El comienzo de año ha traído consigo un notorio incremento de la escasez de alimentos y productos de la cesta básica. Las largas colas para satisfacer la demanda de productos se traducen en más penurias, sobre todo para mujeres y personas de la tercera edad pertenecientes a los sectores más pobres de la población. A esta situación se suma la ausencia de anuncios por parte del Ejecutivo Nacional, que brinden claridad sobre las políticas a implementar para revertir la vulneración del derecho a la alimentación de la ciudadanía.
Provea ha sostenido que la gestión del presidente Nicolás Maduro introduce a la exclusión por razones políticas la regresividad para el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales. A la discriminación por razones ideológicas y criminalización de la protesta y la disidencia se añade un nuevo elemento: el aumento de la pobreza como consecuencia del retroceso de los logros alcanzados en los últimos años en materia de derechos sociales.
Luego de una disminución de 6 puntos porcentuales durante el segundo semestre de 2012, la pobreza en Venezuela aumentó en 2013 de acuerdo a lo dicho por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en febrero pasado. Las constantes devaluaciones de la moneda, la escalada inflacionaria que alcanzó un 56,2% en 2013 y 65% en 2014 según el Banco Central de Venezuela (BCV), y la interrupción en el suministro de servicios básicos repercuten en el preocupante retroceso de la lucha contra la pobreza, aumentando con ello la exclusión social. En nuestro Informe Anual 2013 señalamos que las medidas económicas antipopulares adoptadas paulatinamente por el Ejecutivo Nacional, así como la inexistencia de medidas compensatorias para proteger los ingresos de los venezolanos, tuvieron un impacto significativo en la calidad de los más pobres.
Los altos índices de escasez y desabastecimiento en alimentos y productos de la cesta básica comprometen la realización plena del derecho humano a la alimentación, que significa el tener acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos a niveles adecuados y suficientes, tanto en calidad como en cantidad, para que ello garantice a las personas poder disfrutar de una vida libre de temores e incertidumbres por esta causa. A pesar que desde febrero de 2014 el BCV omitió el indicador de escasez en sus boletines mensuales de inflación, de manera extraoficial se conoció que para el mes de agosto de 2014 el índice de escasez de productos de la cesta básica alcanzó la cifra de 35%, superando el record de 29,4% registrado en febrero, última cifra oficial emitida por el ente bancario.
El descenso y estancamiento de la producción nacional acentuaron la dependencia de las importaciones. Los altos precios del petróleo permitieron sostener una economía basada fundamentalmente en las importaciones de alimentos, materias primas y productos terminados, pero hoy, ante la abrupta caída de los precios del crudo en los mercados internacionales, el sostenimiento del modelo basado en importaciones se hace incierto. Con ello, la seguridad alimentaria y la realización plena del derecho humano a la alimentación están en riesgo.
En nuestro Informe sobre 15 años de Derechos Humanos en Venezuela entre 1997 y 2012, advertimos que una de las principales amenazas para la garantía del derecho a la alimentación en el país, era el acelerado incremento de las importaciones y el decrecimiento de la producción per cápita de alimentos. Provea constató en su investigación que la producción de alimentos crecía anualmente en 1%, mientras que la población aumentaba cada año en 1,6%, un desbalance significativo. En 2013 según el INE, el valor de las importaciones realizadas por el país alcanzó la cifra de 45.151 millones de dólares, mientras que en 2014 hasta el mes de julio la cifra alcanzó los 20.580 millones de dólares.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableció en su Observación General Nro. 12 sobre el derecho a la alimentación, cuáles son las obligaciones de los Estados respecto a la garantía del derecho humano a la alimentación. El Comité ha dicho que los Estados tienen la obligación de respetar el acceso a los alimentos por parte de la ciudadanía, absteniéndose de tomar medidas que restrinjan o impidan dicho acceso; proteger dicho acceso, velando porque las empresas y/o los particulares no priven al resto de la población del acceso a ellos; facilitar el acceso a los alimentos promoviendo iniciativas que apunten a fortalecer la seguridad alimentaria y la obtención de alimentos en niveles adecuados y suficientes por parte de la población; y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada a quienes, por razones de fuerza mayor, sean incapaces de disfrutar del derecho por los medios a su alcance.
Mientras el Ejecutivo Nacional no adopte medidas dirigidas a brindar soluciones a la grave crisis que atravesamos en materia de producción y abastecimiento de alimentos, persistirán las largas colas y la incertidumbre entre los ciudadanos. El artículo 305 de la Constitución Nacional impone al Estado la obligación de promover y privilegiar la producción agropecuaria interna, entendiéndose esta como la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola para garantizar la soberanía alimentaria. El Presidente Nicolás Maduro tiene ante sí el reto de impulsar un diálogo real y efectivo con todos los sectores del país, a objeto de reimpulsar la producción nacional en toda la cadena alimentaria, consensuar medidas para la fiscalización de la distribución de productos y reducir progresivamente la dependencia de las importaciones, sin que ello suponga descargar en los hombros de los más pobres el peso de la crisis económica. (Prensa Provea, 16.01.2015)
