ONG, víctimas y organizaciones sociales, rechazaron la criminalización de los defensores de Derechos Humanos

Este martes 06.05.14 las organizaciones de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Caritas Los Teques, Acción Solidaria, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), acompañadas de víctimas y familiares de víctimas y las organizaciones sociales Fundación Asperger de Venezuela, Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), Alianza Sindical Independiente (ASI), Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), ofrecieron una rueda de prensa para expresar su rechazo a la política de criminalización de la labor de las ONG de derechos humanos y de los defensores y activistas que cumplen la misión de velar por los derechos de todas y todos los venezolanos.

“Hemos observado de parte del Gobierno Nacional una serie de ataques contra activistas de derechos humanos, que significan desde el punto de vista político, una amenaza para el trabajo que realizan las organizaciones y los activistas de derechos humanos”, expresó Marino Alvarado, Coordinador General de Provea.

Las recientes declaraciones del Ministro de Interior, Justicia y Paz señalando a los defensores de derechos humanos Humberto Prado, Rocío San Miguel y Gónzalo Himiob de formar parte de un supuesto plan “insurreccional y conspirativo” contra el gobierno nacional, representan una escalada en la política de criminalización de las organizaciones de derechos humanos en el país, focalizando sus ataques en estos tres defensores.

La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, consagra la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. Asimismo, establece el deber de los Estados de “proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos y garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos”.

Marino Alvarado aclaró que estas amenazas a pesar de no ser las primeras, constituyen sin embargo una grave amenaza al pretender vincular a defensores y activistas en supuestos planes conspirativos “Nos preocupan estos ataques a las organizaciones de derechos humanos y a otros activistas sociales, porque eso significa debilitar el trabajo, el apoyo y la asistencia diversa que damos las ONG a las víctimas”, expresó.

Cabe recordar que el pasado 12.02.14, Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de Provea, fue secuestrado, agredido y amenazado por presuntos efectivos del SEBIN y miembros de agrupaciones paramilitares que actúan en Caracas. Igualmente el 13.02.14 el defensor de derechos humanos y director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado fue nuevamente objeto de una campaña difamatoria por parte del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.

Provea ha reiterado que es responsabilidad del Gobierno Nacional, las posibles agresiones que puedan producirse contra los defensores y activistas y sus familiares.

Por su parte, Alfredo Romero director de la ONG Foro Penal Venezolano, relató las distintas amenazas para el ejercicio del derecho a la defensa de los detenidos en el marco de las actuales protestas, y las agresiones del sistema judicial venezolano y el Ejecutivo Nacional contra la labor de los defensores de derechos humanos. Se refirió a la campaña difamatoria contra Gónzalo Himiob y Tamara Sujú del Foro Penal, Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones y Rocío San Miguel de la ONG Control Ciudadano.

“Se nos ataca por las denuncias que hemos hecho de las detenciones arbitrarias, de los abusos, de los atropellos contra los manifestantes”, dijo Romero.

El director del Foro Penal informó que en los próximos días se hará publico un informe elaborado por las ONG del país, detallando las distintas violaciones de derechos humanos y presentando testimonios de víctimas y familiares. “El ataque a las organizaciones de derechos humanos, es el ataque al alma del derecho a la defensa”, manifestó.

Agrego que la organización que dirige tiene registradas más de 80 denuncias de torturas y tratos crueles por parte de los cuerpos policiales y militares contra detenidos en el marco de las actuales protestas. (Prensa Provea, 06.05.14)