El tema de las ocupaciones ilegales y de los desalojos ha venido adquiriendo protagonismo en el municipio Caroní en la última semana. Varios hechos relacionados a este problema se han suscitado en diferentes comunidades de Ciudad Guayana.
Está el intento de invasión ocurrido el 17 de enero en el barrio El Centro, en el que resultaron detenidas cuatro personas. El 18, en este mismo sector, una mujer conocida en el barrio como “la Tía” se encadenó a su humilde vivienda para impedir que la Policía la desaloje de la zona de riesgo en la que había construido una pequeña habitación para ella y sus dos hijos.
El miércoles 19, desalojaron a 12 familias de 14 locales en un edificio en el sector La Unidad, en San Félix. El jueves 20 enero, vecinos de la UD-104 resguardaron un terreno de la comunidad al enterarse de que existe un presunto proyecto habitacional que no había sido consultado por todos los habitantes. El viernes 21, varias personas invadieron un lote de parcelas, cerca del proyecto Ciudad de Los Corales, en Puerto Ordaz. Finalmente este sábado 22, más de cien habitantes de diferentes comunidades reclamaban la construcción de casas en los terrenos ubicados entre la UDO y el Parque La Fundación.
No cabe duda de la falta de respuestas habitacionales. Las familias han manifestado públicamente en todos estos hechos que la carencia de vivienda es una.
Como parte del análisis de este problema Rafael Uzcátegui, sociólogo y redactor del capítulo Derecho a la Vivienda del Informe Anual Octubre 2009/Septiembre 2010 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), explicó que las invasiones no son una causa de la crisis habitacional sino más bien la consecuencia de la ausencia de “una política sistemática de construcción de viviendas”.
En declaraciones que concedió a Correo del Caroní el pasado miércoles 19 de enero, el experto reflexionó sobre la garantía de este derecho en el país. Señaló que de acuerdo con las investigaciones que desarrolla Provea, el primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, es el segundo gobernante que ha construido menos viviendas. “El presidente Chávez en sus primeros 11 años tiene un promedio de construcción de 29.500 casas anuales”, cifra que comparó con las 16.000 viviendas por año que creó el ex presidente Rómulo Betancourt, el primero de la era democrática tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez.
Una razón para protestar
Uzcátegui indicó que el déficit habitacional es la tercera causa que origina las manifestaciones de protesta en el país. “En los últimos tres años se habían contabilizado 528 personas detenidas por haber participado en ocupaciones de viviendas e inmuebles”.
Asimismo, recordó que algunos procedimientos policiales han dejado víctimas fatales. “El 20 de marzo del 2009 fue asesinada una persona en un operativo de desalojo muy violento en el estado Anzoátegui, esa persona fue José Gregorio Hernández de 23 años, e incluso es una situación que el Gobierno mantiene impune porque no han sido castigados los funcionarios que participaron en ese desalojo”.
Sin embargo, más allá de las muertes, de los arrestos y de los regímenes de presentación a los que están sometidas las personas, el problema habitacional es permanente. “Mientras no exista una política de vivienda el déficit se va a incrementar, se va a agravar y estas personas van a seguir radicalizando su expresiones de manifestación para que sean atendidas sus demandas. No son solamente ocupaciones de viviendas, sino que ya tenemos casos de familias en huelga de hambre, que hacen tomas de los espacios físicos de las instituciones”.
“Todas estas personas que participan en ocupaciones de inmuebles o viviendas lo que quieren es presionar a las autoridades porque seguramente ya han presionado de otras maneras, probablemente han asistido a los diferentes entes e instituciones en materia de vivienda y no han tenido una respuesta adecuada”, agregó.
Derechos fundamentales
Debido a que las protestas de este tipo y desalojos son frecuentes en el país, Uzcátegui recuerda que la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado algunas medidas que pueden aplicarse en estas situaciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.
“Una es que tiene que existir una consulta con las personas afectadas, tiene que existir un plazo suficiente y razonable de notificación a las personas afectadas para que puedan tomar medidas para tal efecto, hay que facilitar a todos los interesados en un plazo razonable información relativa a los desalojos previstos, tienen que haber la presencia de funcionarios del Gobierno o representantes de las instituciones a cargo del desalojo. Especialmente cuando se trata de familias en las que hay niños debe haber un representante de la Defensoría del Pueblo y de los organismos relacionados con la defensa de los derechos de los menores de edad”.
“Tiene que haber una identificación exacta de todos los funcionarios que están efectuando el desalojo, una muy importante que normalmente no se cumple es que no se deben efectuar desalojos cuando haga mal tiempo y en horario nocturno, salvo que las personas afectadas den su consentimiento y; hay que ofrecer recursos jurídicos y reparaciones materiales en el caso de las personas las soliciten”.
Finalmente el sociólogo invitó a quienes tienen la necesidad de una vivienda a utilizar todas las vías legales para tal fin, acudiendo a las instituciones competentes en la materia. Hizo énfasis en que se debe superar la “visión criminalizadora del problema”, así como destacó la importancia de que el Estado venezolano ejecute “un plan nacional de construcción de viviendas con metas claras para el corto, mediano y largo plazo”. (CorreodelCaroní; 24.01.2011)
