La revista Times en 1995 realizó un trabajo especial sobre el colapso del sistema financiero venezolano, el portal noticioso Noticias24, en el marco de la liquidación de Banpro y Banco Canarias y la interveción a puertas cerradas de Bolívar Banco y Confederado, publicó el trabajo realizado por Michael S. Serril, Greg Aunapu y Mary Matheson.
Noticias24 afirma «Los paralelismos y semejanzas con la actual dejan bien claro que quien tuvo que aprender la lección y tomar medidas, no lo hizo.»
A continuación, el artículo completo publicado por la revista norteamericana:
Para unos venezolanos endurecidos por las crisis, el anuncio blandengue del gobierno, el mes pasado, era una señal de que algo malo iba a pasar. “En este momento, el gobierno no estudia la nacionalización de estas instituciones”, declaró el viceministro de Finanzas, Luis Xavier Grisanti, refiriéndose a los tres bancos en problemas a los que las autoridades intentaban devolver la salud. Ciertamente, hacía tres semanas, los bancos Banco ItaloVenezolano, Banco Profesional y Banco Principal fueron declarados insolventes, y el gobierno tomó control sobre ellos asumiendo 330 millones de dólares en deudas incobrables.
Estos desastres no sorprendieron a nadie en Venezuela, donde los colapsos bancarios se han convertido en rituales periódicos, la economía ha caído en ruinas y el cinismo público es omnipresente
El fracaso de los bancos ocurrió siete semanas después de la toma por parte del gobierno de otra institución, Banco Progreso, cuyas pérdidas se estimaron inicialmente en $635 millones. Después de que los auditores echaran un vistazo más cercano a los libros, los números rojos se duplicaron y pudo totalizar más de 2.000 millones de dólares.
Estos desastres no sorprendieron a nadie en Venezuela, donde los colapsos bancarios se han convertido en rituales periódicos, la economía ha caído en ruinas y el cinismo público es omnipresente. En los últimos 15 meses, 16 bancos privados habían fracasado y luego habían sido nacionalizados. El gobierno asumió la factura por 7.000 millones de US $ en pérdidas, equivalente al 16% del GDP del año anterior. Acusaciones de irresponsabilidad financiera, corrupción y simple robo volaban de un lado a otro. Ordenes de captura fueron emitidas para más de 100 personas involucradas con los colapsos, y docenas de financistas abandonaron el país. El Presidente Rafael Caldera señaló que el sistema bancario había sido saqueado sistemáticamente por una “panda de ladrones”. La debacle, en palabras de Francisco Faraco, un respetado analista en Caracas, apuntó a ser “una de las mayores crisis financieras del siglo XX”.
El impacto sobre el país, que [ era ] el segundo principal exportador de crudo hacia los EEUU, ha sido simplemente catastrófico. Para acomodar la carga de incobrables que había asumido, el gobierno de Caldera aceleró la impresión de billetes, acelerando a su vez la inflación a una tasa superior al 70%, la más alta en Sur América. Los controles de precios y de cambio, que fueron impuestos para mantener a raya la inflación y ahorrar las reservas internacionales, virtualmente paralizaron a las empresas. Los servicios públicos fueron reducidos, y el desempleo aumentó. Las garantías constitucionales que protegían las libertades civiles y la propiedad fueron suspendidas en Julio [ de 1995 ], probablemente para ayudar a los investigadores que sondeaban el escándalo.
El gobierno [ de Rafael Caldera ] insiste en estar tratando de llegar al fondo del asunto, pero sus esfuerzos eran vistos como lentos y torpes – una percepción que creció una vez que un banco grande e importante cerró sus puertas: ese era el Banco Latino, el segundo mayor banco de Venezuela, que en su punto cumbre dijo contar con 1.400 millones de dólares en depósitos. Para el momento en que la Superintendencia Nacional de Bancos tomó el control del Latino en enero de 1994, los depósitos habían sido reducidos en 1.000 millones de dólares. Al revisar los libros, los inspectores del gobierno hallaron soportes falsos, contabilidad fraudulenta y préstamos a personas cercanas al banco.
