Por Marino Alvarado
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal de carácter internacional que tiene como finalidad proteger a todas las personas que vivimos en las Américas de violaciones a los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su protocolo de derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros convenios regionales de derechos humanos.
Interpreta y aplica las normas interamericanas de derechos humanos. La integran siete jueces de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Postulados por los Estados actúan de manera independiente.
La Corte procesa casos de todos los países del Continente. Establece la responsabilidad o no de los Estados en la violación de los derechos humanos.
Tiene además otras funciones tales como dictar medidas de protección a favor de víctimas o potenciales víctimas de violaciones a los derechos humanos en casos de extrema gravedad o urgencia. Igualmente responde las consultas que le realizan los Estados sobre las normas de la Convención.
Desde el 24 de julio de 1981, es decir, desde hace casi 30 años, Venezuela aceptó la competencia de la Corte Interamericana para recibir y procesar casos de violaciones perpetradas por funcionarios del Estado.
Según el artículo 23 de nuestra Constitución la Convención Americana tiene jerarquía constitucional.
Y la Convención establece que las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables. Es decir, dictada la sentencia el Estado venezolano tiene la obligación de cumplir en su totalidad el contenido. La sentencia puede obligar a Venezuela a investigar los hechos, determinar responsabilidades y establecer sanciones; ordenar la indemnización a las víctimas y sus familiares; exigir modificar una norma de derecho interno incluso de rango constitucional que sea contraria a la Convención Americana. Puede ordenar que se implemente una determinada política pública para prevenir violaciones. Dependiendo de cada caso establece las obligaciones del Estado.
La Corte ha jugado un papel fundamental en las Américas para prevenir violaciones y para favorecer las investigaciones y sanciones a los responsables.
Sus medidas provisionales han contribuido a salvar muchas vidas y sus sentencias han permitido que víctimas y familiares hayan podido obtener justicia.
La Corte ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la impunidad y el desarrollo de políticas públicas para prevenir violaciones.
El papel de los poderes públicos de un Estado es contribuir a que se cumplan las sentencias de la Corte.
Obstaculizar o declarar inejecutable una decisión como lo determinó en una de sus sentencias el Tribunal Supremo de Justicia es un acto contrario a la Convención y la Constitución. Lamentablemente el TSJ con su actitud va contra la corriente de los tribunales supremos de los países del Continente principalmente del Mercosur quienes vienen usando y ejecutando las sentencias de la Corte Interamericana.
11.03.11 Tal Cual Pag 4
