Desde hace varios años los recursos del Estado son usados para atacar a algunos defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Se pretende colocar a la opinión pública en contra de los activistas y las organizaciones a las cuales pertenecen. Los señalamientos van desde que son agentes del imperio hasta delincuentes.
Se les descalifica desde los medios de comunicación del Estado pero al servicio del gobierno los cuales funcionan gracias a los impuestos que pagan millones de personas. Han sido víctimas de esas campañas Andrés Cañizález, Liliana Ortega, Humberto Prado, Carlos Nieto, Carlos Correa, Feliciano Reyna y mi persona.
El caso más reciente es el de Humberto Prado, a quien se le pretende responsabilizar por los hechos del Rodeo. A inicios del conflicto Humberto fue preciso en sus declaraciones: «la Dirección del penal y la Guardia Nacional son los responsables del ingreso de las armas». El tiempo le dio la razón.
La semana pasada el Ministerio Público imputó a varios funcionarios como responsables de la venta de las armas. Al gobierno no le gustó que Humberto dijera la verdad, pero tenía la obligación de reafirmar lo que viene denunciando desde hace varios años.
A pesar de las descalificaciones nunca nos hemos negado al diálogo con el gobierno pues consideramos que lo mejor para avanzar en materia de derechos humanos en el país es que instituciones del Estado y sociedad civil unan iniciativas y esfuerzos y lo ideal sería construir conjuntamente un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Pero el gobierno cierra cada vez más las puertas del diálogo. Dos esfuerzos para dialogar realizamos recientemente. Contactamos a directivos de la Cancillería para que convocaran mesas de trabajo con las organizaciones como parte de la evaluación que efectuará en octubre a Venezuela el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. La semana pasada hicimos gestiones para conversar con el ministro del Interior Tareck El Aissami con el objetivo de presentarle las propuestas que tenemos en materia penitenciaria y negó esa posibilidad.
La historia ha demostrado que cuando desde el gobierno se abren espacios para garantizar los aportes de las organizaciones a la definición de políticas públicas no hemos vacilado en participar.
Ahí están nuestros aportes en el Capítulo de Derechos Humanos de la Constitución, en el proceso de reforma policial, en materia de VIH, en legislación en el área de vivienda, refugio y asilo entre otras. Si con las campañas de desprestigio se pretenden intimidarnos se equivocan.
Seguiremos atendiendo a las víctimas de violaciones a sus derechos en su mayoría de los sectores populares y muchos de ellos simpatizantes del gobierno.
Seguiremos denunciando lo que haya que denunciar. Seguiremos proponiendo políticas públicas para superar el déficit existente y trabajando para que el Estado cumpla con los mandatos de la Constitución y los convenios internacionales.
Fuente: Tal Cual 08.07.2011
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
