Entrevista con Leonel Grissett y Juan Valor, sindicalistas enjuiciados por protestar
Una empresa: Sidor. Un crimen: defender los derechos de los trabajadores
Juan Valor ingresó en el año 1976 a Sidor a través de una beca-salario que le permitió estudiar mecánica. Su experiencia en la siderúrgica ha sido interrumpida sólo dos veces en su vida: en 1982, durante dos años, cuando intentó ser boxeador profesional. La segunda en 1993 al ser despedido por un año por sus labores sindicales en defensa de los trabajadores, especialmente los llamados tercerizados, que no forman parte de la nómina fija y tienen menos derechos que sus pares. El padre de Leonel Grisset fue sidorista durante 32 años. En 1998 decide seguir los pasos de su padre, en medio de la privatización de la compañía. En el año 2000 comenzó su camino dentro del mundo sindical, especializándose en los temas de higiene y seguridad laboral. Ambos han protagonizado luchas en puestos de responsabilidad dentro el sindicato Sutiss, principal en Sidor y mayoritario en Ciudad Guayana, bastión industrial del país. Su beligerancia ocasionó que desde el año 2006 estén siendo sometidos a un juicio, junto al sindicalista Jhoel Hernández y 11 trabajadores tercerizados, por ejercer el derecho a la protesta. El juicio, diferido en varias ocasiones, podría condenarlos a penas de prisión de hasta 15 años. Este proceso, contra los llamados “14 de Sidor”, forma parte del proceso de criminalización de la manifestación que tiene al dirigente de Ferrominera Rubén González privado de su libertad y a más de 2000 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales. El Libertario conversó con ellos en Puerto Ordaz, para darle la palabra a uno de los casos emblemáticos del actual acorralamiento de la actividad sindical autónoma y beligerante en el país.
– Queremos que sean ustedes los que describan los hechos que motivan el largo proceso penal por realizar una manifestación por derechos laborales.
– Leonel Grisset: Para esa fecha pertenecía en Sutiss a la comisión paritaria de higiene y seguridad industrial. Atendíamos diferentes casos, uno de ellos era con la empresa Transportes Camila, contratista de Sidor, donde existían varios elementos: socioeconómicos, de salud, contractuales por el hecho de que era personal calificado y se les pagaba salario mínimo. Esa discusión no llego a un feliz término y se tomó la decisión de hacer una inspección en el sitio de las condiciones laborales. Acudo al sitio, hago la inspección y constato que los trabajadores están enfrentando cosas como no tener técnico de seguridad, siendo que en Sidor ninguna empresa contratista puede ejecutar funciones si no tiene uno. Por otro lado tenían varios días trabajando sin los equipos de protección personal, viéndose obligados a utilizar unos viejos que tenían o endeudarse. Los payloders, en un área de mucha polución y polvo, deberían estar presurizados con aire acondicionado, cosa que algunos no tenían, aparte de presentar también fallas en el sistema hidráulico, en el sistema de frenos, etc.
Se decide paralizar y el patrón exige que los equipos sean trasladados al estacionamiento de la superintendencia de transportes, ya que son ellos los que administran el contrato. Se entregó un informe al departamento de relaciones laborales de Sidor. Se intentó entregar uno al patrón el cual leyó pero no quiso aceptarlo ni firmar la copia, pero hubo testigos que lo leyeron y se llevo uno al Inpsasel (ente oficial regulador de las condiciones de trabajo). Cuando llega el viernes, conjuntamente con Jhoel Hernández me dirijo a las oficinas de Inpsasel y le manifestamos que estaba parado el conflicto. La sorpresa es que el día domingo habilitaron una juez y un fiscal, el cual la misma noche actuó dentro de las instalaciones de Sidor, junto con la Guardia Nacional y guardaespaldas de Transportes Camila, llevándose detenido a uno de los trabajadores. Nos avisaron y cuando lo fuimos a buscar, nos enteramos que lo tenían detenido en un peaje. Nos dirigimos hacia allí y nos manifiestan que también tenemos orden de captura. Ahí es cuando comienza esta travesía de casi 4 años de juicio. De hecho, ese día estuvimos detenidos en la Comisaría de Guaiparo, y sin tomar en cuenta nuestra condición fuimos ingresados hacia la población carcelaria común. Al día siguiente, en la presentación del juicio, los trabajadores salieron a la calle y protestaron. El juez consideró esta movilización, dándonos la libertad condicional con presentación cada 30 días.
– Han denunciado, en reiteradas ocasiones, que su proceso ha estado plagado de irregularidades y que persigue apagar la conflictividad dentro de Sidor.
– LG: En ningún momento el fiscal nos ha llamado para escuchar nuestra declaración, nunca nos hemos entrevistado con él. Tampoco ha ido al sitio ni ha entrevistado a los testigos. Otra cosa es que entre los trabajadores que están imputados había unos que estaban de reposo, otros que ni siquiera estaban en el turno y otros estaban reintegrándose a esa guardia y están imputados, cuando ni siquiera estuvieron en el sitio. Eso es, como se dice, hagamos una lista de la gente que no quiero, un azar con toda la mala intención del mundo. En el caso de nosotros, los sindicalistas, es claro. No es un secreto para entonces que una de las personas que estaban dando la pelea frontal por los derechos de los trabajadores es Jhoel Hernández, que una de las peleas que tenia era contra la estafa con las crediticias, esas tiendas que le fían a los trabajadores. En el caso de Valor tenía una guerra por la eliminación de la tercerización y en mi caso, desde siempre, lo que es la materia de seguridad y salud.
