El Estado venezolano será sometido el próximo 7 de octubre a una novedosa evaluación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada Examen Periódico Universal (EPU), sobre el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta para mejorar su situación.
Los resultados del EPU se basan en los insumos que envían tanto las iniciativas sociales como las instituciones estatales. El pasado lunes 21 de marzo venció el plazo para que las diferentes organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo enviaran información sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El 16 de julio será la fecha de culminación del plazo que tiene el Gobierno venezolano para presentar su punto de vista. Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizará una compilación preparada de la información contenida en los informes de los órganos que supervisan el cumplimiento de los tratados ratificados por Venezuela. Es decir, información de organismos como el Comité Contra la Tortura, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Comité de los Derechos del Niño.
Toda la información aportada y recopilada servirá para que los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos realicen un diálogo con el Gobierno venezolano y realicen una serie de recomendaciones para superar el déficit existente en la garantía de los derechos, así como la posible implementación de una serie de prácticas para optimizar sus indicadores.
Uno de los aspectos importantes de este examen es que dentro de cuatro años, el país volverá a ser evaluado sobre el cumplimiento de las recomendaciones que surjan de la evaluación a realizarse. Es decir, el proceso no termina el 7 de octubre. Ahí culmina una etapa y se inicia otra. El Estado deberá adoptar políticas y asignar el presupuesto suficiente para cumplir las recomendaciones. La sociedad civil tiene el deber de realizar una efectiva contraloría social sobre su grado de cumplimiento y, en la medida de sus posibilidades, presentar propuestas concretas para que las recomendaciones se conviertan en transformaciones positivas para la vigencia de los derechos humanos.
El diálogo y trabajo conjunto de las instituciones del Estado con las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para avanzar en el corto y mediano plazo en la mejora de la situación de los derechos humanos en el país. Colocar obstáculos al trabajo de las organizaciones, descalificar su acción y no considerar los aportes que sugieren, incrementa las dificultades para superar los déficits existentes.
Organizaciones como Cofavic, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Espacio Público, Una Ventana por la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Control Ciudadano, Convite, Acción Solidaria y Provea enviamos información diversa con la cual se puede organizar un debate público. Queda de parte del gobierno decidir si cumple la recomendación de Naciones Unidas de promover ese debate y trabajo conjunto.
En el caso de Provea se hizo énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) reconociendo avances, pero también alertando sobre retrocesos. En el contexto, relatamos cómo el clima de confrontación política ha estimulado la discriminación contra personas que no comparten posiciones gubernamentales. Asimismo, se visibilizó el incumplimiento de las decisiones y recomendaciones del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos y las políticas de cooptación y subordinación estatales desplegadas en los movimientos sociales.
En materia de derechos laborales se registró que desde octubre de 2006 hasta septiembre del 2010 han sido asesinados en Venezuela 181 sindicalistas. Asimismo que desde 1999 el Gobierno nacional ha fijado los salarios mínimos de manera unilateral violando el Art. 138 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) que prevé recurrir a las comisiones tripartitas para estas negociaciones.
Trabajadores/as y patronos/as no tienen de esta manera posibilidad de incidir en los ajustes salariales. Estos incrementos han estado siempre por debajo de los altos niveles de inflación que han caracterizado la economía venezolana en los últimos años. Sobre el tema de la injerencia en las elecciones sindicales se explicó que en aplicación del numeral 6 Art. 293 de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene intrusión en las elecciones sindicales. Al respecto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 97 reunión de 2005 recomendó a Venezuela que el CNE deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales y deje de estar facultado para anularlas. Igualmente afirmó que era necesario modificar o derogar el estatuto para la elección de las directivas nacionales que otorga un papel preponderante al CNE en diferentes etapas del proceso de elecciones sindicales.
