la firma de Tratados Internacionales para impedir el cambio climático, la desertificación, la pérdida de la diversidad biológica, la desaparición bosques y fuentes de agua, tenemos en Venezuela el compromiso de profundizar la protección de los bosques de la Guayana venezolana y entre ellos los de Imataca, y arrancárselos de las garras de la industria forestal y de la minera.

La protección de las fuentes de agua es la columna vertebral para el futuro de la vida en el planeta. Toda nuestra vida esta relacionada con el agua. Nos gustaría creer que hay un infinito suministro de agua en el planeta, pero esto es trágicamente falso[2]. Es por lo que, la escasez de agua tiene preocupada a la Humanidad. Para el año 2025, más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas de agua y un tercio vivirá en condiciones de absoluta escasez de agua, esto se traduce en enfermedades, pérdida de la seguridad alimentaria, aumento de la pobreza, miseria entre otros. La relación agua-bosque es indivisible, el camino del agua a través del bosque permite proteger el agua y que esta fluya hacia los ríos. La deforestación (por la actividad forestal, la quema, la minera, etc.) interrumpe la protección y flujo continuo del agua.

En el informe final para el Ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca, realizado por el Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales, de fecha Diciembre, 2002 y en el que supuestamente se basaría el Borrador del Nuevo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para sustituir el tan cuestionado Decreto forestal-minero Nº 1.850 de 1997, se encuentran afirmaciones tales como: los bosques tropicales remanentes están desapareciendo rápidamente; la tasa de extracción del recurso no debe exceder la tasa de renovación o sustitución del mismo; la renovación natural del recurso bosque es muy lenta y poco conocida y a su vez depende del ecosistema bosque del cual las especies de árboles de importancia comercial son apenas uno de sus componentes; el aprovechamiento forestal y minero produce impactos sobre los suelos, la hidrografía, el micro clima , la vegetación , la fauna, las comunidades humanas y la diversidad biológica en general; las plantas medicinales están entre los recursos mas valiosos del bosque.

Estas afirmaciones nos llevaron a pensar, ingenuamente, que el nuevo Decreto de Ordenamiento y Reglamento de Uso de Imataca, elaborado por el Ministerio del Ambiente, recogería el espíritu de la lucha por la defensa de los Bosques de Imataca, emprendida por ecologistas, científicos, e indígenas y reflejaría el compromiso del Presidente Chávez en su campaña electoral, cuando movido por el conflicto de Imataca (1998), manifestó públicamente, que, si para sacar el oro había que acabar con los bosques, entonces nos quedaríamos con el bosque!. Esperábamos que el Nuevo Plan, incorporara las numerosas propuestas de declarar gran parte de la Reserva Forestal de Imataca como Parque Nacional Imataca o Reserva de Biósfera Imataca, pues estos bosques, además del servicio ambiental que prestan, nos hacen y nos harán muchísima falta para mantener la estabilidad atmosférica, limpiar el planeta y mantener las fuentes de agua dulce.

La Reserva Forestal Selva El Dorado, fue creada el 06.02.61, y posteriormente se le cambia el nombre a Reserva Forestal Imataca (RFI) en 1963, con una superficie de 3.203.250 hectáreas y según recientes mediciones del MARN, abarca 3.821.958,4 hectáreas. La motivación de la creación de la RFI, «no se limita a criterios económicos e incluye la conservación de recursos naturales», tal como se especifica en los Considerandos: (…) que es necesario conservar las aguas de los ríos Yuruan, Cuyuni, Orinoco, Brazo Imataca, río Grande, Botanamo, Barima, Orocaima, y demás de la indicada región por ser fuentes potenciales de energía hidroeléctrica y medios indispensables para el desarrollo industrial de la región guayanesa (…) que de acuerdo con la Convención para la Protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los país de América, suscrita por Venezuela en Washington el 12 de octubre de 1940 y ratificada por la Nación en la misma ciudad el 9 de octubre de 1941, corresponde a los signatarios de dichos estatuto dictar medidas que impongan con urgencia la solución de los problemas que afectan la conservación de los recursos naturales renovables, destacando entre estas provisiones la declaración de Reservas Forestales» [3]. Se puede inferir, que la actividad minera es por tanto incompatible con los fines que motivaron la creación de la Reserva Forestal de Imataca.

Así mismo, la especifica regulación de las Reservas Forestales que se encuentra en la Ley Forestal de Suelos y Aguas en cuya normativa se pone el mayor énfasis en la utilización racional del bosque para hacerlo permanente por razones económicas, (Art. 54, 55, y 57), refuerza esta incompatibilidad entre la minería y la actividad forestal. Y específicamente en el Art. 57 de la mencionada Ley, establece que «en ningún caso se podrá colonizar o enajenar las reservas forestales sin la previa autorización del Congreso Nacional» por lo cual, cualquier intento de destinar áreas dentro de la RFI, para la explotación minera, constituiría de hecho, una desafectación.

Creemos que el desarrollo sostenible del país debe verse como un asunto integral y no como un aprovechamiento de recursos aislados, ¿necesitamos para sobrevivir destruir también los bosques de Imataca? ¿No debemos mas bien salir de una vez por todas de esa política extractiva – rentista, que sometería también a Imataca, con este Plan, a una salvaje explotación forestal y minera?

El valor económico total incluye, el no uso (del bosque), el cual en muchos casos es superior al extractivo, por lo que la entrega de este Territorio de casi 4 millones de hectáreas a empresas nacionales y trasnacionales madereras y mineras, ameritaría una discusión nacional mas amplia, una participación activa y protagónica, mucho análisis sobre el desarrollo que queremos, como lo queremos y donde lo queremos, y no, una mera consulta de un Plan, que además de ignorar la posibilidad del cambio de la figura de Reserva Forestal a una de mayor protección, permite la prospección, exploración, explotación, procesamiento, transformación, y transporte de minerales metálicos y no metálicos incluyéndose las instalaciones asociadas a los proyectos mineros. «El actual aprovechamiento forestal implica grandes inversiones, pero el beneficio neto por hectárea es bajo, (US$ 8,32), evidentemente esto conspira contra la sosteniblidad económica de las operaciones la cual frecuentemente se alcanza a través de la insostenibilidad ecológica» [4]

Por otra parte, para que el Ejecutivo Nacional pueda promulgar un nuevo Decreto sobre el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca, debe contar previamente con el desarrollo de una serie de Principios y Derechos así como otras normativas constitucionales a los fines de poder incluir los requerimientos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela promulgada en 1999 específicamente en su Art. 128, que expresa que «El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas , de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una Ley orgánica desarrollara los principios y criterios para este ordenamiento». Igualmente debe el Estado respetar las premisas que el Constituyente previó, en materia de la Demarcación del Hábitat indígena, el cual deberá realizarse previo a cualquier ordenamiento y uso de este territorio y no después como lo establece este Plan.

En el momento de la elaboración del Plan para Imataca, no se estimó la participación ciudadana, limitando el derecho a la participación al momento de la consulta final, y a una prorroga única de un mes y medio (hasta el de octubre de 2003) para seguir enviando observaciones, lo cual es contrario al principio de participación protagónica expresado en el artículo 62 de la Constitución Nacional “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo.

No fueron cumplidas las aspiraciones de los ambientalistas, por parte del Ministerio del Ambiente, cuando al hacer uso de los derechos que establece la Constitución, en relación a la participación, le solicitamos formalmente a la Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales, mediante correspondencia enviada el 25.08.03, una prorroga para discutir el futuro de Imataca, sujeta a: 1) La amplia distribución y divulgación en forma electrónica y por otros medios de los estudios ambientales, legales y económicos de las bases técnicas que sustentan el nuevo Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca, 2) La realización de un Foro Técnico con la participación de los expertos que trabajaron en las bases técnicas, metodológicas, estudios legales y económicos del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca, para promover un debate amplio sobre los estudios, metodologías y criterios para la asignación de usos en la Reserva Forestal Imataca, 3) La convocatoria de un taller para construir visiones y consensos de los aspectos compartidos con relación al Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca, que dure por lo menos dos (2) días.

Por todo lo anterior,

1) Ratificamos, una vez mas, los términos del documento de la Mesa No. 5 Visión Global del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca, realizada en el marco de la reunión dirigida por el MARN en la sede de CIED-PDVSA el pasado 30.07.03, ya que consideramos que repite los mismos errores contenidos en el Decreto 1850, ampliamente cuestionados por el país en su oportunidad.

2) Proponemos que el Ministerio del Ambiente, declare, un área importante de los Bosques de Imataca, como Parque Nacional Imataca, o una figura más restrictiva que nos permita preservar y conservar esos valiosos ecosistemas.

3) Solicitamos que se excluya el uso minero del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca a fin de cumplir con lo que establece, la Ley Forestal de Suelos y Aguas (Art. 57), la Convención de Washington de 1941, sobre la Conservación de la flora, fauna y las bellezas escénicas, la Ley aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica, y la Ley de Biodiversidad, y tomar en cuenta las pautas que establece el informe final de la Universidad Central de Venezuela y el MARN en relación a la incompatibilidad de usos entre la actividad forestal y la minera.

4) Solicitamos, a las autoridades competentes, sanear Imataca de los focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal de Imataca (compañías nacionales y trasnacionales mineras, cooperativas mineras, particulares etc.) y que se prohíba el otorgamiento de nuevas concesiones e infraestructura minera en Imataca, a fin de cumplir lo que establece la ley.

4) Solicitamos una moratoria a la explotación forestal en Imataca, hasta tanto no se demuestre en forme práctica, que el bosque natural de Imataca se puede recuperar, y se haga una Valoración Económica Total de la Reserva y un Inventario Forestal.

5) Exhortamos, a MARN, a que empleé todo el tiempo necesario, para promover una discusión nacional, amplia, donde sea posible una participación interactiva, a fin de discutir el Futuro de ese territorio, antes de aprobar un Plan apresurado y dañino para Imataca y sus pobladores.

6) Exhortamos, al MARN a concluir la Demarcación de los Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, previo a cualquier ordenamiento y asignación de usos en Imataca. Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana

Notas:

[1] Informe final sobre Imataca Mm ARN–UCV dic 2002

[2] BARLOW, Maude, Blue Gold, International Forum on Globalization , Junio, 1999.

[3] Tomado de: Escrito de la Demanda de Nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto presidencial 1850,ante la Corte Suprema de Justicia, Expediente 0943, de fecha 02.07.97 presentada por: Luzardo, Alexander; García, Alicia; Bustamante, Maria Eugenia; Bracho , Frank; Moya, José; Sanz, Juan.

[4] Informe Final , Ordenamiento Reserva Forestal Imataca, MARN-UCV, diciembre 2002, pág 147″
(Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, 18.10.03, amigrans@internet.ve).

«Ginebra, 14 de octubre de 2003

Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República
Palacio de Miraflores, Av. Urdaneta. Esq. De Bolero, Caracas, Venezuela.
Excelentísimo Sr. Presidente:

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está compuesta por juristas procedentes de todas las regiones y sistemas legales del mundo dedicados a promover el imperio del derecho y la protección jurídica de los derechos humanos.

El Centro para la Independencia de Jueces y Abogados (CIJA) forma parte de la CIJ y tiene como misión la promoción de la independencia de jueces y abogados en todo el mundo.

Hoy nos permitimos manifestarle nuestra preocupación frente a determinados artículos del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como frente al allanamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre. Ambos hechos constituyen un ataque a la independencia del Poder Judicial incompatible con estándares internacionales.

En relación con el proyecto de Ley Orgánica, que ya ha sido aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, hay ciertos artículos que resultarían en un control ilegítimo de la Asamblea sobre el Tribunal Supremo, control que podría llevarse a cabo mediante dos mecanismos.

En primer lugar, y de acuerdo con el artículo 6 del proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá, por mayoría absoluta, aumentar o disminuir el número de Magistrados del Tribunal. Esta prerrogativa, que difiere en varios aspectos del procedimiento contenido en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente, redundaría en una disminución de la independencia del Tribunal, puesto que su composición quedaría supeditada a criterios políticos naturalmente reinantes en la Asamblea Nacional. Además, dicho aumento o disminución en el número de Magistrados podría llevarse a cabo, con efecto inmediato, en cualquier momento y por un procedimiento sumamente simplificado, lo cual facilitaría el control antes mencionado. Si bien la Constitución venezolana no lo dispone expresamente, el procedimiento para modificar al órgano judicial más importante del país debe contar con la mayor cantidad de salvaguardas posibles para así garantizar su independencia. En este sentido, nos preocupa también información que hemos recibido acerca de la intención manifestada por ciertos miembros del Gobierno de aprobar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por mayoría absoluta en lugar de la mayoría calificada exigida por el artículo 203 de la Constitución. Por último, hemos recibido también información acerca de la intención manifestada por ciertos miembros del Gobierno y del bloque mayoritario en la Asamblea Nacional de usar esa mayoría política para controlar al Tribunal Supremo de Justicia mediante la designación de doce magistrados adicionales a los actualmente existentes.

El segundo mecanismo de control previsto por el proyecto de Ley Orgánica consiste en la facultad que tendrá la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 20 del proyecto, de declarar, por mayoría absoluta, la nulidad de pleno derecho de la designación de cualquier Magistrado. Esta disposición daría lugar a remociones violatorias del artículo 265 de la Constitución venezolana, que requiere la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea para remover a un Magistrado, causales expresamente establecidas en la ley, la participación del Consejo Moral Republicano y el ejercicio del derecho a la defensa del afectado. De hecho, hemos recibido información acerca de que este procedimiento ya ha sido utilizado por la Asamblea Nacional de Venezuela para remover a un Magistrado de la Sala de Casación Civil, el Dr. Franklin Arriechi, el pasado año. El Dr. Arrechi se encuentra provisionalmente protegido por una medida cautelar otorgada por la Sala Constitucional tras haber interpuesto un amparo, pero la sentencia definitiva aun no ha sido dictada.

La independencia del Poder Judicial en su conjunto y, en particular, la del más alto tribunal, es, de acuerdo con el derecho internacional, parte integral del ordenamiento jurídico de cada Estado y esencial para una correcta administración de justicia. La ausencia de una Judicatura libre de influencias de cualquier tipo e inmune frente a intereses y avatares políticos violaría el derecho básico de todo individuo a un juicio justo ante un juez o tribunal independiente, derecho éste garantizado por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como así también por la Constitución de Venezuela.

Es por ello que los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 establecen claramente que el Poder Judicial debe ser absolutamente independiente, tanto en lo formal como en la práctica:

Principio 1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

Asimismo, los Principios prohíben todo tipo de interferencia, amenaza o intromisión en la esfera del Poder Judicial y consagran la inamovilidad de los Magistrados en su cargo;

Principio 2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo;

Principio 18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones.

Los mencionados artículos del proyecto de ley orgánica resultarían en la subordinación del Tribunal Supremo de Justicia a la mayoría legislativa detentada por un partido político, generando así una consiguiente inseguridad en el cargo incompatible con los citados principios internacionales.

Igualmente, queremos expresar nuestra alarma frente al allanamiento que tuvo lugar en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, tribunal inmediatamente inferior al Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con la información recibida, el pasado 23 de septiembre efectivos de la Dirección General de los Servicios Inteligencia y Prevención (DISIP) ingresaron en las oficinas de esa Corte portando armas de fuego de alto calibre y llevaron a cabo un allanamiento que duró más de seis horas. Aparentemente, el allanamiento se debió a un caso originado unos días antes cuando la misma policía detuvo a un funcionario acreditado de la Corte, acusado de portación ilegítima de documentos, mientras cumplía una diligencia por orden de la misma Corte. Este allanamiento, a todas luces excesivo, habría tenido como real motivo ciertas sentencias de la Corte desfavorables al Gobierno de Venezuela, principalmente en el reciente caso de los médicos cubanos. En dicho caso, la Corte Primera dio lugar a un pedido de medidas cautelares por parte de la Federación Médica Venezolana contra el acto que autorizó la contratación por parte del Estado un número de médicos cubanos sin que deban revalidar su título. Esta sentencia provocó tanto violentos ataques verbales por parte de Su Excelencia contra los jueces personalmente y contra sus decisiones como declaraciones por parte de representantes de la Asamblea Nacional expresando su desacuerdo con el fallo.

