Por Marino Alvarado El objetivo de condenar al sindicalista era muy preciso. Seguir usando el Sistema de Administración de Justicia para Intimidar a la dirigencia sindical alternativa que poco a poco gana espacio en el sector laboral. Y particularmente, se buscaba frenar la protesta laboral en Guayana. Pero los cálculos fallaron otra vez. El movimiento sindical se plantó firmemente contra la condena impuesta. Demostró en 48 horas de protesta que el gobierno no podría frenar la voluntad de exigir los derechos laborales como no pudieron acabar con el cierre de calles. Recordemos que en el año 2006, por iniciativa de los diputados oficialistas, se reformó el Código Penal con el propósito de castigar con mayor rigurosidad el cierre de calles. El resultado es que esta forma de lucha, usada principalmente por trabajadores y sectores de las comunidades pobres del país, continúa siendo la principal forma de reclamar derechos en el país. Hoy en Venezuela está planteada la lucha por defender condiciones democráticas para la defensa y conquista de derechos. La libertad sindical está amenazada. Ya sabemos cómo se vienen dictando medidas administrativas y judiciales para obstaculizar la labor de dirigentes sindicales. Tribunales penales dictan medidas cautelares prohibiéndole a sindicalistas realizar asambleas en los centros de trabajo bajo la advertencia que de no acatar las medidas serán enjuiciados penalmente. Ya conocemos los despidos arbitrarios que se vienen dando de dirigentes sindicales en el país, irrespetando el fuero sindical y el debido proceso. En el sector petrolero, en industrias básicas de Guayana, en el sector justicia, por nombrar algunos casos. Si bien en Venezuela no estamos en una situación donde no se permite la protesta pacífica, existe sin embargo una política de Estado que se empezó a desarrollar en el 2005 y que consiste en someter a juicios penales a personas por ejercer el derecho a la protesta pacífica. Por lo tanto, ejercer el derecho a la protesta conlleva el riesgo de la perdida de la libertad. Cerca de 2.500 personas están sometidas a juicios penales bajo régimen de presentación periódica, y algunas de ellas encarceladas. En el país existe voluntad para realizar manifestaciones pacíficas. De las 3.315 manifestaciones que se realizaron en el 2010 sólo 46 se tornaron violentas. Aún así, la represión selectiva a manifestantes continúa. No es coherente una política gubernamental que convoca al protagonismo popular y a su vez usa el Sistema de Justicia para enjuiciar a quienes ejercen ese protagonismo. La conquista de la Libertad de Rubén González debe animarnos a profundizar la lucha por el derecho a la protesta pacífica, por el derecho a la asociación autónoma y el ejercicio de la libertad sindical. Marino Alvarado Betancourt. Coordinador General de Provea Twitter: @marinoalvarado Fuente: Tal Cual 04.03.2011 |
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