Con más de 1.200 personas trabajando para la Contraloría, más direcciones de salud, educación, vivienda y vialidad, así como en los institutos dependientes de la Alcaldía del Alto Apure, la entidad se convirtió desde hace 7 meses en un nefasto ejemplo de la violación masiva a los derechos humanos en el ámbito laboral, pues no cancela el salario a sus trabajadores.
Un grupo representativo de estos venezolanos y venezolanas cuyos derechos están vulnerados, acudió a Provea y denunció la situación. Dentro de las iniciales averiguaciones y gestiones que realizamos a fin de ayudar a encontrar salidas al problema planteado, nos comunicamos con la Defensoría del Pueblo y con el Parlamentario en funciones Juan García. En el caso de la Defensoría del Pueblo su compromiso institucional consiste en retomar las acciones de mediación para que en Estado Apure cese el conflicto inter institucional que ha desencadenado en la crisis que afecta el pago del salario a los trabajadores y trabajadoras de la entidad.
Dicha intermediación involucraría también gestionar la acción del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, ente que tiene la competencia específica para salvaguardar derechos laborales. En este sentido, es preciso señalar que la Defensoría del Pueblo posee competencias restringidas frente al Estado, limitándose sus actuaciones a la intermediación para lograr el diálogo y a acompañar procesos de búsqueda de soluciones. El ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo no abarca la materia laboral.
En el caso de la Asamblea Nacional, Provea se comunicó con el Parlamentario Juan García quien ha realizado diversas gestiones para contribuir a solventar la situación. El diputado nos autorizó mencionarlo públicamente en este caso, informando además que los esfuerzos realizados en la misma Asamblea Nacional se han visto frustrados porque no está aprobado el dinero para pagar los salarios retenidos desde hace 7 meses al personal de la Alcaldía Distrital del Alto Apure.
Cuál es el fondo del problema? En primer lugar, la desaveniencia partidista entre el Gobernador del Estado Apure y el Alcalde Distrital, denunció en Provea el grupo de trabajadoras y trabajadores afectados. Las pugnas internas del PSUV en Apure y que se expresan en el entorpecimiento a la gestión municipal, datan aparentemente desde las elecciones municipales de 2013. No obstante, su cenit se produjo en este año 2015 arrastrando los derechos económicos de más de un millar de personas que trabajan en la Alcaldía Distrital hace 11, 9, 6 y 2 años.
Otro factor que incide en la situación es el mecanismo institucional para el manejo del presupuesto. El financiamiento de la Alcaldía Distrital se efectúa mediante recursos que provienen del nivel central del Estado nacional (situado). Estos dineros son coadminitrados en un 50% por la Gobernación del Estado Apure. A ello se adicionan los recursos derivados de los tributos municipales.
Al igual que su par metropolitano en Caracas, conocido como Alcaldía Mayor, la Alcaldia Distrital del Alto Apure reúne una mancomunidad de municipios. Una de las diferencias respecto a Caracas es que entre los municipios del Alto Apure está uno indígena netamente. Otra particularidad lo representa el suministro del situado, que en Alto Apure se verifica por conducto del Ministerio del Poder Popular para Justicia y Paz.
Un sencillo análisis sobre la autonomía funcional que signa a los entes legislativos y ejecutivos del Poder Municipal nos conduce a concluir que no existe o es discutible su eficacia en el caso de la Alcaldia Distrital del Alto Apure. Pero lo cierto es que con o sin autonomía funcional los platos rotos de las crisis que afectan al PSUV, los paga el pueblo. En este caso, los padres y madres de familia que pasarán este año quizá la Navidad más triste de su vida, pues no tendrán ni medio a pesar de haber trabajado todo el año.
Desde Provea hacemos un llamado público a la Asamblea Nacional saliente y entrante para aporte soluciones -dentro de sus competencias- a esta problemática. Ello no implica soslayar la responsabilidad que recae en la misma Alcaldía Distrital del Alto Apure, cuyo deber como entidad patronal es garantizar el pago oportuno del salario a su personal, que es un derecho constitucional de las trabajadoras y trabajadores en Venezuela. La Alcaldía Distrital, más allá de la denunciada pugna con el Gobernador del Estado Apure, tiene una indeclinable obligación de carácter salarial y laboral como empleador. En su caso, la Gobernación del estado Apure, debe coadyuvar al correcto funcionamiento de la Alcaldía Distrital, pues esta actividad forma parte de sus competencias como ente coadministrador de los recursos que financian el ente municipal.
Es lamentable que frente a este caso que ha sido llevado al más alto nivel del Estado venezolano, la negligencia sea la respuesta. El grupo de personas que acudió a las oficinas de Provea demostraron con documentos en mano que acudieron a la presidencia y vicepresidencia de la República, Defensoría del Pueblo, ministro y viceministro del trabajo, ministerio de finanzas, ONAPRE, Asamblea Nacional, Ministerio Público y sistema público de medios. Agotados estos caminos llegaron a Provea.
Señor Presidente, ordene la solución al caso.