Una de las normas básicas del derecho internacional y de todo ordenamiento jurídico es que las decisiones de los tribunales de justicia deben ser cumplidas por todos, incluido el propio Estado. Atacar a miembros del Poder Judicial y no acatar sus sentencias constituye un completo irrespeto por la independencia de la Judicatura y un menoscabo al Imperio del Derecho. Los Principios anteriormente citados, una vez más, no dejan dudas al respecto:

Principio 3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley;

Principio 4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales.

En conclusión, llamamos a su Gobierno a reconsiderar, a través de los mecanismos constitucionales apropiados, el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a remover aquellos artículos que, por permitir un alto grado de control por parte de la Asamblea Nacional sobre el Tribunal, menoscaban la independencia de dicho Tribunal y, en consecuencia, de todo el Poder Judicial. Asimismo, urgimos a todos los miembros de su Gobierno a cesar en sus ataques contra miembros del Poder Judicial y a cumplir con todas y cada una de las sentencias dictadas por las cortes venezolanas.

Por último, instamos a su Gobierno a respetar la independencia de la Judicatura y a abstenerse de llevar a cabo acciones que violen dicha independencia, tales como el allanamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Confiando en que Su Excelencia prestará especial atención a estos preocupantes asuntos, aprovecho esta oportunidad para enviarle mis más respetuosos saludos.

Federico Andreu, Consejero Jurídico Principal.

Cc: SE Sra. Blancanieve Portocarrero, Chemin François-Lehmann 18a, 1218 Grand-Sacconex, Ginebra, Suiza, Fax: 022 717 0941; Sr. Lucas Rincón Romero, Ministro de Interior y Justicia, Ministerio de Interior y Justicia, Av. Urdaneta, Sede MIJ, Piso 1, Caracas, Venezuela, Fax: +58 212 5061557; Sr. Iván Rincon Urdaneta, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Esquina de Dos Pilitas final Av. Baralt, Foro Libertador, Edif. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela, Fax: +58 212 563 8481 / 563 6506;

Sra. Marisol Plaza Irigoya, Procuradora General de la República, Paseo Los Ilustres, Edif. Procuraduría General de la República, Caracas, Venezuela, Fax: +58 212 693-2998″ (El Nacional, 15.10.03, http://www.el-nacional.com/canales/cartacij.asp).

«La Paz, octubre 16, 2003
Señor Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos
Presente.-
De mi mayor consideración:

Bolivia está atravesando uno de los conflictos más grandes de los últimos 50 años en el marco de la democracia, con una violencia y agresión de los órganos coercitivos del Estado contra campesinos y otros sectores de la sociedad civil, con saldo de más de 75 muertos entre el 11 y 15 de octubre pasado, más de 250 personas heridas, si se toma en cuenta los asesinatos de días anteriores.

Nuestra organización de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, hizo todos los esfuerzos para permitir una salida dialogada al problema, promoviendo acciones de acercamiento entre los sectores sociales movilizados y el gobierno, sin embargo este último no respondió democráticamente prefiriendo optar por la represión, ello ha generado que la población boliviana plantee hoy esa forma masiva, la renuncia del Presidente y se permita la sucesión Constitucional a través del Vicepresidente.

No es verdad que exista afanes subversivos desde la sociedad civil, pues nadie ha promovido un golpe de Estado, no justificándose por ello el apoyo del Presidente de algunos organismos internacionales, pues se basan en una premisa falsa.

Por lo expuesto acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a través de su despacho para impetrar respetuosamente quiera viabilizar una investigación IN SITU sobre los hechos de violencia y genocidios practicados contra la población.

Para que su despacho cuente con mayores elementos de juicio, son permitimos hacerle conocer nuestra página web donde podrá encontrar la información pertinente: http://www.entelnet.bo/apdhdb/ (menú Actualidad).

Agradeciendo de antemano por su gentil colaboración, saludamos a Ud. Atte.

Waldo Abarracin, Presidente; S. Guillermo Vilela, Secretario General; Víctor Vacaflores, Secretario de Relaciones Internacionales; P. Jorge Ortiz, Secretario de Comunicaciones; Gabriela Justiniano, Secretaria de Salud y Género; Mónica Calasich, Secretaria de Educación» (Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, 17.10.03, apdhdb@entelnet.bo).

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los hechos de violencia que se han registrado en la República de Bolivia y rechaza cualquier alternativa que pueda poner en riesgo la continuidad de la democracia. Asimismo, la Comisión recuerda que el Estado boliviano tiene el deber de mantener y restablecer el orden público dentro del marco de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

La Comisión hace un llamado urgente al cese de hostilidades y a preservar la democracia y el Estado de Derecho en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana. Únicamente a través del diálogo y del respeto al sistema democrático, se podrá encontrar respuesta a la difícil situación que atraviesa el pueblo boliviano.

Washington, D.C., 15 de octubre de 2003″ (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 24.10.03, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2003/29.03.htm).

Del 26 de septiembre al 09 de octubre de 2003

Servicio informativo Nº 127

CONTEXTO

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes rechazan las declaraciones formuladas el 08.10.03 por el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, en la inauguración de la “Conferencia de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social”, en las cuales manifestó que su Gobierno no acatará la medida cautelar dictada el pasado viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y descalificó al organismo hemisférico.

Refiriéndose a la CIDH, el Presidente señaló lo siguiente: «viene un organismo de derechos humanos […], sin comunicarse antes con el Gobierno, a ordenar una medida cautelar a beneficio de la delincuencia […] esa Corte [sic] lo menos que sabe es de derechos humanos”. Estas declaraciones se suman a las pronunciadas por el Ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, quien luego de un consejo de Ministros, realizado el 08.10.03, señaló que “esta medida de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento”.

Al respecto, estas organizaciones de derechos humanos señalan que:

a) Las decisiones de los organismos internacionales, convencionales, de protección de los derechos humanos, tales como la CIDH, son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado venezolano, tal como lo señala el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”;

b) La descalificación gubernamental a la CIDH, como lo hemos señalado en el pasado, contribuye a debilitar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que ha jugado un papel relevante en los procesos de democratización en el continente y ha servido a múltiples víctimas de violación a sus derechos como un mecanismo de lucha contra la impunidad. Con ello, el gobierno debilita la garantía, establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución, que permite acceder al sistema internacional para hacer valer un derecho. Facilita, igualmente, que en la comunidad interamericana prive la arbitrariedad por encima de la legalidad;

c) El Estado venezolano tiene la posibilidad de disentir de una medida emanada de la CIDH. Lo adecuado, en esos casos, es cumplir con la medida, al tiempo que iniciar las diligencias para mostrar sus puntos de vista. Siempre sometiéndose a los procedimientos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y al Reglamento de la CIDH. Cualquier otra actuación, coloca al Estado al margen del sistema;

d) Sobre la base de estas consideraciones, solicitamos a todas las instancias del Estado venezolano, el respeto a las instituciones internacionales que velan por las garantías y disfrute pleno de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, tal como está establecido en las disposiciones legales nacionales y en los acuerdos suscritos por el Estado venezolano.

Suscriben el siguiente comunicado:

Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi); Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia Recíproca (Ambar); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Comisión de Justicia y Paz de Secorve; Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana «Humana Dignitas»; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores de Derechos Humanos del Estado Táchira.
(Provea, 10.10.03, http://www.derechos.org.ve)

Entre las 10:00 PM y 11:00 PM del 05.10.03, explotaron 2 camiones cisternas usados para transportar combustible para aviones, los cuales permanecían estacionados y vacíos en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, sede de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV) (Aporrea, 06.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10451). Alrededor de esa misma hora, estallaron otros 2 artefactos explosivos en las instalaciones del cuartel militar Fuerte Tiuna (El Universal, 08.10.03, pág. 2/26). La otra explosión ocurrió 2 días antes, cerca de la medianoche del 03.10.03, al ser lanzado un artefacto contra la puerta principal de la sede de la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) (El Nacional, 04.10.03, http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?Plantilla=3&Id=33632&IdSeccion=63). Ninguno de los incidentes provocó víctimas ni heridos, sólo daños materiales. 

Las investigaciones de estos hechos son seguidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) (El Universal, 06.10.03, http://www.eud.com/#avance). El 07.10.03, fue presentado por Henry Zerpa, coordinador Nacional de Investigaciones Penales de la Cicpc, un retrato hablado de un sospechoso en los hechos de la Base Aérea (El Universal, 08.10.03, Op. cit.). El Ministerio Público (MP) designó al fiscal 50 del área metropolitana, Américo Gloria, para las investigaciones de los atentados contra Conatel y el Fuerte Tiuna, según la fuente.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado el 07.10.03 en el que consideró que los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda «obedecen a una planificación cuya intelectualidad recae sobre personas proclives a la utilización de métodos terroristas para el logro de fines específicos […] La similitud con los hechos terroristas a instalaciones diplomáticas, militares y medios de comunicación detona la existencia, por parte de sus autores intelectuales, de una estrategia desestabilizadora inoportuna en momentos en que el país transita por la vía que determina el sistema democrático venezolano, la cual ha sido ratificada por los diferentes sectores de la vida pública nacional» (Gobierno en Línea, 07.10.03, http://www.gobiernoenlinea.ve/).

Con respecto a la explosión en Conatel, los investigadores de la División Contra el Terrorismo del Cicpc revisan un video para esclarecer el atentado (El Mundo, 06.10.03, pág. 16). Zerpa aseguró que el caso «está bastante adelantado y que esperan tener buenos resultados pronto […] los sospechosos siguen siendo una pareja de motorizados y se podría identificar la moto de alto cilindraje que fue vista por los funcionarios que realizaban la vigilancia en Conatel» (Ídem.).

Con estos últimos sucesos, suman 6 los que recientemente involucran explosiones. Se recuerda el que estalló el 17.09.03 en la Casa Militar, adyacente al palacio de Gobierno; el que detonó en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de Chuao, Caracas, el 16.07.03 ; la bomba que estalló en el edificio Caracas Teleport, sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos, el 12.04.03; y, los que explotaron el 25.02.03 en las sedes diplomáticas de España y Colombia (sobre explosivo lanzado contra la sede de Casa Militar ver edición N° 126 y sobre los atentados contra las sedes diplomáticas de España y Colombia, ver edición N° 112 de este servicio informativo en http://www.derechos.org). 

Sobre los hechos de violencia más recientes, el Centro Carter emitió un comunicado en el que advierte sobre el inicio de una «nueva etapa de violencia en Venezuela» (El Nacional, 06.10.03, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=33694).

El pronunciamiento del organismo recordó que ese Centro mantiene presencia permanente en Venezuela desde hace más de un año para actuar como facilitador en la crisis política local (Ídem.).

Este comunicado puede ser leído en la sección DOCUMENTOS.

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con el International Center for Transitional Justice (ICTJ) de Nueva York, invitan a los/as interesados/as a inscribirse en el Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, que se realizará entre el 29.03.04 y el 10.09.04. El curso «ofrece la oportunidad de estudiar temas relacionados con procesos de transición a la democracia y derechos humanos en sociedades afectadas, en el pasado reciente, por regímenes represivos o conflictos armados, así como temas vinculados con el desafío más general de construir sistemas democráticos viables» (Universidad de Chile, 09.10.03, http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/presentacion.htm).

El programa ofrece becas completas hasta para 20 profesionales de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación, trabajo social, entre otras), cuyo trabajo o actividades actuales demuestren su capacidad de defender y promover los derechos humanos o de influir en la construcción de sociedades democráticas más justas, abiertas y pacíficas en sus países de origen. Se dará prioridad a postulantes provenientes de países de América Latina y El Caribe (sean nacionales o residentes permanentes).

El programa consistirá en actividades docentes y académicas en Santiago de Chile (2 semanas al comienzo y 1 semana al final del curso) y clases online (21 semanas). Otorgará Diploma en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a quienes cumplan satisfactoriamente con el programa de estudios.

Los/as postulantes al programa de Diplomado deberán poseer una licenciatura, grado o título de enseñanza universitaria; un excelente dominio del castellano (las clases y la gran mayoría del material de lectura serán en castellano). Si bien un buen dominio de comprensión de lectura del inglés será una ventaja, no es requisito para poder postular. Deberá enviar el formulario de postulación que se encuentra en la dirección web: http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/formulario_postulacion.htm y acompañarla con los siguientes documentos: curriculum vitae; una exposición en que describa sus motivaciones para postular al programa en no más de 750 palabras, indicando aspiraciones profesionales y académicas así como la manera en que el Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización las apoyaría, y cómo piensa usar estos nuevos conocimientos para promover los derechos humanos y los procesos de democratización en su país. Indique, en particular (si es aplicable) de qué modo espera que su capacitación contribuya al trabajo de la organización o redes a las cuales usted está vinculado/a; fotocopia simple del certificado de título o grado académico. (A los/as postulantes finalmente aceptados/as se les pedirá oportunamente fotocopias debidamente legalizadas de estos certificados. La legalización deberá ser hecha ante el Cónsul de Chile en sus respectivos países.); 3 cartas de referencia (para garantizar la confidencialidad, cada carta deberá venir en un sobre cerrado, con la firma de la persona que la otorgue, al reverso del sobre).

Es necesario que tenga dominio de internet, correo-e y programas computacionales básicos (Windows, Word). Para poder participar en el programa de Diplomado, los postulantes seleccionados deberán tener acceso a un equipo computacional con las siguientes capacidades tecnológicas, como mínimo: una conexión a Internet de 33 Kbps, e Internet Explorer 5 o Netscape 5.

Los documentos solicitados deberán ser enviados por correo certificado (DHL, Federal Express, TNT o similares) a la Coordinadora del Diplomado, como se indica en el Formulario de Postulación.

Se dará prioridad a postulantes provenientes de países de América Latina o el Caribe (sean nacionales o residentes permanentes).

Los/as postulantes deberán poseer pasaportes u otros documentos de viaje válidos y al día que les permitan viajar a Chile, previa obtención de visa, de ser necesario.
Finalmente, se recibirán postulaciones hasta las 5:00 PM del 20.11.03. Para mayor información solicítela por el correo-e: dipdem@derecho.uchile.cl.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Según lo reseña una fuente informativa (Agencia Venpres, 04.10.03, http://www.venpres.gov.ve/econ/), la XV Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) para el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) que se efectuó en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, entre el 30.09.03 y el 03.10.03, repitió el fracaso de la recientemente celebrada V Conferencia Ministerial Oficial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (ver edición N° 126 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

A la convocatoria de Puerto España asistieron representantes de 34 países del continente, con el objetivo de definir las bases para el VIII Encuentro Ministerial que se efectuará en Miami, Estados Unidos (EEUU), entre el 20 y 21.11.03. Última cita que supone el establecimiento de las directrices para la conclusión de las negociaciones del ALCA en enero de 2005 (Sistema Económico Latinoamericano, 26.09.03, difusion-sela@sela.org).

Tal como lo reseña la fuente, el CNC del ALCA concluyó sin resultados debido a la intransigencia de Estados Unidos y Canadá de mantener los subsidios a su sector agrícola en perjuicio de la entrada de productos de ese sector provenientes de Latinoamérica, rechazando la inclusión de este tema en el debate interno al CNC y proponiendo su análisis al interior de la OMC. En respuesta a esta actitud, los negociadores de los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) reaccionaron proponiendo introducir en la OMC, también, la discusión sobre la liberación de los servicios y las reglas de protección a las inversiones extranjeras, aspectos de sumo interés para EEUU y Canadá (Agencia Venpres, Op. cit.).

La postura del Mercosur fue expuesta en una declaración respaldada por los representantes de los países de la Comunidad de El Caribe (Caricom), la cual advierte que en las actuales discusiones «están presentes los mismos temas que bloquearon la reciente reunión de la OMC […] El ALCA solamente será posible si EEUU y Canadá acceden a avanzar en la eliminación de los subsidios y barreras arancelarias, que obstaculizan la exportación de productos, especialmente de origen agrícola […] No es posible hablar de un ALCA comprensivo, sin incluir el tratamiento de los temas relacionados con los subsidios a las exportaciones y a las medidas de apoyo interno en la agricultura. Tampoco existe un ALCA con alto grado de ambición sin la inclusión de normas relacionadas con las medidas antidumping [En este sentido, hay que destacar] el papel del llamado Grupo de los 22 (G-22), integrado por países subdesarrollados, en el foro de Cancún que enfrentó la posición cerrada de EEUU y la Unión Europea frente a los reclamos de los países emergentes».

