Movimientos sociales del estado Lara califican de arbitraria la detención del ex alcalde del Municipio Morán de esa entidad, Fidel Palma.
Según señalan, la gestión de Palma estuvo marcada por un compromiso con el llamado Poder Popular, y en tal sentido, denuncian que los actos por los cuales se le imputa, son los de prestar maquinaria perteneciente a la Alcaldía de Morán a un Consejo Comunal del Municipio, lo cual –argumentan- se inscribe perfectamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Consejos Comunales.
Asimismo, denuncian que a Palma le ha sido violado su derecho a la defensa y al debido proceso, al no presentársele citación alguna ante la Fiscalía General de la República ni ante autoridad competente alguna, por lo cual enfatizan que la detención es arbitraria y parte de una retaliación política, toda vez que Palma inscribió su candidatura fuera de las filas del partido PSUV en las pasadas elecciones municipales.
“Si existen diferencias en el campo revolucionario, la manera de solucionarlas debe ser con debate y más debate, acudiendo siempre a las bases populares y superponiendo la fuerza del argumento por sobre el argumento de la fuerza”, señalan los denunciantes, al tiempo que mencionan la existencia de una actitud de persecución y retaliación política contra la disidencia de la tolda oficialista, y el empleo de mecanismos institucionales y jurídicos para criminalizar la crítica y el debate.
El pasado 24.01.14, diversas organizaciones populares y movimientos culturales del estado Lara realizaron un concierto en la Plaza de la Justicia en Barquisimeto, para expresar su solidaridad con el ex alcalde de El Tocuyo, Fidel Palma, quien permanece detenido desde el 27.12.13. En el evento, los participantes indicaron que la detención de Palma, obedece a “intereses oscuros de la burocracia oficialista”.
Los movimientos sociales que abogan por la libertad de Fidel Palma, dijeron estar concentrados en este propósito, y en la exigencia del cese a la retaliación política, y la apertura de un amplio debate que nazca de las bases.
En nuestra opinión si no se demuestra mediante una investigación transparente los delitos contra el patrimonio presuntamente cometidos por este ciudadano, su privación de libertad podría ser calificada como de “prisioneros políticos”. Provea exige a las autoridades, respeto a las garantías del debido proceso y el acceso al derecho a la justicia imparcial para todas y todos. (Prensa Provea, 27.01.14)
