2014: primera alerta
Primero fue en 2014 cuando el Subcomité de Acreditaciones del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC), el órgano de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de los llamados “Principios de París”, que regulan la actuación de los ombudsman en todo el mundo, decidió realizar una revisión especial de la acreditación de la Defensoría del Pueblo en su segundo período de sesiones en octubre de 2014. Las cuestiones planteadas comprendieron las siguientes:
«…medidas adoptadas o ausencia de estas, y declaraciones hechas o ausencia de estas de la Defensoría durante la actual situación de inestabilidad y las protestas que tuvieron lugar en Venezuela; y tweets enviados desde la cuenta de la Defensoría y la cuenta personal de Twitter de la Defensora” que contenían mensajes explícitos donde se asumía la parcialidad política de la institución, y de la Defensora (que en su momento era Gabriela Ramírez) inclusive. Además de esto, y no menos grave, el Subcomité también observó que la Defensoría no hizo declaración alguna sobre cuestiones críticas de derechos humanos.
Sin embargo, luego del nombramiento, a finales de 2014, del nuevo Defensor Tarek William Saab, el Subcomité le dio la oportunidad para que en el lapso de un año diera respuesta a las razones consideradas en los meses iniciales para hacer la revisión especial.
2016: seguimos mal
A pesar de que el Subcomité reconoció que el nuevo Defensor ha tomado algunas medidas, no considera que sean una respuesta suficiente a lo relacionado con la imparcialidad e independencia de la Defensoría del Pueblo y, en consecuencia, con la situación de derechos humanos en el país.
En este sentido, expondremos a continuación los puntos clave de preocupación planteados por el Subcomité de la ONU:
- LA SITUACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y LA DEPORTACIÓN DE COLOMBIANOS EN LA FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA: la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, en su informe sobre los trabajos realizados de 15 de octubre de 2015 informa de que 22.342 personas han regresado a Colombia desde Venezuela y que 1.925 han sido deportadas. El 28 de agosto de 2015 el Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó públicamente su preocupación sobre la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela e instó a las autoridades venezolanas a que velaran por que los derechos humanos de todas las personas afectadas se respetaran plenamente, en particular en el contexto de las deportaciones. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo declaró que no había recibido información ni denuncias específicas de violaciones de los derechos humanos en relación con las personas afectadas en la región fronteriza.
- El CASO DE LORENT SALEH Y GABRIEL VALLÉS: diversas fuentes de información fidedignas describieron las condiciones de detención en la prisión conocida como «la Tumba», entre las que se incluye el mantenimiento en celdas de aproximadamente 2 X 3 metros sin acceso a luz solar ni ventilación adecuada, lo que supone una violación de las normas internacionales. El Subcomité recibió información de que dos estudiantes, Lorent Saleh y Gabriel Valle, habían estado en prisión provisional en esas condiciones durante más de 20 meses, y habían denunciado que se les había torturado y sometido a un trato inhumano y degradante. En relación con el detenido Lorent Saleh, el Subcomité fue informado de que había recibido inadecuada atención médica. El Subcomité observó que, en respuesta a las preguntas sobre las medidas adoptadas por la Defensoría del Pueblo en relación con esas graves denuncias, esta había declarado en sus observaciones sobre el informe recibido de las ONG que «Lorent Saleh y Gabriel Valle han pedido a través de sus familiares no ser trasladados a otro centro de reclusión, lo que confirma que se encuentran en buenas condiciones de reclusión». El Subcomité está preocupado porque esa declaración no demuestra que la Defensoría del Pueblo esté adoptando las medidas adecuadas en relación con las denuncias que se le presentan.
- COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL: Si bien la Defensoría del Pueblo ha indicado que se reúne habitualmente con las organizaciones de la sociedad civil, el Subcomité ha recibido un informe de diferentes organizaciones de la sociedad civil dignas de crédito en el que explican que ha habido poca cooperación significativa y que la Defensoría del Pueblo no está preparada para abordar sus preocupaciones.
- ATAQUES A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: Aunque la Defensoría del Pueblo ha proporcionado información sobre sus actividades en relación con la protección de los defensores de los derechos humanos, el Subcomité sigue preocupado por que la Defensoría del Pueblo no haya adoptado medidas en todos los casos para proteger a esos defensores.
Con base en estos casos, el Subcomité considera que “la Defensoría del Pueblo no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales. Esa inacción demuestra una falta de independencia. Por consiguiente, el Subcomité es de la opinión de que la Defensoría del Pueblo no está funcionando en pleno cumplimiento de los Principios de París”, recomendando degradarla a Acreditación B.
¿Qué significa la categoría B?
La acreditación es un reconocimiento oficial que se hace a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, cuyo criterio de otorgamiento está basado en qué tanto se respetan los «Principios de París» . Esta acreditación se hace luego de un estudio que está a cargo del Subcomité de Acreditación.
Actualmente existen tres tipos de acreditación: A, B y C:
- “A” MIEMBRO VOTANTE. Cumple plenamente los principios de París.
- “B” MIEMBRO OBSERVADOR. No satisface plenamente los Principios de París o la información presentada es insuficiente para tomar una decisión.
- “C” NO MIEMBRO. No es conforme con los principios de París.
La recomendación del CIC será ratificada o no, finalmente, en la próxima reunión del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés), a celebrarse entre el próximo 12 al 14 de octubre en Berlín. Hasta ese momento la Defensoría del Pueblo venezolana puede impugnar la decisión y presentar alegatos en su defensa.
Prensa Provea
