Por Luis Gerardo Gabaldón
El criminólogo comparte con el médico el interés por las bases biológicas del comportamiento, puntal de la criminología desde su nacimiento; pero se separa de él en su resistencia a concebir los comportamientos delictivos como patológicos o como síntomas de alguna enfermedad y en su rechazo a la saturación de tratamientos mediante elementos opuestos. Con el psicólogo comparte el interés por la personalidad, la motivación y los mecanismos de aprendizaje, perspectivas que se encuentran en la base de las teorías criminológicas más populares para la explicación de la conducta delictiva y para la proposición de cambios conductuales; pero se aparta de él en cuanto no ha desarrollado una dependencia de los tests y pruebas psicométricas, casi todos petrificados por décadas.
Comparte con el sociólogo el interés por lo macroscópico y las visiones totalizadoras y generalistas, pero toma distancia de su ilimitada confianza en el cambio social -siendo más prudente y realista que él-, y de las perspectivas sistémicas y de la disolución del individuo en el hecho social. Con el abogado comparte las definiciones del delito y los procedimientos de intervención, pautados por el derecho sustantivo y adjetivo; pero se separa del dogmatismo jurídico y del fetichismo legal, tan propios del abogado. Con el trabajador social comparte dos conceptos y principios de acción: el estudio de casos y la intervención, aunque difiere en que criba su intervención y evaluación mediante un marco teórico sobre la conducta delictiva.
El criminólogo presenta fortalezas que lo colocan en posición ventajosa al momento de intervenir en la discusión de opciones y políticas: cuenta con una visión integradora de enfoques y disciplinas, no está comprometido con métodos o exigencias rígidas de desempeño profesionalizante, tiene capacidad de comunicación informada sobre la delincuencia, así como potencialidades de negociación, sin estar atado a dogmatismos, contando con la posibilidad de ceder y articular frente a diversos actores y agencias en la formulación de planes, programas y proyectos.
Las políticas públicas frente a la delincuencia deberían abarcar no solo la prevención (evitar que los delitos ocurran en el futuro o minimizar los efectos de los ya cometidos), sino la respuesta, formal o informal inmediata, que se produce con miras a evitar la impunidad y consolidar el espacio público de control social formal dentro del Estado. Los enunciados generales contenidos en los planes de la nación carecen de referentes operacionales para el diseño de programas y proyectos, resultando muchas veces inaplicables o carentes de seguimiento y evaluación.
Se necesita disponer de metas alcanzables, planes a largo plazo y criterios de medición de éxito o fracaso, a fin apoyar sobre datos confiables cualquier reformulación. Esta es una tarea para los criminólogos, quienes con sus saberes interdisciplinarios se encuentran en condiciones óptimas para la formulación, seguimiento y evaluación correspondientes.
Luis Gerardo Gabaldón 06.06.11 El Universal
