Informó que esta Institución tiene una lista que incluye a 1.600 víctimas por casos de torturas, maltratos y desapariciones, como las llamadas masacres de Yumare y Cantaura y los hechos ocurridos durante el 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.
Añadió que recientemente se reunió con el abogado de algunos familiares de personas desaparecidas, y éste le informó sobre la presunta existencia de fosas comunes en la región oriental del país. En ese caso se deben tomar acciones para hacer los procedimientos correspondientes como las exhumaciones, tomando en cuenta que probablemente se puedan encontrar los restos.
En su opinión la violación de los derechos humanos parecía ser una política o conducta practicada por organismos durante los años 60, 70 y 80.
Asimismo, criticó la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a los hechos ocurridos en el país en años anteriores.
Adicionalmente, manifestó su convicción en la lucha por la defensa de los derechos humanos y enfatizó en que el Ministerio Público es muy respetuoso del debido proceso.
Creadas salas de flagrancia
Mencionó que el artículo 539 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) establece que el Ministerio Público designará fiscales especiales por materia o por competencia territorial. En tal sentido, “hemos actuado acorde a la Ley”.
Puntualizó que desde el inicio de su gestión se realizó un diagnostico que ha permitido aplicar los correctivos necesarios. De allí que se observó que los fiscales, además de ejercer el rol de investigadores, debían cumplir guardias en diferentes sedes policiales, continuar con el proceso del acto conclusivo y llegar a la etapa de juicio.
Ahora, con la creación de las salas de flagrancia un grupo de fiscales podrá revisar el acta policial y hacer las observaciones pertinentes, a los fines de la presentación ante los tribunales de las personas que presuntamente habrían incurrido en delitos. Al contar con todas las pruebas del caso, el fiscal podrá solicitar que se suprima la fase intermedia del proceso (audiencia preliminar) y pasar directamente a la etapa de juicio, es decir, el procedimiento abreviado.
Ortega Díaz dijo que los fiscales que estarán al frente de las salas de flagrancia son abogados con experiencia y trayectoria en el Ministerio Público.
Indicó que se tiene planificado inaugurar salas similares en otros 12 estados del país. “Esto redunda en beneficios para todo el sistema de justicia del país”.
Destacó que también durante su gestión se ha aplicado el plan de seguimiento de casos; se creó la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, cuya actuación en el año 2010 permitió depurar más de 95 mil asuntos que ingresaron al Ministerio Público y que no eran de su competencia.(MP;01.04.2011)
