Agotar las instancias de mediación y diálogo que garanticen la integridad física ante ocupaciones ilegales en el municipio Chacao, reiteró la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, al jefe de la Policía de Chacao, este jueves durante su programa de radio La Voz de la Defensoría, transmitido por Radio Nacional de Venezuela.
La máxima representante de la Defensoría del Pueblo refirió que Polichacao actuó nuevamente de manera violenta, abusiva y haciendo uso desproporcionado de la fuerza física en el desalojo de 70 ocupantes ilegales en este municipio.
Ramírez refirió que en otras oportunidades organismos del Estado venezolano, como la Guardia Nacional, han tenido la capacidad de desalojar a colectivos de más de mil personas en terrenos que no reúnen las condiciones mínimas para ser habitados, pero esto se ha hecho con total apego al respeto de los derechos humanos, utilizando el mecanismo del diálogo y preservando el orden y la seguridad pública.
Sin embargo, lamentó que el cuerpo uniformado de Chacao, que debe brindar un servicio público de naturaleza civil y que debe conocer las herramientas para dialogar, se haya excedido en el uso de la fuerza física en los procesos de desocupación que se han practicado en apenas 15 días.
“Si se desconocen los mecanismos de cómo establecer un diálogo con un conjunto de ocupantes ilegales, es necesario que acudan a la Defensoría del Pueblo para que nosotros agotemos esa instancia”, señaló la Defensora del Pueblo.
Finalmente, Ramírez explicó que “el problema de la vivienda se ha recrudecido no solamente en Venezuela, sino que es una situación que está afectando a América Latina. “Es preciso señalar que el déficit de vivienda en la región aumentó de 38 millones de unidades a 52 millones de unidades en apenas 10 años”, dijo la representante de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, aseveró que es necesario colocar una voluntad colectiva de solución ante este problema, en la cual deben participar todos sectores sociales, públicos y privados, y las distintas instancias de gobierno local, estadal y nacional.
Recordó que “el derecho a la vivienda es un tema de derechos humanos y así lo ha reconocido la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, la cual destaca la importancia del Estado en los mecanismos de financiación hipotecaria”.
En este sentido, explicó que “el déficit de viviendas es un problema regional reconocido por organismos internacionales como Naciones Unidas, quien ha pedido “que se asegure el acceso a una vivienda adecuada y que se coloque la lupa sobre los mecanismos de financiación hipotecaria; es decir que todos las carteras crediticias de las entidades financieras de los países deberían estar avocados a disponer de una partida con este fin. Y este enfoque implicaría una inversión, no solamente pública, sino privada que debe estar entronizada en el derecho a la vivienda”. (Defensoría; 04.02.2011)
