A continuación se presenta un análisis de los principales acontecimientos que graficaron las luchas populares y conflictividad social venezolana en el mes de enero de 2011.
Las demandas de la sociedad venezolana en este mes mantienen la línea conflictiva registrada en el último trimestre de 2010. Principalmente las tensiones relacionadas con las comunidades afectadas por las lluvias y el paquete de leyes decretado por el Ejecutivo Nacional de manera inconsulta.
Enero reportó altos niveles de conflictividad social.
El Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) registró en el mes de enero, al menos, 408 protestas. Las exigencias se orientaron hacia derechos laborales 143 (35%), solicitudes de vivienda digna 121 (30%), exigencias educativas 83 (20%), y el resto 61 (15%) estuvo distribuido entre seguridad ciudadana, participación política, justicia, entre otros. Con un incremento de 13,6 % en comparación con enero de 2010, cuando fueron 359, según datos de la Ong Espacio Público.
Los que más protestan: trabajadores, vecinos y estudiantes.
Los trabajadores fueron los actores sociales más movilizados en enero, afectados por una tasa de desempleo de 6,5%, entre otros aspectos. Las demandas por puestos de trabajo, discusión de convenciones colectivas, pago de pasivos laborales y estabilidad laboral se hicieron presentes en todo el territorio nacional. Principalmente en el sector petrolero, industrias básicas y algunos ministerios, que iniciaron el 2011 reduciendo personal. El estado Bolívar se caracterizó por constantes movilizaciones de la masa obrera, exigiendo al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería el cumplimiento del Plan Guayana Socialista, que supone una gestión con la participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones, sin embargo, al igual que el Plan Nacional Simón Bolívar, que propone 7 líneas para el desarrollo, se convirtió en un discurso entrampado en los ribetes de la inoperancia y burocracia gubernamental.
En segundo lugar se ubicaron los vecinos, principalmente afectados por las lluvias ocurridas en el mes de diciembre que dejaron unas 300 mil familias damnificadas. La naturaleza reveló una de las grandes deudas sociales que tiene este gobierno en 12 años, un déficit de 3 millones de unidades habitacionales. Paradójicamente, los habitantes de los sectores con mayor afectación por las lluvias, meses atrás, realizaron numerosas protestas exigiendo mejoras en las edificaciones, reparación de calles, avenidas y limpieza de quebradas. Sin embargo, la respuesta oficial nunca llegó. Las familias damnificadas, que fueron ubicadas en centros educativos, complejos deportivos, oficinas ministeriales, hoteles-previa expropiación- y hasta en el propio Palacio de gobierno, en el mes de enero salieron a la calle a reclamar una solución real a su problemática. Las promesas presidenciales de construcción y entrega de 80 mil viviendas en dos años para los afectados, que representa apenas un 2,7 % del déficit total, no sintonizaron las expectativas de los damnificados, quienes emplearon el cierre de calle como principal mecanismo de protesta pacífica para exigir la entrega inmediata de viviendas.
Los estudiantes universitarios, junto con profesores y trabajadores del sector estudiantil, encabezaron las protestas por el derecho a la educación, rechazando la propuesta del Ejecutivo Nacional para reformar la Ley de Universidades, vía Ley Habilitante, decretando, entre otros aspectos, la desaparición de la autonomía universitaria.
En relación a la Ley Habilitante, entregada al Presidente por la saliente Asamblea Nacional (AN), en el contexto de la emergencia por las lluvias, se activaron los estudiantes universitarios, personas críticas al gobierno y sociedad civil en general con marchas, concentraciones y cierres de calle para demostrar su inconformidad con este instrumento legislativo, que desconoce a todas luces la voluntad popular que eligió los diputados y diputadas el 26 de septiembre de 2010.
Radicalización de la protesta pacífica: huelgas de hambre.
El incremento y radicalización de las luchas pacíficas en la exigencia de derechos se hizo presente en este mes, alrededor de 12 huelgas de hambre. A pesar de ser una de las formas de protesta más pacífica, conlleva un alto riesgo para quien la asume, pues tiene como expresión principal poner en riesgo la salud y la vida. Sin embargo, este repertorio de lucha se ha consolidado como una de las expresiones emergentes para demandar derechos. Trabajadores, reclusos, campesinos y estudiantes han sido sus principales representantes.
Estrategia de gobierno: conducción del conflicto.
Durante este mes, y como ha venido haciendo desde hace más de 4 años, el gobierno nacional demostró su capacidad para conducir las protestas, y sacar el aire a la olla de presión cuando lo considera estratégicamente necesario. Un ejemplo claro de esta dinámica se comprueba con la no aprobación de la reforma a Ley de Educación Superior, que mantuvo en constante e intensa actividad al sector universitario en los meses de diciembre y principios de enero, un día antes de que asumiera la nueva AN, fecha en la que estaban previstas grandes movilizaciones nacionales, la respuesta del gobierno dejó sin funcionalidad las convocatorias y llamados a la calle, conduciendo a los estudiantes a cambiar las acciones de calle por asambleas en auditorios y aulas de clase, discutiendo, hasta que el gobierno decida, el futuro de la Ley.
El manejo del conflicto representa un desafío para los sectores organizados, no para tumbar el gobierno o desestabilizar, como se pretende hacer ver desde las altas esferas de Miraflores a quienes protestan, sino para exigir con voluntad y firmeza respuestas efectivas. Mucho más sí tomamos en cuenta los datos ofrecidos por la organización Provea, relevando que en los últimos 4 años se ha superado el número de acciones de protesta pacífica año tras año: 2007, 1.576; 2008, 1.763; 2009, 2.893; 2010, 3.315. Evidenciando un constante y pronunciado descontento popular frente a la actual gestión pública.
Marco Antonio Ponce
@MarcoAPonce
Investigador de la conflictividad social Clacso-Provea
