Otra protesta que deriva en amenaza. La semana pasada los médicos y trabajadores del Hospital Vargas paralizaron por dos horas sus actividades en reclamo por las condiciones del centro hospitalario. El resultado: no tomarán medidas contra las contratistas que llevan casi cuatro años remodelando el centro, pero sí se ejercerán acciones contra dos médicos ex residentes por haber participado en la manifestación.
La directiva del hospital, en conjunto con la Consultoría Jurídica del Ministerio de Salud, estudia la posibilidad de actuar contra Reinaldo Contreras y Eduardo Rivas. «Son ex trabajadores, hicieron sus postgrados y ya. De hecho, nunca fueron médicos de carrera en el Vargas, pero están utilizando el nombre del hospital y vamos a ejercer acciones legales contra ellos», comentó Francisco Hernández, director del centro de salud, a través de la agencia de noticias AVN.
En su defensa, Contreras asegura que ambos médicos fueron elegidos como presidentes de la sociedad de médicos residentes en su momento, y según establece el reglamento, una vez que culminan sus estudios se convierten en miembros honorarios y vitalicios de la organización médica. «Además somos miembros del comité de conflicto que se creó en el 2009 con la Federación Médica Venezolana, así que nuestra relación con el hospital no ha cesado de ninguna manera», dice Contreras.
Rivas alega que ninguna de las decisiones fueron tomadas sin consulta. El paro escalonado fue consultado en una asamblea con representantes de la comunidad médica, así como también se sometieron a votación otras decisiones. «Nosotros no obligamos a nadie a protestar, aquí lo que existe es una retaliación porque durante todos estos años estuvimos denunciado las irregularidades del hospital», comenta el especialista.
Aunque los médicos no han recibido notificación alguna de parte del Ministerio de Salud, están conscientes del derecho a la protesta que está consagrado en la Constitución y en la Ley del Ejercicio de la Medicina. «En Venezuela ya se institucionalizó la criminalización de la protesta, ejercen presión para evitar que la gente siga reclamando», lamenta Contreras.
Según lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Ejercicio de la Medicina y en el 93 del Código de Deontología Médica es obligación del galeno «denunciar ante las autoridades competentes las condiciones de insalubridad o de inseguridad que observen en los ambientes de trabajo, así como aquellas que noten en lugares públicos o privados que constituyan riesgos para la salud o la vida de quienes a ellos concurran».
Rafael Uzcátegui, coordinador de Investigación y Difusión de Provea, considera ilegal la amenaza hecha hacia los médicos. «Independientemente de que sean miembros o no de la comunidad médica, ellos estarían ejerciendo el derecho a la contraloría social y esa amenaza por haber realizado una labor de contraloría es inconstitucional», apunta Uzcátegui.
El representante de Provea recuerda que no es la primera vez que intentan desestimular a la ciudadanía a ejercer el derecho a la protesta con amenazas, y no por eso los ciudadanos han dejado de reclamar.
«Debemos hacer un llamado a las autoridades a que vean los síntomas de movilización como un malestar que puede obtener una respuesta a través del diálogo, estamos seguros que los médicos lejos de entorpecer las labores lo que quieren es mejorar su situación en los hospitales y la atención de los ciudadanos», comenta.
La pugna entre grupos afectos al Gobierno y los detractores también preocupa a los sindicatos de los hospitales. Ismael Ocanto, secretario general del sindicato de Clínicas y Hospitales del Distrito Capital, señala que dentro de los centros de salud se han nombrado a dedo a representantes sindicales para restar importancia y debilitar a las verdaderas protestas.
«Se han creado sindicatos afectos y con eso lo que se propicia es el enfrentamiento. Por eso es que se ven disparidades en el criterio. Aun cuando el personal reclame su derecho, lo que nos responden es que somos guarimberos y criminalizan la protesta», dice Ocanto.
