La participación de los milicianos como parte activa en la educación de los niños y jóvenes tiene como objetivo fundamental ideologizar a los estudiantes a favor del régimen y el proyecto político que auspicia el presidente Chávez, aseguró en rueda de prensa el vicepresidente del Colegio de Abogados de Carabobo, Ramón Carmona, según informó Notitarde.
Junto al presidente del colegio, Lisandro Cabrera, Lily López, Gustavo Campos, Ciro Aguilar, Frank Pig y María Mencías, Carmona aseguró que atacarán por las vías que sean necesarias esta medida. Han considerado iniciar esa lucha junto a la Federación Venezolana de Maestros.
La abogado Lily López precisó que la reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y la resolución impartida por el Ministerio de la Defensa, viola a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación en su artículo 40, pues los milicianos no están preparados en la docencia ni tampoco en la formación militar.
El artículo de la ley educativa señala que «la carrera docente constituye el sistema integral de ingreso, promoción, permanencia y egreso de quien la ejerce en instituciones educativas oficiales y privadas…Tendrán acceso a la carrera de docentes quienes sean profesionales de la docencia».
La preocupación del gremio de abogados se extiende a que en Venezuela no se ha podido resolver el problema de la violencia y la delincuencia, problema que se podría incrementar con la entrada de cualquier ciudadano a las escuelas. «No apoyamos que se esté impartiendo una educación miliciana con personas que no están bien preparadas en esa área», precisó López.
Llamado a las autoridades
En la rueda de prensa Ramón Carmona extendió un llamado a los cuerpos policiales, al Ministerio Público y al Poder Judicial con respecto al sicariato del abogado César Augusto González, ocurrido el pasado lunes.
«Sabemos que el Cicpc está haciendo un esfuerzo para esclarecer el caso pero hacemos un llamado para que hagan un esfuerzo extremo a esclarecer este tipo de situaciones. No queremos que se vaya a institucionalizar este tipo de crimen. Estamos adoptando el sicariato como una forma para solucionar conflictos».
Lamentó la muerte de su colega, quien aseguró era una persona honorable, de familia y dedicada al ejercicio de la profesión, quien trabajaba en el Derecho Itinerante, lo que hace aún más sospechosa su muerte.
El llamado al Ministerio Público también se relaciona con los casos de los dos abogados carabobeños: Héctor Torres y Raúl Ruedas, que se encuentran privados de libertad por poseer un poder en representación de una persona que se involucró en un hecho punible.
«El derecho a la defensa está consagrado en los parámetros internacionales como parte de los DDHH y su violación es un delito. Los jueces, los fiscales y los cuerpos policiales deben estar muy atentos a este tipo de situación. Como gremio elevamos nuestra protesta y preocupación porque va en detrimento del derecho a la defensa y del libre ejercicio de la profesión», expresó Carmona.
El presidente del gremio aseguró que estarán vigilantes para que se realicen las investigaciones necesarias y esclarecer los homicidios de los abogados en Carabobo. Pidió a los organismos de seguridad que consideren la protección especial de los profesionales del Derecho que «dignamente ejercen su labor en defensa de los demás ciudadanos». (Notitarde, 01.04.11)