En ese mismo orden de ideas, se destacan las acusaciones hechas por Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, contra EEUU de hacer «amenazas» y ejercer una presión «muy destructiva» para sacar adelante su proyecto en las negociaciones del ALCA (Sistema Económico Latinoamericano, 05.10.03, difusion-sela@sela.org). Amorim defiende la idea de un ALCA «sin camisa de fuerza, ni positiva, ni negativa […] O sea, quien quiera adoptar reglas para inversiones, por más amplias que sean, que lo haga, pero quien no lo quiera debe tener libertad para no adoptarlas» (Ídem.). Brasil apuesta por un ALCA que excluya los servicios, las inversiones y las compras gubernamentales, y su prioridad es la negociación de un acceso más libre a los mercados. Sin embargo, EEUU insiste, en un acuerdo que incluya esos temas y elimine de la discusión los subsidios concedidos a los productores rurales y la legislación contra la competencia desleal. Cabe resaltar que Brasil y EEUU comparten la presidencia de la fase final de las conversaciones para el ALCA (Ídem.).

En cuanto a la delegación venezolana, encabezada por Víctor Álvarez, Presidente del Banco de Comercio Exterior de Venezuela (Bancoex), la fuente reseña el apoyo que los representantes de 4 países del Mercosur, 14 del Caricom, 5 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Panamá y Republica Dominicana, ofrecieron a la propuesta venezolana de crear, en el marco del ALCA, un Fondo de Convergencia Estructural, que tenga como objetivo compensar las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio. En su propuesta, la delegación nacional plantea lo siguiente: «reconocemos las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio y la importancia de que todos los países que participan en el ALCA alcancen el crecimiento económico, mejoren la calidad de vida de sus pueblos, y logren un desarrollo social y económico equilibrado y sostenido de todos los participantes. Para lograr este objetivo, debe haber mecanismos que faciliten la aplicación del Acuerdo y aprovechen al máximo los beneficios que pueden derivarse del ALCA. Dichos mecanismos complementan y mejoran las medidas que abordan las diferencias en el nivel de desarrollo y tamaño de las economías.

Por lo tanto, instruimos al Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas a que, con el apoyo del Comité Tripartito y a más tardar en la Decimoséptima reunión del CNC, presente propuestas para el establecimiento de un Fondo de Convergencia Estructural / Fondo de Compensación/ Fondo de Integración Regional, cuyas funciones son: (1) consolidar la capacidad institucional, (2) mejorar la competitividad en materia de producción (3) responder a las necesidades en materia de ajuste que surgen como resultado de la liberalización comercial, y (4) apoyar la aplicación de los compromisos del ALCA» (Venpres, 06.10.03, http://www.venpres.gov.ve/econ/eco1.htm#suman).

Finalmente, es importante destacar que los procesos de liberalización del comercio ejecutados sobre algunos países de la región tuvieron un impacto directo en el goce de los derechos humanos por parte de sus ciudadanos/as, en particular en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí la relevancia de un seguimiento de las discusiones acerca de los modelos de liberalización comercial que, como el ALCA, se están implementando en la región. A este fin, se sugiere consultar el informe especial «Derechos humanos y comercio y en Las Américas», contenido en el «Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela», octubre 2001-septiembre 2002, realizado por Provea, en http://www.derechos.org.ve.

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) celebró, en Barquisimeto, Edo. Lara, entre el 17 y 19.09.03, la II Cumbre de la Deuda Social. El fin de este evento fue debatir sobre la deuda externa, sus mediciones y soluciones; el ALCA, la integración regional; los programas de inclusión social; las economías solidarias y otras soluciones contra la exclusión social (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 06.10.03, http://www.msds.gov.ve/reunion/boletin4.htm).

La cumbre tuvo como corolario la aprobación de una Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de América Latina y El Caribe, documento suscrito por los representantes legislativos de 22 países de la región, reunidos en este evento (Ministerio de Relaciones Exteriores, 09.10.03, http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/index.html).

El documento fue redactado por la Comisión de Deuda Social del grupo venezolano del Parlatino, a cargo del diputado Filinto Durán. En su elaboración participaron, además, el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Humano y la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). La carta, de 77 artículos, será presentada el próximo mes en la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista en la isla de Margarita, confirmó Durán, coordinador del proyecto de Carta (Ministerio de Relaciones Exteriores, Op. cit.). Puede ser consultada en el sitio web: http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/documentos/Carta%20Social%20definitiva.doc

Al evento legislativo estuvieron invitados, entre otros, Eric Toussaint, investigador belga, quien plantea llevar una petición conjunta por parte de los países deudores al Consejo de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y Ubiratán De Souza, economista y miembro del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, quien sugirió volver a negociar la deuda externa con los organismos multilaterales en conjunto y con una visión política y no financiera. Dentro de esta discusión, los conferencistas coincidieron en la necesidad de diseñar un modelo integracionista alternativo al ALCA para el continente, que surja de un amplio debate en los distintos países de la región (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Op. cit.).

Entre el 08 y 10.10,03 se realizó en la isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta, la I Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) y en respuesta al mandato de Asamblea General de esta organización (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 06.10.03, http://www.msds.gov.ve/reunion/marco.htm).

Este encuentro se enmarcó dentro de las disposiciones contenidas en la Carta de la OEA, así como en las declaraciones emanadas de las Cumbres de Las Américas, en el Capítulo III de la Carta Democrática Interamericana sobre la relación entre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza y la Declaración de Santiago de Chile sobre Democracia y Confianza Ciudadana del año 2002. En estos documentos se coincidía en la importancia de encarar el desarrollo económico y social de los países en desarrollo de la región en apoyo de su gobernabilidad democrática: «el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza, la exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad que fomenten la igualdad de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo» (Ídem.).

La cita internacional contó con la participación de César Gaviria, Secretario General de la OEA, Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial (BM), además de los representantes estatales de los 34 países miembros de la OEA (Ídem.).

Este encuentro intergubernamental de alto nivel pretende aportar un marco de referencia global y regional para analizar el papel del sistema interamericano bajo una visión diagnóstica de los desafíos de la pobreza y la crisis económica; conocer los avances e implicaciones de las metodologías para medir la pobreza y la inequidad; hacer un balance de los resultados de las estrategias para reducir la pobreza y la exclusión, especialmente las dirigidas a las mujeres, niños y niñas, indígenas y adultos mayores; brindar un espacio para el intercambio de información y lecciones aprendidas, a fin de facilitar la coordinación y el apoyo mutuo en la consecución de los objetivos de desarrollo y justicia social de la región; generar estrategias para fortalecer la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación; y, facilitar la realización periódica de las Conferencias Interamericanas de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social, así como preparar un conjunto de recomendaciones para orientar el papel específico de la OEA en el desarrollo social hemisférico.

Asimismo en la reunión, se pretende aprobar el proyecto de Declaración de Margarita que fue presentada por la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA y que aún no ha sido aprobada por el Cepcidi, presidido por Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la OEA (Gobierno en Línea, 06.10.03,  http://www.gobiernoenlinea.ve).

Valero ha señalado en ocasiones previas a la apertura del evento que aspira lograr que dicha Declaración de Margarita se convierta en la Carta Social de América: «el embajador venezolano ante la OEA espera que el proyecto de Declaración final sea aprobado por unanimidad, para tener la posibilidad de contar con una carta social que se discuta en el seno de la OEA durante su próxima reunión de cancilleres en julio de 2004. ‘Se espera que su aprobación sea el preámbulo para una acción muy enérgica compartida en el ámbito hemisférico para librar esa batalla en contra de la pobreza que constituye uno de los factores que desestabiliza la democracia y hace que la democracia no tenga el contenido y el alcance que debería tener’, manifestó Valero» (Aporrea, 08.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10529).

Valero explicó que de ser aprobado este proyecto de Declaración Final «la OEA contará con un instrumento jurídico para darla a la agenda social la prioridad que está demandando en la actual circunstancia» (Ídem.).

Provea celebra la constitución de una Carta Social, un instrumento que el movimiento de derechos humanos latinoamericano viene impulsando en distintas redes e instancias políticas y sociales, pero lamenta que esta iniciativa del Gobierno Nacional no haya incluido una consulta más amplia y plural. El esfuerzo desarrollado al interior del sistema intergubernamental, podría nutrirse de las experiencias maduradas desde hace mucho tiempo de las organizaciones sociales integrantes de movimientos, redes y coaliciones regionales, plasmadas en diversas declaraciones y pronunciamientos. Provea insta a los entes guber e intergubernamentales asistentes a la cita hemisférica a ampliar el debate sobre esta Carta Social de Las Américas. Una declaración de la naturaleza que supone dicha Carta, debe, necesariamente, contar con el aval de la sociedad organizada de los pueblos de la región. 

Invitamos a los lectores a revisar el proyecto presentado por la Misión Permanente de Venezuela en la OEA en la sección DOCUMENTOS.    

Este 07.10.03, en Ciudad de México, la Oficina del economista en Jefe para América Latina y El Caribe del Banco Mundial (BM) presentó el estudio de investigación anual del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe titulado “Desigualdad en América Latina y El Caribe: ¿ruptura con la historia?” (Banco Mundial, 09.10.03, http://wbln0018.worldbank.org/). “Este documento analiza los motivos de la persistente desigualdad que aflige a la región, identifica de qué manera ésta obstaculiza el desarrollo y propone formas para lograr más equidad en cuanto a la distribución de la riqueza, el ingreso y las oportunidades” (Ibíd..).

Según David de Ferranti, vicepresidente para América Latina y El Caribe del BM, quien junto con Guillermo Perry, Francisco Ferreira y Michael Walton, dirigieron al equipo que elaboró el informe señaló que «América Latina es altamente desigual en cuanto a ingresos y también en el acceso a servicios como educación, salud, agua y electricidad; persisten además enormes disparidades en términos de participación, bienes y oportunidades. Esta situación frena el ritmo de la reducción de la pobreza y mina el proceso de desarrollo en sí» (Ibíd..).

El equipo de investigadores del Banco Mundial recabó datos de 20 países utilizando encuestas domiciliarias con una cobertura de 3,6 millones de personas y revisó además una vasta cantidad de estudios económicos, sociológicos y políticos sobre desigualdad en América Latina. Los investigadores descubrieron que la desigual distribución de los recursos que hoy caracteriza a la zona sigue un patrón determinado según los diferentes rasgos que tomó la colonización europea de la región. Según el informe, tal como en el antiguo período colonial, hoy también son los grupos de élite los que dan forma a las instituciones y las políticas públicas para favorecer en primer lugar sus propios intereses. Un ejemplo de ello es que los países de la zona no lograron niveles altos de alfabetismo si no hasta bien entrado el siglo XX. El bajo nivel de apoyo prestado a la educación primaria contrasta con el generoso financiamiento que recibieron las universidades, donde se educaban los hijos de los grupos dominantes. Por otra parte, un rasgo característico es la debilidad de las instituciones políticas de la región y, si bien la transición a regímenes democráticos vivida por muchos países ha impulsado importantes avances, los patrones de influencia siguen siendo altamente desiguales y aún existe una tradición de clientelismo y patronazgo, a pesar de las prácticas electorales a nivel nacional y local.

Los investigadores también usaron el «índice de Gini» y descubrieron que, desde la década de los 70 hasta la de los 90, la desigualdad en la región fue superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental.

En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar en la región, Venezuela es un ejemplo representativo de los países que han experimentado aumentos en la desigualdad.

El informe destaca que en la región el origen étnico es factor determinante en la conformación de oportunidades: “tanto los indígenas como los afrolatinos viven en considerable desventaja respecto de los blancos [lo que se pone en evidencia en el hecho de que] son éstos últimos los que reciben los ingresos más altos de la región” (Ibíd.).

En contraste con la brecha permanente relacionada con las diferencias raciales y étnicas, el informe observa que América Latina sí ha experimentando avances en cuanto a acortar la disparidad de género en relación con el ingreso y la educación. En gran parte de la región, las niñas y las jóvenes están en realidad superando a los niños y jóvenes en términos de logros educacionales.

“Para hacer frente a las raíces históricas de la desigualdad en América Latina, además de los poderosos intereses económicos, políticos y sociales que la sustentan y que persisten hasta hoy” (Ibíd..), el informe del BM destaca las siguientes 4 áreas de trabajo en torno a las cuales se deben unir gobierno y sociedad civil:

  • La construcción de instituciones políticas y sociales más abiertas para permitir, tanto a los grupos pobres como a los subordinados, lograr mayores niveles de protagonismo, participación y poder en la sociedad; – Políticas económicas que procuren mayor equidad, a través de una sólida gestión macroeconómica e instituciones equitativas y eficaces para resolver los conflictos, que eviten las enormes redistribuciones regresivas “que se producen en situaciones de crisis y que permitan ahorrar en los ‘tiempos buenos’ para mejorar el acceso de los pobres a las redes de protección social durante los ‘tiempos malos’» (Ibíd.);
  • Aumento del acceso de los pobres a los servicios públicos, especialmente educación, salud, agua, electricidad, a tierras cultivables y servicios rurales;
  • Reforma de los programas de transferencia de ingresos a través de medidas que condicionen la asistencia de los niños y niñas a la escuela y a los consultorios de salud.

La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), red internacional independiente conformada por más de 300 organizaciones populares y no gubernamentales que trabajan en el campo del hábitat y la vivienda alrededor de 80 países de todo el mundo, convoca a la Campaña Mundial por el Derecho a la Vivienda, a realizarse entre el el 01 y el 31.10.03 (Comunidad Web de Movimientos Sociales, 06.10.03, http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=2075).

La finalidad de esta campaña es sensibilizar a la población mundial con relación al impacto de las políticas neoliberales y la globalización económica en el Derecho a la Vivienda en diferentes regiones y localidades del planeta.

Recuerda la HIC que «en 1996, a 20 años de la Primera Conferencia de la ONU sobre el tema realizada en Vancouver (Canadá), durante la Cumbre de Hábitat II celebrada en Estambul (Turquía) la presión de activistas de todo el mundo y las miles de manifestaciones realizadas a lo largo y ancho del planeta permitieron ratificar la definición de la vivienda como un derecho humano y como parte fundamental del derecho de todos/as a una vida digna. Sin embargo, entonces como ahora, algunos de los Estados más poderosos del planeta (EEUU, Japón) se niegan a reconocerlo y en la mayor parte de los países no se destinan los recursos públicos necesarios para concretarlo. Es por eso que el lema que hoy nos aglutina retoma y rinde homenaje al que se utilizó en esa gran marcha en Estambul que fue reprimida por la policía turca: ¡Derecho a la vivienda hoy! ¡Un mundo habitable para todos/as es posible! (Ibíd.).

Para mayor información puede comunicarse por la siguiente dirección electrónica: chm@laneta.apc.org.

En diciembre de 2003 se cumplirán 4 años del mandato contenido en la disposición transitoria decimosegunda de la Constitución, que ordena la realización de la demarcación del territorio indígena en un lapso de 2 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la carta magna (30.12.99).

Recientemente el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Edo. Amazonas Guillermo Guevara, presidente de la Subcomisión parlamentaria de Legislación Indígena, destacó que la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, publicada en Gaceta Oficial N° 37.118 del 12.01.01, garantiza a las comunidades indígenas su derecho a la propiedad colectiva de las tierras ancestrales y la administración, utilización, disfrute y conservación de los recursos naturales en su hábitat. El procedimiento de demarcación contemplado en este instrumento abarca los territorios multiétnicos así como los pueblos que hayan sido desplazados de sus hábitat ocupando otras. «Igualmente – afirmó Guevara -, las tierras indígenas que tengan documentos de propiedad, posesión colonial, títulos provisionales o definitivos, otorgados por diferentes dispositivos de la legislación agraria, se incluirán en el proceso de demarcación y titulación de conformidad con el presente instrumento jurídico. Asimismo, se incluirán aquellas tierras donde los pueblos ancestrales han tenido acceso tradicionalmente, aunque no posean títulos sobre ellas y deseen desarrollarlas para garantizar su sustentabilidad» (Asamblea Nacional, 30.09.03, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4426).

Añadió el parlamentario que «esos hábitat, además, comprenden áreas de caza, pesca, recolección, paisajísticas y lugares sagrados que en ningún caso pueden ser calificadas de baldías, ociosas o incultas para efectos de su afectación y adjudicación a terceros en el marco de la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario» (Ibíd.).

