El Gobierno entregará las viviendas bajo el concepto de propiedad privada familiar, pese a que este modelo fue rechazado en el referéndum del 2 de diciembre de 2007. «Se otorgarán títulos de propiedad privada familiar, porque estamos en contra de la propiedad privada explotadora», afirmó el ministro de vivienda, Ricardo Molina, al consultarle si los adjudicatarios de las unidades habitacionales recibirán un título de propiedad o adjudicación.
Explicó que aquellas personas que recibirán las unidades habitacionales no podrán venderlas o alquilarlas, a menos de que reintegren toda la inversión al Estado, tal y como se establece en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas y, anteriormente, en la de Vivienda y Hábitat, que aplicaba a quienes recibían subsidio.
«Tal como lo ha dicho siempre la Ley de Vivienda, las soluciones habitacionales que son financiadas por el Estado no se pueden negociar; se entregan para satisfacer la necesidad familiar», dijo Molina. Agregó que hay casos especiales en los que se puede aplicar la excepción, pero reiteró que quienes quieran disponer del bien para venderlo deben retribuir al Estado todos los recursos que se gastaron.
Regulaciones. El ministro de vivienda sostuvo que con la nueva ley se fijarán las pautas para controlar los precios y evitar la especulación y la plusvalía de los operadores inmobiliarios. «Se hará transparente la estructura de costos en la construcción para que haya una utilidad racional, no una plusvalía exagerada que no tiene ninguna justificación. Ya se registra una disminución en los precios de las viviendas», dijo.
Detalló que tanto la fijación de los precios como las medidas para la emisión de bonos inmobiliarios será determinado por los ministerios de Planificación y Finanzas y Comercio, en discusión en la Vicepresidencia Económica Productiva.
Reiteró que el Gobierno espera construir 350.000 unidades habitacionales en 2 años ¬es decir, antes de diciembre de 2012¬ y que se ha concertado el trabajo con la banca para continuar la construcción de las obras intervenidas por fraude inmobiliario. «Hay un gran empastelamiento administrativo en cada uno de los desarrollos inmobiliarios intervenidos; ya la banca ha manifestado su disposición a apoyar financieramente la culminación de las obras y todos los copropietarios que fueron estafados están al tanto del proceso», dijo Molina, al informar que se está haciendo una revisión de las cuotas pagadas por las personas para sincerar los costos de las viviendas.
Acotó que hay casos en los que los pagos están paralizados temporalmente. (El Nacional, 02.02.11)
