Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo, reiteró que han atendido el exhorto del presidente de la República, Hugo Chávez, “para aunar esfuerzos desde todos los sectores y darle a este derecho la trascendencia que tiene para la vida y la dignidad del ser humano”.
Esta instancia permitirá colocar la miranda sobre el problema de la vivienda, para garantizar que el pueblo esté protegido y seguro, tenga un techo digno, principal anhelo para desarrollar otros aspectos de la vida humana, agregó.
El día de ayer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda de protección de derechos e intereses colectivos interpuesta por la Defensoría del Pueblo y dictó una serie de medidas cautelares a favor de 150 familias del Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega (primera etapa).
La demanda fue interpuesta en virtud de la presunta vulneración de los derechos a la salud y la vivienda, así como de la amenaza contra el derecho a la vida de las familias que adquirieron y que habitan en este conjunto.
Sobre este caso, recordó que la Defensoría del Pueblo está a favor de garantizar el derecho sagrado a la vivienda, para que éste se ejerza con dignidad y propiedad, por lo que reiteró no estar del lado de un grupo u otro, sino de la totalidad de familias.
En la situación registrada en el conjunto Terrazas de La Vega se han visto todas las aristas de un este problema, comentó, el agotamiento del diálogo, la toma de decisiones arbitrarias, persuasión, intentos de división y falta de comunicación con la comunidad.
La Defensora del Pueblo señaló que los propios vecinos –víctimas de estafas inmobiliarias- pueden contribuir en el pensamiento y formación de esta nueva defensoría especial. (AN; 17.02.2011)
