El ministro de vivienda, Ricardo Molina, confirmó recientemente el incumplimiento del Ejecutivo de sus metas de vivienda. En promedio según el propio gobierno se han construido menos de 30.000 viviendas por año. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento reincide en estimar en 150.000 las casas a construir para este año. El gobierno ha construido unas 82 casas al día. El objetivo propuesto por Molina obligaría a construir unas 416 diarias, una cifra 5 veces más de lo demostrado, en los hechos, es la capacidad para asegurar el derecho a un techo digno.
Deseamos que el Ejecutivo cumpla progresivamente, las expectativas creadas a las 13 millones de personas que en Venezuela necesitan su propia vivienda.
Sin embargo, los mensajes emitidos por el alto gobierno son espasmódicos y contradictorios, y no corresponden a un plan nacional de construcción con metas definidas a corto, mediano y largo plazo, con reglas de juego claras. Lo que prima, hasta ahora, es la improvisación y las buenas intenciones, con resultados conocidos. Por otra parte, abordar el problema del déficit habitacional colocando el énfasis únicamente en la cantidad anual de casas por construir, es simplificar el problema. Diferentes arquitectos, ingenieros y expertos en el área, opinan que el ideal es un plan masivo de creación de suelo urbanizable, por un lado, y retomar una política integral de rehabilitación de barrios.
Una política coherente en vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos, no es construir, de cualquier forma, cuatro paredes y un techo para las familias necesitadas. Una vivienda «adecuada» es definida, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por los siguientes componentes: -Seguridad jurídica de la tenencia: «todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo».
-Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: «Todos los beneficiarios deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina y la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo».
-Habitabilidad: «Debe poder ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes».
-Lugar adecuado: «Debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales». Asimismo, «no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes».
-Adecuación cultural: «La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda». El gobierno debe guiarse por todos estos parámetros.
