El dirigente de Sintraferrominera, Rubén González, fue sentenciado a 7 años, 6 meses, 22 días y 12 horas de prisión, por haber encabezado una huelga en una empresa estatal de Guayana. El fallo dictado por el Tribunal Sexto de Juicio, a cargo de la jueza Magda Hidalgo, estuvo signado por la decisión política del gobierno de aplastar con saña cualquier resquicio de protesta obrera en empresas estatales, orientación dictada por el presidente Chávez cuando ordenó a los cuerpos represivos y de inteligencia perseguir a los dirigentes sindicales, en un discurso pronunciado en marzo de 2009 desde las empresas básicas de Guayana.
Rubén González, quien se encontraba detenido desde septiembre de 2009, era acusado de agavillamiento, restricción del derecho al trabajo, cierre de vías, instigación a delinquir y violación de las zonas de seguridad, cargos que demuestran la naturaleza política del juicio.
Las razones de la huelga de dieciséis días realizada en Ferrominera del Orinoco siguen vigentes hoy en día, pues la gerencia gubernamental continúa pisoteando los derechos de los trabajadores y violando el contrato colectivo. A raíz de la encarcelación de González, el militante del Psuv Alfredo Spooner se apoderó ilegalmente del sindicato que aquel encabezaba, con el apoyo de las autoridades del Ministerio del Trabajo.
El 5 de febrero de este año, miles de trabajadores convocados por el Frente Autónomo de Trabajadores en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), marcharon en Caracas exigiendo la libertad del preso político Rubén González, una de las víctimas más emblemáticas de la política gubernamental de criminalizar la protesta social.
