La sede del consejo comunal Cuna de los Libertadores es una vieja casa abandonada en el centro de Caracas. Las paredes, salpicadas de huecos, apenas se mantienen en pie. Es sin duda un lugar inmejorable para hablar de la Misión Vivienda. El activista social Andrés Antillano es parte de los colectivos de base que han formulado «una propuesta política que no es para todo el mundo, sino para quienes quieran arrancarle una parte de la ciudad, una parte de la vivienda, a la especulación inmobiliaria».
Actualmente, bajo esa plataforma se organizan 15 comunidades y se plantea el rescate de 20 edificios que se encuentran en muy mal estado, a través de los créditos colectivos y la propiedad colectiva. «Es una lucha por la vivienda, una lucha por la ciudad, no como negocio, no como valor de cambio o actividad mercantil, sino como espacio para la vida».
En 2007, las misiones se crearon para superar la ineficiencia y el burocratismo del Estado.
¿Cómo encaja la Misión Vivienda en ese tránsito?
Las misiones suponen una nueva relación entre Estado y sociedad, entre Estado y sectores populares y, justamente, su principal aporte, es superar el agotamiento del Estado. En una ocasión le escuché decir al Presidente que la forma de enfrentar la pobreza es darle poder a los pobres. Para superar la exclusión, es necesaria la movilización de los excluidos. La alfabetización de miles de venezolanos (Misión Robinson) hubiese sido imposible con el Ministerio de Educación. Pero fue posible porque la organización popular buscó los espacios, los facilitadores y la gente que participó en esa inmensa cruzada contra el analfabetismo. Algo similar podría decirse de la Misión Barrio Adentro. Se hizo con los médicos y el apoyo estatal, pero fue la organización popular la que garantizó que se prestara atención primaria en muchos barrios excluidos. Es esa idea de la movilización del pueblo junto con el Estado para enfrentar los problemas.
El Gobierno no ha tenido aciertos con la vivienda; digamos que cojea por esa pata. ¿Cree que esa fórmula de articulación entre Estado y poder popular puede dar resultados?
Los datos ahí son muy elocuentes. El Estado, desde que se creó el Banco Obrero, ha construido alrededor de 500 mil viviendas; la empresa privada inmobiliaria ha construido un poco más. En realidad, ha sido la gente, por la vía de la autoconstrucción, la que ha hecho la mayor cantidad: 2,5 millones de viviendas en los barrios de las ciudades de Venezuela. Muchas veces en terrenos precarios, sin servicios y sin asistencia técnica. Si volvemos a la idea de las misiones, es decir, a la articulación de la movilización popular con el apoyo del Estado, creo que es posible avanzar en esa dirección. Para mí, es un elemento clave.
Usted, como activista social, habrá advertido que la gente está muy descontenta con la respuesta del Gobierno a las demandas populares. Ahí hay una gran contradicción. ¿Cómo se va a resolver eso?
Sí, a mí parece que luego del impulso impresionante de los primeros años, de esa interpelación y movilización permanente del pueblo, lo que ha habido es un proceso de creciente burocratización, de construcción del Estado a la vieja usanza, con canales muy limitados de participación popular, si se quiere bajo un esquema clientelar: que presenten proyectos, que se financien proyectos. Pero ese ímpetu de participación que arrancó en 1999 se ha debilitado, precisamente, por la respuesta que ha dado el Estado. Me parece que un elemento central es volver a confiar en la capacidad del pueblo organizado. Una demanda esencial de la gente es la participación, es tener el poder de decidir sobre su vida. No solamente que le resuelvan algunos problemas puntuales, sino ser protagonistas, como se ha venido insistiendo a lo largo de todo este proceso.
¿Ve esto como una radicalización del proceso bolivariano?
Creo que hay tensiones. Una fórmula es el capitalismo de Estado, que prevaleció en los últimos 50 años, en tanto el Estado es dueño de la renta petrolera y es quien la distribuye creando nuevas elites, nuevos grupos de poder y dejándoles algo a los sectores populares. Ese es un peligro. Otra, más bien, es caminar hacia una sociedad más solidaria, más participativa, donde la gente tenga, efectivamente, la capacidad de controlar al Estado. Es decir, lo que nosotros entendemos por el socialismo, que no es sólo redistribución o que la gente pueda tener sus necesidades básicas cubiertas, sino que pueda, efectivamente, ejercer el poder, ejercer el protagonismo.
¿La Misión Vivienda puede servir para eso?
