Transcribimos el capítulo Venezuela del Informe 2011 sobre violaciones a los derechos sindicales del CSI. Si desea descargar el informe completo, visitar AQUI

En 2010 fueron frecuentes las prácticas antisindicales como despidos, negativas a negociar colectivamente y obstáculos a la creación de organizaciones sindicales en el sector público y privado. Persisten los asesinatos de sindicalistas relacionados con las disputas entre sindicatos por los empleos y contratos que realizan con las empresas o por su posicionamiento sindical dentro de ellas. Las leyes no permiten que los sindicatos lleven a cabo libremente sus actividades.

DERECHOS SINDICALES SEGUN LA LEY

A pesar de ciertas garantías constitucionales, los derechos sindicales no están convenientemente protegidos. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a formar y unirse a sindicatos, pero la ley exige que el sindicato presente toda la información relativa a la identidad de sus miembros y su lugar de residencia junto con sus firmas. Por otro lado, los sindicatos no son libres de organizar su propia administración interna. La Constitución exige que los estatutos de los sindicatos prevean que los mandatos de sus dirigentes no sean renovables, y los extranjeros no pueden pertenecer al órgano ejecutivo sindical a menos que hayan vivido en el país durante 10 años. La Constitución también estipula que las elecciones sindicales sean anunciadas, organizadas, dirigidas y supervisadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no es un organismo judicial.

Por último, el Código Penal socava, mediante la aplicación de sanciones, el derecho a llevar a cabo manifestaciones pacíficas y el derecho a hacer huelga y a bloquear la producción de una empresa.

DERECHOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA Y VIOLACIONES EN 2010

Contexto: La crisis económica ha impactado de manera importante a Venezuela, el crecimiento económico se ha estancado, se registró una caída en la remuneración media, así como en el salario mínimo. El Gobierno señala que a pesar de la crisis y los malos indicadores macroeconómicos, las políticas sociales han permitido avanzar en la superación de la pobreza y la desigualdad. También afirma que la tasa de sindicalización se ha duplicado en los últimos años con la creación de más de 8.000 organizaciones sindicales. Sin embargo, persisten diversos obstáculos en la legislación y en la práctica para el ejercicio de los derechos sindicales.

Violaciones a la libertad sindical y las condiciones de trabajo en la DEM: El 24 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) denunció que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) se ha negado a negociar las condiciones colectivas desde 2007, no acordó el aumento salarial, no ha pagado las prestaciones sociales ni fideicomisos desde 2006 y tampoco les cancelaron los aguinaldos completos de 2009. Estas reclamaciones se unen a las manifestaciones por los despidos contra varios integrantes del sindicato y de cerca de 100 trabajadores de la rama judicial de distintas seccionales a lo largo del año.

Despidos para impedir el sindicato en hidrobolívar, C.A.: El 26 de febrero de 2010 un grupo de trabajadores de la Empresa Hidrológica del Estado Bolívar (Hidrobolívar), inscribió en el registro al Sindicato de Trabajadores Socialistas de la Empresa Hidrobolívar (SINTRASHIDROBOL) ante la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” en Puerto Ordaz. El 3 de marzo, la empresa se enteró de la conformación del sindicato y despidió a 27 de los trabajadores.

Despidos antisindicales y despidos masivos en Mitsubishi: La empresa Mitsubishi despidió a nueve dirigentes sindicales y  más de 100 trabajadores en violación al decreto de inamovilidad laboral que garantiza la estabilidad de los trabajadores venezolanos. El 5 de octubre, la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT) realizó manifestaciones en las que exigieron el cumplimiento de los derechos contenidos en la convención colectiva así como las condiciones de salud y seguridad laboral. Igualmente, denunciaron la política de tercerización y los incumplimientos de los fallos judiciales que le obligan a responder por los derechos de esos trabajadores.

Negativa a la negociación y creación de sindicatos paralelos en la alcaldía del municipio Libertador: El 27 de octubre, los trabajadores de la alcaldía en el municipio Libertador, Caracas, organizados en 14 organizaciones sindicales y seis asociaciones de jubilados, protestaron por la negativa del Alcalde, Jorge Rodríguez, a negociar el convenio colectivo con los trabajadores/as y por la creación de un sindicato paralelo que tiene algunos afiliados que ni siquiera son trabajadores de la alcaldía.

Prácticas antisindicales en el hipermercado Makro: El hipermercado Makro, ubicado en Puerto Ordaz, descontó de los salarios el tiempo empleado para los permisos sindicales de los trabajadores afiliados al sindicato. La medida abusiva de la empresa fue una represalia contra los trabajadores por su reclamo ante la Inspectoría del Trabajo, debido a la disminución del pago del descanso legal. Además, la empresa ha descontado los pagos, cuando los sindicatos existentes en la empresa se reúnen para discutir la fusión entre ellos. Los dirigentes han sido perseguidos por la empresa.

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