El cierre del Banco Latino despertó corridas en otros bancos. En un esfuerzo para aplacar el pánico, el gobierno inyectó 3.000 millones de dólares en ocho bancos con problemas, una medida que muchos analistas creen que ayudó a empeorar la crisis. En junio de 1994, todos los bancos rescatados habían sido declarados insolventes y liquidados; ningún volvió a abrir sus puertas. Parte del dinero de rescate fue utilizado para pagar a los depositantes de los bancos, cuyas cuentas de ahorros estaban aseguradas hasta un monto de USD $23.000, pero gran parte de esos fondos simplemente desaparecieron. William Dávila, vicepresidente de la comisión de Finanzas del Senado, acusó a los directores de los bancos de prestarse el dinero a sí mismos para luego transferirlo fuera del país.
En la raíz del desastre, discuten los analistas, están la política del amiguismo, una red de relaciones incestuosas entre empresarios y gobierno que se formó después de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en 1989. Si bien durante su primer mandato entre 1974 y 1979, Pérez había convertido a la economía en un mastodonte dominado por el Estado, durante su segundo gobierno se movió en la dirección opuesta: hacia la privatización, la desregulación y la economía de libre mercado.
Un hombre que se aprovechó del cambio de dirección fue Pedro Tinoco, presidente del Banco Latino y viejo amigo de Pérez. El Presidente tomó la extraordinaria decisión de nombrarlo Director del Banco Central, incluso cuando Tinoco seguía siendo el principal accionista del Latino. Pronto, millones de dólares en fondos gubernamentales estaban depositados en el Latino, que los aprovechó para embarcarse en un proceso de expansión. Para 1993, el año en el que Tinoco murió de cáncer, el Banco Latino había pasado de ser el octavo banco más grande del país al segundo más grande.
Otros empresarios, muchos de ellos “compadres” de Pérez o partidarios de su partido, Acción Democrática, siguieron el ejemplo tomando el control de bancos existentes o fundando bancos nuevos. En algunos casos, los nuevos bancos no eran más que departamentos de grupos financieros e industriales mucho más grandes, lo cual implicaba que cuando estas compañías se quedaban cortas de dinero, recurrían frecuentemente a su banco “adjunto” para obtener préstamos. De acuerdo al gobierno y a los investigadores del Congreso, cientos de préstamos fueron a parar a familiares y amigos de los administradores y directores de estos bancos, al igual que a operadores de “Real Estate” que tuvieran las conexiones poíticas apropiadas. El “dejar hacer” liberal tomó otro significado para estos banqueros que usaban sus instituciones como cajas chicas personales. Un ejemplo de extravagancia banquera, a menudo citado: pocas semanas antes de su desplome, el Banco Latino alquiló un avión supersónico Concorde de Air France para llevar a amigos el banco a una fiesta para celebrar la apertura de una sucursal del Latino en París. El costo estimado del alquiler: 300.000,oo dólares.
Mientras los banqueros jugaban, la supervisión gubernamental era, para ponerlo en términos suaves, mínima. Con su sombrero de “banquero central” puesto, Pedro Tinoco se aseguró de que nuevas regulaciones a la industria bancaria no entraran en efecto y de que la supervisión siguiera siendo inadecuada. De acuerdo a las investigaciones posteriores, a los funcionarios reguladores se les pagaba para mirar hacia otro lado, o les faltaba el poder y la autoridad para intervenir.
