El talante mesurado, el verbo cuidadoso y su apego metódico a la doctrina, lejos de reducirlo a un confortable bajo perfil, lo colocan en el centro del debate. La coincidencia de ser activista de derechos humanos por estos tiempos y en este país, lo colocan en una posición protagónica a la cual no le escurre el bulto. Menos ahora cuando ha sido electo como individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales para ocupar la silla 28. Rejuvenecen las instituciones y personajes como Carlos Ayala Corao que, otrora (1996-1999), enfrentó la antidemocracia como Presidente de la CIDH en otros países, ahora debe dar la cara en el suyo.
-¿No demuestra la experiencia de Túnez y Egipto que sólo la presión popular induce cambios a favor de regímenes democráticos? Pareciera que las normas y tratados internacionales en defensa de los derechos humanos sólo funcionan en donde menos falta hacen, mientras que en democracias limitadas, semidictaduras o dictaduras, son ignorados.
-Sólo en democracia y Estado de Derecho se puede hablar de niveles de respeto a los derechos humanos. Esto implica un diseño de políticas públicas que incluye el control del poder. Lo que ocurre en Túnez y Egipto coincide con estados autoritarios donde los dictadores han borrado la Constitución, la separación de poderes y la participación ciudadana. Ahora, en las democracias europeas, EEUU y Canadá, también se violan los DDHH. Sólo que no se trata de políticas sin control.
-Aplican correctivos, se legisla y crea jurisprudencia.
-Excepto Europa, el modelo de países poderosos como Rusia, EEUU y China tiene un modelo de soberanía patriota, no se somete a controles internacionales y cuando lo hace no siempre cumple las decisiones. Pero internamente hay leyes en ese sentido. Así que aun con democracia y respeto a los DDHH, hay violaciones que pueden ser corregidas internamente con la participación de la comunidad internacional.
-¿No hay diferencias sobre la forma que se trata el tema entre EEUU y China o entre Rusia y EEUU?
-Absolutamente. Lo hice sólo en una referencia específica: la negación al monitoreo de organismos internacionales y particularmente de la ONU.
-Entonces, ¿no es la presencia popular en calle la forma de inducir cambios en países donde no hay democracia o ésta se encuentra constreñida?
-Al final el término de los totalitarismos y dictaduras está vinculado con la protesta popular masiva. Al mismo tiempo es producto de la evolución en la toma de conciencia por parte de la comunidad internacional y de la documentación de los abusos. Pero, como ocurrió en Túnez, obedece a una decisión interna de los ciudadanos de ese país.
-¿Cómo queda la Carta Democrática?
-Los tratados internacionales los escriben los estados, no los gobiernos. Lo permanente es el Estado y lo pasajero los gobiernos. Los primeros siguen vinculados a los tratados sobre DDHH. La Carta Democrática fue aprobada pensando, no tanto en golpes de estado tradicionales militares sino en otras modalidades, incluso gobiernos electos popularmente, pero que secuestran la democracia y el Estado de Derecho. En concreto, para entonces se reaccionaba ante el modelo Fujimori, un dictador electo con el voto popular. Cuando yo era presidente de la CIDH, a finales de los años 90, hicimos una visita in loco a Perú. Ocurrió lo de siempre, se quiso estigmatizar a la comisión acusándola de vínculos con la guerrilla comunista y de apoyar al terrorismo. Nos encontramos con un Fujimori arrogante que había desconocido a la Corte Interamericana de DDHH y ofendía la comisión. De manera que cuando le planteamos casos como las masacres de Barrios Altos y de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta, alegó que eran inventos. Al final cayó, después de varios años en Japón regresó y ahora está siendo sometido a juicio, en uno de los cuales (el penal) yo fui testigo internacional. La lección es que al cabo de los años los dictadores terminan no sólo derrocados por los pueblos sino enjuiciados por sus abusos. Quedó demostrado que no se puede gobernar por encima de la democracia, que todo poder absoluto es limitado y que la impunidad no es eterna.
-No se parece a Venezuela, aquí no se acepta la visita in loco
-Se parecen por el desdibujamiento del Estado de Derecho desde el poder, el origen electoral y el secuestro de la Constitución y de las instituciones. Todo eso con apoyo efectivo de políticas populistas que no alcanzan a la generalidad de la población. Creo, por otra parte, que el perfil de violaciones a los DDHH es muy diferente.