«En vista de la intolerable situación de desigualdad en que la sociedad y el Estado venezolano han mantenido a la población homosexual, bisexual y transgénero, negándole derechos que le son espontáneamente reconocidos a la población heterosexual» (Unión Afirmativa de Venezuela, 06.10.03, unionafirmativa@hotmail.com), la Asociación Civil Unión Afirmativa, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de personas homosexuales, bisexuales y transgénero en Venezuela, introdujo el 07.10.03 un Recurso de Interpretación de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El objeto de esta acción es lograr el reconocimiento jurídico de los efectos patrimoniales y no patrimoniales (deberes y obligaciones mutuas) de las uniones domésticas entre personas del mismo sexo.

José Ramón Merentes, Coordinador General de la organización, explicó que se solicitó la interpretación del artículo 21, ordinal primero, en conjunto con los artículos 19, 20 y 22 de la Constitución, para reconocer que el principio de la no discriminación abarca la orientación sexual, con lo que se resolvería el conflicto existente entre este principio y el artículo 77 de la Carta Magna, que excluye a las parejas homosexuales de los efectos patrimoniales que benefician a las relaciones de hecho (concubinato).

Agrega Merentes que «con respecto al artículo 23, se pretende conocer la opinión del TSJ sobre los efectos en Venezuela de las decisiones tomadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los casos Toonen C., de Australia (interpretación de los artículos 2 y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en la que se incluye a la orientación sexual en el concepto de sexo), y Young C., también de Australia, en el que se reconoció el derecho a pensión de viudez al compañero de un militar australiano fallecido; así como de los exámenes periódicos hechos por los demás Comités del sistema universal a ciertos países sobre la discriminación por orientación sexual (Comité de Derechos del Niño, sobre las edades de consentimiento para iniciar relaciones hetero y homosexuales, y el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc), sobre el registro de parejas homosexuales)» (Ibíd.).

«Finalmente, de aceptar este criterio – continúa Merentes -, solicitamos a la Sala Constitucional que aclare el conflicto existente entre el artículo 77, párrafo 2, de la Constitución con el principio superior de no discriminación por orientación sexual» (Ibíd.).

El 28.09.03 se celebró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, iniciativa gestada en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe (Argentina, 1990) y que, desde 1993, se efectúa en diferentes países de la región. El objetivo de la Campaña 28 de Septiembre, responsable de la conmemoración de esta fecha, es la humanización de los servicios de atención a la salud; la disminución de la morbi-mortalidad materna; el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto; la liberalización de las leyes que lo penalizan (Campaña Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, 07.10.03, http://www.campanha28set.org/esp).

Estos principios rectores se encuentran expuestos en la llamada Carta de Guanabara, surgida en el marco de la «Reunión Ampliada sobre Aborto en la América Latina y el Caribe: Los Derechos de las Mujeres Frente a la Coyuntura Mundial», organizada por esta Campaña en el año 2001, en Río de Janeiro, Brasil.

Esta declaración puede ser consultada en la sección DOCUMENTOS. Si está interesado/a en suscribirla puede enviar un correo-e a la dirección: campanha28set@uol.com.br con el texto: “mi institución firma la Carta de Guanabara”, informando el nombre de la institución, ciudad y país donde está ubicada (Ídem.).

En Venezuela, la efeméride pasó inadvertida por la AN que luego de la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer para la Equidad e Igualdad de Géneros, ocurrida el 06.03.03, mantiene engavetado el tema del uso lícito del aborto terapéutico, contemplado en el artículo 26 de este proyecto (ver edición edición N° 113 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

La norma en cuestión estipula que “cuando se compruebe a través de los exámenes médicos y científicos correspondientes, embarazos que pongan en grave riesgo la salud física y/o mental de la mujer, o que presenten malformaciones físicas del feto o embarazos producto de violación o incesto, se consideran casos prioritarios para aplicar las medidas terapéuticas a que hubiere lugar, previo informe por especialistas en la materia” (Ídem.).

Acerca de esta situación Elsa Castro, diputada por el Movimiento Quinta República (MVR), contó que «cuando se reanudaron las actividades en el Parlamento, la Comisión de la Mujer, Familia y Juventud quedó presidida por el diputado Juan José Caldera (Convergencia) y otros parlamentarios que no tienen mucha noción de los derechos de las mujeres […] Por eso lo único que logramos aprobar es su carácter orgánico. No entró ni en primera discusión y en la Comisión, los diputados rechazan pedir a la directiva de la AN que se incluya en la agenda» (El Nacional, 27.09.03, pág. B/15).

Actualmente el capítulo IV del Código Penal trata el tema del aborto provocado, penalizando de su práctica a la mujer que se lo aplica como a quien se lo hubiera practicado. Según este articulado se castigará a la mujer con prisión de 6 a 24 meses y a quien se lo efectúe con 12 a 30 meses de prisión, excepto cuando este procedimiento fuera necesario para salvaguardar la vida de la mujer.

En contraste, el proyecto de Ley retoma la inacabada discusión abierta en la Asamblea Constituyente de 1999 y que recoge el espíritu de varios instrumentos internacionales. Merece la pena recordar que las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al Estado venezolano (CCPR/CO/71/VEN 19), presentadas el 26.04.01 señalan que “la penalización de todo aborto no terapéutico plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas. El deber jurídico impuesto al personal de salud de informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos, puede inhibir a las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas” (Edición N° 113 de este servicio informativo, Op. cit.). El Estado Parte tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), entre otras medidas enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto no terapéutico. El Estado Parte debe proteger el carácter confidencial de la información médica” (Ídem.).

La despenalización del aborto representa, además, una alternativa para las mujeres víctimas de asaltos sexuales. Daysa Urrea, de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam): «Hasta diciembre del año 2002, nosotros atendíamos 4 mujeres a la semana víctimas de violencia sexual […] Para ellas, de acuerdo con las normas vigentes, no existe solución inmediata. ‘Lo que les queda es buscar ayuda por sus propios medios, provocarse un aborto con riesgo de morir; o, en el mejor de los casos, recurrir a la anticoncepción de emergencia […] Además, como están cometiendo un delito tienen miedo y y culpa'» (El Nacional, Op. cit.).

Por otra parte, en la Maternidad Concepción Palacios, «todos los días llegan 10 mujeres con síntomas de aborto (espontáneo o inducido): ‘Un 80% de los casos tienen entre 18 y 25 años de edad’. Mientras que en el Materno de Caricuao ‘recibimos 8 abortos diarios que requieren curetaje'» (Ídem.).

Según la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y de El Caribe, cada año ocurren en el mundo 75.000.000 de embarazos indeseados o inoportunos, se realizan entre 40 y 60.000.000 de abortos inducidos y de ellos, al menos 20.000.000 son procedimientos inseguros en países donde está prohibido o restringido el aborto. Un 95% de ellos ocurren en países en desarrollo. Cerca de 6.000 mujeres mueren al año por complicaciones relacionadas con estos abortos inseguros» (Ídem.).

Según el informe Estado de la Población Mundial 2003 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), presentado el 08.10.03 (Organización de Naciones Unidas, 09.10.03, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1094&criteria1=jóvenes&criteria2=), en Venezuela viven en situación de pobreza un 34,5% de los niños/as menores de 11 años de edad y el 14,46% de los/as jóvenes entre 12 y 17 años de edad; la tasa de fecundidad es de 14,9 %, una cifra correspondiente a los adolescentes entre 15 y 19 años de edad; la fecundidad temprana es 51 % mayor en las zonas menos urbanizadas y rurales del país; 21% de los nacimientos vivos registrados en 2001 fueron de madres menores de 18 años; 17 % de jóvenes entre 15 y 19 años de edad se casa temprano; y, los casamientos en menores de 15 años alcanzan el 1 % (Últimas Noticias, 09.10.03, pág. 2).

El último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señala que el país cuenta con una población joven de aproximadamente siete millones 348 mil personas, entre 10 y 24 años de edad, lo que representa el 30,6% del total de habitantes (Ídem.).

Con respecto a la educación, sólo 26 % está en bachillerato, esto significa que 26 de cada 100 jóvenes, entre 13 y 18 años de edad, han logrado matricularse en el ciclo diversificado. Moni Pizani, oficial nacional del FNUAP, añadió que «la permanencia en la educación secundaria es de apenas 34,8%, en el caso de las mujeres y de 26,1%, en el caso de los hombres. La tasa de alfabetización es de 95%, esto significa que 5% de los jóvenes no sabe leer ni escribir. En cuanto al índice de desocupación femenina es de 34,5% y el masculino de 24,4%, factores estos que contribuyen al empobrecimiento de este sector de la población» (Ídem.).

El informe destaca, además, que Venezuela tiene el más alto índice de prevalencia de VIH/Sida en toda la región andina, siendo la media 0,43% contra 0,45% de toda la región: «se calcula que en el país existen 60 mil personas con el virus, habiendo contraído la enfermedad el 50% ellas, entre los 15 y 24 años de edad» (Ídem.).
Pizani señaló que el FNUAP está apoyando «técnica y financieramente al país en el desarrollo de diversos proyectos» (Ídem.). Finalmente, recomienda al Estado venezolano «aumentar la inversión, especialmente en las áreas de educación, salud y trabajo, para que los jóvenes puedan tener una vida digna y productiva» (Ídem.).

Sobre el tema de los compromisos laborales adeudados a los/as empleados de la administración pública acumulados desde 1997, luego de la entrada en vigencia de la Reforma de la Ley del Trabajo, últimamente aparecieron 2 informaciones que se contradicen.

Según Esteban Luna, director adjunto al despacho del Ministerio del Trabajo (Mintra), una comisión presidencial, integrada por representantes de la Vicepresidencia de la República, ministerios del Trabajo, Finanzas, Planificación y Desarrollo, Producción y Comercio, así como personal de la Procuraduría, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) y un grupo de técnicos a cargo de la parte operativa, cuantificará la deuda del Estado con sus trabajadores (Globovisión, 01.10.03, http://www.globovision.com/economia/2003.10/01/pasivoslaborales/index.shtml) .

Explicó el funcionario que será a mediados de octubre cuando se podría tener una respuesta de la cuantificación y gestión de activos para la cancelación de las prestaciones: «solo falta que el presidente de la República, Hugo Chávez, haga la revisión final del proyecto» (Ídem.).

No obstante, el diputado por el MVR, Luis Francheschi, presidente de la subcomisión de asuntos laborales del parlamento se adelantó en afirmar que ya fueron calculados por «una Comisión Presidencial creada y estos arrojaron una cifra de 21 billones de bolívares» (Venpres, 01.10.03, http://www.gobiernoenlinea.ve/) . Además, aseguró Francheschi que «en reuniones que hemos sostenido con representantes de los ministerios y de los organismos de planificación, pudimos constatar que se vienen cancelando […] en fideicomisos, además los intereses de prestaciones también se han venido cancelando.» (Ídem.).

Por su parte, Luna señaló que se están manejando algunas alternativas de cancelación de la deuda laboral con los empleados de la administración pública, como «los planes de viviendas generados por canje de activos entre el sector público y el privado, también se pueden crear nuevas empresas, iniciar pagos en efectivos por la venta de activos y acciones de compañías en marcha […] igualmente se tiene previsto elaborar propuestas comerciales atractivas, en las cuales, el trabajador vea reflejado sus pasivos laborales con el menor riesgo posible» (Globovisión, Op. cit.).

Hasta la fecha de cierre de esta edición, no se ha podido corroborar alguna de las 2 versiones que permitan dilucidar efectivamente lo que sucederá con el restablecimiento de los derechos laborales violentados por el retraso en la cancelación del pago de esta deuda.

Tal como lo consagró el artículo 1° del Decreto N° 2.387, publicado en Gaceta Oficial N° 37.681 el 02.05.03, desde el 01.10.03 entró en vigencia la segunda etapa del aumento del del salario mínimo mensual obligatorio, que comprende un aumento de 20% para los trabajadores urbanos y rurales. Para los primeros, el salario es de 247.104 bolívares, siempre y cuando sean parte de una empresa con más de 20 trabajadores, mientras que para empresas con menos de 20 el salario es de 226.000 bolívares; para los segundos, el salario de 222.393,60 bolívares. En los casos de aprendices y adolescentes, el salario es de 185.000 bolívares. Para los conserjes el incremento ubica su salario en 247.000 bolívares (ver edición N° 116, de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Ricardo Dorado, viceministro del Trabajo “recalcó que el 50% de la población económicamente activa del sector formal se beneficia con la medida” (Últimas Noticias,01.10.03, pág. 10). Igualmente informó Dorado que será en la segunda quincena de octubre cuando se pagará la primera parte del bono de los trabajadores y funcionarios del sector público acordado con la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), que involucra a ministerios e institutos autónomos nacionales: «en esta primera etapa se pagará Bs. 1.000.000 a los trabajadores activos y Bs. 500.000 al personal jubilado […] la segunda parte se honrará en abril de 2004” (Ídem.).

Es oportuno recordar el reclamo que Provea ha realizado reiteradas veces en relación con el carácter discriminatorio de las políticas salariales aplicadas por el Ejecutivo Nacional en los últimos 4 años, que excluyen del beneficio del aumento del salario mínimo laboral mensual a los/as trabajadores/as domésticos/as (edición N° 116 y 120 de este servicio informativo, Op. cit.). Esta situación motivó a Provea a introducir, el 02.07.03, un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 2.387, en el cual se explicita tal exclusión de este amplio sector de la sociedad. Dicho recurso fue admitido por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del TSJ el 18.08.03 (ver edición N° 124 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

En otro orden de ideas, cabe destacar que la culminación de las políticas de aumento salarial de este año, cristalizada en esta segunda etapa, no está exenta del debate acerca de su limitada cobertura ante los costos de los rubros de primera necesidad.

Por ejemplo, Froilán Barrios, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) asegura que con el nuevo aumento salarial, el/la trabajador/a «apenas puede comprar 60% de la canasta alimentaria […] si se compara la capacidad de compra del salario mínimo con el costo de la canasta básica (integrada por alimentos, servicios y bienes de primera necesidad), que tiene un costo de 1.000.000 de bolívares, el déficit es aún mayor» (El Nacional, 01.10.03, pág. A/16).

Barrios también resaltó que «en la mayoría de los países – América Latina incluida -, el salario mínimo es una referencia, un punto de partida para calcular los sueldos, por lo que entre 10% y 15% de la población laboral percibe este ingreso. Pero en Venezuela se ha convertido en el techo de remuneración de una buena parte de los 3,3 millones de trabajadores que laboran en el sector formal. De los 900.000 obreros y empleados de la administración pública, cerca de 315.000 (35%) ganan el salario mínimo, mientras que en las empresas privadas la tasa es de 50%, equivalente a 1,1 millones de personas. Los restantes 1,3 millones de trabajadores devengan sueldos y salarios superiores al mínimo. Al referirse a la distribución de los indicadores de remuneración y capital en el ingreso nacional de Venezuela, en 1998 los índices eran de 48% y 52% respectivamente. ‘En 2002, la remuneración fue de 38% y el capital de 62%, lo cual refleja la caída de nuestro poder adquisitivo'» (Ídem.).

En su más reciente informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, el Banco Central de Venezuela (BCV) muestra que el aumento de los precios de los rubros de primera necesidad mantiene el ritmo desacelerado de los meses anteriores. El IPC registró en el mes de septiembre un aumento de este indicador del 1,4%, apenas 0,1% más al observado en el mes de agosto (1,3%) y 4,4% menor al reportado en septiembre del año pasado (4,5%). Con este resultado, el incremento acumulado del IPC del tercer trimestre de 2003 cerró en 20,6%, un 4,4% menos del alcanzado en el año 2002 (25%). Con el IPC de septiembre, el crecimiento anualizado del indicador para el período septiembre 2003/septiembre 2002, se ubicó en 26,6%, un 1,6% menor al observado en el mismo lapso 2002/2001 (28,2%) (Banco Central de Venezuela, 02.10.03, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2676&Operacion=2&Sec=False).

Explica el BCV que «la evolución registrada por el indicador en el mes de septiembre, fue resultado de la aceleración de precios que mostraron los productos sujetos a regulación y control de precios (de 0,5% a 1,3%), mientras que en esta oportunidad en los restantes bienes y servicios, hubo un comportamiento desacelerado (de 2,2 % a 1,6%)» (Ídem.).

