El ciudadano Rubén González trabaja en la empresa CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Ferrominera) desde hace casi 27 años y actualmente es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco C.A., ratificado el pasado 26.07.2012 con el respaldo de más de 2700 trabajadores que lo apoyaron con su voto. SINTRAFERROMINERA es el sindicato más grande de la empresa con más trabajadores afiliados.
En diciembre del 2008, luego de quince meses sin convención colectiva, se firmó una nueva convención colectiva entre la empresa estatal Ferrominera y el sindicato SintraFerrominera. La nueva convención fue depositada en la Inspectoría del Trabajo el 05.01.2009, y a partir de ese momento comenzó a regir según la legislación laboral venezolana. En mayo del 2009, el presidente Chávez autorizó la homologación de la convención colectiva de los trabajadores de Ferrominera, hecho que se concretó el 01.06.2009 por intermedio del Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani.
El domingo 09.08.2009, el presidente Chávez visitó la empresa Ferrominera Orinoco, con la finalidad de realizar desde allí la transmisión de su programa dominical “Aló Presidente”, y anunciar medidas para el financiamiento del sector ferrominero y la implementación del control de la producción por parte de los trabajadores.
Rubén González, en calidad de Secretario General de SintraFerrominera, tenía previsto informar al presidente Chávez sobre el descontento de los trabajadores durante el “Aló Presidente”. Un grupo de dirigentes sindicales que querían agradar al presidente Chávez le impidieron ingresar al lugar donde se desarrollaba el programa, con la finalidad de evitar que se escucharan voces críticas en relación a la situación de los trabajadores de Ferrominera. Esta habría sido la tercera vez en seis meses que a González se le impedía participar en un “Aló Presidente”. La primera vez fueron agentes del Estado –armados- quienes le impidieron participar del evento.
Entre el 11 y 26 de agosto de 2009, más de 2000 trabajadores de Ferrominera Orinoco, iniciaron una huelga en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada entre estos y el patrono. Según Rubén González, entre otras disposiciones de la convención colectiva, los trabajadores reclamaban el incumplimiento del pago retroactivo de salarios desde el 5 de enero al 31 de mayo de 2010, conforme a las condiciones de la nueva convención colectiva; y el pago de un “bono único” para saldar las obligaciones acumuladas durante los 14 meses en que no hubo convención colectiva.
Los trabajadores desde tempranas horas decidieron paralizar las actividades para buscar una respuesta satisfactoria a sus reclamos: pago de retroactivo, pago de bono de producción, y el reclamo ante una reducción de la jornada laboral que les desmejoró el salario a los trabajadores en casi un 50 por ciento”. González expresó a su vez otros reclamos: “el transporte está en malas condiciones, no hay dotación de los implementos de seguridad, no hay ni papel en los baños, ni agua potable, ni aceite para hacerle el mantenimiento a los equipos de la mina. Durante los quince días de huelga, la cobertura realizada por los medios de prensa estatales está orientada a minimizarla y desprestigiarla”.
El 26.08.2009 el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, y el secretario general de SintraFerrominera, Rubén González, suscribieron un “acta convenio” en la que se acordó la finalización de la huelga a cambio del compromiso de cumplir con la convención colectiva. Ese mismo día se da por finalizada la huelga.
Un mes después, Rubén González fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo, y violación de zona de seguridad. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21.01.2010, fecha en la que se decretó su arresto en la cárcel de la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar. Para ese entonces, ya Rubén González permanecido 14 meses en prisión.
El 22.01.2010, el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-C.V.G.) presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violaciones a la libertad sindical de parte del Estado venezolano. El 19.11.2010, el Comité de la OIT declaró que “… los hechos imputados contra este dirigente sindical no justifican su detención provisional o arresto domiciliario desde septiembre de 2009”, y solicitó al Estado venezolano “que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos”.
A pesar de ello, el Estado venezolano desoyó las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y el 28.02.2011 condenó a Rubén González a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de las distintas organizaciones sindicales y defensoras de DD.HH a nivel nacional, lográndose la anulación de la sentencia condenatoria y del proceso que se había celebrado, pero no el sobreseimiento definitivo de la causa que se le sigue al dirigente sindical. En virtud de ello, Rubén González se ha visto obligado a presentarse periódicamente ante los Tribunales a la espera del inicio del nuevo juicio en su contra.
El nuevo juicio abierto contra el dirigente Rubén González fue radicado en Caracas, correspondiendo el conocimiento de la causa al Juzgado 24° en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin embargo la audiencia para dar inicio al nuevo proceso judicial aún no ha sido celebrada, toda vez que se ha diferido en 5 oportunidades ante las constantes incomparecencias de la representación judicial del Ministerio Público. La última audiencia, prevista a celebrarse el pasado 10.04.2013 fue suspendida, toda vez que en el Tribunal no hubo despacho, en esa oportunidad Rubén declaró a las puertas del Circuito Judicial “esto quiere decir que hay una persecución política, yo no cometí ningún tipo de delito, lo único que hice fue representar a los trabajadores”.
Pese a la persecución, la criminalización y los intentos por limitar el ejercicio de los derechos sociales, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), reivindica el ejercicio pleno de la libertad sindical y el derecho a huelga de las y los trabajadores como complementos indispensables para la construcción de una democracia verdaderamente participativa y protagónica.
Provea seguirá, como siempre, junto a Rubén González y las y los trabajadores venezolanos, defendiendo el derecho a exigir derechos. ¡Exigimos libertad plena para Rubén González!
