Por Rubén Romero Lozano
Un grupo de afectados por las lluvias del pasado fin de año que se encuentra refugiado en las instalaciones de lo que sería el centro comercial Sambil de La Candelaria en Caracas (actual COMERSSO), cerró este jueves la avenida Urdaneta en el centro de la capital en ambos sentidos exigiendo la adjudicación de viviendas y la destitución de la coordinación del albergue ( a cargo de la Ministra Edmee Betancourt, titular de la cartera de comercio).
La manifestación, que se realiza también en protesta por las presuntas agresiones de las que fueron objeto por parte de efectivos policiales el miércoles en el Palacio de Miraflores#, se lleva a cabo a la altura de la esquina de Urapal, generando gran congestión vehicular debido a que, adicionalmente, se produjo en las horas pico del final de la tarde caraqueña. Estrategia infalible para generar la atención de la colectividad y en especial, de los medios de comunicación.
Los damnificados ejercen de manera legítima su derecho a la protesta, solicitando a los entes competentes que se resuelva la situación en la que viven, ejercicio que en si mismo constituye una acción de exigibilidad de su derecho a la vivienda y a la protesta. Cierran la calle, lo que afecta el libre tránsito de la colectividad que pasa por las vías donde se desarrolla la protesta, por lo cual fueron detenidas cuatro mujeres que liderizaban la manifestación, misma en la que participaron tanto hombres como mujeres con sus niños y niñas en brazos.
Entonces, ejercen su derecho a la manifestación pacífica, (mismo que se encuentra garantizado en la Constitución Nacional en su artículo 68 de la siguiente forma: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley…”
Sin embargo, luego de conocer las declaraciones de la ministra del Poder Popular para el Comercio Edmee Betancourt en las que afirma que las protestas efectuadas por hombres y mujeres provenientes del refugio de La Candelaria son motivadas por Primero Justicia y en las que puntualiza: «Lo digo porque desde antes que ellos salieran a trancar las calles ya en Globovisión se estaban anunciando las acciones que tomarían algunos refugiados del Sambil de La Candelaria», pareciera que el ejercicio del derecho a manifestar puede relativizarse (o al menos relativizarse la legitimidad de los motivos de la protesta), en virtud de la supuesta estimulación que realiza un partido político de oposición.
La pregunta sería, ¿Qué importancia tiene si Primero Justicia, estimula a los hombres y mujeres del refugio de la Candelaria a ejercer y exigir sus derechos humanos?, Cabría preguntarse si es ese el punto focal del hecho ocurrido, ¿es necesario resolver el problema de viviendas?, ¿es necesario apoyar (mejorando los mecanismos de atención que se han venido implementando) a las y los ciudadanos que se encuentran en los refugios?, o ¿es necesario preguntarse primero cual es la opción política de aquellos que salen a exigir sus derechos?
Es plausible que el Gobierno Nacional adelante esfuerzos en resolver el déficit de viviendas.
Todos los gobiernos, en Venezuela y el mundo son perfectibles y en nuestro país, el cambio de paradigmas hacia una nueva concepción del hombre, como sujeto de derechos, empoderado en el conocimiento de sus prerrogativas, facultades y responsabilidades ciudadanas es un avance significativo frente a políticas públicas de exclusión social ejecutadas durante nuestra historia contemporánea, que mantuvieron al margen a una mayoría significativa de la población, por esto, la “acción por los pobres” que ha desarrollado nuestro Gobierno es, sencillamente una evolución frente a los mecanismos de exclusión del pasado, sin embargo, esa acción se desluce, al ritmo de la polarización, cuando se pregunta a una ciudadana o ciudadano: ¿Usted está aquí motivado por Primero Justicia?. Ah, entonces usted ha sido engañado y por ende sus reclamos tienen una legitimidad un tanto reducida
La conflictividad social es un problema político, naturalmente, pero la conflictividad social tiene bases más profundas, raíces en la desigualdad, en la discriminación, en la exclusión, en las barreras de acceso a la justicia, a los bienes y servicios. La conflictividad social no es un asunto de partidos, ni de mero interés, aunque podamos cuestionar que algunos partidos la utilicen como palanca para crear tensión política. La conflictividad social no puede ser medida, observada ni analizada en base a ideologías, sino en base a hechos concretos, a demandas sociales legítimas y en definitiva en base a la visión de integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos.
La polarización no puede ser utilizada para que las demandas sociales se vean relativizadas por la preferencia política de las y los sujetos de derecho. La polarización no puede ser el foco de atención y la polarización no puede ser el terreno de juego al que nos adentremos los venezolanos.
Celebramos, por último que la Ministra Betancourt haya agregado a sus declaraciones que independientemente de las acciones de protesta ejecutadas por las personas que habitan en los refugios, se les continuará brindando atención a las 2.668 personas que hacen vida en estos espacios porque «hasta que ellos no tengan su solución habitacional no descansaremos»#, y lo celebramos no porque sea un ejercicio de virtuosismo en Políticas Públicas o solo una atinada respuesta gubernamental ante las solicitudes de las y los ciudadanos, sino, porque es al menos lógico que la posición oficial ante el ejercicio y la exigibilidad de los derechos constitucionales sea brindar soluciones y garantías a las demandas y reclamos de la sociedad, en virtud de que los recursos que se emplean para dar estas respuestas son de todas y todos los venezolanos y la representación que ejercen los órganos del Poder Público es una delegación en la administración de esos recursos de carácter colectivo, por algo se llama a los entes del Estado “Administración Pública”.
El llamado es a ejercer, pues, los derechos; a exigirlos y a convertirlos en manifestaciones materiales palpables y no en palabras plasmadas en textos legales o en el mero discurso de los gobiernos.
Exigir nuestros derechos es un acto de amor hacia la dignidad humana y en definitiva significa abrir puertas y ventanas hacia un país más democrático, más social, más justo y más humano.
