El gobierno venezolano debería adoptar inmediatamente medidas concretas para cumplir con la orden de protección dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del defensor de derechos humanos Humberto Prado, quien ha sido objeto de múltiples amenazas, señaló hoy Human Rights Watch.
El 27 de agosto de 2011, Prado, director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, regresó a Venezuela luego de permanecer varias semanas en Europa, adonde había viajado en junio tras recibir varias amenazas telefónicas. El propósito del viaje era participar de un intercambio con otras organizaciones no gubernamentales y participar en foros sobre derechos humanos a los cuales lo invitó Amnistía Internacional. Las amenazas se dieron luego de que funcionarios de alto nivel y medios de comunicación oficiales acusaran a Prado de “desestabilizar el sistema penitenciario”, después de que varios reclusos y oficiales perdieran la vida y resultaran heridos durante enfrentamientos entre internos y con miembros de la Guardia Nacional en dos cárceles del país. El día que regresó a Venezuela recibió un correo electrónico anónimo con una imagen fotográfica de un supuesto escrito de la oficina de la Fiscalía General diciendo que habían abierto una investigación sobre Prado por su supuesta participación en hechos que constituirían “traición a la patria” e “instigación a delinquir”.
“La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias”.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que brindara protección a Prado, dado que este, según la Corte, se encontraba en una situación de “grave riesgo para su vida e integridad”. El gobierno no ha adoptado ninguna medida para protegerlo.
El 27 de mayo de 2010, Prado participó en una manifestación pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia junto con familiares de personas detenidas, en protesta por las prolongadas demoras en los procedimientos judiciales y la violencia en las cárceles. Una semana después, siete personas no identificadas vestidas de negro y con anteojos oscuros, que se desplazaban en motocicletas sin placas, se presentaron en el edificio donde vive Prado mientras este no se encontraba allí y preguntaron por el “director de prisiones”.
El 18 de junio de 2011, después de que Prado exigió al gobierno que interviniera para resolver pacíficamente el motín en las cárceles de El Rodeo, el Ministro de Justicia Tarek El Aissami acusó a Prado en La Hojilla – un programa de opinión que se transmite por un canal de televisión oficial – de “desestabilizar el sistema penitenciario” y de haber sido “cómplice de las masacres [de internos] que hubo en el pasado”. Según versiones de la prensa, el 22 de junio el Vicepresidente Elías Jaua afirmó que existía una estrategia ideada por líderes de la oposición, canales de televisión privados y representantes de organizaciones no gubernamentales para “desestabilizar el país”.
Varios medios de comunicación oficiales también intentaron desacreditar a Prado. El conductor de La Hojilla acusó al Observatorio Venezolano de Prisiones, dirigido por Prado, de estar “preparando un guerra interna de reclusos”. La Agencia Venezolana de Noticias señaló que un recluso, cuya identidad no se reveló, les informó que los líderes de las mafias carcelarias en el país reciben “orientaciones” de las organizaciones de derechos humanos. El diario VEA publicó un artículo en el cual acusaba al gobierno estadounidense de financiar a los líderes en las cárceles venezolanas que participaron en los incidentes y a organizaciones no gubernamentales, entre ellas la de Prado, para “que aparezcan en escena”.
Tras estas declaraciones, Prado fue amenazado en reiteradas oportunidades. En una carta pública, representantes de organizaciones no gubernamentales locales señalaron que en un blog se habían publicado los datos de contacto de Prado, incluido su número de teléfono y su domicilio particular, y una nota que decía: “Próximamente datos familiares […] para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”. Prado recibió varias llamadas telefónicas instándolo a “que se callara” si quería a sus hijos. La esposa de Prado recibió una llamada anónima en la cual le dijeron que Prado sería “el próximo en caer”.
El 27 de junio, Prado salió de Venezuela. Durante la semana siguiente, un grupo de motorizados no identificados se acercaron a su vivienda y preguntaron al concerje si aún vivía allí, y en otra ocasión un grupo de mujeres uniformadas, presuntamente miembros de la Guardia Nacional, preguntaron si el departamento de Prado estaba en venta. Prado le dijo a Human Rights Watch que interpretó estas visitas como amenazas y por ello decidió que su familia también saliera de Venezuela.
Prado regresó a Venezuela el 27 de agosto para continuar con su trabajo de promoción de los derechos humanos de los presos del país, según dijo a Human Rights Watch.
Los gobiernos tienen una obligación especial de proteger a defensores de derechos humanos contra riesgos que pueden afrontar como resultado directo de su trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos al expresar, por ejemplo, que “el respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.
El gobierno de Chávez ha demostrado una postura de confrontación frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil locales. En su informe de 2008 “Una Década de Chávez”, Human Rights Watch mostró que el gobierno ha investigado penalmente a defensores de derechos humanos sobre la base de acusaciones infundadas o netamente exageradas, intentó desacreditar y perjudicar a las organizaciones de derechos humanos a través de acusaciones infundadas de complicidad en la subversión, pretendió excluir a las organizaciones que recibían financiamiento del exterior de la participación en foros internacionales, e impulsó legislación con el fin de permitir la interferencia estatal arbitraria en la búsqueda de fondos y en las operaciones de las organizaciones de derechos humanos.
En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional adoptó dos leyes – la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional y la Ley Orgánica de Contraloría Social – que, en caso de aplicarse a organizaciones de derechos humanos, podrían socavar aún más la capacidad de estas organizaciones de trabajar de manera independiente.
