Pasaron dos períodos legislativos y ya llevamos seis meses del actual y a la fecha la Asamblea Nacional no ha legislado en materia de salud, pensiones, reformado la Ley Orgánica del Trabajo y legislado en materia de tortura. La mora legislativa no tiene ninguna excusa razonable.
Desde hace una década se espera que se promulgue una Ley Orgánica de Salud. Se han elaborado más de cinco proyectos de ley y realizado varios procesos de consulta, discutido en comisiones, sin embargo, no se da el paso de avanzar a la segunda discusión donde las leyes se discuten artículo por artículo para la sanción definitiva.
Mientras tanto, impera la anarquía en materia de salud no contando el país con una normativa legal que regule al sistema público y privado, establezca la interrelación entre el nivel nacional, estadal y municipal y norme otros asuntos de interés para la adecuada marcha de las instituciones de salud. En materia de pensiones la situación es aún peor. No ha existido ni siquiera la voluntad de elaborar un borrador de ley que sea consultado. Es un tema olvidado, no sólo por los legisladores, sino también por la dirigencia sindical del país que ha sido totalmente indiferente para ejercer presión. La no existencia de dicha ley mantiene el desorden existente en cuanto a pensiones y principalmente niega la posibilidad a millones de adultos mayores quienes pudiesen tener una pensión básica y dificulta desarrollar otras políticas públicas en esta materia. La reforma a la Ley Orgánica del Trabajo es el extremo de toda esta situación. Por mandato de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución la Asamblea Nacional dentro del primer año, es decir, en el 2000 debió reformar la Ley. Once años después no hay perspectiva inmediata de su reforma. En el año 2009 bajo la dirección del diputado Oscar Figuera se adelantó un amplio proceso de consulta y se anunció que con seguridad ese mismo año se promulgaría. Fue una promesa más. Los resultados del trabajo adelantado por Figuera no gustaron a un sector del PSUV y todo el trabajo elaborado se desechó. El diputado Oswaldo Vera asumió la conducción del proceso y aseguró que en el 2010 se haría realidad la reforma. El año terminó y la reforma no se produjo. Los dos diputados fueron reelegidos sin haber cumplido con los trabajadores y trabajadoras del país. Hay actualmente la intención en un sector del gobierno de reformar la Ley por la vía de la habilitante, es decir, sin ningún tipo de consulta. Si el incumplimiento de la Asamblea es cuestionable; también lo es que por contradicciones en el seno de los partidos que apoyan al gobierno se dé un madrugonazo al sector laboral del país.
Las exigencias y movilizaciones realizadas en 2010 por los trabajadores no han sido tomadas en cuenta.
Finalmente y también como mandato de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución se debió legislar sobre la tortura. A más de una década se espera por esa normativa. Aspiramos no se repita la historia con los actuales integrantes de la Asamblea Nacional.
