(Caracas, 25.06.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) rechaza la decisión del Congreso de la República de Paraguay de destituir al presidente Fernando Lugo mediante un procedimiento inconstitucional y violatorio al debido proceso. Si bien el juicio político es un mecanismo previsto en la Carta Magna, su celeridad inusitada y el no ajustarse a las garantías de imparcialidad y del derecho a la defensa, coloca dicho procedimiento al margen de la legalidad. En este sentido Provea coincide con la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay.
Provea apoya los llamados de los movimientos sociales y de derechos humanos paraguayos los cuales están convocando a realizar jornadas de protesta no violenta para rechazar la ruptura constitucional. Solicitamos a todos los gobiernos de la región realizar el seguimiento y denuncia de las posibles violaciones a los derechos humanos que pudiesen ocurrir en el país latinoamericano en las próximas horas.
Rechazamos toda ruptura democrática por más que sea disfrazada de legalidad y toda medida que afecte el goce y disfrute de los derechos de todas las personas.
Asimismo Provea deplora los sucesos ocurridos durante el desalojo en la localidad de Curuguaty los cuales originaron el asesinato de por lo menos 17 personas. Por ello nos solidarizamos con la exigencia de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay solicitando “el esclarecimiento de los hechos, a fin de conocer la verdad acerca del conflicto, sus causas, sus antecedentes, el desarrollo del enfrentamiento ocurrido el 15 de junio y toda la información acerca de las víctimas del suceso y de qué manera ocurrió cada caso, tomando como fuentes tanto la información que puedan dar los efectivos policiales, como el testimonio de campesinos y campesinas que han estado en el lugar y otras personas que han sido conocedoras del caso”. Además, rechazamos el manejo político de la investigación que lejos de intentar conseguir la verdad para aplicar justicia, ha buscado desde el comienzo la retaliación partidista.
Por último instamos a la comunidad internacional a desarrollar acciones diplomáticas que no vulneren los derechos humanos del pueblo paraguayo. Provea rechaza el anuncio de algunos gobiernos de la región de imponer sanciones económicas a Paraguay. Como ha sido demostrado en las sanciones económicas a países como Cuba o Irak, quienes padecen las consecuencias directas de dichos bloqueos son los sectores más vulnerables de la población, violando sus derechos fundamentales. Al respecto resaltamos la opinión del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas que, sobre las sanciones económicas, ha opinado “No se debe responder a un comportamiento ilícito con otro comportamiento ilícito”.
Rechazamos toda ruptura democrática por más que sea disfrazada de legalidad y toda medida que afecte el goce y disfrute de los derechos de todas las personas.
