Por Nelson Constant
A partir de la promulgación de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y con mayor énfasis desde 2006, el Estado ha venido estimulando la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, tal como aparece consagrado en el Artículo 62 que señala que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos (…). La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo…”. De igual manera, el Estado promueve la organización social comunitaria, como indica el mismo artículo: “(…) Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Es por ello que el Estado debe disponer de recursos económicos, técnicos y logísticos para fomentar y fortalecer la construcción de la organización comunitaria.
Somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes vamos a lograr, a través de la organización popular, que el Estado como garante de los derechos humanos vele por garantizar y preservar los mismos, tal cual reza el Artículo 19 de nuestra Carta Magna: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución y con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”. Organizarse para la defensa de los derechos humanos implica comprender, por parte de todos y todas, que por encima de la dignidad humana no puede existir ninguna otra consideración que la menoscabe.
En la organización social para la defensa de los derechos humanos se debe lograr el rescate de la dignidad del ser humano y la justicia en casos de violación o vulneración a los derechos humanos. Por ejemplo, los referidos a violaciones del derecho a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal; asimismo, esta organización debe contribuir a erradicar la impunidad en esos casos y comprender que estos derechos son exigibles y que el Estado es el garante de los mismos. Por tal razón, debemos hacer uso del derecho a la participación protagónica del pueblo para conseguir que el Estado vele para que no sean vulnerados los derechos fundamentales garantizados de manera expresa en nuestra Carta Magna.
En la Parroquia Sucre de Catia, algunos líderes y algunas lideresas propusieron organizarse en un Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de los y las habitantes de los diferentes sectores que conforman esa parroquia. La idea surgió luego de que estos líderes y estas liderezas participaron en el Curso de Formación de Promotores y Promotoras para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, realizado entre agosto de 2010 y febrero de 2011 gracias a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la Comisión Nacional Presidencial para la Seguridad y la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, con lo que se hizo viva la letra constitucional y se demostró que actualmente existe la posibilidad real de tender puentes.
Hoy, a dos meses de culminado el Curso de Formación de Promotores y Promotoras para la Defensa y Promoción de los DDHH, desde la Red de Apoyo observamos con beneplácito que se está concretando la conformación de un Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Catia, gracias a los esfuerzos realizados por Iván Zúñiga, Jacobo Borges y Fanny Abreu, líderes y lideresa de sectores del Barrio Nuevo Horizonte de Catia, de Propatria y de Altavista, quienes participaron en dicha propuesta formativa.
Ya se han realizado tres reuniones donde los lideres y la lideresa antes mencionados y mencionada han sido acompañados y acompañada por Bryan Barrios y Cristal González quienes son integrantes del Programa de Educación Popular en Derechos Humanos de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La propuesta lleva el nombre de “Comité Amplio para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos”, y ya definió su misión y visión. Todo este esfuerzo se aspira fortalezca e impacte positivamente en la disminución de los índices de violencia en los sectores de la Parroquia Sucre de Catia.
Lecciones aprendidas
En el camino del proceso formativo desarrollado en la (UNES) se llegó a la conclusión de que actualmente existe la posibilidad real de estrechar lazos en el logro de un mismo objetivo con instituciones del Estado y la sociedad organizada. La invitación es a que iniciativas y propuestas formativas como la desarrollada en las instalaciones de UNES – CATIA se multipliquen a nivel nacional.