Los aumentos de precios con mayor intensidad se presentaron en las agrupaciones de alimentos y bebidas no alcohólicas (de 1,1% a 2,5%), servicios de la vivienda (de –0,6% a 1,1%) y servicios de educación (de 0,0% a 4,8%). Esto debido al movimiento de los precios sometidos a control. En cuanto a las demás agrupaciones de bienes y servicios, se observaron variaciones relativamente similares a las registradas en el mes anterior en comunicaciones (de 1,3% a 1,5%), alquiler de vivienda (de 0,5% a 0,7%) y salud (de 0,7% a 0,9%) (Ídem.).

Otro indicador oficial, la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), manejado por el INE confirma esta dinámica al ubicarse en 261.145,20 bolívares para el mes de agosto, lo que representó un incremento de 1,6% (4.301 bolívares) con respecto a julio. Esta variación porcentual de agosto-julio muestra una desaceleración del incremento del valor, en comparación con la variación porcentual verificada en los meses de junio y julio (2,75%). Con relación al poder adquisitivo del salario mínimo vigente en agosto (209.088 bolívares), el INE explica que éste se encuentra limitado al 80% del valor de la CAN (261.145 bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03, http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/noticias.asp).

Por su lado, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDA), reportó para el mes de septiembre un incremento de la Canasta Básica Familiar (CBF) de 2,7% con respecto al valor de este mismo indicador en agosto, alcanzando un costo de 1.224.036 bolívares (Ídem.). Tomando en cuenta que este indicador se calcula sobre la base del consumo de una familia de 5 miembros, en la que 2 de ellos devengan el salario mínimo vigente para ese entonces (209.088 bolívares), el déficit del poder adquisitivo con respecto a la CBF es de 34,2% (805.860 bolívares).

En cuanto a la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), el CENDA registra para septiembre un aumento de 0,8% con respecto al valor del mes de agosto (410.480 bolívares), alcanzado un precio de 414.044 bolívares. La CAF, para ese mes, ocupa el 99% del poder adquisitivo de una familia de 5 personas en la que 2 devengan el salario mínimo vigente hasta esa fecha (209.088 bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, Op. cit.).

Acerca del comportamiento del consumo, vale la pena citar el más reciente reporte realizado por la Cámara Venezolano-Americana (Venamcham) en el que afirma que, en lo que va de año, se ha observado un 40% en la caída de las ventas de productos como leche, aceite comestible, bebidas carbonatadas, agua mineral y jugos; así como un 30% de reducción en la venta de cremas de arroz y guisantes. Paralelamente, también se reporta el repunte de ventas de desodorantes y sardinas en un 30% y de atún en 10% (El Universal, 07.10.03, pág. 2/10).

Según el Informe Mensual de la Situación de la Fuerza de Trabajo en Venezuela correspondiente al mes de agosto de 2003 publicado por el INE el 29.09.03, la tasa de actividad de ese mes llegó a 69,9%, es decir 12.051.454 personas de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar. Con respecto a la tasa de actividad de julio (69,6%, 11.982.432 personas activas), se muestra un aumento de 0,3% y con relación a agosto de 2002, registró un incremento de 0,8% (436.422 nuevos activos). En el lapso comprendido entre agosto 2002/2003, todas las categorías de la población activa experimentaron incrementos: ocupados, 1,6% (166.776 personas); desocupados, 1,6% (269.646 personas); cesantes, 1,3% (216.731 personas); cesantes que buscaban trabajo por primera vez 0,4% (52.915 personas). La población económicamente inactiva no evidenció variaciones significativas en ese lapso: 30,1% (5.178.291 inactivos) (Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03, http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/menuhogares.asp).

En cuanto a la tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de personas activas que estaban trabajando en agosto de 2003, el INE reporta un 82,2% (9.901.776 personas), un 0,5% más del registrado en julio del mismo año. Frente a la tasa de agosto 2002 (83,8%: 9.735.000 personas), el informe del INE reporta una variación del 1,6%. Se subraya el hecho de que en el lapso de agosto 2002/2003, hubo un aumento de 96.371 mujeres ocupadas así como también se reflejó un incremento de 94.244 ocupados en el grupo etario comprendido entre los 45 a 64 años. El INE complementa la exposición de estos indicadores destacando que su comportamiento en el mes estudiado muestra una tendencia a la recuperación iniciada en febrero, cuando había alcanzado el valor más bajo de los últimos años (79,3%) (Ibíd.).

El porcentaje de ocupados en el sector formal para agosto 2003 se ubicó en 47% (4.653.747 trabajadores/as), Explica el INE que, tanto en el sector público como en el privado este indicador mostró una situación estable en comparación con julio 2003 y agosto 2002: en julio laboraban en el sector formal 47% de los ocupados (4.606.901 trabajadores/as) y en agosto del año pasado el 48% (4.669.754 ocupados). Cabe recordar que el sector formal lo constituyen las empresas con 5 o más personas (Ibíd.).

En el sector informal se observó que se sigue manteniendo el porcentaje de julio (53%: 5.248.029 trabajadores/as). Con relación a agosto 2002, hubo un aumento de 1% (186.462 ocupados/as). Un 1,2% (134.570) de este sector pertenecen a la categoría de empleados/as y obreros/as (Ibíd.).

Respecto a la tasa de desocupación, para agosto ésta se situó en 17,8% (2.149.678 desocupados), un 0,5% menos que la de julio (18,3%) y 1,6% más que la reportada en agosto de 2002. Destaca el informe que en el lapso de agosto 2002/2003, el grupo etario de 25 a 44 años de edad experimentó el mayor crecimiento en el volumen de desocupados (2,4%) (Ibíd.).

Según otra fuente informativa, las cifras del INE contrastan con las suministradas por la CTV, que colocan en el mes de agosto 2003 en 23% al desempleo, un 5,2% más que el indicado por la fuente oficial. La organización sindical ubica, también, el sector informal en 55%, un 2% más que el ofrecido por el INE. Y a la tasa de ocupación del sector formal en 22%, es decir, un 25% menos que los reportados por el INE. (El Nacional, 27.09.03,pág. A/16).

Por su parte, Alberto Macía, presidente de la Federación Campesina, organización afiliada a la CTV, informó que el desempleo en el sector agroindustrial supera el 85%, es decir, que 170.000 de los 200.000 trabajadores de este sector están desocupados (El Nacional, 26.09.03, pág. A/18).

Causas de esta situación son identificadas por Macía en «la contracción de la economía que afecta al sector privado, en el caso de los empresarios del campo la situación es más grave pues muchos de ellos han tenido que cerrar o suspender la siembra, ante la imposibilidad de acceder al crédito nacional con tasas de interés muy altas. Por otra parte, la compra de insumos importados -alimentos para animales, fertilizantes, repuestos de maquinaria, etcétera-, está muy restringida con el control de cambio» (Ídem.)

El reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Alerta Epidemiológica, en su edición N° 38 (MSDS, 06.10.03, http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html), correspondiente a la semana comprendida entre el 14 y el 20.09.03, notifica que la malaria disminuyó un 27% (637 casos reportados) con respecto a la cifra de la semana 37 (873 casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de 21.024 casos hasta la semana 38, es decir, un 10,5% menos que los registrados en el año 2002 en ese mismo lapso (23.491 casos).

Con respecto al dengue, en la semana 38, Alerta documenta 721 casos, un 10% menos que los reportados en la semana N° 37 (802). El acumulado hasta la semana 38 es de 14.951 casos de dengue en el territorio nacional, es decir, un 50,4% menos que los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (30.170).

En cuanto al indicador Mortandad Infantil, Alerta reseña un número de 132 defunciones registradas en la semana 38, es decir, un 38,9% más que las defunciones reportadas en la semana 37 (95). El total de defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 38 es de 4.125, un 11,3% más que el reseñado en ese mismo lapso del año 2002 (3.705).

La Mortalidad Materna, para esta edición de Alerta, reportó 7 defunciones en el ámbito nacional, un 16,6% más que las de la semana 37 (6). Para la semana 37 el acumulado reporta 196 defunciones, un 4,3% más que el número registrado en ese mismo lapso del año 2002.

Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 38 hay 31 casos confirmados, de los que 2 casos y 1 muerte corresponden a la semana 33. Entraron al sistema de vigilancia icterohemorrágica 4 casos del Edo. Zulia y 9 casos del Edo. Táchira, los cuales esperan los resultados de descarte del Instituto Nacional de Higiene. En este sentido, Alerta informa que para la semana 38 se descartaron 122 casos, se han recuperado 13 personas y fallecieron 18 personas.

Alerta reseña que, hasta la semana 38, se han vacunado 469.032 personas en los municipios de alto riesgo con casos de los Edos. Táchira y Zulia; 620.015 en los municipios de alto riesgo sin casos; 672.843 en los municipios de bajo riesgo; y, 684.807 personas en los municipios de mediano riesgo.

  • Establecer una política de desarrollo, sustentada en la variable ambiental y la participación ciudadana;
  • Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad ambiental y social;
  • Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente;
  • Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta actividad sólo en aquellas zonas que no estén en áreas protegidas (Abrae) y territorios indígenas, y donde la consecuente depredación no conlleve a daños en zonas de alta diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas; monitoreando efectivamente el cumplimiento por parte de las empresas mineras de todos los requerimientos y normativas ambientales;
  • Revisar y reformular la política de concesiones y manejo forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de cuyos objetivos estará el congelamiento y eliminación de las plantaciones forestales industriales que se estén desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras formaciones vegetales de gran valor biológico. Sustituir los objetivos de explotación económica por objetivos de aprovechamiento sustentable de los recursos;
  • Derogar por inconstitucional el Decreto 1.850 sobre la Reserva Forestal de Imataca;
  • Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y embalses y el establecimiento y ejecución coordinada de un Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales Marinos;
  • Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las empresas e industrias que operan en el país;
  • Reformar las normas reglamentarias sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIA);
  • Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de calidad de agua y aire;
  • Formular una política para la incorporación de todos los municipios del país a la clasificación de Residuos Sólidos in situ (orgánicos, plásticos, vidrios, cartones y papel), con graduales y selectivos métodos de recolección y transporte de basuras, asumiendo el reciclaje integral como nuevo medio de descontaminación y producción de nuevas y sanas fuentes de trabajo. Confección de un plan nacional para la reubicación y construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las gobernaciones estadales y municipios, que impida la improvisación y establezca criterios unificados al respecto;
  • Impulsar el reforzamiento o implementación por parte de las municipalidades o las empresas privadas, de los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas domésticas e industriales;
  • Lanzamiento vigoroso de un Plan de Educación Ambiental que incluya la educación al consumidor y a los productores sobre los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo con miras a un mayor control o incluso sustitución por productos naturales no dañinos;
  • Desarrollar una política de desconcentración de plantas industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación de empresas generadoras de desechos y contaminantes, al tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada disposición de los mismos;
  • Declaratoria de una moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria;
  • Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la Sierra de Perijá;
  • Establecer una línea de emergencia telefónica ambiental, para que Ministerio del Ambiente reciba y tramite denuncias (Provea, http://www.derechos.org.ve).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El pasado 03.10.03, Conatel procedió a incautar algunos equipos de microondas pertenecientes a Corpomedios GV Inversiones C. A., propietaria de la emisora de televisión Globovisión, los cuales, según explicó Jesse Chacón, ministro de Comunicación e Información, no poseían la autorización de funcionamiento otorgada por la Conatel, requerida por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Conatel, 06.10.03, http://www.conatel.gov.ve/ns/index.htm).

Por su parte, Alvin Lezama, director general de Conatel, aclaró que el pasado 19.08.03, se hizo una inspección a esta televisora que determinó la existencia de unas frecuencias de enlaces de microondas que no estaban autorizadas en la base de datos del ente: «por lo que se le hizo firmar un acta a los técnicos y representantes de la televisora, un mes después se hace nuevamente la inspección y se constata la misma irregularidad, por lo que se decidió tomar esta medida perfectamente sustentada» (Venpres, 06.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10415).

Aún cuando el procedimiento afectó la posibilidad de transmisión vivo y directo exterior/estudio, la señal no salió del aire, tal como inicialmente se presumió. A este respecto, Chacón explicó que “la medida no es contra su sistema de transmisores [de Globovisión] que están debidamente permisados” (Aporrea, 04.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10398).

En la misma fecha de ejecución por parte de Conatel del procedimiento sobre Globovisión, la emisora de televisión informaba que José Zalaquett, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidía otorgar medidas cautelares a favor de Globovisión para que Conatel «suspenda de forma inmediata la incautación de los equipos y restituir lo incautado lo antes posible […] para garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos venezolanos» (Globovisión, 03.10.03, http://www.globovision.com/nacionales/2003.10/03/ciddhh/index.shtml). Santiago Cantón, secretario Ejecutivo de la CIDH, señaló en esa oportunidad, que «el presidente de la Comisión consideró que es importante tomar estas medidas para continuar, a través de los distintos mecanismos que tiene la Comisión, inclusive llamar a una reunión inmediata aquí en Washington entre el gobierno y la Comisión para tratar de evaluar la situación y ver de qué manera podemos seguir colaborando para mejorar la situación» (Ídem.).

Poco antes, Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, había emitido un comunicado manifestando su «profunda preocupación por una medida administrativa tomada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de Venezuela, contra el canal de televisión Globovisión» (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 04.10.03, http://www.cidh.oas.org/Relatoria/).

César Gaviria, Secretario General de la OEA, también se pronunció ese mismo día: «esperamos que esta situación se pueda aclarar lo mas pronto posible, para que de ninguna manera estos hechos sean interpretados como una obstrucción o menoscabo a la libertad de expresión. Estamos confiados que, en cumplimiento de tales procedimientos, se respetará la ley y también el principio de la libertad de expresión que tiene vigencia a todo lo ancho de nuestro hemisferio y que todos en Venezuela acatan” (Organización de Estados Americanos, 06.10.03, http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-188/03).

Finalmente, acerca de la aplicación del  procedimiento sancionatorio a Globovisión por parte de Conatel, sugerimos la lectura del comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh-UCAB) en la sección DOCUMENTOS y de la edición N° 111 de este servicio informativo (en http://www.derechos.org.ve), en el que se aborda el tema de los procedimientos contra las televisoras y su efecto sobre el derecho a la libertad de expresión.

La reacción de la CIDH ante el caso Globovisión fue cuestionada por algunos sectores de la sociedad venezolana, quienes reclamaron la falta de una acción similar del órgano interamericano en el caso de la emisora de televisión comunitaria Catia TVe (Aporrea, 03.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10395).

Vale recordar que la emisora fue afectada por la medida ejecutada por la Alcaldía Metropolitana de Caracas de cerrar un local donde se hallaban equipos imprescindibles para su transmisión. Esta acción fue efectuada sin previo aviso y sin la autorización de Conatel (ente estatal a cargo de los asuntos telecomunicacionales), violando los Artículos 57 y 58 de la Constitución relativos a la libertad de expresión, tanto del colectivo que constituye a la emisora como de los residentes del sector al cual esta presta sus servicios (ver edición N° 121 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). La emisora permanece fuera del aire desde el 10.07.03, fecha en que la Alcaldía realizó la medida.

Sobre este tenor, fue efectuado otro pronunciamiento por parte de los representantes de la Comisión. Ante la pregunta de por qué no se le otorgó medidas cautelares a Catia TVe con la misma celeridad, Zalaquett respondió «no tener para ese momento información necesaria que le permitiese actuar» (Radio Nacional de Venezuela, 06.10.03, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=445). Por su parte, Bertoni manifestó que había solicitado «información al Gobierno venezolano sobre el caso de Catia TVe para investigar si los hechos ocurridos podrían ser de competencia de una jurisdicción local, obteniendo de esta manera información que le permitiera actuar ante el cierre de este medio alternativo el cual mantenía informado a más de un millón de ciudadanos. Dicha solicitud de información no fue realizada por la CIDH ante el Gobierno venezolano en el caso de Globovisión, por ‘tenerse suficiente información para actuar’ y de esta manera aplicar el artículo 25 del reglamento de la Comisión» (Ídem.).

Según lo señala una fuente informativa (El Nacional, 30.09.03, pág. A/6), la Corte IDH «concedió a Venezuela una prórroga para informar sobre el cumplimiento de la sentencia que dictó ese tribunal a favor de las víctimas de El Caracazo» (Ibíd.).