-¿Es aquí menor?
-Por supuesto. Allá había una política de desapariciones forzadas, de ejecuciones masivas y arbitrarias. El de Fujimori era un régimen de derecha y aquí hay uno que se puede denominar de seudoizquierda.
-¿Qué diferencias puede haber, desde el punto de vista de la violación de los DDHH entre un gobierno de izquierda y otro de derecha?
-Las violaciones de los derechos humanos no tienen signo ideológico y las víctimas tampoco. Pero hay otra gran diferencia. El secuestro institucional ha provocado el fracaso de Estado y Gobierno en su misión de proteger la vida de los venezolanos.
-¿Violación de los DDHH por omisión?
-Es responsabilidad del Estado garantizar la vida de las personas. Y allí coincide la principal preocupación de los venezolanos con la documentación nacional e internacional de la violencia, con cifras (entre 15 y 17 mil homicidios en el 2010) que estremecen. Pero lo más grave de esas cifras son las casi 8 mil ejecuciones arbitrarias acreditadas a funcionarios del Estado, policías, tanto nacionales, como estadales y municipales. Y aquí ya no es que el Estado deje de aplicar una política de seguridad, sino que, a través de sus órganos, ejecuta ciudadanos. Más grave aún son las cifras de impunidad porque ante esa inmensa cantidad de muertes sólo hay unos 180 procesos en marcha y de éstos no se da cuenta sino en el caso de algunas sentencias, las cuales no sabemos si son definitivamente firmes.
-Entendemos que se trata de cifras oficiales.
-En su Informe Anual del 2007 el Ministerio Público informó que, entre enero de 2000 y noviembre de 2007 recibió 6.405 denuncias de «ajusticiamientos o enfrentamientos» con 7.243 víctimas. Estas cifras revelan un estimado de 900 personas asesinadas anualmente por cuerpos policiales. Para el 2008, la Fiscalía General indicó que se registraron 600 casos de ajusticiamientos, por los cuales 74 funcionarios fueron privados de libertad y 22 condenados por los tribunales. En el 2010 la Fiscalía General de la República, en su informe anual del 2009, señaló que ingresaron 9 mil 224 casos sobre presuntas violaciones de DDHH y se produjeron 9 mil 610 decisiones (denominadas «egresos»). Aunque no se precisa el tipo de violaciones, estas cifras revelan un altísimo grado de impunidad: sólo el 3,28% corresponderían a casos presentados ante los órganos jurisdiccionales
-¿Podría pensarse que es una política deliberada?
-Hay dos cánceres que carcomen a una democracia: la corrupción y la impunidad. Es irrelevante determinar si es por negligencia, por imprudencia o intencional. En definitiva, las políticas en materia de seguridad ciudadana nos han colocado a merced del hampa.
-¿Cómo afecta la Ley de Soberanía Política y de Autodeterminación el funcionamiento de las ONG que operan en Venezuela?
-Prohibe el financiamiento de instituciones de otros estados a personas u organizaciones de interés político y esta definición es tan vaga que puede incluir a todo el mundo, cuando el objeto de las ONGs es incidir en las políticas públicas para que cesen las violaciones a los DDHH.
-Según el Gobierno, las ONG desestabilizan
-Ese es el problema cuando los ciudadanos, en vez de ser vistos como tales, son considerados sospechosos y a veces conspiradores. En una sociedad democrática la disidencia es un derecho. Aquí casi 2 mil 500 personas están sometidas a procesos por protestar.
-¿Qué efecto genera esa legislación sobre los DDHH?
-Las ONGs son vistas como parte de una conspiración internacional, pero una de las características de la democracia es la existencia de una sociedad civil desafiante, activa, actuante, cuestionadora y eso es lo que se pretende reducir. Se nos ha anunciado otra Ley (de Cooperación Internacional), incluida en la Habilitante, que terminaría por restringir el trabajo de las ONG en general. En otras palabras, no se podría recibir financiamiento proveniente de la Unión Europea o de agencias de cooperación de otros países. Mientras, el Gobierno venezolano financia ONG en países que pueden guardar afinidades con su proyecto ideológico. (Roberto Giusti, El Universal, 31.01.11)