Es lo que nosotros hemos venido planteando, lo que hemos venido exigiendo. Creemos que el problema no es solamente construir viviendas. Uno de los yerros del Estado en la materia es que la política ha sido exclusivamente viviendista, es decir, construir y construir viviendas. El problema es mucho más que eso. De acuerdo con el censo de 2001, por ejemplo, el número de viviendas desocupadas en el país era superior al número de familias sin viviendas. Lo que habla, en primer orden, de un problema de desigualdad. Eso no quiere decir que la gente sin vivienda se meta en las viviendas desocupadas. No, no es tan sencillo como eso. Nosotros creemos que debe haber una política de acceso al suelo urbano, una política de transformación de los barrios. Si no se dignifica la vida en los barrios, si no se asumen como espacios de vida, permanentemente habrá problemas de gente que pierda sus viviendas.
La propuesta del Conavi era, precisamente, urbanizar los barrios. Pero sus directivos salieron con las tablas en la cabeza. ¿La idea es retomar esa política o se está reconociendo un fracaso?
En primer lugar, nunca hubo interés en los actores de la política de vivienda de invertir y de transformar los barrios, entre otras cosas porque eso no es ni política ni económicamente rentable, digamos, desde el punto de vista del negocio y la especulación inmobiliaria. Este gobierno ha tenido propuestas y medidas, discontinuas y poco sostenidas, pero que apuntan a esa transformación. Me refiero, por ejemplo, a la rehabilitación que se inició entre 1999 y 2001; y a la propuesta de regularización de la tenencia de la tierra. Actualmente, hay 400 mil familias que poseen título de propiedad sobre la tierra que ocupan. Ha sido una política insuficiente, que necesita un impulso mucho más audaz. De nada me sirve un título de propiedad o que se mejore el problema de las aguas servidas en el barrio si no se interviene, igualmente, en las dinámicas de expulsión de la ciudad. Eso lo entendimos hace muchísimos años.
¿A qué se refiere con las dinámicas de expulsión de la ciudad?
A la gente se le hace cada vez más difícil vivir en las ciudades capitalistas. Los precios de los alquileres, la crisis de los servicios públicos, el colapso de la movilidad, van a expulsado a la gente a vivir cada vez más lejos (Valles del Tuy, eje Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos, Litoral Central), lo que va complejizando el problema urbano. Contrariamente a lo que se cree, el mito de que Caracas es una ciudad sobrepoblada, es todo lo contrario. Caracas tiende a despoblarse. Su crecimiento vegetativo es negativo. Pero los espacios de la ciudad se destinan a centros comerciales, a torres de oficina, a estacionamiento, porque todo está supeditado a la ganancia, al negocio, al capital. Nuestra propuesta es cómo recuperamos la ciudad para la vida y no para el capital.
¿Usted afirma que a una familia que deje una vivienda se le daría lo que inicialmente le costó?
Esa es la propuesta que hemos hecho para las nuevas comunidades que venimos promoviendo. Nosotros somos una plataforma, un instrumento, de los expulsados de la ciudad, de los pobres de la ciudad, y por afirmar el derecho a la ciudad.
Eso supone que se va a resolver el problema de la inflación. Porque si a mí me van a dar lo que pagué hace 10 años. Bueno, con eso te puedo invitar a una cena en un buen restaurante.
Esa es una propuesta para la gente que se viene organizando con nosotros en las nuevas comunidades, en los campamentos de pioneros. Es para quienes asumen, además, un programa que es de los movimientos populares de vivienda en toda América Latina, en el que intervienen tanto la propiedad como los créditos colectivos, así como la autogestión. Eso supone arrancar una parte de la ciudad, una parte de la vivienda, a la especulación inmobiliaria, y permitiría el acceso al ahorro habitacional, que cotiza la gran mayoría, pero al cual no tienen acceso. Eso no significa que una vivienda se va a pagar al precio de su edificación, sino a un precio indexado con la inflación. No es una propuesta para todo el mundo, es una propuesta política para aquellos que nos quieran acompañar: luchar por la vivienda, luchar por la ciudad, no como negocio, no como valor de cambio o actividad mercantil, sino como espacio para la vida, para recrearse, para encontrarse y para satisfacer sus necesidades.
¿Cuántas comunidades son?
Quince comunidades y, además, estamos planteando el rescate de 20 edificios que se encuentran en muy mal estado, que puedan ser adquiridos a través de créditos colectivos y recuperados por la organización popular.
¿No se convertirá un promotor inmobiliario?
No, no voy a serlo, ni siquiera somos un movimiento para conseguir vivienda. Somos un movimiento que plantea una propuesta política y aquellos que quieran asumirla se vienen con nosotros. No ofrecemos vivienda, sino lucha y organización para hacer realidad esa propuesta. ¿Qué ocurre finalmente? El mercado inmobiliario termina siendo como una culebra que se muerde la cola, cuando una persona vende una vivienda de interés social a lo mejor consigue mucho más que para una cena, pero eso no le sirve para vivir en la ciudad.
22.05.11 Hugo Prieto. Últimas Noticias
