SINERGIA, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, expresa su más enérgico rechazo a cualquier medida gubernamental que cercene el derecho de la población venezolana, tanto individualmente como a través de sus expresiones organizadas, a recibir y difundir información.
Son muchos y muy sentidos los problemas sociales que enfrenta el pueblo venezolano y, a su vez, es mucha su capacidad creadora y productiva para enfrentarlos. Pero es solo mediante el diálogo plural y el debate de propuestas, basados en el acceso a la información y en la posibilidad de expresarse libremente, como esa capacidad de la población puede encontrar concreción en políticas públicas y prácticas para alcanzar una vida digna.
El bien común, expresado en nuestra Constitución y en los pactos y convenios que en materia de derechos humanos ha suscrito la República, implica el más absoluto respeto de las garantías allí contenidas, en particular para quienes, “autorizados para hacer el bien”, como expresaba Simón Bolívar en el Discurso de Angostura, tienen las más altas funciones de gobierno.
En este sentido, utilizar subterfugios y criterios diferenciados para silenciar medios de comunicación que mantienen líneas editoriales críticas a la gestión de gobierno y, con estas medidas, cerrar las vías para que los más diversos sectores de la población —comunidades, trabajadores, jóvenes— expresen sus preocupaciones, inquietudes, propuestas, e, incluso, sus esperanzas por una mejor calidad de vida, constituye una seria amenaza a la democracia y la garantía de los derechos humanos en Venezuela.
Instamos al Poder Ejecutivo a cesar en su intento de acallar voces críticas, tanto de medios de comunicación como de la ciudadanía, y, por el contrario, a abrir espacios de opinión, interlocución y diálogo.
Convocamos a la población venezolana, en particular a las organizaciones de sociedad civil, en sus más diversas expresiones, a manifestar su descontento de manera pacífica, dentro del marco de la Ley, sin ceder en sus demandas por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El beneficiario de estas luchas, que siempre serán de largo aliento, es el pueblo venezolano en su conjunto, en particular los sectores más vulnerables.
Exigimos a la Defensoría del Pueblo asumir su deber de proteger el respeto de los derechos humanos de toda la población venezolana, sin distingo de ideología política, y a la Fiscalía General de la República a actuar ceñida a la Constitución, garantizando el legítimo derecho de la ciudadanía a la protesta pacífica ante las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional.
Caracas, 25 de enero de 2010
