Como sabemos, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela garantiza en su artículo 68 el derecho a la manifestación pacífica y sin armas. El estudio de manifestaciones enero-diciembre 2010, realizado por Espacio Público y Provea, contabilizó un total de 3.114 movilizaciones realizadas en todos el país, reflejando que las venezolanas y venezolanos ejercen este derecho de manera abrumadora, tal como se encuentra estipulado en la Carta Magna. De la cifra total de manifestaciones apenas el 1%, es decir, 31 protestas, asumieron características violentas.
A pesar de la anterior situación, los diferentes poderes nacionales y regionales presentan un déficit democrático a la hora de abordar la movilización ciudadana. Incluso algunos voceros del alto gobierno intentan legitimar la represión contra la protesta intentando criminalizar mecanismos históricos de exigibilidad de derechos utilizados por el movimiento popular venezolano. Por ejemplo, el pasado mes de mayo en declaraciones a una cadena radial, el representante del Estado venezolano ante el Sistema de Naciones Unidas, Germán Saltrón, afirmó que “Una manifestación no puede trancar la vía pública, porque ahí dejaría de ser pacífica”. Peligrosa aseveración, pues la misma legitimaría un alto porcentaje de las protestas populares reprimidas en el pasado, incluso -como recordamos- con víctimas fatales.
Según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), en los primeros cuatro meses de 2011 se registraron 63 huelgas de hambre en todo el país. Algunas de ellas incluyeron dramáticos episodios de extracción de sangre y labios cosidos como medida desesperada para obtener una respuesta de las autoridades. La popularización de estas tácticas, utilizadas mayormente por las personas privadas de libertad, representa una preocupante tendencia dentro del ejercicio del derecho que hay que revertir. Colocar en riesgo la salud de las y los manifestantes debe sustituirse con mecanismos creativos y pacíficos que, eficazmente, puedan cumplir con los tres grandes objetivos de una protesta: 1. Llamar la atención de las autoridades y exigir respuestas a demandas concretas; 2. Sensibilizar a la población sobre la existencia de un problema y 3. Agendar un tema en la opinión pública a través de su difusión por medios de comunicación.
El ejercicio de la manifestación de manera pacífica puede formar parte de una visión más amplia para la construcción de una sociedad inclusiva y democrática. La estrategia de la no violencia, como lo sugiere un manual publicado por la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG), incorpora principios que alientan la tolerancia y la construcción de mecanismos de toma de decisiones por consenso.
Según la IRG hay 5 principios rectores de la no violencia:
1. Reconocer el valor de cada persona. Esto es fundamental: Reconocer la dignidad y la humanidad de uno mismo/a y de los otros/as. Negándose a maltratar a nuestro oponente como si fuera un enemigo.
2. Reconocer que todas y todos tenemos parte de verdad; nadie tiene “la razón” por entero. Nadie está totalmente en “lo cierto” ni totalmente “equivocado”. Nuestras organizaciones, reuniones informativas de campaña, formaciones y acciones deben reflejar este principio.
3. Nuestras acciones deben enfatizar la apertura para promover la comunicación y los procesos democráticos de toma de decisiones. Trabajar para que los procesos expresen “poder con” y no “poder sobre” las y los otros. Es importante que todos los que forman parte de la campaña salgan fortalecidos. Promover estructuras democráticas (internamente y externamente) a fin de maximizar la autonomía y la participación.
4. Nuestros medios (comportamientos y acciones) deben ser coherentes con nuestros fines: Afirmación de la vida, oposición a la opresión, búsqueda de la justicia, valoración de cada persona. Nuestra estrategia debe estar basada en este principio. No podemos justificar una “victoria” obtenida a través de métodos violentos ni engañosos.
5. Estar dispuestos a sufrir antes que provocar sufrimiento. El rechazo a provocar sufrimiento está basado en el valor de cada persona y es una estrategia que atrae atención sobre nuestro compromiso y a nuestra causa. No responderemos violentamente si nos atacan. Reconocer que la cárcel puede ser una consecuencia de nuestros actos; llenar las cárceles puede ser una estrategia que nos ayude a comunicar y amplificar los objetivos de nuestras acciones.
El fortalecimiento de nuestra cultura política y democrática, con el norte del respeto a los derechos humanos, debe mirar con atención procesos históricos ocurridos en otros países para extraer las lecciones pertinentes. Como bien lo ejemplifica la IRG, la no violencia es una estrategia efectiva incluso en los contextos más adversos, como por ejemplo el caso del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. El uso de herramientas novedosas, mediante una visión que sintonice con los derechos consagrados en la Constitución, puede ganar los corazones y las mentes de nuestros pares, y de las y los funcionarios que deben tomar las decisiones, a favor de la resolución de problemas evidenciados en la movilización.
