Por Luis Gerardo Gabaldón
Mediante decreto del 13 de mayo pasado, el Presidente designó una Comisión Nacional para fomentar el desarrollo de políticas públicas sobre control de armas, municiones y desarme. El texto es ambicioso en tareas, señalando incluso hacia dónde deberían apuntar las recomendaciones. Esto es difícil de hacer sin conocerse una realidad compleja donde intervienen factores asociados a la producción, el comercio, el contrabando, la inseguridad, la debilidad del Estado, la normalización y las consignas políticas, para citar algunas variables cruciales.
Para abordarlas y realizar proposiciones sensatas y realizables no basta la multiagencialidad y pluralidad de la comisión, donde se tomó especial cuidado, sino que se requiere conocimiento fundado, discusión pública y compromiso institucional. Si la comisión avanza con éxito en las dos primeras dimensiones, habrá mejores oportunidades para lograr la tercera en un lapso prudencial y sin esperar un cambio dramático inmediato. Es algo parecido a lo sucedido con la Comisión Nacional para la Reforma Policial.
La comisión está preparando un amplio programa de diagnóstico, consulta y divulgación sobre las armas de fuego y sus repercusiones. Ya existen datos en Venezuela sobre tendencias generales de su uso en materia delictiva y entre los jóvenes. Otros estudios son necesarios, como especificidad situacional, vulnerabilidad diferencial y uso instrumental o simbólico, sobre lo cual se especula sin datos suficientes que apoyen los asertos. Una política pública sin datos que precisen lo que sucede, permitiendo estimar hasta dónde y cuándo se ha llegado en lo que se propone, carece de racionalidad.
Esta es una buena oportunidad para retomar la Encuesta Nacional de Victimización en el año 2012, cuando se cumplirán 3 años desde la última vez, a fin de completar datos que para 2009 resultan fragmentarios. La nueva encuesta podría tener como su apéndice temático, en lugar de la percepción policial (2006) y la percepción de seguridad ciudadana (2009), las armas de fuego y su control. Esto brindaría la oportunidad de cruzar variables específicas de victimización con información detallada sobre aceptabilidad, aprovisionamiento, control estatal y policial, difusión, normalización, resistencias y proclividad frente a las armas de fuego, contando con una muestra nacional y segmentada por zonas fronterizas y urbanas, que permitiría definir políticas a nivel nacional y regional sobre el control de armas, municiones y desarme, como establece el decreto presidencial.
Por supuesto, debería ser el Instituto Nacional de Estadística (INE), este año muy atareado con el Censo Nacional de Población y Vivienda, el que realice el estudio correspondiente, como sucedió en 2006 y 2009. Es una propuesta razonable, factible, capaz de generar conocimiento y discusión pública fundamentados en datos precisos y no en especulaciones. Una propuesta apta para generar consensos y compromiso institucional, como debe ser el propósito de toda auténtica política pública.
