Las comunidades indígenas del sector 5 en la Gran Sabana están muy molestas e indignadas. La reciente reunión realizada la pasada semana y que contó con la presencia de Julio César Fuentes Manzulli, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, dejó un muy mal sabor de boca a los habitantes ancestrales, que denuncian además haber sido “irrespetados” en un incidente que se produjo en la cita.
Jorge Pérez, representante aborigen, comentó que Cherry Rodríguez, uno de los líderes locales, increpó a la diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Yaritza Aray el haberse presentado en la convocatoria como una vocera de la Gobernación.
En medio de este reclamo “el coronel Fuentes Manzulli mandó a callar a Cherry, cosa que consideramos un gran irrespeto, se presentó ante los líderes de las comunidades y los capitanes y tuvo un comportamiento indignante delante del pueblo originario. Esa no debería ser la conducta de un funcionario y por eso uno de nosotros reclamó eso, que vienen con una posición que no es la más adecuada y que estamos seguros no es la posición de la Gobernación”, agregó Pérez.
El incidente generó muchas inconformidades. Juvencio Gómez, capitán de Kumarakapay, señala que la “actitud del coronel es condenable, personalmente la rechazo. El hecho de callar a un dirigente de esta forma agresiva e irrespetuosa y no escucharlo es reprobable y es por eso que hicimos muchas observaciones y por eso que estamos exigiendo a las autoridades el cumplimiento de la ley, porque los principales violadores de la legislación vigente son precisamente las autoridades”.
Dejados a un lado
Más allá del percance con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, los representantes indígenas plantean a la opinión pública que según la legislación vigente ellos deben participar en las decisiones que afecten su hábitat, cosa que no ha ocurrido, y por el contrario, los han dejado de lado desde que ocurrieron los destrozos en enero de este 2011 que motivaron la toma de acciones en el Parque Nacional Canaima, entre las que figuran la necesidad de llenar una planilla de responsabilidad ambiental, la prohibición del “rustiqueo” y la limitación en el acceso de vehículos 4×4.
“Nosotros no estamos dentro del Parque Nacional el Parque Nacional está dentro de nuestras comunidades, y es por eso que lo que se haga debe ser primero consultado con nosotros.
Contamos con una legislación que establece la cogestión, la participación especialmente en estas áreas bajo régimen de administración especial, y nos sentimos marginados cuando autoridades mandan decisiones sin que se manifieste el sentir de los pueblos, somos el espíritu de nuestros ancestros”.
Recalca Juvencio Gómez, ex diputado del CLEB, que la principal petición de los pueblos indígenas que habitan en el Parque Nacional Canaima desde mucho antes de que éste fuese nombrado como tal, es exigir a las distintas autoridades hacer cumplir la ley, lo establecido en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima. Decreto No. 1640 del 18 de julio de 1991 Gaceta Oficial No. 34.758.
Ponerse a derecho
Ricardo Delgado, ex alcalde del municipio Gran Sabana, añade que como parte del cumplimiento de la ley, los indígenas la harán valer y por ello no permitirán el ascenso de los turistas al tepuy Roraima, uno de los más famosos del sector oriental del parque, y cuyo acceso está restringido por el plan de uso antes citado y que el Instituto Nacional de Parques (Inparques) debería hacer valer.
“Hay 22 instrumentos legales que nos afectan y que nos toman en cuenta en la sabana, si de verdad el interés por conservar y resguardar el parque fuese sincero ya en la Asamblea Nacional se hiciera lo propio para modificarlas y actualizarlas a la realidad, y no accionar por un hecho puntual. Si el gobernador se preocupó por la medida judicial que se tomó y que impide el ingreso de los 4×4, que sepa que haremos cumplir el reglamento que impide el ascenso al Roraima”, puntualizó.
Florencio Ayuso, capitán general del sector 5, afirma que se siente muy disgustado, no sólo por lo ocurrido en la reunión hecha el jueves 31 en la comunidad de Kamá y a la que hacen referencia los demás dirigentes, sino por haber sido “excluidos” de un proceso de toma de decisiones que afecta su vida y economía.
Indicó que hasta ahora los pocos acuerdos hechos, apuntan a la reparación de las vialidades de los sitios turísticos más deteriorados, pero esta no es suficiente para solventar todo lo que a lo largo de los años genera el deterioro de la Gran Sabana y la destrucción de su hábitat.
“No se están cumpliendo las leyes, y por ello las comunidades estamos dispuestas a tomar acciones. Para este jueves (7 de abril) hay una reunión de todas las 23 comunidades del sector 5 y hacemos un llamado no sólo para que todos participen, también para que las autoridades noten lo que han hecho y sepan que nosotros somos los que deberíamos tomar las decisiones conjuntamente, y no algo aislado. Porque donde estemos afectados debemos participar”.
Reiteró el capitán general del sector 5 su llamado a la convocatoria de este jueves, en la que esperan definir las acciones a tomar en vista de lo que ellos consideran un gran desaire de parte de las autoridades y una suerte de “marginación” sin tomar en cuenta su real importancia como pueblos originarios.
¿Cierre legal?
Los representantes indígenas del sector 5 en el municipio Gran Sabana apuntan que si bien aún no hay nada decidido, hay una firme intención de hacer cumplir la legalidad que rige en el Parque Nacional Canaima, y que a su juicio es violentada por las mismas autoridades.
Entre esos cumplimientos reiteraron que restringirán las excursiones al tepuy Roraima, porque en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, Decreto No. 1640 del 18 de julio de 1991 Gaceta Oficial No. 34.758, se establece que no están autorizados los ascensos a ningún tepuy, por lo tanto el control del Instituto Nacional de Parques (Inparques) en Paraitepuy de Roraima estaría fuera de norma.
El planteamiento de los indígenas recalca que si la ley dice que no debe haber ascensos, Inparques “viola el decreto” al permitirlo y al hacer labores de supervisión a los turistas. Es decir, “no estaríamos impidiendo nada, sólo haciendo cumplir la ley, pero aún no hay nada decidido”, sentenció Juvencio Gómez, capitán de Kumarakapay. (Natalie García, Correo del Caroní, 06.04.11)