Jorge Dugarte, agente del Estado venezolano ante el sistema interamericano, explicó que la máxima instancia jurídica continental otorgó al Estado plazo hasta finales de noviembre. Agregó Dugarte que «el proceso va lentamente, pero avanza» (Ibíd.).

Debe recordarse que el pasado 18.09.03 venció el plazo puesto por la instancia hemisférica para que el Estado cumpliera en su totalidad la sentencia dictada el 29.08.02 acerca del caso de El Caracazo, elevado ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos por el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Este sería el primer desacato total de una sentencia de la Corte IDH en el que incurre el Estado venezolano (ver edición N° 126 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Este 25.09.03, la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó públicamente la Resolución N° 030925-465 contentiva de las Normas para Regular los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular (Consejo Nacional Electoral, 08.10.03, http://www.cne.gov.ve/).

La normativa decidida obtuvo la aprobación unánime de los 5 directivos del ente comicial (El Nacional, 26.09.03, pág. A/2). Francisco Carrasquero, presidente del CNE, informó que, una vez verificadas las firmas solicitantes de procesos revocatorios (proceso que deberá durar 30 días no prorrogables), el organismo tomará 2 días para elaborar el informe y la celebración del revocatorio se haría en los siguientes 97 días de la aprobación de dicho informe (Ídem.). Carrasquero agregó que los solicitantes podrán sugerir los centros de recolección de firmas (2.700 en total, sin añadir los itinerantes) y que cada centro contará con 2 observadores nombrados por el CNE, más los respectivos suplentes (Ídem.).

Por su parte, Tibisay Lucena, directora suplente del CNE, presentó el 08.10.03, los 4 instrumentos aprobados para la recolección de rúbricas de la solicitud de referendos revocatorios:

  • La planilla de recolección de rúbricas, en la que se solicita a los electores los datos establecidos en la normativa (cédula de identidad, nombre y apellido del firmante, fecha de nacimiento, firma y la huella dactilar), tiene un encabezado en el que se indica el nombre del funcionario a revocar y el tiempo en que se vence su período en el cargo. Cada planilla permite el registro de 10 rúbricas. En la parte posterior de la planilla se registran los datos de identidad de los observadores y los recolectores, así como la fecha en que se recogieron, la hora en que se inicia el proceso y la hora del cierre;
  • La planilla que portarán los recolectores itinerantes es igual, pero contiene la palabra itinerante;
  • El acta de proceso de recolección de firmas’, en el que al final de cada día observadores y recolectores de firmas deben asentar la información que se solicita, de acuerdo a las normas; y,
  • El acta de proceso de la entrega de las planillas itinerantes, que se llenará al momento de solicitarlas al CNE. »Se le entregan un número determinado y aquí se recogen los seriales de las planillas que se están llevando y el número de recolectores itinerantes», añadió Lucena (El Universal, 08.10.03, http://www.eluniversal.com/).

Finalmente, el CNE anunció este 09.10.03, el inicio de una jornada extraordinaria del Registro Electoral Permanente (REP) a partir del 15.10.03 y hasta el 15.12.03. Para este fin, el ente comicial tiene previsto habilitar 435 centros de inscripción en todo el país (Globovisión, 09.10.03, http://www.globovision.com/index3.php).

La Defensoría del Pueblo dirigió, este 26.09.03, al Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) y al MP un comunicado en el que manifiesta su preocupación por «el incremento de las violaciones del derecho a la vida en estas zonas [fronterizas]» (El Universal, 27.09.03, pág. 1/8) y solicita «la urgente designación de fiscales especiales y la asignación de recursos al Cicpc, para que investiguen de inmediato la muerte en extrañas circunstancias de defensores de derechos humanos, activistas políticos y dirigentes agrarios» (Ibíd.)

En la misiva dirigida a Lucas Rincón, titular del MIJ, solicitó «que se efectúe la presta coordinación de los órganos de seguridad ciudadana, municipales y estadales, de conformidad con lo establecido en el artículo 332 de la Constitución».

La carta de la Defensoría describe la situación de indefensión que mantiene atemorizada a la ciudadanía de los estados fronterizos y otros, a causa de los asesinatos y amenazas de muerte efectuados por grupos violentos. Señala, además, una cifra de 98 asesinatos atribuibles al sicariato. «Las muertes tienen lugar en la frontera y se calculan 69 en el Estado Táchira (en lo que va de año), 19 en Apure, 5 en Zulia, 2 en Barinas y 1 en Mérida, Portuguesa y Yaracuy, respectivamente» (Ibíd.).

La Academia Nacional de Medicina realizó, el pasado 03.10.03, una jornada de discusión acerca del tema de la inseguridad ciudadana y la violencia (El Nacional, 03.10.03, pág. B/14).

José Avilán Rovira, miembro de número de la organización, señaló que «los homicidios y suicidios son la quinta causa de muerte de los venezolanos y están en el primer lugar en cuanto a la causa que determina mayor pérdida de años de vida útil» (Ibíd.). Rovira agregó que la proporción de homicidios es de 45 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial; esta proporción aumenta a 139 por cada 100.000 en el sector masculino comprendido entre los 15 y 29 años (Ibíd.).

Roberto Briceño-León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, resaltó que «las tasas de asesinatos en los países pobres son de 28,8 personas por 100.000 habitantes, mientras que en los países ricos el número desciende a 14,4 personas por 100.000 […] En 10 años se había triplicado el número de crímenes de 3.000 que había en 1992 a más de 9.000 en 2002. Había 5 homicidios diarios en 1990 y en 2002 se produjeron 25 homicidios al día» (Ibíd.).

Por su parte, Marcos Tarre Briceño, experto en temas de seguridad ciudadana, indicó que «desde 1998 evolucionaron casi todos los delitos en Venezuela […] Hasta julio de 2003, se produjeron 6.507 homicidios, 30% más que en 2002 para la misma fecha. Además, hasta julio de 2003 han ocurrido143 secuestros, 43% más que en 2002. Informó que el año pasado se registró la más alta cifra de atracos de la historia, 38.641 reportados en la policía científica. El robo y el hurto de vehículos también ha sido el mayor, 52.000 en 2002. En 10 años, 7,64 de la población ha sido víctima de un delito grave […] cada año se han sumado nuevas formas de la violencia: en 1994 comenzaron los piratas de carretera; en 1995, los linchamientos; en 1996, los secuestros expres; en 2000, las redes de pedofilia y la producción de cocaína; en 2001, los grupos exterminio; en 2002, la violencia política y la industria local del secuestro; y, en 2003, el terrorismo» (Ibíd.).

  • Llevar adelante las acciones requeridas para concretar el modelo penitenciario plasmado en la Constitución, en su artículo 272. Principalmente, en lo relativo a la descentralización de los centros de reclusión, la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y el fomento de políticas de rehabilitación;
  • Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil debidamente capacitado y que el número de custodios asignado en cada centro guarde correspondencia con el total de reclusos;
  • Normar los procedimientos de inspección a los visitantes de los centros de reclusión, garantizando un trato digno y respetuoso, y prohibir la práctica de inspecciones contrarias a la integridad personal;
  • Asegurar el acceso a los medios de comunicación, abogados litigantes y las ONG de derechos humanos a los recintos penitenciarios, sin más restricciones que las derivadas de normas de seguridad;
  • Garantizar un mayor número de Jueces de ejecución y una actuación efectiva de los mismos, incrementando el número de visitas a los establecimientos penales y de entrevistas con los detenidos;
  • Lograr el establecimiento de criterios y prácticas comunes entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial para la debida aplicación de los beneficios que corresponde otorgar a la población reclusa, que califique para ellos. Sin más exigencias y limitaciones que las establecidas legalmente;
  • Garantizar el traslado seguro de los internos a los tribunales, impidiendo la comercialización de este derecho y las situaciones que suponen riesgo para la vida e integridad física de los detenidos;
  • Separar a los internos en cada establecimiento penitenciario, según categorías de edad, sexo, motivos de detención, estado del proceso y medidas a ser aplicadas;
  • Asegurar el pleno disfrute del derecho a la visita intima de la población penal femenina, sin más restricciones que las de seguridad general del recinto penitenciario;
  • Garantizar el acceso de la población reclusa a los servicios de salud, asegurando el debido seguimiento y tratamiento a los casos específicos de alteraciones de salud que así lo ameriten;
  • Suministrar a los internos una dieta alimentaria que garantice niveles óptimos de salud. La dieta debe contemplar los requerimientos especiales de las reclusas embarazadas, así como de las madres en período de lactancia, y los menores de edad que permanecen en centros de reclusión junto a sus madres;
  • Implementar programas educativos y laborales para la población penal, así como las instancias requeridas para el seguimiento y mantenimiento de los mismos;
  • Garantizar equipos técnicos de profesionales que funcionen en los centros de reclusión a objeto de dar seguimiento al comportamiento del recluso y certificar que éstos son aptos para el otorgamiento de los beneficios contemplados en las leyes vigentes;
  • Procurar las condiciones óptimas de infraestructura y atención especializada para aquellos reclusos y reclusas beneficiados con medidas de pre libertad;
  • Alcanzar una infraestructura y una asignación presupuestaria óptima que posibilite el cumplimiento a cabalidad de los programas de tratamiento y sanciones contemplados en la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente (Lopna);
  • Garantizar a la población reclusa un sistema de recepción y trámite de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas al interior de los penales con miras a que se investiguen, sancionen y reparen. Este sistema debe contemplar la salvaguarda de la integridad y la vida de los denunciantes. Así mismo, debe producir informes, de carácter público, sobre la cantidad de denuncias presentadas y los resultados obtenidos;
  • Eliminar la práctica de los traslados de reclusos entre diferentes centros de reclusión como medida de castigo, dado que aumentan su vulnerabilidad frente a amenazas a su vida e integridad física (Provea, http://www.derechos.org.ve).

ARTÍCULOS

«Hace un año fue decretado el 12 de Octubre como ‘Día de la Resistencia Indígena’, en reconocimiento a la constancia de estos pueblos en la lucha por su dignidad.

Hoy consagrados constitucionalmente, los derechos indígenas representan un importante paso en el reconocimiento de un sector de la población históricamente excluida.

Sin embargo, este significativo avance en materia legal o el justo reconocimiento de su resistencia no son suficientes. Es necesario que el Estado diseñe y ejecute políticas sociales que permitan el acceso equitativo a bienes y servicios, y garanticen el desarrollo digno que estos pueblos justamente merecen.

En todo esto se aprecian enormes debilidades. Por ejemplo, la demarcación de sus territorios, proceso que los protegería de abusos y garantizaría su derecho a la propiedad colectiva de las tierras, según lo establece el artículo 119 de la Constitución, está notablemente atrasado, pese a que una disposición transitoria en la misma, estableció un lapso de 2 años para realizarla, un plazo que venció en diciembre de 2001.

Este atraso, sumado a otras violaciones de sus derechos, explican la migración de ciudadanos/as de estas comunidades hacia los centros urbanos en situación de mendicidad y sin que ninguna autoridad estatal solucione esta situación de manera estructural» (Provea, 09.09.03, son@derechos.org.ve).

DOCUMENTOS

«El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh-UCAB) considera oportuno pronunciarse ante el procedimiento seguido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra el canal de televisión Globovisión, el viernes 3 de octubre de 2003. Este hecho puede considerarse como una restricción al libre flujo informativo en Venezuela y por tanto afecta al derecho a la libertad de expresión e información.

Conatel inició este procedimiento de carácter “provisionalísimo” basándose en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual entró en vigencia en el año 2000. De acuerdo con la versión de las autoridades, Globovisión está en una situación ilegal al usar un espacio del espectro radioeléctrico sin el debido permiso del ente para las transmisiones en directo desde lugares distintos a sus estudios. En el acto se le incautaron siete equipos de microondas y una antena. Este mecanismo de actuación inmediata, si bien está establecido en la ley, es un procedimiento a todas luces contrario al principio de presunción de inocencia y debilita seriamente el derecho a la defensa, pues se aplica la sanción de inmediato y con posterioridad el afectado es que puede demostrar o no su responsabilidad.

Esta norma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ha sido impugnada ante el TSJ y aún cuando éste no se ha pronunciado, resulta contraproducente su aplicación.

La aplicación del procedimiento, en la forma que fue ejecutado, limitará –según las autoridades- durante un lapso de entre 60 y 90 días la transmisión vía microondas de la estación televisiva. Esto repercute negativamente en el flujo informativo del país, debido a que Globovisión es un canal dedicado exclusivamente a la transmisión de noticias. En este contexto es válido reafirmar el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala muy claramente que “las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Del mismo modo, de acuerdo con diversos especialistas del sector de telecomunicaciones, a la fecha no se conocía de procedimientos similares contra otras estaciones de radio o televisión. Preocupa que el caso de Globovisión pueda convertirse en la primera de una serie de actuaciones de Conatel que, apelando al carácter “provisionalísimo” de las medidas, tenga como resultado la incautación de equipos sin la posibilidad de una defensa ajustada a derecho por parte de los afectados.

El Centro de Derechos Humanos de la UCAB reconoce la potestad de Conatel para manejar la administración del espectro radioeléctrico del país, pero del mismo modo le solicita a esta entidad estatal no repetir actuaciones como la ocurrida este 3 de octubre en Globovisión, utilizando los recursos ya descritos anteriormente. Nuevos procedimientos similares evidenciarían una política deliberada, restrictiva del libre flujo informativo, que terminaría afectando no sólo a un grupo de medios privados del país, sino al conjunto de la sociedad que se vería privada del acceso a hechos noticiosos de su interés, y en cuya cobertura resulta indispensable este equipamiento técnico. Debemos recodar que el derecho humano a la libertad de expresión e información cobra mayor relevancia en situaciones políticas conflictivas como la que atraviesa actualmente Venezuela» (Centro de Derechos Humanos de la UCAB, 05.10.03, cddhh@ucab.edu.ve).

Cecodap, Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, manifestamos públicamente nuestra preocupación por el estado emocional y psicológico, la integridad física, y la interrupción de la prosecución escolar de los niños, niñas y adolescentes, hijos de los trabajadores cesantes de Pdvsa. Lamentamos los hechos de violencia que se han presentado y expresamos nuestra solidaridad a las niñas, niños y adolescentes afectados, víctimas inocentes de esta situación.

Nuestra posición es que todos los actores involucrados en el conflicto deben cumplir con los principios del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sin discriminación alguna.

Desde el mes de agosto organizaciones de derechos humanos hemos venido recabando información, realizando gestiones, reuniéndonos con parte de los actores involucrados, albergando la esperanza de la disminución del conflicto.

Entendemos que la naturaleza del conflicto laboral es compleja y como tal su solución no está a la vuelta de la esquina. Es por ello que alertamos sobre la posibilidad de la amenaza o violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por las partes en conflicto con el fin de hacer prevalecer intereses evidentemente contrapuestos.

Cualquier acuerdo que beneficie a las niñas, niños y adolescentes no puede ser interpretado como una victoria de ninguna de las partes y, obviamente, no interfiere en los procedimientos y acciones legales que las partes, ejerciendo sus legítimos derechos, tienen incoadas y que deben seguir su curso ante las instancias pertinentes encargadas de tomar las decisiones correspondientes.

Reiteramos nuestro enérgico llamado al Estado venezolano a respetar y promover los derechos humanos de todas las personas y especialmente de todas las niñas, niños y adolescentes. A establecer rápidas y efectivas medidas de protección asumiendo su papel de garante de todos los derechos de todas las personas, así como investigar todos los hechos que vulneren o pongan en peligro los derechos humanos y sancionar a las personas responsables de violaciones o amenazas de tales derechos.

A todos los actores hacemos el siguiente llamado:

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y POLICIALES:

Exigimos garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias durante los procedimientos de desalojo. Observar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigentes, entre otras la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la cual considera que los desalojos forzosos son, en principio, incompatibles con el derecho a la vivienda reconocido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Para el Comité, de ser necesario llevarlos a cabo, es preciso que se adopten medidas de reubicación, a fin de que las personas no queden desamparadas, y que se garantice una justa indemnización por los bienes personales que pudieran ser afectados.

