Por Rafael Uzcátegui
Por segundo año consecutivo el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia) publica un capítulo sobre Venezuela en su anuario. El investigador Aimé Tillet, desde la Asociación Wataniba, ha sido el encargado de recopilar y sistematizar la información acerca de los acontecimientos ocurridos en el año 2010 que afectaron a las diferentes comunidades aborígenes del país.
El informe inicia su recuento reconociendo los avances normativos, advirtiendo que “No obstante estos importantes logros, el avance en la implementación de estas normas ha sido limitado y los resultados en la práctica ambiguos, debido a las dificultades de los funcionarios públicos para crear políticas con enfoque intercultural”. Antes de describir las diferentes situaciones, los investigadores contextualizan: “El movimiento indígena se encuentra desmovilizado, sin una agenda propia de luchas concretas, con escasa independencia, dividido y en algunos casos enfrentado. Sus líderes pasaron a ocupar cargos en los poderes del Estado, asumiendo la línea que dicta el gobierno nacional. Pero luego de una década, la falta de avances concretos en la implementación de políticas públicas efectivas ha generado un notable descontento”.
El primer caso descrito corresponde al pueblo Yanomami del Alto Orinoco “víctima de la presencia de mineros ilegales provenientes de Brasil y de epidemias de alta letalidad. La información disponible indica una alta mortalidad por malaria y presuntas muertes asociadas a conflictos con garimpeiros”. La falta de atención sanitaria oportuna también afectó a comunidades vecinas: “las autoridades de salud del estado Amazonas recibieron noticias sobre una epidemia en las comunidades de Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri (…) En septiembre se recibieron noticias de numerosos enfermos y fallecidos, pero no fue sino hasta principios de octubre que un equipo técnico (sin médico) conformado mayormente por agentes de salud yanomami, pudo llegar a Maiyotheri caminando. Retornaron con la noticia de 51 personas fallecidas y las muestras que trajeron reportaron 84% de positividad para malaria”. El informe registra la crisis que experimenta el denominado “Plan de Salud Yanomami”, desde el año 2009.
La falta de participación indígena en el diseño y aplicación del llamado “Plan Caura” también es descrito en la investigación: “Según Alberto Rodríguez -coordinador de la organización indígena Kuyujani, que agrupa a 53 comunidades Ye’kuana y Sanema de la cuenca del Caura- “como pueblos indígenas hemos estado siempre defendiéndonos de la actividad minera, por ello aplaudimos el Plan Caura, impulsado por el Gobierno nacional”, sin embargo “hasta ahora no hemos tenido una participación directa”.
Además de una buena descripción del retraso del proceso de demarcación de tierras y el proceso judicial iniciado contra miembros de la comunidad Yukpa del estado Zulia, el texto cierra exponiendo el descubrimiento del mineral Coltán, definiéndolo como una “nueva amenaza”: “En enero de 2010, el presidente Hugo Chávez informó que las reservas del mineral pudieran alcanzar los 100 mil millones de dólares. Aseguró que la minería ilegal cuya producción estaba siendo trasladada a Colombia, obligó a acordonar la zona con fuerzas de seguridad, en la llamada “Operación Oro Azul”, que cuenta con más de 15 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.
(…) Anunció que a través del Ministerio para las Industrias Básicas y Minería, impulsará un proyecto especial de aprovechamiento en los municipios Cedeño del estado Bolívar, y Atures, Autana, Atabapo y Manapiare del estado Amazonas. La región a evaluar comprende aproximadamente 176.300 km2. Para ello se creará una empresa nacional de minerales estratégicos y se menciona a China y Suráfrica como posibles socios.
Según el gobierno, dicha explotación cumplirá con un “código ambientalista”. Sin embargo, no se considera que la región corresponda al hábitat y territorios ancestrales de al menos 15 pueblos indígenas, ninguno de los cuales cuenta con títulos de propiedad sobre sus tierras, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a proyectos de desarrollo promovidos por el Estado. Por otra parte, no se ha contemplado la consulta previa, libre e informada; la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño e implementación del proyecto; los estudios de impacto ambiental y sociocultural; ni el tema de la distribución de beneficios a las comunidades”.
Provea, al igual que los compañeros de Wataniba, considera que la investigación y diagnóstico son una herramienta en la defensa de los derechos humanos, pues permiten detectar las insuficiencias de las políticas públicas, realizar exigencias y recomendaciones a los poderes públicos y, por último, convertirse en un proceso de pedagogía popular por parte de las comunidades afectadas para cohesionarse y movilizarse por sus derechos. Si desea consultar el texto completo del “Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Venezuela en el 2010”, visitar el siguiente enlace: https://archivo.provea.org/?p=12252 (Correo del Caroní, 03.05.11)
