El 2015 fue un año hostil para los periodistas e infociudadanos. La confrontación física durante la cobertura de calle así como en un discurso ofensivo, por parte de funcionarios públicos legitima una lógica de criminalización contra el periodismo crítico e independiente. Esto se traduce en un círculo vicioso que alienta un clima de enfrentamiento, donde quienes cuestionan, denuncian o buscan información son tratados como enemigos públicos. La principal consecuencia: una prensa inhibida y una sociedad desinformada.
Entre enero y diciembre de 2015, la ONG Espacio Público contabilizó 287 violaciones a la libertad de expresión que corresponden a 234 denuncias/casos. La incidencia disminuyó en un 50% respecto al 2014, el peor año para las garantías de la libertad de expresión en Venezuela en los últimos 20 años en el marco de altos niveles de conflicto y represión de manifestaciones públicas que alcanzaron características sin precedentes cerrando con 579 violaciones. De allí que la disminución no resulte tan alentadora: para 2015, 304 personas resultaron afectadas, el 90% trabajadores de la prensa. En solo 5 días, 38 violaciones a la libertad de expresión se registraron en el contexto electoral del 6 de diciembre. Las mujeres se ubican como víctimas en un alto porcentaje de incidencia (41%), la más elevada desde 2005 cuando fue de 47% ya que entre 2006 y 2014, esta no pasó del 38%.
Junto al hostigamiento verbal, la intimidación se ubicó en los primeros lugares de ocurrencia. En principio ambas se desarrollaron en el contexto de las colas para la obtención de productos básicos a las afueras de los establecimientos. Se impidió la toma de fotografías o grabaciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de cuerpos de seguridad, trabajadores de los comercios, y en menor medida, usuarios en cola. En este escenario, 29 periodistas, reporteros gráficos e infociudadanos resultaron afectados en su derecho a buscar información. En los meses siguientes, el hostigamiento verbal y la intimidación estuvieron vinculados a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos de trabajo cuando intentaron cubrir temas incómodos para la gestión gubernamental e incluso durante procesos electorales.
La censura se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente. Los dueños o directiva de medios de comunicación fueron censores en el 34,78% de las ocasiones. El tratamiento de temas incómodos para la gestión gubernamental es el denominador común en estos casos. La compra-venta de medios críticos se ha manifestado en un cambio de línea editorial hacia una postura favorable a la línea gubernamental, lo que deviene en una serie de tensiones internas que se traducen en censura, y reduce el espectro de opinión a un entorno cada vez menos plural.