Los cuerpos de policía deben ser los encargados de apoyar los procedimientos de desalojo; si los mismos son desbordados, deben contar con el apoyo de la Guardia Nacional. La actuación del Ejército es inconveniente.

El Estado debe ofrecer a las personas afectadas los recursos jurídicos adecuados y deberá evitar o minimizar el uso de la fuerza, respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad. El Comité también recomienda practicar los desalojos con el debido respeto a la integridad física y moral de las personas y el resguardo de sus bienes. Lo que implica, entre otras obligaciones, la de abstenerse de utilizar o disparar bombas lacrimógenas u otro artefacto o sustancia química o tóxica dentro de las casas o recintos cerrados.

De la misma manera, el Comité exhorta a no realizar desalojos en horas nocturnas, y que haya presencia de funcionarios del gobierno durante los procedimientos, a fin de garantizar el debido proceso y los derechos humanos de los ocupantes de las viviendas.

PDVSA:

Acatar sin dilaciones las decisiones de los Tribunales de Protección y Consejos de Protección del Niño y del Adolescente a favor del derecho a la educación de los hijos de trabajadores cesantes de Pdvsa. Suministrar información al Ministerio de Educación Cultura y Deportes y a los representantes de los trabajadores cesantes sobre la cantidad de estudiantes que permanecen en las instituciones educativas y aquellos que no fueron inscritos.

Mantener un clima de paz y respeto en todos los centros educativos que dependen de la Empresa y velar porque no exista discriminación de ningún tipo hacia los estudiantes, por las acciones o posiciones gremiales o políticas de sus representantes.

Inscribir a los hijos de los trabajadores cesantes en las instituciones educativas de la empresa, en aquellos lugares en que no existan planteles educativos oficiales nacionales, estatales, o municipales cercanos a las viviendas, a fin de evitarle dificultades en el cambio de ambiente escolar a los estudiantes. Estableciendo las normativas y requisitos para que esto sea posible sin discriminación por clase social, posición política o de otra índole.

GOBERNADORES Y ALCALDES DE LOS ESTADOS ZULIA, FALCÓN, ANZOÁTEGUI Y MONAGAS:

Garantizar la inscripción de los hijos de los trabajadores cesantes de Pdvsa en planteles Estadales y Municipales aledaños a los campos petroleros o donde actualmente residan.
Emprender estrategias que faciliten la solución del conflicto que amenaza la prosecución escolar de la población mencionada.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES:

Garantizar la inscripción en los planteles oficiales a todos los estudiantes, hijos de trabajadores cesantes de Pdvsa que así lo soliciten, cualquiera sea el lugar de Venezuela donde se hayan trasladado, en los términos que establece el Art. 53 de la Lopna:

“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Asimismo, tienen derecho a ser inscritos y recibir educación en una escuela, plantel o instituto oficial de carácter gratuito y cercano a su residencia”.

A los fines de facilitar la inscripción en los planteles oficiales, instamos al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, así como a los Jefes de las Zonas Educativas, Direcciones de Educación Estadales y Municipales, a designar los funcionarios necesarios que atiendan las solicitudes de inscripción, sin demoras. Así mismo, coordinar un plan de contingencia en articulación con alcaldías y gobernaciones, a fin de garantizar la prosecución escolar de los niños, niñas y adolescentes que venían cursando estudios en la instituciones educativas de Pdvsa.

CONSEJOS DE PROTECCIÓN, CONSEJOS MUNICIPALES, ESTADALES Y NACIONAL DE DERECHOS, FISCALÍA Y TRIBUNALES DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:

Activar el Sistema de Protección para garantizar el interés superior en las medidas y acciones de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto laboral de sus padres, sin discriminación alguna.

Aplicar los procedimientos correspondientes para proteger la integridad física, la salud mental, el derecho a la educación, a la seguridad personal de los niños, niñas y adolescentes y sus familias que viven en los campos petroleros.

MINISTERIO PÚBLICO

Investigar la actuación de las fuerzas de seguridad y orden público (Guardia Nacional, policías estadales y municipales) para determinar si ha habido un uso excesivo de la fuerza en sus actuaciones y establecer las responsabilidades del caso si fuere necesario.

Ser garante en los procesos de desalojo para que estén ajustados al debido proceso y se respeten los derechos humanos.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

Activar sus mecanismos de mediación y conciliación con el propósito de facilitar la resolución del conflicto que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Velar por el respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias durante los procedimientos de desalojo.

PADRES, REPRESENTANTES Y FAMILIARES:

Garantizar el interés superior al proteger la integridad física, la salud mental, emocional de los niños, niñas y adolescentes. Excluirlos del conflicto político y de acciones que puedan generar hechos violentos que los afecten.

Cumplir con la responsabilidad de inscribirlos en una institución educativa sin más demoras, en los términos que les impone el Art. 54 de la LOPNA:

“Los padres, representantes o responsables tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños y adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de educación, de conformidad con la ley…”

Igualmente les pedimos cumplir con las decisiones de los Tribunales de Protección de Niños y Adolescentes.

GENTE DE PETRÓLEO, FEDEPETROL Y UNAPETROL:

Les exhortamos a buscar acuerdos y compromisos por la vía del diálogo con las autoridades competentes, que conduzcan a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, les instamos a no involucrar a los niños, niñas y adolescentes en conflictos donde peligre su integridad física, psicológica y emocional, así como el disfrute (pleno y efectivo) del derecho a la educación.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:

Ante la situación que los afecta, los instamos a desarrollar mecanismos de convivencia, tolerancia y respeto mutuo; a coordinar con sus familiares, organismos, y organizaciones, estrategias para la conciliación y la paz.

POR ÚLTIMO:

Las organizaciones ratificamos nuestra voluntad de facilitar el proceso de diálogo y negociación. Para ello solicitamos, que cada una de las partes deje de lado sus intereses particulares o sectoriales teniendo como único norte el interés superior del niño, su paz y tranquilidad Yolanda de Prince, Cecodap; Carlos Correa, Provea; Alfredo Ruíz, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz» (Cecodap, 02.10.03, derechamos@cecodap.org.ve).

«Ante los últimos acontecimientos en los campos petroleros de los estados Zulia, Monagas, Anzoátegui y Falcón, en donde se han visto envueltos niñas, niños y adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reitera que, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional, el interés superior del niño debe prevalecer en cualquiera circunstancia. En situaciones de conflicto, la sociedad en su conjunto debe velar para que la niñez no sufra las consecuencias de las acciones tomadas por los adultos y para que se respete su integridad física y emocional.

Frente al problema que se está viviendo en estas zonas petroleras del país, Unicef ha venido brindando sus buenos oficios y en este sentido ha actuado, conjuntamente con instituciones del poder público y organizaciones de Derechos Humanos, para facilitar las condiciones que aseguren la matrícula escolar a los hijos de los trabajadores despedidos.

Unicef ratifica su compromiso con los derechos de todos los niños y su voluntad de seguir prestando sus buenos oficios para que ningún niño hijo de los trabajadores despedidos de Pdvsa quede sin matricular. En este sentido, solicita a todas las partes prestar información precisa y detallada que permita resolver los obstáculos que aún se presentan.

Unicef recuerda que, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la legislación nacional, el Estado está obligado a garantizar la educación a todos los niños, niñas y adolescentes y su integridad física aun en situaciones de ejecución de órdenes judiciales. Por otra parte, los padres y representantes están obligados a matricular a sus niños sin condicionar esta obligación a la resolución de otros tipos de conflictos y a no exponerlos a riesgos.

Unicef hace un llamado a los mismos niños, niñas y adolescentes para que sean constructores de un mundo mejor y más apropiado para ellos y recuerda que un amigo puede seguir siendo amigo independientemente de las condiciones laborales o posición política de sus respectivos padres. Anna Lucia D’ Emilio, Representante Delegada Unicef Venezuela. Caracas, 8 de Octubre de 2003″ (Bernardo Pisani, 08.10.03, bpisani@unicef.org).

«Observamos con preocupación que el enfrentamiento político está entrando en una nueva fase de escalada y que esto, sin duda, alienta la violencia. Nosotros condenamos la violencia, bajo cualquiera de sus manifestaciones, y trabajamos por el diálogo, la defensa de la coexistencia, la búsqueda de consensos y la construcción pacífica de una Venezuela para todos.

En el Centro Carter hemos mantenido una presencia permanente en Caracas desde hace mas de un año, con el propósito de servir como facilitadores del diálogo y la negociación entre el Gobierno y los factores de oposición, con un estricto respeto a la soberanía nacional. Específicamente, hemos intentado y seguiremos intentando trabajar en mejorar la relación medios-gobierno, mientras así lo deseen sus protagonistas.

En cualquier proceso conflictivo, cada parte espera que los facilitadores se expresen a favor de sus intereses y condenen al adversario. Eso es lo que hacen los árbitros, no los facilitadores. Nosotros no somos árbitros, como sí lo son el Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial en Venezuela. Pero sí defendemos valores y sostenemos principios, relacionados con la paz, la justicia, el sistema democrático y el estado de derecho» (Centro Carter, 90.10.03, http://www.cartercenter.org/viewdoc.asp?docID=1504&submenu=news).

«Presentada por la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA -No ha sido aprobada por el Cepcidi

REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE POBREZA, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

Isla de Margarita, Venezuela, Octubre 8, 9 y 10 de 2003

Los Ministros de Desarrollo Social y las Máximas Autoridades Gubernamentales responsables de combatir la pobreza, los Jefes de Delegación, así como los Embajadores – Representantes Permanentes de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos en la Isla de Margarita, Venezuela, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2003, para buscar estrategias y garantizar la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales para promover la equidad, la inclusión social y superar la pobreza.

CONSIDERANDO QUE:

La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en su Artículo 2. (g) que uno de los propósitos esenciales de la Organización consiste en la erradicación de la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del Hemisferio;

La Carta Democrática Interamericana reafirma “que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos”;

El Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación declara que la superación de la pobreza y la discriminación requiere de la aplicación de políticas integrales definidas y aplicadas por el Estado con la plena participación de todos los sectores de la sociedad, y que el crecimiento económico es una condición fundamental pero no suficiente para promover una mejor calidad de vida, superar la pobreza y eliminar la discriminación y la exclusión social;

El Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 destaca que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y especialmente la eliminación de la pobreza extrema, constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados Miembros y son factores esenciales para la promoción y consolidación de la democracia. Asimismo, que la necesidad de alcanzar el desarrollo social y económico de forma integral, equitativa y sostenible, continua siendo un gran reto para el hemisferio;

La Declaración de Bávaro para el Mejoramiento de la Agricultura y la Vida Rural en las Américas reconoce que la agricultura es el medio de vida de millones de familias rurales del hemisferio y destaca su importancia para alcanzar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del sistema socio económico de las naciones.

La Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas señala que “no escatimaremos esfuerzos para liberar a los ciudadanos de las condiciones inhumanas de la pobreza extrema”;

La Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana señala que el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza, la exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad;

La Resolución AG/RES. (XXXIII-O/03) 1962, sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, reitera «que el combate a la pobreza es una prioridad y preocupación constante de los Estados Miembros y que la organización debe apoyar sus esfuerzos para disminuir los niveles de pobreza en el Hemisferio»;

La Declaración de la Cumbre sobre Desarrollo Social de Copenhague incluye compromisos relativos al desarrollo social, erradicación de la pobreza, a la promoción del pleno empleo, de la integración social, igualdad y equidad entre mujeres y hombres, acceso universal a la educación y a la seguridad social, entre otros.

La Declaración de la Cumbre sobre la Alimentación: Cinco Años Después reitera los compromisos asumidos en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria donde se reconoce el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre y la necesidad de adoptar medidas para cumplir con el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria.

La Declaración del Milenio por intermedio de la cual los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo declararon que no escatimarán esfuerzos para liberar a los hombres, mujeres y niños, “de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos” y que al mismo tiempo están empeñados “en hacer realidad para todos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad.”

El Consenso de Monterrey asume el compromiso de “promover sistemas económicos nacionales y mundiales basados en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, responsabilidad e inclusión»;

La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable señala que «la línea profunda que divide la sociedad humana entre los ricos y pobres y la siempre creciente brecha entre los mundos desarrollados y en desarrollo presenta una amenaza importante a la prosperidad, seguridad y estabilidad global»;

La Cumbre Extraordinaria de las Américas dará pie para un rico diálogo sobre una agenda hemisférica dirigida al crecimiento económico con equidad, al desarrollo social y a la gobernabilidad democrática, los cuales son elementos vitales para impulsar el desarrollo en forma armónica y lograr que nuestros países alcancen las metas convenidas internacionalmente.

La Declaración de Cartagena de Indias de los Ministros y las Máximas Autoridades Gubernamentales responsables de políticas culturales del hemisferio, reconoce a las políticas culturales gubernamentales que preservan y promueven la diversidad cultural, como un factor fundamental del desarrollo social y económico de nuestros países y un mecanismo clave en la lucha contra la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. .

El compromiso de los Ministros de Trabajo del continente, reunidos en la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA reafirmó su disposición de unir esfuerzos para lograr el desarrollo integral, de todos los Estados miembros, en los campos económico, social, educativo, cultural, científico y tecnológico. En este sentido, acordaron dedicar mayores esfuerzos a la consecución, entre otras metas, de la distribución equitativa de la renta nacional, del pago de salarios justos, de la generación de oportunidades de empleo y de condiciones de trabajo que son consistentes con estándares internacionalmente aceptadas.

Tanto el desarrollo, la justicia y la economía social, son elementos fundamentales e indispensables para la consecución y el mantenimiento de la democracia política, la paz y la seguridad en nuestras naciones y entre ellas.

No obstante los esfuerzos desplegados y los progresos alcanzados en algunas áreas del desarrollo económico y social, nuestro Hemisferio sufre las mayores inequidades mundiales en la distribución de los ingresos, en el acceso al crédito, a la educación, a la salud de calidad y a la nutrición; y carece de efectivas redes de protección social como mecanismos para la superación de las situaciones de pobreza, en particular a aquellas de pobreza extrema, en la que todavía permanecen amplios sectores de nuestras sociedades.

