Observamos con preocupación la actitud de la Fiscal General con respecto al caso de la Masacre de El Amparo. En los últimos tres meses ha realizado varios pronunciamientos anunciando los avances que se vienen produciendo en las investigaciones sobre la masacre de Yumare, Cantaura y el Caracazo. Y celebramos esos avances, porque las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en tales acontecimientos no pueden quedar impunes. Pero tampoco puede quedar sin justicia el caso de la Masacre de El Amparo. Pareciera que en este hecho hubiese la intención de no avanzar. Hay un silencio y un hermetismo suspicaz que sobresale en el comportamiento de la máxima rectora del Ministerio Público.
Hace un año, los dos sobrevivientes con el apoyo de las organizaciones Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea, solicitaron la reapertura del caso en tribunales ordinarios tal y como ya se hizo en los casos Yumare y Cantaura. ¿Cuál es la razón por la cual no se procede con El Amparo? En el escrito presentado por los dos sobrevivientes se esgrimieron suficientes argumentos para proceder a la reapertura judicial. En primer lugar, ya existía el precedente en la justicia venezolana de un caso cerrado en la justicia militar con el único propósito de producir impunidad y reabierto en la justicia ordinaria, nos referimos al caso Yumare. Los argumentos que dieron pie para reiniciar las investigaciones en este caso, posteriormente fueron usados para reabrir el caso de Cantaura. Nos preguntamos en consecuencia: ¿Por qué no con El Amparo? Los dos sobrevivientes también fundamentaron su solicitud en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la cosa juzgada fraudulenta. Esa tesis sostiene que, cuando los órganos de administración de justicia han actuado en un proceso de manera irregular con el único objetivo de producir impunidad, se está ante un fraude a la justicia y dichas sentencias no pueden considerarse definitivas. Precisamente, de manera irregular actuó la justicia militar en los casos Yumare, Cantaura y El Amparo. Las sentencias, en cada uno de los casos, establecieron que los funcionarios policiales y militares actuaron «en legítima defensa», favoreciendo así la impunidad. Los tres casos tienen otro aspecto en común: en cada uno de ellos hubo sobrevivientes. En Cantaura y Yumare la Fiscalía ha llamado a declarar a los sobrevivientes. ¿Por qué no en el caso de El Amparo?
La Fiscal General debería explicar por qué su Despacho da trato diferenciado a los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de El Amparo. Por razones de Estado, la Masacre de El Amparo debería tener incluso prioridad.