En la audiencia preliminar pasó algo muy extraño, pues todos recordamos que cuando la juez decide cuáles son los delitos que van a juicio todos escuchamos que eran 4. Cuando fuimos a juicio no le entregaron copia certificada del expediente a nuestro abogado. Cuando entregan la copia aparece la quinta acusación, articulo 56 de seguridad de la Nación. Ahora, cuando difieren el juicio lo mandan para el 16 de septiembre. Tenemos entendido que no pueden ser mas de 20 días.
– ¿Cuáles son los delitos que les imputan?
– LG: Instigación a delinquir, apropiación indebida calificada, violación de la zona de seguridad, articulo 56 de la ley de protección a la nación, amenaza de muerte y crimen organizado. Cualquier cantidad de cosas, alrededor de 7 acusaciones. A todas estas no entendemos todavía, que algo que era una actividad laboral, de todos los días, fue criminalizada. Se habló que por aquello de la paz laboral, en medio de lo que fue la nacionalización, iban a quedar anuladas todas aquellas actuaciones judiciales contra los dirigentes sindicales, era uno de los acuerdos hechos con la trasnacional. Quitaron todas las actuaciones judiciales que tenían en contra de dirigentes sindicales menos este caso. Otra de las cosas extrañas es que en todo momento, cuando el patrón ha querido negociar un entendimiento siempre ha puesto sobre la mesa la eliminación de nuestras funciones como sindicalistas, cosa que no hemos aceptado.
– Han denunciado, también, que el sindicato Sutiss les ha dado la espalda.
– Juan Valor: La parte sindical debería involucrarse con más ahínco en la defensa de sus agremiados, pero no lo hace porque hay muchos intereses creados. No te creas que es fácil para nosotros, tu nos ves aquí conversando, pero nuestras familias no están bien, ni nuestros hijos, eso es un efecto dominó. ¿Quién habla con los trabajadores de la situación que estamos viviendo? Nadie. Inclusive hacen asambleas en el portón y hablan de Rubén González, del otro compañero de Pekín, de Francia, pero no hablan del caso nuestro, porque hay un veto, y si lo hacen la empresa arremete. Una cuestión es ser chavista y otra cuestión es ser entreguista de los beneficios de los trabajadores, eso es a lo que tú no puedes renunciar jamás.
LG: Es lastimoso decirlo, la descomposición en el movimiento sindical, pues hasta ahora no hemos recibido el apoyo de la institución que nosotros representábamos en aquel momento. Por poner un ejemplo, el gasto que ha implicado este juicio para nosotros y nuestras familias, al abogado no hemos logrado ni siquiera pagarle el 10% del monto y con la institución sindical, que maneja unas finanzas descontadas de los mismos trabajadores, no hemos logrado que nos ayude en esto. Como la otra parte si tiene todos los recursos del mundo, nos vimos en la necesidad de buscar un bufete penalista para que se encargara, porque nos vimos ahogados en esto, lo que nos ha llevado a endeudarnos y forma parte del problema.
Tenemos que destacar que en el caso nuestro estamos trabajando, porque tenemos un contrato colectivo que nos da inamovilidad, pero no así los tercerizados. Estos 11 compañeros no ha habido manera que tengan un trabajo estable, pues una vez que el patrón detecta que son los del caso Camila de una vez los bota. Del año si acaso han logrado trabajar dos meses, y lo que ellos saben hacer es manejar equipos, no saben hacer otra cosa. Uno incluso se ha tenido que ir para el estado Monagas, porque por aquí en la zona los tienen vetados.
Sidor privatizada, Sidor estatizada: la misma explotación
Juan Valor fue uno de los sidoristas que luchó porque el Estado tomara las riendas de la empresa, lo cual creía iba a mejorar la condición de los trabajadores. Hoy, no deja de hacer comparaciones entre ambas gerencias y sacar sus conclusiones: «Sidor ahorita en manos del Estado está actuando peor que los argentinos (Techint, grupo capitalista que era el anterior propietario). Los argentinos tenían nomina de conducción. Ahora el Estado sigue teniendo nomina de conducción, sin ningún tipo de derechos, y sigue violando la Ley del Trabajo. A Sidor ingresan grupos de trabajadores como “entrenantes”, con un salario mínimo y haciendo la función que hace un trabajador común, sin más beneficio que su salario. En Sidor todavía hay más de 8 mil trabajadores que hacen sus necesidades a la intemperie, que comen a la intemperie. En el caso del taller central hay compañeros que hacen el mismo trabajo como torneros, como maquinistas y como mecánicos que el resto de trabajadores que son fijos en la empresa. ¿Y porque a esos trabajadores no se les dan los mismos beneficios? Ahora el violador es el Estado venezolano. Nuestra lucha no es solo por Sidor, en las otras empresas básicas hay una explotación bárbara: el caso de Venalum, Bauxilum, Carbonorca, la gran cantidad de trabajadores tercerizados que son los que realizan el trabajo y garantizan la producción sin ningún beneficio social. ¿A quién esos compañeros reclaman por un accidente laboral? ¿Quién les da una seguridad social? Eso es parte de la lucha, que tiene que continuar». (Pepe el Toro. Periódico El Libertario, http://www.nodo50.org/ellibertario)
