El presidente de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui, Noel Azócar, solicitó ante organismos nacionales como el Ministerio Público, la intervención del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la región.
Argumentó que funcionarios de esta institución supuestamente estarían involucrados en delitos de extorsión y homicidio.
Señaló que a su despacho han llegado pruebas de al menos nueve personas que han sido detenidas por los detectives, sin argumento alguno, y a las que les habrían dado dinero para dejarlas en libertad.
«El estado Anzoátegui no escapa de lo que está ocurriendo en el centro del país. Esa es la realidad de este cuerpo policial. Esta lleno de extorsionadores y delincuentes».
Azócar dijo que, presuntamente, los detenidos que se niegan a dar dinero a los funcionarios son sometidos a torturas y acusados de delitos que no cometieron.
Impunidad
A través de la Fundación de los Derechos Humanos están pidiendo a la Fiscalía que investigue los casos de varias personas que murieron en el lugar donde está el CICPC o fueron ultimadas por sus funcionarios.
Agregó que en octubre de 2010, murió tras sufrir quemaduras, Daniel García (51 años), cuando fue detenido en la sede detectivesca porteña.
También pidió que indaguen sobre el asesinato de Carlos Granadino (40), quien recibió dos disparos, en un supuesto enfrentamiento, ocurrido el 16 de mayo en el sector Los Cerezos de Puerto La Cruz. (Yeraldyn Vargas Rivas, El Tiempo, 03.07.11)
