Desde hace varios años se conoce la existencia de irregularidades en la adjudicación de viviendas construidas por el Estado. En algunas oportunidades se adjudicó una misma vivienda a familias distintas. Así ocurrió por ejemplo, en Ciudad Miranda en los Valles del Tuy.
En otras ocasiones se otorgó por mecanismos de corrupción viviendas a familias que no formaban parte del plan de reubicación como sucedió en Nueva Tacagua. Recientemente apareció en medios de comunicación que existía una red de personas que cobraban para adjudicar viviendas, las cuales estaban destinadas a familias damnificadas. Y se conocen muchas otras historias.
El gobierno debería adoptar mecanismos sencillos pero que pueden ser efectivos para evitar que actos de corrupción dificulten el éxito de la Misión Vivienda.
Proponemos algunos: ubicar trimestralmente en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat el listado de personas a quienes se les haya otorgado vivienda y el lugar donde se encuentra. Ello permitiría realizar contraloría social por parte de la población y con seguridad sería más difícil realizar dobles adjudicaciones.
Otra medida puede ser en el caso de urbanismos en construcción precisar con claridad los requisitos que deben tener las personas que ocuparán las viviendas.
Si se trata de urbanismos que serán destinados sólo a personas que se encuentran en refugios no debería otorgarse a nadie que no esté en el censo de personas en condición de refugio. Así se podrá evitar que a través de la corrupción se asigne viviendas a personas distintas.
Para facilitar la contraloría social en el desarrollo de los urbanismos debería publicarse en la web cuál es la empresa constructora, el tiempo establecido de culminación de la obra y características generales.
Es decir, si tendrá local para servicio médico, escuela, zona de recreación, etc. De esta manera los Consejos Comunales y otras organizaciones sociales interesadas podrán controlar que se cumpla con el proyecto.
También se podrá conocer si la empresa constructora contratada por el Estado o del Estado tiene otras obras y comparar la calidad de las mismas y su nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos.
Esa información se publicará por estados de tal manera que un Consejo Comunal de Barinas no tenga que venir a la capital a informarse sobre las obras que con recursos nacionales se realizará en el estado, así como responsables de la obra y sus características. En el caso de urbanismos construidos mediante convenios internacionales debe igualmente publicarse lo esencial de dichos convenios.
La adopción de medidas adecuadas que dificulten actos de corrupción favorecerá el cumplimiento de las metas de la Misión Vivienda. Si se implementan con seguridad tendrá el reconocimiento de la población y se habrá favorecido el ejercicio de la labor de contraloría por parte de las organizaciones sociales e instituciones del Estado.
Marino Alvarado Betancourt.
Coordinador General de Provea
Tal Cual 03.06.2011
