La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), entidad gremial que representa a los profesores de esa Universidad desde hace más de 50 años, se dirige a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con el propósito de formular una Queja contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por violaciones a la Libertad Sindical que habrán de producirse con una inminente reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.
A continuación les presentamos el comunicado completo de APUCV:
1.- En noviembre de 2011 el Presidente de la República anunció que, el primero de mayo de 2012, basado en una supuesta habilitación legislativa, promulgaría por decreto una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), de cuyos objetivos principales destacó dos: modificar el régimen de prestaciones sociales y crear las bases para la transición del país al socialismo. En realidad la Ley Habilitante de 2010, no contiene delegación alguna para que el Presidente cambie la legislación laboral.
2.- Para elaborar el proyecto de ley, el Presidente designó una Comisión integrada por personas afectas al partido de gobierno (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), incluidos dirigentes de la recién constituida «Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad el campo y el Mar»; hecho que, además, pone en evidencia el favoritismo gubernamental hacia la aludida organización, en desmedro de las otras centrales sindicales existentes en el país.
3.- La anunciada reforma de la ley no es sino una evidente acción electoral. El Presidente es candidato a la relección en los sufragios previstos para el 7 de octubre de 2012 y sus seguidores, hacen uso de la anunciada reforma para conseguirle votos. Nada se sabe de cierto sobre esa reforma: no hay, a la fecha, ningún proyecto, tampoco ha habido, por supuesto, ninguna consulta a la ciudadanía. En cambio en empresas del Estado, como el Metro de Caracas, sindicatos afectos al gobierno han recogido firmas de apoyo a la iniciativa, aun cuando, no les muestran a los firmantes ningún texto concreto. La mencionada Central Socialista de Trabajadores dice haber recibido más de 29 mil propuestas, provenientes de supuestas asambleas de trabajadores. En realidad, el diálogo social ha sido puesto de lado, para favorecer una pretensión sectaria y arbitraria que tiene la intención de imponer su exclusiva posición ideológica respecto de un tema de cardinal interés para los trabajadores del país y sus organizaciones.
4.- Ahora bien, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en particular ese Comité, en reiteradas ocasiones, han solicitado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la modificación de la legislación venezolana para adecuarla a las previsiones de los Convenios núms. 87 y 98, relativos a la Libertad Sindical y al derecho de Negociación Colectiva, en consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores. El Gobierno Nacional, en sucesivas reuniones de la Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, manifestó su disposición a propiciar el diálogo social, así como el de mantener informada a la OIT sobre los respectivos avances y solicitar su cooperación técnica respecto de los referidos cambios legislativos.
Los asuntos que los órganos de control han considerado incompatibles con el Convenio 87, entre otros son:
A) La excesiva reglamentación establecida en la LOT respecto del derecho a constituir sindicatos y la dificultad para cumplir con tales requisitos.
B) La intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales
C) La negativa del Gobierno a negociar convenciones colectivas con las organizaciones de trabajadores del sector público, con el argumento de que se encuentran en «mora electoral»
D) La promulgación de un conjunto de leyes prohibitivas del Derecho de Huelga, mediante las cuales se criminaliza la protesta y se dictan medidas judiciales contra dirigentes sindicales que defienden los derechos de sus agremiados.
5.- Estamos a escasos seis (6) días del primero de mayo y aún no se conoce el texto del proyecto de ley. En particular, no se sabe si tomará en cuenta las observaciones de los órganos de control de la OIT, o si más bien agravará las cosas. La información que publica la prensa nacional revela que la Comisión Presidencial apenas se ha reunido una vez; no obstante, los voceros oficiales insisten en que ya el nuevo texto está elaborado y que su promulgación se hará en la fecha indicada por el Presidente de la República. Las centrales sindicales, distintas a la oficialista Central Socialista de Trabajadores, han manifestado su total desacuerdo con el procedimiento utilizado y exigen que se acate la Constitución Nacional y el proyecto sea enviado a la Asamblea Nacional, que es el órgano competente para dictar leyes, y se inicie un amplio debate nacional sobre la materia, con la activa participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores. Además, piden que el referido texto se remita a la OIT para que formule las observaciones técnicas pertinentes y verifique la conformidad de la iniciativa con los Convenios fundamentales de la organización.
6.- En fin: la información periodística, que es la única existente, nada dice respecto de la adecuación de la nueva LOT a los Convenios sobre Libertad Sindical, sino que por el contrario se anuncia la consagración de los denominados Consejos de Trabajadores, de afiliación obligatoria y por tanto contrarios a dichas normas. Pero además, de modo expreso se señala que uno de los objetivos de dicha ley es el tránsito hacia una sociedad socialista, dato que se corrobora con el modo como se integró la Comisión Presidencial redactora del proyecto, cuyos miembros son todos afectos al partido de gobierno (PSUV).
Tales hechos constituyen graves violaciones de la libertad sindical, razón por la cual pedimos que esta Queja sea admitida y tramitada con la urgencia del caso y que se emitan los pronunciamientos pertinentes para que el Gobierno Nacional se abstenga de promulgar la mencionada ley, se garantice la plena vigencia de los citados Convenios 87 y 98 y, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional, el cambio legislativo se adopte en el Asamblea Nacional previa consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores.
Ante la inminencia de esta reforma inconstitucional y contraria a normas internacionales del trabajo, solicitamos que la Oficina haga un llamado urgente al gobierno, antes de que sea demasiado tarde, para que se abstenga de seguir adelante con dicha iniciativa.
Por la ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (APUCV)
Víctor Márquez Corao
Presidente
Comunicado (PDF)
