Esta semana se celebra en Washington (EE.UU) la 137 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como es costumbre en estos últimos 10 años, supuestas organizaciones no gubernamentales (ONG) harán cola para denunciar los pretendidos atropellos del Gobierno a los derechos humanos.
Toda una comitiva de por lo menos 15 personas, en nombre de 11 ONGs, disfrutarán de una semana de otoño en el noreste de EEUU, acosta de la aparente defensa de los derechos ciudadanos.
Que nadie crea que los recursos para esta actividad saldrán de colectas, rifas o el aporte voluntario de los miembros. Organizaciones y gobiernos extranjeros financian los programas que permiten esta especie de turismo de los derechos humanos.
Acudir ante la CIDH no requiere de ninguna legitimidad. Como lo destaca Michel Ignatieff, profesor de la Universidad de Harvard, estas organizaciones de derechos humanos «no son elegidas por los grupos que representan, ni es posible que ello ocurra».
Por ello, a manera de ejemplo, acuden a la CIDH a denunciar la supuesta violación de los derechos de los privados de libertad, personajes que durante el ejercicio de cargos dentro del sistema penitenciario, atropellaron los derechos humanos de los internos bajo su responsabilidad. Es, sin duda, la máxima de las paradojas.
Todas estas reflexiones evidencian el deber de promover un movimiento de derechos humanos que asuma esta noble tarea como una razón de vida y no como una forma de vida. Pero, también pone en el tapete la impostergable necesidad de revisar cómo desde el extranjero se apoyan y se financian estas activiades.
Desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que reposa en la Asamblea Nacional, pudiera ser un primer paso en ese sentido.
Larry Devoe
Correo del Orinoco Pág. 15 Nacionales
