El próximo 7 de octubre será la primera vez que Venezuela sea evaluada, por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Examen Periódico Universal (EPU), un novedoso mecanismo para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos por parte de los diferentes países del mundo.
El derecho a la vivienda será uno de los aspectos examinados en la evaluación. En su informe destinado al EPU, el Estado venezolano apenas nombra políticas en la materia en 5 párrafos, 4 en los cuales se describe la atención dada a las familias damnificadas por las lluvias de diciembre del 2010. En el quinto, reconoce que las políticas implementadas en el sector son “insuficientes” para garantizar el derecho, aunque poniendo la responsabilidad en “el cambio climático” y “la ausencia de políticas públicas en la materia por más de medio siglo”. Afirmación extraña, pues todos los gobiernos democráticos anteriores, salvo el de Rómulo Betancourt, superan ampliamente al gobierno del presidente Chávez en las cifras de construcción de viviendas. El gobierno bolivariano ha incumplido sistemáticamente sus metas en el sector, construyendo en promedio anual, durante 11 años, la cantidad de 29.508 unidades habitacionales.
Sin embargo, observando el vaso medio lleno, se podría estimar que el reconocimiento de las insuficiencias es un avance. A esto habría que vincular las declaraciones en el mismo sentido emitidas por el presidente Chávez, la adjetivación de la situación en vivienda como “problema de Estado” y la creación, como consecuencia, de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El proyecto de construir dos millones de viviendas en el país es factible mediante un gran consenso nacional, cuyo objetivo sea elevar la calidad de vida de un buen pedazo de familias venezolanas. Sin embargo, esta línea monumental presupone una manera de gobernar caracterizada por el diálogo, la inclusión y la priorización de los conocimientos técnicos sobre las filiaciones ideológicas. Hasta ahora no ha sido así. Se continúa reincidiendo en un estilo caracterizado por la confrontación, la negación y la jerarquización del voluntarismo empirista-partidario. Nadie debe alegrarse porque la satisfacción del derecho a la vivienda, para tantas familias en el país, no pueda cumplirse a cabalidad.
El gobierno debería hacer una revisión exhaustiva y autocrítica de las iniciativas que durante 11 años han mostrado resultados limitados. Incluso, escuchar con atención a los funcionarios y funcionarias que han expresado algunos cuestionamientos. Un primer diagnóstico puede conseguirse en los dos últimos informes de la Contraloría General de la República (CGR), los cuales han dedicado sendos espacios a las inconsistencias de las políticas en vivienda. En el informe de gestión de la CGR 2010 se afirma: “el pago de obras no ejecutadas, de bienes no recibidos, de servicios no prestados o deficientemente atendidos; la entrega y mantenimiento de anticipos a contratistas, con saldos pendientes, sin amortizar. A esto se agrega la persistencia de la discrecionalidad en la selección de contratistas, vulnerándose las disposiciones que exigen el régimen de concurso de precios, ofertas, igualdad de postulaciones y postulantes”. El manejo irregular de los recursos y los presuntos actos de corrupción es lo primero que mencionan los agentes fiscalizadores del Estado.
La anterior no es la única situación. La CGR añade: “Bajo porcentaje de ejecución física de las obras, ostensibles fallas de calidad y construcciones paralizadas, circunstancias que en algunos casos, al negativo impacto social, va aparejado el incremento de los precios por la acción especulativa y la incidencia de la tasa inflacionaria (…) La paralización indefinida de obras, bien porque no se previeron recursos o porque un nuevo gerente o directivo público tenga una opinión distinta al anterior, frustrándose de esa manera las expectativas populares”. En el informe se apunta a que las organizaciones comunitarias incorporadas a proyectos de construcción han comenzado a incurrir en los vicios de la administración pública: “El poco rigor en la vigilancia y fiscalización para el correcto uso de recursos transferidos a consejos comunales y organizaciones no gubernamentales, lo que ha hecho que, pese al carácter colectivo de la administración y control de estas instancias populares, se haya comprobado en su manejo, actos y acciones irregulares, que afectan desde la ejecución de sus proyectos comunitarios y la rendición de cuentas, hasta el cumplimiento de los cometidos que le asignan las leyes”.
El país requiere de un Plan Nacional Integral de Vivienda con metas precisas por lapsos determinados que abarque nuevas viviendas y consolidación de otras, cálculos presupuestarios que incluyan el componente de servicios y líneas precisas de coordinación institucional con estados y municipios. Además, debe soslayarse el énfasis cuantitativista de mera construcción de casas por el enfoque que apunte a la urbanización de suelos, rehabilitación de barrios y verdadera edificación de hábitat.
Con la debida humildad, el Ejecutivo Nacional debería escuchar las recomendaciones y partes de los diferentes sectores, incluyendo las posibles recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU derivadas de los resultados del EPU. (Correo del Caroní, 26.09.11)
