La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul Albuquerque e Silva, reiteró su pedido al gobierno Nacional de que libere a la jueza María Lourdes Afiuni Mora, en un mensaje de correo electrónico recibido por la AFP.
«La Fiscalía ha reconocido que no ha encontrado prueba alguna de corrupción respecto a la Jueza Afiuni Mora. No existen pruebas que acrediten las imputaciones formuladas. Nada justifica su mantenimiento en detención», afirmó la relatora, que confirmó así su requerimiento de liberación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
A la magistrada se le acordó la detención domiciliaria, donde se restablece de una intervención quirúrgica, lo que produjo un reclamo del relator de la ONU sobre el Derecho a la Salud, Anand Grover, quien advirtió a Venezuela que las condiciones de detención «podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante», equivalente a la tortura.
«La Jueza Afiuni Mora es trasladada, sea al hospital o al juzgado, bajo una fuerte escolta policial y con esposas en las muñecas, como si se tratase de una peligrosa delincuente (…) quienes desean visitarla en su domicilio son sometidos a un estricto control y cacheo, lo que representa una actitud de carácter intimidatorio para sus familiares y amigos», denunció por su parte Knaul Albuquerque e Silva
«La detención de la Jueza Afiuni Mora desde diciembre de 2009 es arbitraria», señaló la relatora.
«Fue detenida inmediatamente después de haber ordenado la liberación condicional del Sr. Eligio Cedeño, quien llevaba casi tres años de detención preliminar en espera de juicio», recordó Knaul Albuquerque e Silva, una experta independiente con formación de jurista originaria de Brasil, considerando que la detención de la jueza fue «en represalia».
La delegación de Venezuela, en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, replicó que la «ex jueza María Afiuni Mora (es) juzgada penalmente por la comisión de los delitos de corrupción, abuso de autoridad, asociación para delinquir, y por el favorecimiento de la evasión de un banquero ahora prófugo de la justicia venezola».
Y concluyó que durante su detención domiciliaria, «nunca recibió ningún rasguño (…) ha contado con un trato privilegiado y con todas las garantías para la protección de su integridad física, del derecho a la defensa y del derecho al debido proceso consagrados en el ordenamiento jurídico venezolano». (Globovisión, 07.06.11)