Y entonces, las cosas cambiaron. En mayo de 1993, Pérez fue imputado por corrupción en el desvío de fondos públicos, y [ para el momento en que se escribió este artículo ] está siendo juzgado. A principios de 1993, la economía sufrió un agudo bajón. La disminución golpeó más fuertemente a las empresas de construcción e inmobiliarias. Cuando estas empresas comenzaron a dejar de pagar sus préstamos, los bancos intentaron compensarlo ofreciendo intereses exorbitantes – hasta 18 puntos porcentuales por encima de los niveles regulares – para atraer a nuevos depositantes con fondos frescos. El más agresivo fue el Banco Latino. A pocas semanas de la intervención del Latino por parte del gobierno, se emitieron órdenes de captura para 82 de sus directores y gerentes, se cree que muchos huyeron del país. A medida que colapsaba un banco tras otro, la lista de los más buscados se alargaba.
Mientras que algunos de los banqueros se entregaron a las autoridades y fueron dejados en libertad bajo fianza en espera de sus acusaciones formales y juicios, otros se instalaron en Miami. Entre ellos:
-Ricardo Cisneros, antiguo director del Banco Latino que junto a su hermano Gustavo maneja el Grupo Cisneros, un conglomerado multi-billonario que poseía, entre otras cosas, la compañía de artículos deportivos Spalding. Cisneros, a quien se acusó de defraudación, asegura que nunca prestó servicios en el equipo administrativo que llevaba las operaciones diarias del Banco, por lo cual no tenía conocimiento de ningún acto inapropiado. Gustavo, que no ha sido implicado en el escándalo, aseguró que su hermano era “un director externo que obtenía información mínima y no participaba en ningún comité de otorgamiento de préstamos”. Sin embargo, una segunda orden de captura fue emitida para el arresto de Ricardo y otros 18 directores del Banco Latino, en esa oportunidad por malversación de fondos públicos. Esas acusaciones implicaban pena de prisión entre 2 y 10 años.
La mayor parte del dinero jamás sería recuperado, dijo, añadiendo que a la larga “el pueblo de Venezuela pagará, con inflación y más impuestos. Todos lo vamos a pagar”
-Orlando Castro, un refugiado cubano que poseía empresas en media docena de países, incluyendo los colapsados Banco Progreso y Banco República, además de 42 emisoras de radio en Venezuela. Castro perdió todas sus propiedades en Venezuela, pues las había puesto en garantía para obtener créditos gubernamentales para sus bancos. Acusado de violar una prohibición de salida del país, Castro aseguró haber huido porque la suspensión de garantías constitucionales del gobierno de Caldera le negaba un juicio justo. Castro dijo ser víctima de una venganza de parte del ex-ministro del Fondo de Inversiones de Venezuela, Carlos Bernárdez, un viejo enemigo político con el cual se disputó el control del Banco de Venezuela, uno de los bancos más antiguos del país y [ para la fecha de este artículo ] en manos del gobierno.
-Gustavo Gómez López, sucesor de Tinoco como presidente del Banco Latino, que insistió en su inocencia y en ser una víctima del gobierno de Caldera, de quien dijo estaba decidido a castigar a los amigos de su antiguo rival Carlos Andrés Pérez. Gómez López dice que la mayor parte de las pérdidas del Banco Latino podían ser atribuidas al deterioro de la economía, la mala administración y créditos mal otorgados, no al robo y la defraudación. Gómez López fue acusado de malveración de fondos públicos.
¿Terminará alguien en prisión? Ha pasado un año desde que el escándalo comenzó, y ni un solo individuo ha sido formalmente imputado. Norys Aguirre, presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos FOGADE, institución que administra los bancos nacionalizados, insistió que se imputaría a aquellos acusados de defraudación. La mayor parte del dinero jamás sería recuperado, dijo, añadiendo que a la larga “el pueblo de Venezuela pagará, con inflación y más impuestos. Todos lo vamos a pagar”.
“TODOS VAMOS A PAGAR POR ESTO”
Por Michael S. Serril. Greg Aunapu / Miami y Mary Matheson / Caracas
TIME. Lunes, 20 de febrero de 1995