DECLARAN:

  1. Reconocemos que el desafío de alcanzar un desarrollo social justo y sostenible continúa siendo una de las tareas más urgentes en nuestro Hemisferio. Tanto la consolidación de la democracia, la plena vigencia de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, así como la plena integración de nuestras economías en beneficio de las mayorías, requieren una sociedad en la cual sus miembros cuenten con oportunidades que les permitan desarrollar sus capacidades personales y participar plenamente en la sociedad. Ello requiere la garantía de los derechos con universalidad y equidad, lograr una distribución equitativa de las oportunidades y de los ingresos y de los activos productivos, asegurar el acceso a la educación, trabajo y la promoción de la salud y la calidad de vida, adecuados a las características de cada nación.
  2. Afirmamos que la democracia, un gobierno participativo y responsable con las necesidades de sus pueblos, y una administración transparente y responsable en todos los sectores de la sociedad, son bases indispensables para la consecución de un desarrollo sustentable centrado en los aspectos sociales y en el ser humano. Entendemos asimismo que la lucha contra la pobreza exige corresponsabilidad por cuanto no se puede lograr un desarrollo social y económico sostenible, sin la plena participación de todos los ciudadanos. La igualdad, la inclusión social y la equidad en la diversidad de género y etnias, son componentes esenciales para la democracia y deben constituir prioridades para la comunidad internacional y, como tales, deben ser elementos fundamentales del desarrollo económico y social.
  3. Comprendemos que la globalización continúa acentuando diversos problemas en particular el aumento de la pobreza, exclusión social y la desigualdad en el seno de las sociedades y entre éstas. Los países en desarrollo continúan enfrentando dificultades para lograr una mayor integración y participación plena en la economía mundial, por lo que se hace necesario incorporar la dimensión social e intensificar la cooperación internacional para encarar los problemas que se derivan de la globalización.
  4. Ratificamos la importancia de acelerar el proceso de integración de los países en desarrollo del continente para alcanzar un mercado común latinoamericano y caribeño que coadyuve a la formación de un sistema comercial internacional, equitativo, estable, no discriminatorio, transparente, con base en los acuerdos multilaterales y que garantice la justicia y el desarrollo social.
  5. Reconocemos que la excesiva carga del servicio de la deuda externa ha restringido la capacidad de muchos de nuestros países para promover un desarrollo integral. Por ello la necesidad de comprometernos en la búsqueda de soluciones eficaces y equitativas que estén orientadas al fomento de un desarrollo integral en favor del ser humano.
  6. Afirmamos que el desarrollo social y la justicia social, no pueden alcanzarse si no hay igualdad de oportunidades participación social, paz y seguridad en un marco de respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y a las instituciones y gobiernos democráticamente establecidos.
  7. Manifestamos que el desarrollo social es fundamental para dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de las personas, lo cual demanda el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad.
  8. Entendemos que el desarrollo económico, el desarrollo social equitativo y la protección y conservación del medio ambiente son componentes del desarrollo sustentable y que se fortalecen mutuamente, por ello enmarcamos nuestros esfuerzos hacia el logro de una redistribución equitativa de la riqueza y de los ingresos, así como hacia la utilización sustentable de los recursos ambientales.
  9. Reconocemos que existe la necesidad urgente de resolver graves problemas sociales, especialmente la pobreza, el desempleo, el subempleo la exclusión social, la inequidad y la creciente brecha social, que afectan a todos los países. Nuestra tarea consiste en atacar las causas estructurales y sus consecuencias, a fin de reducir la incertidumbre y la inseguridad en la vida de los seres humanos. De allí nuestra determinación y nuestro deber de erradicar la pobreza, promover la equidad y fomentar la integración social como entornos favorables y necesarios para el pleno desarrollo de nuestros pueblos.
  10. Reiteramos que, en términos económicos y sociales, las políticas y las inversiones más productivas son las que facultan a las personas para aprovechar al máximo sus capacidades, sus recursos y sus oportunidades.
  11. Reafirmamos nuestra obligación con las personas que viven en la pobreza: mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, grupos étnicos, especialmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, desventaja y marginación; y nos comprometemos a fortalecer las políticas y los programas tendientes a facilitar procesos de inclusión social que permitan crear sociedades integradas.
  12. Siendo los niños, niñas y adolescentes uno de los sectores susceptibles a ser excluidos y afectados por las inequidades sociales, cuyas carencias de atención por los diversos servicios educativos, de salud, servicios básicos, los conllevan a disminuir sus capacidades y potencialidades como sujetos de derecho y de desarrollo en nuestras sociedades. Reconocemos la deuda que tenemos con la población infantil y reiteramos el compromiso de mantener el interés superior del niño como principio rector, de garantizar el cumplimiento de sus derechos, de erradicar el trabajo infantil, la participación de niños en conflictos armados, la venta de niños, prostitución infantil, abuso sexual y la utilización de niños en pornografía, y procurar soluciones que aseguren su plena inserción y participación en aquellos asuntos que les conciernen.
  13. Afirmamos que la potenciación de la mujer, el fortalecimiento y fomento de su plena e igual participación en el desarrollo de nuestras sociedades tanto en las zonas urbanas como rurales, en la vida política y económica, en la toma de decisiones a todos los niveles, son fundamentales para la reducción de la pobreza, la equidad, la promoción de la prosperidad económica y social, y para el desarrollo sostenible centrado en el ser humano.
  14. Entendemos que en el contexto de las medidas generales para la erradicación de la pobreza, debe prestarse especial atención al carácter multidimensional de la pobreza y a las condiciones y políticas nacionales e internacionales que favorecen su erradicación. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestras políticas sociales y económicas garantizando, entre otros, el acceso universal a la seguridad social, el acceso equitativo al crédito, la democratización de los procesos económicos, y coordinar mejor nuestros esfuerzos multilaterales.
  15. Reiteramos nuestro compromiso con la promoción y protección de la salud, como derecho y como bien público, sobre la base de garantizar la universalización en el acceso a los servicios de salud de calidad profundizando la participación y contraloría social en la gestión de la política pública y de los servicios.
  16. Nos comprometemos a promover el acceso equitativo y mejorado a servicios de atención a la salud asequibles y eficientes, incluidos servicios preventivos y de inmunización a todos los niveles del sistema de salud, a medicamentos y vacunas esenciales, fiables y a precios asequibles, y a la tecnología médica.
  17. Estamos convencidos de que para superar la pobreza y la exclusión social, son fundamentales el acceso universal a una educación de calidad, como quedó establecido en el Foro de Dakar, mediante la reducción del analfabetismo, la extensión y mejora de la protección y educación integral de la primera infancia, la plena participación e incorporación de los grupos más vulnerables (pueblos indígenas, niños y niñas con necesidades educativas especiales), la introducción de reformas educativas para mejorar la calidad de la educación a lo largo de toda la vida, incluidas las posibilidades de adquirir la capacidad técnica y tecnológica necesaria en una sociedad basada en los conocimientos y en la información, así como a la salud y servicios sociales básicos con igualdad de oportunidades para participar activamente en el proceso de desarrollo.
  18. Alentamos a la Organización de los Estados Americanos a que continúe fomentando el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos claves para el mejoramiento del nivel de vida, la reducción de la pobreza y promover como premisa fundamental la gestión social del conocimiento para resolver problemas desde la perspectiva del desarrollo sustentable, mejorar el desarrollo humano integral de nuestra población y potenciar la productividad y competitividad de las naciones. Debemos procurar que los productos de la ciencia, la tecnología y la innovación se articulen y orienten para agregar valor a los componentes reales del desarrollo. En este sentido, reafirmamos los compromisos asumidos por la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología realizada en Lima, Perú, en mayo de 2003, para impulsar los trabajos en pro del desarrollo social y el combate a la pobreza.
  19. Reafirmamos el reconocimiento hecho por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno en la III Cumbre de las Américas, al enfatizar que el progreso hacia sociedades más democráticas, economías en crecimiento y la equidad social, depende de una ciudadanía educada y de una fuerza laboral capacitada. En este sentido, apoyamos también el pronunciamiento de los Ministros de Educación, reunidos en México con motivo de la III Reunión de Ministros de Educación de la OEA en agosto de 2003, quienes reconocen a la educación como una de las herramientas fundamentales del desarrollo para lograr una mayor equidad social y para superar la pobreza; y que es imperioso asegurar que las políticas de desarrollo económico adoptadas por los países del hemisferio apoyen las políticas de educación pública e iniciativas innovadoras como explorar la posibilidad de canje de deuda por educación.
  20. Reafirmamos la necesidad de darle mayor preeminencia a las políticas culturales en las agendas de política nacional de los países del Hemisferio, como elemento catalizador de la lucha contra la pobreza, la integración social y el mejoramiento de la calidad de vida.
  21. Reconocemos la importancia de incrementar en nuestra región, las acciones coordinadas, a nivel nacional, intergubernamental e interinstitucional, en función de cumplir con las metas establecidas en la Declaración de Roma aprobada en la Cumbre Mundial sobre Alimentación, entre cuyas principales estrategias identifica iniciativas para el fortalecimiento de la cooperación; combatir el hambre, y reforzar el papel fundamental de la agricultura y el desarrollo rural sostenible en la seguridad alimentaria.
  22. Reconocemos como punto esencial para la generación de riqueza, la promoción del desarrollo y el elevamiento de la dignidad y estima humanas, el respeto a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo internacionalmente reconocidos, y su seguimiento, y la aplicación de estándares de trabajo, adoptada por la OIT; la promoción del trabajo digno y decente; el mejoramiento de las condiciones laborales; la creación de oportunidades de empleo; la elevación de la calificación de los trabajadores.
  23. Reconocemos la necesidad de elaborar un instrumento que profundice el compromiso asumido en la Carta Democrática en lo que se refiere a la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales, el cual permitirá contar con una nueva agenda social, fundamentada en la satisfacción de las necesidades sociales y la optimización de la calidad de vida, sin discriminación de género, etnia, credo, edad, territorio, clase social y capacidades, con miras a alcanzar la equidad y la justicia social como objetivo y guía del ejercicio pleno de la democracia y del desarrollo socioeconómico de nuestras naciones.
  24. Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos que otorgue prioridad a la articulación de una Agenda Social para los Estados miembros, con la participación de los organismos y agencias especializadas correspondientes, que transversalice la agenda hemisférica en consonancia con los compromisos que se derivan de los resultados de la Cumbre de las Américas..
  25. Reconocemos que las crisis económicas y financieras internacionales han mostrado de forma dramática la vulnerabilidad de los países en desarrollo. Compartimos el interés de apoyar la creación del Fondo Humanitario Internacional, como mecanismo innovador de financiación de programas de desarrollo social, por tratarse de un proyecto que responde a una necesidad de la comunidad internacional.
  26. Exhortamos a los Estados Miembros de la OEA a promover, fortalecer y acelerar iniciativas de cooperación en temas vinculados a la erradicación de la pobreza, de la exclusión y de la inequidad.
  27. Reiteramos la importancia de la Ayuda Oficial para el Desarrollo, como elemento primordial para atender los objetivos de erradicación de la pobreza y consecución de la equidad.
  28. Destacamos la importancia de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social, cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento del diálogo interamericano para apoyar la formulación de políticas y el desarrollo de acciones de cooperación en materia social, en particular, para combatir la pobreza y la discriminación en el Hemisferio;
  29. Reconocemos la pertinencia de un Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación, y solicitamos a la Comisión Interamericana de Desarrollo Social que cuando analice su vigencia y considere su actualización, tome en consideración las conclusiones y recomendaciones de esta Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social.
  30. Expresamos nuestro compromiso de que el CIDI, como foro político hemisférico para el diálogo en el combate a la pobreza, contribuya al seguimiento, evaluación y supervisión de los Ocho Objetivos de desarrollo establecidos en la Declaración del Milenio para el año 2015.
  31. Exhortamos a que esta Declaración, así como las conclusiones y recomendaciones que emanaron de esta reunión, sean consideradas por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas, de modo que puedan contribuir al diálogo sobre una agenda hemisférica dirigida al crecimiento económico con equidad, al desarrollo social y a la gobernabilidad democrática» (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 09.10.03, http://www.msds.gov.ve/reunion/acuerdos.htm).

«A los Estados, a los Organismos Internacionales y a la Sociedad,

Nosotras mujeres del mundo, desde la diversidad que representamos y en el ejercicio de nuestra ciudadanía, exigimos el derecho a decidir como expresión de libertad.

Hablamos desde una región donde la conquista de las democracias está marcada por procesos en los que las mujeres fuimos y somos protagonistas.

Históricamente, las ideologías y las instituciones restringieron los derechos de las mujeres.

Las políticas neoliberales sólo produjeron y siguen produciendo más pobreza y exclusión.

Hay que erradicarlas para promover justicia social y solidaridad.

Frente al avance de las diferentes formas de fundamentalismo que atentan contra los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas, en cualquier parte del mundo, es que unimos una vez más nuestras fuerzas para denunciar y enfrentar esta situación.

Los señores de la guerra, y todos aquellos que los apoyan, nunca se preocuparon por los derechos de las mujeres.

Son señores de la guerra aquellos que impusieron la Ley Mordaza – una regla de restricción financiera adoptada por el gobierno norteamericano – que afecta directamente a nuestros países, lesiona los derechos sexuales y los derechos reproductivos prohibiendo cualquier acción o mención referente al aborto.

Los derechos sexuales y reproductivos fueron creados y propuestos por el movimiento de mujeres para hacer más justa y democrática la vida social y extender la idea de igualdad y libertad de la esfera pública a la privada. Deben ser ejercidos sin ningún tipo de coerción o discriminación, porque son parte del ejercicio de la ciudadanía.

El derecho al aborto es parte de los derechos humanos. Penalizarlo constituye una discriminación y es un acto de violencia contra las mujeres;

Los abortos practicados en la clandestinidad y en la ilegalidad afectan a todas las mujeres y, de manera especial, a las mujeres pobres, poniendo en riesgo su salud y su propia vida por no tener acceso a servicios seguros.

Para que se consolide una vida social democrática es preciso que mujeres de todas las clases, razas y etnias, de todas las edades, de todas las culturas, con distintas religiones y diversas orientaciones sexuales, puedan controlar sus cuerpos y tomar decisiones que deben ser respaldadas por un Estado laico.

  • Exigimos el respeto a la capacidad intelectual y ética de las mujeres de decidir autónomamente y de forma responsable, sobre su sexualidad y reproducción;
  • Exigimos la legitimidad de las distintas razones por las que, nosotras mujeres, recurrimos a un aborto;
  • Exigimos que los Estados cumplan los compromisos asumidos en las Conferencias y Convenciones de Naciones Unidas y de la OEA (Organización de Estados Americanos) porque son herramientas que contribuyen a eliminar las desigualdades sociales;
  • Exigimos la despenalización del aborto como cuestión de ciudadanía y justicia social;
  • Exigimos el derecho a interrumpir una gestación no deseada sin ser acusadas ni señaladas como delincuentes o pecadoras;
  • Y, finalmente, convocamos a todas las personas y movimientos comprometidos con la promoción y protección de la vida digna y de los derechos humanos; la lucha contra la globalización neoliberal; la sustentabilidad ambiental; la defensa de la justicia social; y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, para que se sumen a esta lucha por la despenalización del aborto y por el ejercicio libre de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos.

Queremos dejar aquí nuestras huellas en el camino que va hacia la profundización y la defensa de las democracias y al fortalecimiento de las mujeres latinoamericanas, caribeñas y del mundo entero. Río de Janeiro, 05 de Diciembre del 2001″ (Campaña Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, 07.10.03, http://www.campanha28set.org/esp).

Del 13 al 25 de septiembre de 2003

Servicio informativo Nº 126

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE

01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Mundial del Hábitat
04 Día Mundial de la Amnistía
04 Conmemoración de la Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
05 Día Mundial de los Docentes
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Día de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
29 Conmemoración de la Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

CONTEXTO

Entre el 16 y el 19.09.03, se realizó en Caracas la II Reunión del Comité de Coordinación Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd). Participaron en este encuentro Dante Gullo, Coordinador del Capítulo Argentina; Hugo Fernández, Coordinador del Capítulo Bolivia; Marcio Gualberto, Coordinador del Capítulo Brasil; Marcela Tchimino, Coordinadora (E) de la Red Latinoamericana para la Paz y los Derechos Humanos del Centro de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL); Diego Carrasco, Coordinador del Capítulo Chile; Natalia Paredes, Secretaria Técnica del Capítulo Colombia; Fidel Narváez, Secretario Técnico del Capítulo Ecuador; Ercilio Moura, Coordinador del Capítulo Perú; Efraín Olivera y Carlos Abin, Coordinador e integrante del Capítulo Uruguay, respectivamente; Carlos Correa y Erick Gutiérrez, Coordinador y Secretario Técnico del Capítulo Venezuela, respectivamente; y, Pierre Roy Toussaint y Daniel Aragao, Coordinador Regional y Secretario Técnico Regional de la Pidhdd, respectivamente.

Además de compartir los diferentes Informes sobre la situación de cada uno de los capítulos asistentes, la agenda del encuentro permitió discutir sobre la integración regional y los derechos humanos. También se revisó, entre otros puntos, la coordinación de las campañas de la Pidhdd, como la campaña continental por el derecho a la educación y la campaña por la ratificación del Protocolo de San Salvador, entre otras; los lineamientos de la próxima Asamblea Regional de la Pidhdd a efectuarse en Bogotá, en el año 2004, así como los del Foro Social Americano de Quito (2004); la organización del Premio Interamericano de Derechos Humanos; la admisión de nuevos capítulos nacionales, como los de Uruguay y Haití; la participación de la Plataforma en la próxima asamblea de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), etc.

La ocasión fue oportuna para emitir un pronunciamiento contra las declaraciones criminalizantes y estigmatizantes del Presidente colombiano, Álvaro Uribe, con relación a la labor de las ONG de derechos humanos colombianas reunidas en el Capítulo Colombia de la Pidhdd.

La presencia de los/as representantes de los capítulos nacionales y del Coordinador Regional se aprovechó para realizar un foro público el 16.09.03, dedicado a socializar la experiencia de la Plataforma en su tarea de articular redes para la defensa de los derechos a la educación, la salud y la tierra (ver edición N° 125 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Finalmente, aseguraron los voceros, que «con esta reunión se avanzó en la integración de las organizaciones sociales y en fortalecer la misión de luchar por el respeto a la dignidad humana en el continente americano, inspirados en una ‘ciudadanía interamericana’ basada en el principio de los derechos humanos» (Capítulo Venezuela, 22.09.03, plataforma@derechos.org.ve).